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Autoridades de México dan giro sorprendente sobre el caso Ayotzinapa. Los ocho militares vinculados a la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, establecida en el estado de Guerrero, al sur de México, enfrentarán su proceso penal en libertad tras la revocación de la medida de prisión preventiva por el delito de desaparición forzada.
La decisión fue tomada por la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo, quien anuló la prisión preventiva impuesta a los ocho militares vinculados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, actualmente recluidos en la prisión del Campo Militar 1-A. La magistrada argumentó que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó pruebas suficientes.
César Omar González, abogado defensor de los militares, destacó que se espera que los acusados de complicidad sean liberados entre lunes y martes próximos. Adelantó que la decisión tomada por la letrada Ivette Duarte, con sede en Toluca, Estado de México, cumplió con una sentencia de amparo que concede la libertad condicional a los militares para continuar con su proceso, pagando una fianza de 50 mil pesos cada uno. Así mismo deberán entregar al juzgado su pasaporte y acudir a firmar el libro de procesados.
Estos militares son parte de un grupo de 16 contra los cuales se ordenó la aprehensión en junio de 2023 vinculados a desaparición forzada y delincuencia organizada. Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz son los militares involucrados.
La Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj) condenó el cambio de medida cautelar, destacando que las decisiones judiciales no ponderan el derecho de las víctimas. El presidente de la Covaj, Arturo Medina, enfatizó que la determinación no exonera a los militares, quienes continuarán sujetos al proceso.
El caso Ayotzinapa, recordado por la desaparición de 43 estudiantes en el año 2014, es un tema que sigue sin resolverse en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien prometió a los padres y madres atender el caso. Por consecuencia ha generando desconfianza hacia el proceso judicial.
La falta de transparencia militar y las recientes liberaciones han provocado la indignación de los padres de los normalistas, quienes exigen verdad y justicia. La incertidumbre persiste mientras la comunidad espera respuestas y acciones concretas en este caso que ha conmovido a México y al mundo.
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Sin presencia de principales responsables del caso, padres y madres de Ayotzinapa denuncian ante la CIDH obstaculización de la justicia
Washington DC, 9 de noviembre de 2023.- Frente a la ausencia de autoridades de alto nivel responsables en el esclarecimiento de los hechos del caso de desaparición de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, padres y madres de las y los estudiantes presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la actualización de los últimos eventos del caso y presentaron solicitudes puntuales, esto durante la audiencia convocada por la CIDH como parte del seguimiento de la medida cautelar 409-14.
Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascensio Bautista, y Mario González padre de César Manuel González Hernández, acompañados por representantes de Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), enfatizaron que a más de 9 años de los hechos aún no han alcanzado verdad ni justicia, ni se conoce el paradero de los estudiantes; por el contrario, se mantiene la obstaculización por parte del Ejército para entregar información relevante para el esclarecimiento de lo ocurrido, no hay claridad en las líneas de investigación y han recibido evasivas de las autoridades. Lo anterior se vio reflejado en la falta de comparecencia en la audiencia de autoridades relevantes en el asunto, como el actual Subsecretario de Derechos Humanos y Presidente de la COVAJ y el actual titular de la Fiscalía Especial para el caso.
“Veo que el Estado no toma en serio el caso Ayotzinapa. El nuevo Fiscal, el nuevo Subsecretario no están presentes. Como padres y madres no nos rendiremos, por el amor de nuestros hijos nos mantenemos de pie”, expresó Cristina Bautista.
Mario González añadió: “Ahora vemos toda la descalificación hacia nosotros, la falta de respeto de no venir los principales [autoridades] para poder hablar con ellos. Un ejemplo de ello es la salida del GIEI, que buscaron tener acceso a una serie de documentos de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia, que podrían contribuir a saber qué pasó con nuestros hijos. Esos documentos tienen muchísima información, son reportes militares, son transcripciones de llamadas entre perpetradores, son pistas. Y no entendemos por qué el Ejército no quiere entregar esa información”.
Junto con sus representantes, los padres presentaron cuatro peticiones puntuales ante las y los comisionados de la CIDH:
1. Dado que se ha informado que el Presidente de la República supervisará directamente las investigaciones, se solicitó que continúe haciendo uso de todos los mecanismos extraordinarios de supervisión de la medida cautelar sobre el caso, incluyendo el acompañamiento a las familias a cada una de las reuniones que se convoquen desde Presidencia.
2. Se concrete un mecanismo técnico de revisión adicional de los archivos castrenses por parte de la CIDH, requiriendo al Estado que informe por escrito si acepta esta propuesta.
3. Que en cuanto se elija a la próxima Comisionada o Comisionado Relator para México se lleve a cabo una visita al país y en particular a la Normal Rural de Ayotzinapa, para que pueda conocer de primera mano el estatus del caso y encontrarse con las familias.
4. Que la CIDH continúe la supervisión de las medidas cautelares en el caso, sin dejar de estar alerta de posibles acciones legales que se puedan iniciar en contra de las víctimas, representantes y funcionarios públicos que han trabajado por esclarecer el caso en los últimos años.
Frente a estas peticiones, la representación del Estado mexicano se limitó a leer una comunicación enviada por el fiscal del caso, Rosendo Gómez Piedra, en donde se dedicó a denostar el trabajo del anterior titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), así como de la propia CIDH, y no de presentar las líneas actuales de la investigación. La comunicación, además, contuvo afirmaciones preocupantes como la minimización de los efectos perniciosos de la tortura frente a los procesos penales, que derivaron en la libertad de posibles responsables.
Los padres y madres y organizaciones acompañantes lamentaron esta respuesta ya que se da un mensaje de irrespeto a las familias y de una clara intención de eludir la supervisión internacional sobre este caso, como en otros de desaparición en México.
Asimismo, sobre el desmantelamiento de varios mecanismos establecidos para esclarecer los hechos y responsables en el caso —lo que incluye la salida de GIEI del país por falta de condiciones, la posible criminalización del ex fiscal especializado y la incertidumbre sobre el futuro de la COVAJ—, se señalaron dos razones por esos retrocesos institucionales que efectivamente han devuelto el caso al 2018: la politización de las investigación y el empoderamiento del Ejército.
Las y los comisionados señalaron la ausencia de autoridades claves, lo cual limitó la posibilidad de hacer preguntas concretas sobre dónde está hoy el caso Ayotzinapa, en las responsabilidad de preparación, no sólo de líneas de investigación, sino de acciones dirigidas para completar esas líneas, cómo se ha llevado a cabo las investigaciones de los altos mandos, el proceso de órdenes de aprehensión, el otorgamiento de medidas sustitutivas a la prisión preventiva de figuras importantes, entre otros temas.
“Los familiares de personas desaparecidas también son víctimas y llevan 9 años. Y 9 años de sufrimiento y de espera. Yo tengo que decir con mucha franqueza: una justicia que tarda no es justicia. Es una verdad que se demora, por más que hay explicaciones y valoro que den explicaciones, pero me atrevo a decir que si le preguntan a los solicitantes ‘¿qué están esperando?’, es ‘dónde están sus hijos'”, dijo la comisionada Julissa Mantilla. Al tiempo que la Comisionada Esmeralda Troitiño lamentó estar por concluir su mandato sobre México sin que el caso haya sido esclarecido.
Ante los señalamientos de los padres y madres, las organizaciones acompañantes, y ante los cuestionamientos de la Comisión Interamericana, el Estado se comprometió a dar posteriormente respuestas puntuales; mientras que las y los comisionados se comprometieron a dar seguimiento, como lo han hecho durante estos 9 años, desde que sucedieron los hechos.
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PRONUNCIAMIENTO
Exigimos al Estado Mexicano garantizar el acceso a la justicia, verdad y reparación integral con la participación efectiva de las víctimas y tomar como acción de primer orden la atención a la grave situación de violencia feminicida.
Urgimos al Gobierno de Oaxaca la liberación de manera inmediata del defensor del bosque Pablo López Alavez.
La denominada política pública de paz desarrollada por el gobierno estatal ha sido excluyente, para que sea real en Oaxaca es necesaria la participación de la sociedad civil.
Con el objetivo de reflexionar sobre los desafíos del contexto y generar acciones conjuntas, 10 organizaciones de seis estados de México celebramos en la capital oaxaqueña, del 4 al 6 de octubre, el encuentro “Construyendo en colectivo caminos hacia la paz con justicia”, en el marco del Programa Servicio Civil para la Paz. El espacio permitió el intercambio de experiencias y estrategias para seguir pugnando por el respeto a los derechos humanos de todas las personas, por la atención y prevención de la violencia, así como por la justicia y condiciones para la construcción de paz.
A partir del análisis compartido, las organizaciones manifestamos las siguientes preocupaciones:
La política de seguridad que avala los procesos de militarización por parte del Estado mexicano y su fallida lucha contra la impunidad, como se ha evidenciado en el caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Recordamos que la paz no se construye solo con voluntad; requiere de justicia efectiva, reparación del daño y un ejercicio constante de recuperación y construcción de memoria histórica.
La falta de mecanismos del Estado para atender la crisis migratoria, que está generando deshumanización, así como graves violaciones a derechos humanos tales como la violencia sexual y trata de mujeres, juventudes y niñeces.
Las múltiples violencias que se ejercen contra quienes defienden derechos humanos. Ejemplo de ello son los 47 asesinatos de activistas perpetrados en Oaxaca entre 2018 y 2022, cifra que coloca al estado como el más peligroso para la defensa de los derechos humanos en el país.
La situación de conflictividad que se vive en México, particularmente en Oaxaca, donde el crimen organizado y grupos armados vinculados al cacicazgo político, agrario y económico atentan contra la población civil con la aquiescencia de autoridades de los tres niveles de gobierno.
La disputa por el control territorial entre grupos del crimen organizado en colusión con sectores del Estado y otros poderes fácticos exacerba la violencia, abona a conflictos comunitarios y es una de las causas del desplazamiento forzado interno.
Dado el momento histórico que vive el país, refrendamos nuestra solidaridad y respaldo a víctimas de violencia feminicida, desaparición forzada, desplazamiento forzado interno; con las familias de víctimas de violencia feminicida y de personas defensoras asesinadas, así como con todas las víctimas de violaciones a derechos humanos. Es urgente que la definición de las acciones del Estado sea desde una mirada y acción interseccional, multicultural y no desde una lógica sexista, racial y de discriminación.
Exigimos al Estado Mexicano a actuar de manera contundente en contra de la corrupción, la impunidad, asumir con seriedad acciones en contra del funcionariado de los diferentes niveles de gobierno por encubrir intereses criminales de despojo institucional, político y económico.
Exigimos al Estado Mexicano a que garantice el acceso a la justicia, verdad y reparación integral con la participación efectiva de las víctimas y tomar como acción de primer orden la atención a la situación de violencia feminicida.
La denominada política pública de paz desarrollada por el gobierno estatal ha sido excluyente, para que sea real en Oaxaca es necesaria la participación de la sociedad civil.
Frente a las violaciones a los derechos humanos, llamamos a la sociedad civil y organizada a favorecer el diálogo democrático, a asumir acciones humanitarias, a seguir generando Paz y Justicia desde la colectividad, para el fortalecimiento de las formas de articulación social de los pueblos, las comunidades y la ciudadanía en general.
Urgimos al Gobierno del Estado y al Poder Judicial de Oaxaca a que libere de manera inmediata al defensor del bosque Pablo López Alavez en cumplimiento a la opinión 23/2017 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU.
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México, a 06 de octubre de 2023.
Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos, Gobixha (CODIGO DH) – Oaxaca
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca – Oaxaca
Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA) – Oaxaca
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas – Chiapas
Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria (CORECO) – Chiapas
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)– Chihuahua
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) – Jalisco
Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios – Coahuila
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En portada: Miembros de las Abejas de Acteal se manifiestan en las instalaciones del juzgado que lleva el caso por el asesinato de Simón Pedro.
El martes 4 de octubre inició la audiencia de apelación para que el Poder Judicial del Estado de Chiapas revise la sentencia condenatoria emitida contra Hugo Rolando “N”, autor material del asesinato del defensor de derechos humanos, Simón Pedro Pérez López, integrante de la organización Las Abejas de Acteal, en Chiapas, asesinado el 5 de julio de 2021.
“Encontramos que en el proceso hay suficientes pruebas de responsabilidad pero estamos en un momento de riesgo, de reversión en la justicia, porque en ese pequeño avance hay una apelación”, explicó Mario Ortega coordinador del área de Sistematización e Incidencia del Centro de Derechos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).
La deliberación será el próximo 9 de octubre y son tres los escenarios a los que podría enfrentarse la familia del defensor, dos de ellos pueden derivar en la liberación del detenido o la reposición del procedimiento. El tercero, sería la ratificación de la sentencia condenatoria.
En caso de la reposición del proceso tendrían que fechar, de nueva cuenta, todas las audiencias ya realizadas, lo que representaría más revictimización tanto para la familia como para la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, que durante dos años han enfrentado el desgaste económico y psicológico.
Simón Pedro fue asesinado en el mercado público de Simojovel y, desde que se inició el proceso judicial, las organizaciones acompañantes identificaron esta estrategia de desgaste, por ejemplo, por los traslados que debe hacer la familia para acudir a las audiencias al Juzgado del Ramo Civil de Pichucalco, en la zona Norte de Chiapas.
“Las audiencias no se llevaban a cabo en las fechas en las que estaban programadas”, agregó Ortega, y en algunos casos fueron suspendidas por falta de presencia del acusado, que se encuentra recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 14 “El amate”, que se localiza en la región Centro, a casi cinco horas de distancia de Pichucalco.
Esta situación implicó que testigos vivieran un proceso de revictimización, “ahora, en caso de reposición del proceso implicaría volver a atestiguar, acudir a las audiencias y para la familia significaría, también, escuchar de nuevo la historia tan lacerante y no poder encontrar la justicia”, detalló el representante de Frayba.
Juan Pérez López, padre del defensor, relató en una entrevista previa que en los días de audiencia tienen que viajar seis horas de la comunidad Nueva Israelita, Simojovel, a Pichucalco. A veces parten un día antes, lo que implica tiempo, dinero y frustración cada vez que cancelan sin previo aviso, “nos toman como objeto, como si no fuéramos seres humanos”.
Por ello, la organización considera que los desafortunados escenarios, antes mencionados, no deben suceder, pues las pruebas presentadas son suficientes para mantener la sentencia de condena, que es lo que buscarán los abogados, que desde el 2021, acompañan el caso.
“La reposición del procedimiento, en muchas ocasiones, es lo que pasa por situaciones más procedimentales legalistas. Se reponen actuaciones y es un escenario recurrente en el sistema de justicia mexicano y chiapaneco”, dijo Ortega que, independientemente de la deliberación, la lucha por la justicia seguirá.
Revivir la historia
Para Juan Pérez López y su familia, es muy importante sacar a la luz a los autores intelectuales del asesinato de Simón Pedro. “Tenemos esa esperanza de justicia, esperamos lo que siga, no se termina aquí”.
Hasta ahora la sentencia de 25 años de cárcel para el autor material Hugo Rolando “N” es justicia parcial, pues la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas se negó a aportar elementos de prueba para demostrar que el crimen tuvo un móvil por la labor de Pérez en la defensa de los derechos humanos.
Simón Pedro Pérez López (centro) durante ceremonia en Acteal. Foto de Luis Enrique Aguilar
El hecho ocurrió después de que denunció ante instancias del gobierno a morenistas vinculados al actual gobernador del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, por violencia en la zona Altos de Chiapas. “Aquí digamos que la gran dificultad es que la Fiscalía no quiso involucrarse, para ellos fue más fácil verlo como un asunto de homicidio”, explicó Mario Ortega.
Para la familia es importante que el Estado reconozca de dónde vino este hecho, pero la Fiscalía tampoco ha tenido interés por indagar sobre la autoría intelectual del delito y, a decir de Frayba, prácticamente le dieron carpetazo a la investigación.
Esta falta de visión de protección y apoyo a las víctimas ha sido una constante en este y muchos otros casos por parte del sistema judicial chiapaneco. El Frayba ejemplificó con el caso de la masacre de Acteal, en el que los autores materiales fueron detenidos y después liberados en diferentes momentos y de forma paulatina.
En la actualidad no hay ningún responsable sometido a ningún proceso lo que impacta en la memoria colectiva de las Abejas de Acteal.
La organización acompañante solicitó a los magistrados Abel Bernardino Pérez, Marco Antonio Centeno Núñez, Luis Raquel Cal y Mayor Franco, del Tribunal de Alzada Región Tres, “ponderen el derecho a la verdad y la justicia”.
Las Abejas de Acteal al igual se pronunciaron, “si lo liberaran sería muy cínico, sospechoso y se evidenciarían públicamente como parte de la red de jueces corruptos que venden la justicia ‘por dinero’, al que puede comprarla, porque conocemos personas pobres e inocentes, que están en la cárcel por delitos fabricados, pasan años o mueren sin ser liberados”, porque no pueden pagar el valor de la justicia.
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Ciudad de México, a 4 de octubre de 2023.- Frente a los recientes dichos y tergiversaciones de información en el caso Ayotzinapa, las organizaciones de derechos humanos que hemos acompañado el caso conjuntamente manifestamos:
1. Que lamentamos los dichos presidenciales contra los padres y las madres de los normalistas. Como los familiares se lo dijeron en reunión y lo reiteraron en su marcha, los papás y las mamás no son manipulados por nadie: conocen el caso de sus hijos y ejercen sus derechos con dignidad. Así se lo hicieron ver al propio Presidente de la República en su último encuentro, al exigir respeto y demandar que no les insulte. Para ellos y ellas, todo nuestro respeto y admiración.
2. Que rechazamos los dichos presidenciales contra las y los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes a lo largo del período en que colaboraron con el Estado mexicano realizaron aportes fundamentales para el esclarecimiento, conduciéndose siempre sobre la base de la evidencia, dejando un notable precedente de asistencia técnica internacional para la investigación de graves violaciones de derechos humanos, así reconocido en México y a nivel internacional.
3. Que lamentamos también los ataques contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH). Las instancias internacionales no han callado ante la crisis de derechos humanos de México y no lo han hecho en este caso. Respecto de Ayotzinapa, sin la CIDH no habría GIEI y sin el informe de la ONUDH “Doble Injusticia” no se habría documentado a profundidad la práctica de la tortura en la investigación.
4. Que no compartimos las descalificaciones en contra de quien fuera hasta septiembre del año pasado titular de la Unidad Especializada para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA). Su gestión, sin estar exenta de áreas de oportunidad, fue determinante para avanzar acusaciones que hoy el gobierno presenta como avances y es una infamia atribuirle responsabilidad en el entorpecimiento de la indagatoria. Es el actual titular de esa Unidad quien está entorpeciendo el caso, pues en su carencia de legitimidad y conocimiento del mismo está desmantelando al equipo que logró esos avances, poniendo en riesgo los pasos dados.
5. Que también rechazamos las descalificaciones contra nuestra labor como organizaciones civiles de derechos humanos, enmarcada siempre en el marco legal de la Declaración de la ONU sobre el derecho a defender los derechos humanos. No somos intermediarios ni administramos el dolor. La confianza sostenida de los padres y las madres nos afianza en nuestra labor, más allá de toda descalificación.
6. Que seguimos respaldando la exigencia de los familiares en el sentido de que el Ejército no ha entregado todos los documentos y elementos informativos con que cuenta sobre el caso. Recordamos que las familias presentaron por escrito una solicitud respetuosa identificando los documentos pendientes y recibieron en respuesta un oficio del Secretario de la Defensa que simplemente niega la existencia de los documentos, perpetuando así la opacidad. Es falso que los castrenses ya hayan entregado todo: hace falta, al menos, la entrega de todos los documentos generados en el 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala (CRFI), así como todos los elementos producidos a partir de la ilegal infiltración de un elemento del Ejército en la Normal Rural de Ayotzinapa, incluyendo toda la información técnica obtenida durante los días precedentes y posteriores a los hechos de la desaparición. Las responsabilidades del Ejército en el caso son irrebatibles y no hacen parte de un señalamiento dogmático: elementos de los batallones 27 y 41 estaban vinculados con Guerreros Unidos y la noche de los hechos tuvieron un comportamiento irregular que aún debe esclarecerse; adicionalmente, el ocultamiento de evidencia que prosiguió a ese 26 de septiembre de 2014 durante todo el sexenio anterior y que se mantiene hasta el presente, fue una decisión institucional que mancha todavía hoy a las Fuerzas Armadas en su conjunto, como Institución. La exoneración y férrea defensa del Ejército sólo es una triste comprobación del peligroso e inédito empoderamiento militar del presente.
7. Que acompañamos la insistencia de los familiares de que sea retirada la “narrativa de hechos” generada por el “Gabinete de Seguridad” que en efecto se aproxima a la llamada “verdad histórica” al criminalizar sin prueba bastante a uno de los estudiantes víctima de desaparición, además de reducir los hechos a un asunto local atribuible al narcotráfico, soslayando el grado de intervención de diversas instancias y el carácter estructural del caso, entre otras falencias. Por ello, también acompañamos su decisión de sostener todavía el diálogo en el marco de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (COVAJ), sobre la base del Informe que su Titular presentó, mismo que se aparta de la criminalización de los estudiantes y que no considera que la última palabra sobre el acceso a los documentos militares sea la dada por la autoridad castrense con la característica opacidad militar.
8. Las familias continuarán su lucha y mantienen su esperanza de acceder a la verdad en este sexenio y nuestra obligación es acompañarlas hasta el final en ese digno empeño. Sin embargo, no dejamos de hacer notar que en un sexenio marcado por el enorme peso de la palabra presidencial, las recientes expresiones disminuyen la posibilidad de que las instituciones terminen de abrir los diques de encubrimiento que hoy impiden dar por esclarecido el caso y esta es una triste realidad. De todas maneras, seguiremos con las familias en este empeño, con el convencimiento de que como lo dijo el GIEI en su comunicado reciente, la verdad se prueba, no se decreta.
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Ciudad de México, 28 de septiembre de 2023.- Queremos agradecer a todas las organizaciones sociales, colectivos y personas que se solidarizaron y nos tendieron la mano en el plantón y en la exigencia de verdad y justicia en esta jornada de lucha por los nueve años de la desaparición de nuestros hijos.
Las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa seguiremos en la lucha por saber lo que pasó con nuestros hijos el dia 26 de septiembre en Iguala y cuál es su paradero. No claudicaremos en nuestra legítima demanda sea el gobierno que sea, pues tiene el deber ineludible de darnos verdad y justicia.
A las afueras del Campo Militar número 1, símbolo de la represión contra los que han luchado por la justicia, nos plantamos desde el dia 21 de este mes para exigir que el Ejército Mexicano entregue la información relacionada con el paradero de nuestros 43 hijos que mantiene en sus archivos y que se niega a poner a disposición de las autoridades civiles que investigan el caso.
Desde aquí, rechazamos en todos sus términos la “narrativa de hechos” realizada por el “gabinete de seguridad”, que hizo pública el gobierno federal, considerando al menos las siguientes cuestiones: 1) criminaliza a los estudiantes desaparecidos; 2) diluye la extensión del espectro criminal en Iguala, enfatizando el ámbito municipal, minimizando particularmente el papel del Ejército mexicano de quien omiten señalar el papel en el seguimiento puntual que que hizo a los estudiantes y como consecuencia de ellos la acumulación de información en sus archivos que dan cuenta de la salida de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, su arribo a Iguala y el momento de su desaparición; 3) presenta conclusiones de lo que ocurrió con nuestros hijos describiendo hechos cruentos contra su integridad física sin sustento probatorio, 4) incorpora declaraciones de testigo que fueron desestimadas por haber sido obtenidas mediante tortura; 5) utiliza capturas de pantallas de chats de WhatsApp no verificados; y 6) omite señalar a los autores de la construcción de la llamada “verdad histórica” . Por estas falencias, exigimos que esta “narrativa de hechos del gabinete de seguridad” sea retirada.
Por lo demás, enfatizamos que el informe presentado el dia de ayer por el Subsecretario de Derechos Humanos se separa de esta “narrativa de hechos descrita”, pues no retoma estos seis aspectos, y sobre todo en razón de que por primera vez señala la responsabilidad del expresidente Enrique Peña Nieto y otras autoridades federales del más alto nivel como artifices de la verdad histórica. Además, hace una descripción de los chats de Chicago, obtenidos por autoridades norteamericanas, que dan cuenta de la colusión de diversas autoridades, incluyendo a elementos del Ejército Mexicano, con el grupo delictivo Guerreros Unidos. También establece que el Ejército Mexicano aún tiene información en sus archivos misma que debe entregar a las autoridades que investigan el caso, precisando incluso que fueron funcionarios de la COVAJ los que encontraron en archivos militares secretos un documento incompleto relativo a una intervención telefónica que informa del paradero de 17estudiantes, lo que en sí mismo evidencia que los militares se han abstenido de cooperar proactivamente. En este sentido, destacamos que ayer se informó que el Presidente de la República giró una nueva instrucción para que el Ejército busque y entregue la información que tiene en sus archivos, por lo que entendemos que la tendenciosa y poco respetuosa carta-oficio del Secretario de la Defensa Nacional que se ha hecho pública, no es ni será la última palabra.
El informe del Subsecretario de Derechos Humanos, al referir que existe una nueva instrucción presidencial para que el ejército entregue la información pendiente, abre una ruta que permite continuar el diálogo con las autoridades respecto de las investigaciones para dar con el paradero de nuestros hijos superando las confrontaciones que tuvieron lugar los dias pasados.
Por todo lo anterior exigimos: 1) que a las autoridades cumplan la nueva instrucción presidencial para que el Ejército busque y entregue la informacion que hemos solicitado; 2) que se abra una investigación penal contra el expresidente Enrique Peña Nieto y las autoridades de alto nivel que se describen en el informe al ser los artífices de la verdad histórica, y 3) que el gobierno cumpla las recomendaciones del último informe del GIEI, particularmente las relacionadas con la entrega de los documentos del Ejército mexicano que son relevantes para el esclarecimiento del caso.
Estaremos pendientes del cumplimiento de la instrucción presidencial, en caso de no avanzar en esa dirección regresaremos a este lugar para reinstalar nuestro plantón y exigir la entrega de la información sobre el paradero de nuestros hijos.
ATENTAMENTE
¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
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CDMX 26 septiembre 2023. Este 26 de septiembre se cumplieron nueve años de la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, como cada año, los padres, las madres, colectivos y simpatizantes, marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo de la CDMX.
Al llegar al zócalo de la CDMX, los padres de Ayotzinapa y el abogado Vidulfo Rosales, hicieron un balance de estos nueve años de lucha, así también, manifestaron su malestar y desilusión con el gobierno actual por la falta de verdad, por su falta a las promesas de campaña, por el maltrato de “un gobierno autoritario”; y sobre todo, por la narrativa actual, que regresa a la verdad histórica, esconde información imprescindible para el caso, e intenta desprestigiar el movimiento de los padres de Ayotzinapa.
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En portada: Plantón de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el Campo Militar 1, en la CDMX. Foto: Tlachinollan
Este martes (26) se cumplen nueve años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero. A casi cinco años de distancia queda también la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj), la cual mediante decreto presidencial ordenó a todas las instituciones del Estado mexicano entregar información relacionada con la desaparición de los normalistas.
Ayer lunes (25), tras una reunión con funcionarios federales en Palacio Nacional, las madres y padres de los estudiantes desaparecidos, quienes durante las últimas semanas se han movilizado para exigir la entrega de información específica, resguardada y ocultada por el ejército, salieron decepcionados.
De acuerdo a oficiales de gobierno, durante la reunión se hizo entrega de una carta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), un reporte del general secretario de la defensa nacional, Luis Cresencio Sandoval González y un nuevo informe por parte de Encinas. Acorde a los testimonios, la entrega de estos documentos no cumplió con las peticiones puntuales de los familiares de los normalistas desaparecidos.
Vidulfo Rosales, abogado de las familias, acusó que la narrativa presentada por Encinas, también subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de gobernación, “está esgrimiendo una narrativa de los hechos parecida a la verdad histórica”, en referencia a la versión propagada por el gobierno de Peña Nieto, la cual fue derribada por el trabajo e informes del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI).
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Por John Gibler
Desde una ciudad de Estados Unidos, Omar Gómez Trejo, extitular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, detalla cómo una “decisión de Estado” hizo posible cancelar en 2022 las órdenes de aprehensión contra 16 militares y armar en 24 horas la carpeta que permitió judicializar al ex procurador general Jesús Murillo Karam, el autor de la “verdad histórica”. Es también el testimonio de cómo el gobierno desarticuló el área encargada de investigar la desaparición forzada de los 43 normalistas
El viernes 12 de agosto de 2022, Alejandro Gertz Manero, el octogenario fiscal general de la República, llamó al entonces titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), Omar Gómez Trejo, a su oficina.
–Omar –cuenta Gómez Trejo que le dijo el fiscal–, necesito un favor, una ficha de trabajo donde me diga cómo va el caso, qué hay, qué avances. Tengo un desayuno el próximo lunes.
El abogado de 43 años, barba canosa y brazos tatuados, especializado en temas de derechos humanos, llevaba tres años al frente de la más extensa, compleja y ardua investigación judicial de la historia reciente mexicana: la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa durante la larga noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.
Gómez Trejo no lo sabía, pero a ese desayuno también asistirían el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Gobernación Adán Augusto López, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Zaldívar, y el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas. Él no lo sabía ni tenía cómo saberlo, pero en ese desayuno todos se pondrían de acuerdo y darían luz verde a una serie de acciones que dinamitarían la investigación del caso Ayotzinapa, y provocarían su salida del país.
Ajeno a lo que se desataría, ese viernes de verano, en el piso 25 del edificio de la Fiscalía General de la República (FGR), Gómez Trejo le dijo a su jefe que sí, que manos a la obra.
Años de terror
Alrededor de las 17:30 horas del 26 de septiembre de 2014, dos autobuses con estudiantes salieron de Ayotzinapa. Llevaban días intentando conseguir camiones para organizar una caravana con alumnos de las normales rurales del país que viajarían desde Ayotzinapa a la Ciudad de México para participar en la marcha conmemorativa de la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco.
Entre las 19:30 y las 20:00 horas, los dos autobuses se separaron; uno se quedó en el cruce de Huitzuco, un lugar conocido como Rancho del Cura, y el otro se dirigió a la caseta de cobro de Iguala. Los estudiantes no sabían que habían sido infiltrados e identificados, y que eran monitoreados por elementos de inteligencia militar. Tampoco tenían cómo saberlo, pero los comandantes de los dos batallones del Ejército en Iguala, el 27 y el 41, y muchos de sus subordinados, formaban parte de una empresa ilegal conocida como Guerreros Unidos, que traficaba heroína desde las montañas de Guerrero hasta los barrios de Chicago.
Los normalistas tomaron tres camiones más y salieron hacia la carretera por dos rutas distintas. Policías de Iguala los persiguieron y atacaron a balazos, parando los cinco autobuses en dos lugares distintos. Llegaron policías de Huitzuco y Cocula, policías estatales y ministeriales, policías federales y soldados en diferentes momentos para apoyar u observar. Ninguno intervino en favor de los estudiantes. Los policías sometieron y se llevaron a los normalistas de dos de los cinco camiones.
