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Organizaciones de la sociedad civil

Continúa precariedad y vulnerabilidad de población desplazada forzadamente de Chalchihuitán

Sábado 16 de diciembre 2017

En estos momentos se encuentra en la zona una brigada conformada por personal de salud de dos organizaciones no gubernamentales de Chiapas: Salud y Desarrollo Comunitario (SADEC) y Casa de la Mujer Ixim Antsetic (CAM), quienes desde hace muchos años colaboran con el Programa Interdisciplinario “Desarrollo Humano” de la UAM. Este grupo está dando continuidad a la brigada médica de la misión de Bachajón y a la misión de observación de derechos humanos, por lo que a partir del 4 de diciembre a la fecha se ha tenido presencia en la región de diversas organizaciones.

Una vez que la brigada arribó al sitio de conflicto el día 11 de diciembre confirman la precariedad y vulnerabilidad en la que se encuentra la población, afectando en mayor medida a niños, mujeres y personas de la tercera edad, “el frío es tremendo y la gente duerme debajo de plásticos que no los protegen, están muriendo de enfermedades que podrían evitarse”. De acuerdo a informes de la brigada, en los campamentos se vive con un miedo intenso, ya que “en la noche se oyen disparos de arma de fuego, por lo que grupos desplazados permanecen durante el día en lugares públicos, como son un templo o la cancha deportiva, pero en la noche prefieren dormir refugiándose en la montaña”.

Dos situaciones que complican el escenario son el clima y el estrés progresivo, éste derivado de la incertidumbre y el hostigamiento que vive constantemente la población, afectando seriamente a personas con enfermedades crónico degenerativas, llegando incluso a la muerte, la más reciente, María Domínguez Gómez de 57 años, quien padecía diabetes y falleció el 13 de diciembre, por neumonía.

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Radio Zapatista

Disparan a comuneros de San Lorenzo de Azqueltán, Jalisco

Disparan a comuneros de San Lorenzo de Azqueltán, Jalisco

El pasado 16 de diciembre la comunidad indígena de San Lorenzo Azqueltán denunciaba una agresión armada  en contra de los comuneros Gabriel Aguilar Rojas y Noé Aguilar dos días atrás.

Nuevamente, pobladores de esta comunidad fueron objeto de acciones violentas por parte de aquellos a los que refieren como “ajenos a la comunidad” y que pretenden acabar con sus vidas para poder despojarles de su territorio.

En la denuncia señalan al responsable de los disparos que, por fortuna, no llegaron a herir a ninguno de los pobladores. También señalan la responsabilidad de las autoridades municipales por la falta de atención en la denuncia de los hechos y la promoción de proyectos ganaderos en la zona que estarían incitando a la invasión de los territorios comunales.

San Lorenzo de Azqueltán se encuentra junto al río del mismo nombre. Está habitada por tepehuanos o tepecanos, sus fundadores, y el pueblo Wixárika. Como parte de la Región Occidente del Congreso Nacional Indígena (CNI), esta comunidad fue sede en 2013 de una de sus asambleas. Poco antes declaraba su autonomía y nombraba a sus autoridades. Ello los ha fortalecido al vincularse con pueblos hermanos y recibir el apoyo de comunidades vecinas.

Su lucha agraria, al igual que la de muchos otros pueblos indígenas de México, es por el reconocimiento legal de un territorio que de por sí les es propio, por ser originario y comunal.Reconocidas 94 mil hectáreas por la Corona española (en base a título virreinal datado en 1777) y por autoridades agrarias (autentificaron el documento virreinal en 1954), su titulación quedó en suspenso, negando con ello la posesión como bien comunal a su pueblo. Años después se determinaría la restitución de 8 mil 336 hectáreas, pero tampoco este trámite concluiría.

Pero la cosa no quedó ahí. A la par, y en el contexto de una situación de no resolución, se conformaba un ejido con pequeños propietarios foráneos y algunas personas de adentro, tomando el nombre de la comunidad y apoderándose de unas tierras que, afirmaban los “supuestos” ejidatarios, el gobierno les había entregado.

Lo anterior lo relataba la comunidad en su intervención en la Cátedra Tata Juan Chávez en 2013:

“(…) el trámite es sobre la restitución de las tierras de las 94 mil hectáreas. En el año de 2007 se niega la restitución a la comunidad de San Lorenzo y pues se concede por la vía de dotación de ejido una superficie de 1,090 hectáreas a un pequeño grupo de supuestos ejidatarios. De ahí en adelante se viene promoviendo muy fuertemente eso de predios rústicos, la regularización de predios rústicos. Con estos  se sufre todavía más el despojo de la comunidad donde pues ya en realidad de tener una vasta extensión de tierra pues ya la gente no tiene ni para sembrar y pide prestado para sembrar” (Intervención de comunero de San Lorenzo Azqueltán; 17/08/2013).

Los comuneros denuncian esta usurpación y señalan que “ricos líderes”, “terratenientes”,“mestizos” o “ganaderos” han aprovechado para vender y/o rentar la tierra. Con ello, y a pesar de tratarse el ejido de una manera de asegurar la propiedad social de la tierra, ésta se está privatizando con fines mercantiles y de explotación de sus bienes naturales:

“En todos estos años, en lugar de reconocer nuestro territorio, los gobiernos en todos sus niveles realizan acciones para que caciques se adueñen de nuestras tierras y montes. Se inventan pequeñas propiedades y supuestos terrenos ejidales. Dan permisos para que destruyan nuestros lugares sagrados con proyectos de gobierno, les dan permisos de aprovechamiento forestal y hasta ganado para que los metan con violencia a terrenos en posesión de la comunidad” (Extracto de la última denuncia; 16/12/2017).

Se han interpuesto varias demandas (tanto para reconocimiento como para la restitución de tierras)  y exigido la salida de los “invasores” de la tierra comunal. Aunque la comunidad decidiese en asamblea no pelear por las hectáreas “otorgadas” en régimen de ejido, sí lo hacen por 38 mil  como bienes comunales.

En su última denuncia exigen que se investigue y sancione el ataque armado, que se frene la venta/renta de tierras afuera de los límites del deslinde ejidal  y que la autoridad municipal deje de promocionar proyectos que favorezcan la invasión y agresión a comuneros.

A continuación audios en donde se hace denuncia y síntesis de la problemática agraria:

Fuentes:

Agresión armada en contra de la comunidad Wixárika y Tepehuana de San Lorenzo Azqueltán

http://www.proceso.com.mx/358696/san-lorenzo-azqueltan-historias-de-desprecio-y-despojo

Comunicado de la Comunidad Autónoma Tepehuana y Wixárika de San Lorenzo de Azqueltán

Fotografía portada: fuente CNI ( Mapa Espejos de la Resistencia)

 

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Congreso Nacional Indígena

Palabras del CIG y su vocera Marichuy en su recorrido por Campeche

Palabras de Marichuy en la Peregrina. Candelaria, Campeche. 17 de diciembre de 2017:
Buenas tardes hermanos y hermanas de La Peregrina y las comunidades que están aquí acompañando, gracias por estar aquí presentes dedicando un rato de su tiempo, todos tenemos algo que hacer y a veces dejamos de hacer por estar aquí, de mi parte a nombre del Concejo Indígena de Gobierno les agradecemos ese esfuerzo que hacen para estar aquí presentes.
Les quiero comentar que nuestra propuesta en este proceso electoral es diferente a los partidos, es diferente a como nos tienen acostumbrados de que solamente el poder es a través de un partido.Qué es lo que queremos con esto, y ese fue un mandato que nos hicieron cuando tomamos ese cargo y esa responsabilidad, y fueron los pueblos de México los que nos dieron este cargo y esa responsabilidad, y aquí estamos con ustedes porque fue uno de los acuerdos visitar a las comunidades indígenas de México, visitar a nuestros hermanos llevar la palabra: vayan y díganles, vayan y platíquenles, vayan y escúchenlos y es lo que hacemos, escuchar sus dolores.
Todo lo que ustedes nos hicieron favor de platicar, lo que están sufriendo estas comunidades de por acá, son problemas que también se viven en otros lugares y esos problemas que se tienen en los diferentes pueblos, comunidades indígenas, son los que nos animaron a participar en este proceso electoral, porque queremos construir algo nuevo, ya decía Sara, queremos construir algo nuevo de abajo, porque ya está demostrado que de arriba no va a venir ese cambio. Quede quien quede es lo mismo, solamente se acuerdan de nuestras comunidades cada seis años, entonces se acuerdan que se ocupa pero luego vienen y nos traen despensas, cachuchas, camisas, no sé, muchas cosas, pero luego pasa, quedan y jamás se vuelven a acordar que están las comunidades, pero luego vienen otros seis años y otra vez ya vienen y traen lo mismo y les prometen y les dicen y así siguen pasando.
Entonces los pueblos indígenas que hemos caminado en el Congreso Nacional Indígena hemos dicho “ya estuvo bueno, tenemos que hacer algo diferente, como pueblos indígenas que queremos seguir viviendo y queremos seguir conservando lo que nos han heredado nuestros antepasados, que son las tierras, son las aguas, son los árboles, son los animales, son nuestras formas propias de organizarnos y por eso todavía estamos, a pesar de que vinieron a acabarnos todavía estamos aquí”. Una concejala dijo en una comunidad, trozaron nuestros árboles, nuestras ramas, nuestros troncos y vamos a hacer que esos troncos florezcan que vuelvan a surgir esas ramas, que vuelva a dar frutos, y por eso nos mandaron a platicar, por eso nos dijeron, vayan y escuchen, vayan y lleven la voz de los problemas y vayan y digan que nuestros pueblos están sufriendo.
Entonces, hermanos, esto se trata de construir un México desde abajo, que tenemos que organizarnos como hermanos, como pueblos, como comunidades, como región, como estado, a nivel nacional, tenemos que darnos la mano y reconstruirnos y levantar la cara y levantar la frente, no avergonzarnos porque los indígenas aquí estuvieron desde que llegaron los que vinieron a masacrarnos y aquí vamos a seguir, porque nos vamos a organizar y vamos a reforzarnos desde abajo, vamos a pelear por nuestras tierras, por nuestras aguas, por nuestros árboles, por nuestra organización, por nuestra lengua, todo lo que tenemos, hermanos.

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Radio Zapatista

¿El crimen a servicio del Estado o el Estado a servicio del crimen? Los desplazados de Chalchihuitán-Chenalhó

¿Qué siente un niño al irse muriendo de frío?

Al parecer, depende. Si se trata de un estadounidense (blanco), un europeo o un miembro de las élites privilegiadas de nuestra nación, la mera pregunta provoca indecible horror. No así si se trata de un niño (o un adulto mayor) indígena, pobre entre los más pobres, agonizando bajo los árboles en la montaña en noches a temperaturas bajo cero, protegido de la intemperie por un pedazo de plástico y, quizás, la única cobija que el gobierno “generosamente” aportó a cada familia desplazada.

Desde hace más de un mes, 6 mil personas están desplazadas de sus hogares. Perdieron sus tierras, sus casas, sus pertenencias, sus cosechas, sus animales… todo. Salieron con la ropa del cuerpo ante las amenazas de un grupo armado de Chenalhó, coordinado por la alcaldesa de ese municipio, Rosa Pérez Pérez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con la aparente complicidad del gobernador Manuel Velasco Coello.

(Ver Chalchihuitán y Chenalhó: ¿Una masacre anunciada? para una explicación de los orígenes del conflicto y Crisis humanitaria y complicidad del Estado – Chalchihuitán y Chenalhó para un reporte sobre la situación de los desplazados.)

A pesar de que varios medios de comunicación nacionales han dado cobertura a la tragedia, hay un silencio inexplicable en los medios internacionales y una inacción por parte de los gobiernos estatal y federal que demuestra un profundo desprecio por la vida de los pueblos orginarios.

El pasado 13 de diciembre el Tribunal Unitario Agrario (TUA), después de años de inacción, finalmente “resolvió” el conflicto territorial que la ahora extinta Secretaría de la Reforma Agraria provocó hace más de cuatro décadas, al desconocer los acuerdos comunitarios entre Chenalhó y Chalchihuitán y otorgar a este último tierras que previamente había dotado a Chenalhó. El fallo del TUA ahora desconoce la dotación de tierras a Chalchihuitán en 1975 y se las da a Chenalhó.

(Ver el comunicado conjunto de varias organizaciones de la sociedad civil sobre el fallo del TUA: Impunidad y violencia en los Altos de Chiapas.)

Algunos medios de comunicación celebraron irreflexivamente la supuesta “paz” que ahora gozarán los pueblos tsotsiles de la región. Sin embargo, las autoridades de Chalchihuitán anunciaron que los desplazados no regresarán a sus hogares por falta de condiciones de seguridad y que impugnarán la decisión del TUA.

Independientemente de cómo se resuelva el conflicto agrario, sorprende que los gobiernos estatal y federal den por concluído el conflicto con ese fallo. Miles de personas continúan desplazadas en condiciones infrahumanas sin recibir ayuda apropiada, y la indemnización ofrecida por el gobierno por la pérdida de las tierras, casas, pertenencias, cosechas y animales, es irrisoria. Quince millones de pesos para 5 mil desplazados de Chalchihuitán son 3 mil pesos por persona, por haber perdido todo lo que tenían, por haber sufrido lo que están sufriendo, y por el trauma permanente a niños que luchan por sobrevivir con miedo, hambre y frío. Tres mil pesos por persona, mientras el sueldo promedio mensual de un gobernador es de 93 mil pesos (eso sin contar los millonarios lucros derivados de la corrupción institucionalizada). Y no se requiere mucha matemática para entender que 300 casas para 5 mil personas significa que 17 personas tendrían que vivir en una sola casa.

Pero sorprende aún más que en ningún momento los gobiernos estatal y federal hayan considerado problemático que un grupo terrorista criminal, armado, solapado y abiertamente a servicio de una funcionaria pública, destruya carreteras, asesine impunemente, aterrorice a la población, desplace a 6 mil personas, robe y destruya sus propiedades y provoque la muerte de cuatro niños menores de 4 años y cinco adultos mayores, utilizando en todo esto armas de uso exclusivo del ejército. Y si usamos el término “terrorista” no lo hacemos por amarillismo. La definición de “terrorismo” en el Diccionario de la Real Academia es: “Actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos”. Nada más exacto para describir la actuación del grupo armado de Chenalhó.

Lo que esto demuestra es lo que ya sabemos: En México, el crimen está a servicio del Estado, y el Estado a servicio del crimen.

Mientras eso, los legisladores aprueban la nueva Ley de Seguridad Interior, que da plenos poderes al ejército para reprimir a la población mexicana, y las modificaciones a la fracción I del artículo 1916 Código Civil Federal, que dice (sí, no es broma) que “en la reparación del daño moral se considere el hecho ilícito de quien comunique, a través de cualquier medio tradicional o electrónico, un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causar deshonra, descrédito, perjuicio o exponer al desprecio de alguien“.

La conclusión es clara: Despojo institucionalizado; operación coordinada entre el Estado y el crimen organizado para asegurar dicho despojo; represión y criminalización a las protestas y resistencias.

Mientras eso, miles de personas siguen sufriendo ante la indiferencia general. Compartimos aquí algunos testimonios de mujeres desplazadas:

Y nos seguimos preguntando: ¿Qué siente un niño, o un adulto mayor, al irse muriendo de frío?

Éstos son los fallecidos, a ellas y ellos les rendimos aquí humilde homenaje:

  • Maura Pérez Luna – 1 año
  • Adriana de Jesús Pérez Pérez – 2 años
  • Niña de nombre y edad no divulgados.
  • Niño recién nacido – 3 días de edad (nombre no divulgado)
  • Domingo Girón Luna – 70 años
  • Martín Girón Rodríguez – 80 años
  • María Domínguez Gómez – 57 años
  • Marcelino Gómez (edad no divulgada)
  • Otro adulto mayor (nombre y edad no divulgados)
  • Samuel Luna – asesinado el 18 de octubre mientras trabajaba su parcela.

Además, el joven Raymundo Pérez Luna, de 18 años de edad, intentó suicidarse el 3 de diciembre bebiendo herbicida. Hace 2 años, Raymundo perdió a su hermano Salvador, asesinado por un grupo armado debido al mismo conflicto agrario. Ahora, los constantes disparos de armas y el ambiente de terror que se vive en su comunidad lo llevaron a intentar poner fin a su vida.

Mientras niños y adultos mayores morían de frío y miedo y un joven intentaba suicidarse, el gobernador Manuel Velasco Coello estaba muy ocupado acompañando a José Antonio Meade Kuribreña en el arranque de su precampaña presidencial por el PRI y el PVEM. Éste último, que en definitiva no se pregunta qué siente un niño al irse muriendo de frío, declaró en Tuxtla Gutiérrez que “Sin importar cuántos frentes vengan, no nos dará frío”, en alusión a la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, explicitando inconscientemente el desprecio de la clase política hacia quienes sí sienten frío, y mucho.

 

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Radio Zapatista

“Plantando semillas”. El Concejo Indígena de Gobierno y Marichuy en Oxolotán, Tabasco

Oxolotán es un pequeño y antiguo poblado construído a un lado del río homónimo, en la sierra sur de Tabasco, cerca de la frontera con Chiapas. En 2007, lluvias históricas causaron inundaciones en toda la región; una de las poblaciones entonces afectada fue Oxolotán, al desbordarse el río. Diez años atrás, en noviembre de ese año, llegaron a ese poblado víveres producidos y transportados por bases de apoyo zapatistas de la Zona Norte de Chiapas, quienes tuvieron que cargarlos en la espalda durante horas en algunos trechos porque los caminos estaban destruídos. Humilde pero significativa solidaridad, al tiempo que los pobladores lamentaban el abandono del gobierno ante el desastre. Semillas de dignidad.

Ahora, diez años después, tras un largo caminar, llegaron a este poblado el Concejo Indígena de Gobierno y su vocera Marichuy. De nuevo a plantar semillas.

Fueron pocos los que asistieron al evento. Pero para las concejalas y concejales y Marichuy, no son las grandes masas las que interesan si en ellas no florece la semilla de la resistencia y la rebeldía. “No importa que sen pocos”, dijo el concejal Hernán Calvo, del Municipio Autónomo San Pedro Michoacán, Caracol de La Realidad. “No importa que sea uno, que sean dos, que sean tres. Por ese uno venimos, por esos dos, por esos tres. Que su corazón no se ponga triste porque las resistencias así inician. Tiene que iniciar uno, luego echar semillas para que después se haga una gran plantación.”

“Es el momento de quitar la venda de nuestros ojos”, dijo la concejala Irma, del Municipio Autónomo 17 de Noviembre, Caracol de Morelia. Es el momento de dejar de creer en las promesas de los partidos, es el momento de dejar de vender las tierras y las riquezas por migajas que resuelven ahora y nos despojan después, es el momento de organizarse, dijeron todos de una u otra forma. “Si hubiera llegado algún político con despensas”, dijo la concejala Guadalupe Vázquez de Acteal, “con refrescos, con tortas, con gorras, con playeras, estaría lleno el parque aquí. Nosotros no vamos por eso. No estamos por el poder porque no lo queremos; el poder de ellos es nuestra destrucción”. “Nosotros no traemos regalos, no traemos nada”, dijo el concejal Hernán Calvo. “Simplemente venimos a dejar el regalo más grande: la palabra, la meditación, la organización.”

Tanto él como la concejala Guadalupe se dirigieron a los policías municipales presentes que tomaban fotos del evento que, por pequeño que fuera, al parecer no deja de preocupar al poder. “Ojalá estuvieran aquí para servir a su pueblo”, dijo Guadalupe, “que es quienes les pagan para trabajar. Ojalá vean a su pueblo, vean su sufrimiento”. “Qué bueno que nos escuchan los hermanos de la policía municipal”, dijo Hernán. “Queremos compartirles que los apreciamos, que los queremos, que los llevamos en el corazón porque son nuestros hermanos.” Y lanzaron un mensaje de unidad.

“Hemos recorrido el país y hemos escuchado que nuestros hermanos y hermanas están sufriendo”, dijo Marichuy. En este caminar por el país, los dolores de abajo se van desenterrando y con ellos se va dibujando un paisaje de despojo, de atropello, de violencia, de humillación y de muerte. El caminar del Concejo Indígena de Gobierno, explicó, es para escuchar esos sufrimientos y para compartir la palabra: tejer, con la materia de esos dolores pero también con las prácticas ancestrales de la colectividad, la organización para, juntos, construir otro país. “Así como las plantitas, que primero es la semilla, luego va creciendo y luego dando fruto, así tenemos que crear algo desde abajo, porque nadie va a venir a resolver nuestros problemas.”

Escucha los audios:

 

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Radio Zapatista

Trump, supremacía blanca y crisis en Estados Unidos – Entrevista a Álvaro Reyes de El Kilombo

Bajo la administración Trump, parece haber un resurgimiento alarmante de la supremacía blanca y la violencia racista. En entrevista con Radio Zapatista, Álvaro Reyes, miembro de El Kilombo, Carolina del Norte, argumenta que esto es sólo uno de los efectos de un descontento generalizado en la sociedad estadounidense, y hace un análisis sobre los orígenes tanto del descontento como del sentimiento antinegro y antiinmigrante presente en por lo menos un cierto sector de la sociedad. Finalmente, habla sobre las resistencias y lo que la conformación del Concejo Indígena de Gobierno está provocando entre la población migrante en los Estados Unidos.

Escucha el audio aquí:
(Descarga aquí)  

(Lee también El efecto ‘Hodor’ que paraliza la izquierda estadounidense, entrevista a Álvaro Reyes por Anna Curcio.)

 

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Radio Zapatista

El Concejo Indígena de Gobierno y Marichuy en Chapultenango, pueblo zoque, zona norte de Chiapas

Chapultenango es una pequeña población en la región zoque de la zona norte de Chiapas, cerca del volcán Chichonal, donde el gobierno federal pretende instalar una geotérmica en el cráter, contrariando la voluntad de los pueblos. En esta región se pretende también concesionar 84 mil 500 hectáreas para la apertura de 11 pozos petroleros y diversos proyectos mineros, lo cual afectaría gravemente la sobrevivencia y la forma de vida de los pueblos zoques de la región.

Ante la amenaza de despojo y desplazamiento, los pueblos decidieron organizarse, y en asamblea acordaron integrarse formalmente al Congreso Nacional Indígena y nombrar una concejala y un concejal para formar parte del Concejo Indígena de Gobierno.

Aquí, a Chapultenango, llegó dicho Concejo y su vocera Marichuy este 14 de diciembre, para escuchar y compartir la propuesta organizativa de los pueblos. Y aquí, a pesar de las amenazas, que hicieron que varios compañeros no pudieran asistir, y el corte de la señal de internet antes, durante y después del evento, se escucharon las palabras de concejalas y concejales y de Marichuy, así como del Pueblo Creyente Zoque y del Comité por la defensa del agua, que denunciaron los intentos de despojo que sufren los pueblos zoques del norte de Chiapas.

El concejal Fortino, zoque migrante en Guadalajara, explicó que en esa ciudad los migrantes zoques también se organizan. Después procedió a dar un resumen del recorrido del Congreso Nacional Indígena estos 20 años y la conformación del Concejo Indígena de Gobierno el año pasado, ante el despojo que sufren los pueblos indígenas a lo largo y ancho del país. Y aclaró que no se trata de una propuesta electoral. “Lo que quieren los pueblos es ejercer el poder que de por sí tenemos. Juntar las resistencias de todo el país para enfrentar el sistema de muerte.”

Lo mismo dijo Guadalupe Vázquez, concejala tsotsil de Los Altos de Chiapas y sobreviviente de la masacre de Acteal. “Estamos aquí porque estamos hartas de tanta injusticia, tanta represión, tantas muertes, tantas desapariciones. No queremos la silla presidencial porque nos ha destruido, nos ha matado, nos ha desaparecido, nos ha explotado, nos ha quitado todas nuestras riquezas, nuestras tradiciones, nuestras culturas.” Hizo énfasis en la urgencia de organizarse porque, de no hacerlo “nuestros hijos serán esclavizados… y nadie quiere ver a sus hijos esclavos. No queremos ver un futuro peor que el que estamos viviendo nosotros. Mañana nuestros hijos van a decir: gracias a mis padres, a mis abuelos, hoy tengo tierra, no soy esclavo”.

El concejal José Jiménez, de Teopisca, hizo un breve resumen de la lucha de la ranchería San Francisco, ejemplo de organización y resistencia en la defensa de la tierra y el territorio.

Marichuy por su vez hizo un recuento del surgimiento del CNI en 1996 y del CIG 20 años después. “Vimos que ante los intentos organizativos había represión, encarcelados, muertos, desaparecidos. Y vimos que están de la mano el gobierno y el crimen organizado. Son ellos los que han metido temor en las comunidades ante los intentos organizativos; son ellos quienes han estado de la mano para llevarse nuestras riquezas, contaminar las aguas, despojarnos de las tierras.” Y explicó: “Los concejales son la semilla organizativa en cada región” y su papel es ir articulando las muchas luchas de los pueblos contra el despojo y la muerte. Se trata de una “propuesta para todo México, y en México estamos todos: hombres y mujeres, trabajadores del campo y la ciudad, maestros, doctores, artistas… todos”.

(Lee las palabras de Marichuy.)

Escucha los audios:

 

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Radio Zapatista

Crisis humanitaria y complicidad del Estado – Chalchihuitán y Chenalhó

Nota: Se necesita ayuda humanitaria urgente.
Si estás en San Cristóbal, se requiere maíz, frijol, harina de maíz, utensilios de cocina, cobijas y toallas femeninas. Llevar a:

Cáritas, Diócesis de San Cristóbal
Prolongación Benito Juárez 8 – Planta Alta
Colonia Maestros de México
Tel: 967-120-3722

Para ayuda económica:

Cáritas SCLC – Banco Mercantil del Norte (Banorte)
Cuenta 0642624985

 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. El pasado 9 y 10 de diciembre, diversas organizaciones realizaron una visita de observación y documentación de derechos humanos al municipio de Chalchihuitán, donde casi 6 mil indígenas tsotsiles se encuentran desplazados por un grupo armado de Chenalhó, cobijado y a servicio de la alcaldesa de ese municipio, Rosa Pérez Pérez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en una disputa territorial provocada por el gobierno federal hace cuatro décadas.

Los desplazados se encuentran en situación extrema de vulnerabilidad, la mitad viviendo a la intemperie en temperaturas que de noche descienden a bajo cero, y que ya cobraron la vida de tres niñas y un niño pequeños y dos adultos mayores. La otra mitad se encuentra hacinada en casas de parientes o amigos en la cabecera municipal de Chalchihuitán, donde hasta 40 familias se abrigan en una misma casa, en condiciones de creciente carencia alimenticia.

Chalchihuitán se encuentra sitiado. La carretera de acceso fue cortada con maquinaria pesada y no ha sido reestablecida, a pesar de las aseveraciones del gobierno de Chiapas, quien supuestamente habría acordado con el grupo armado el reestablecimiento de las vías de comunicación. Al mismo tiempo, el grupo armado sigue operando en esa área y quienes pasan a pie temen ser asesinados. Esto significa que, para llegar con ayuda humanitaria, es necesario recorrer un difícil camino de terracería, un recorrido de 9 horas desde San Cristóbal vía Simojovel (normalmente el trayecto se hace en poco más de una hora). Esto también ha afectado a los habitantes de la cabecera municipal y de muchas otras comunidades, pues el abastecimiento de alimentos se ha visto seriamente perjudicado y los precios de los alimentos básicos han aumentado de manera considerable.

La respuesta del gobierno ha sido un maquillaje y lo que los observadores califican como una burla. La “ayuda” del gobierno se ha limitado a alimentos chatarra, en principio destinados a los damnificados del sismo, que, además de ser insuficientes, enferman a los campesinos, que no están acostumbrados a esos alimentos… y una cobija por familia. Al mismo tiempo, el grupo armado, con vínculos conocidos con la alcaldesa Rosa Pérez y el PVEM, continúa operando con total impunidad.

Los observadores reportan enfermedades de las vías respiratorias y gastrointestinales, carencia de medicamentos y atención médica urgente y condiciones climatológicas extremas. También reportan un estado psicológico de miedo y estrés extremo, sobre todo en los niños, que sobreviven en condiciones inhumanas. “Niñas y niños tienen miedo de que los maten, sueñan que les disparan, duermen intranquilos; están tristes, su entorno ha cambiado de manera abrupta. Tienen dolor de estómago y cabeza por la ansiedad y estrés que provoca el desplazamiento”, dice el informe conjunto leído durante la conferencia de prensa. Hay niños recién nacidos e incluso algunos que nacieron ya en condiciones de desplazamiento. Se relató el caso de una mujer que, el mismo día que dio a luz a su bebé, tuvo que huir, con el bebé y otro niño en brazos.

Como es bien sabido, el problema lo ocasionó la ahora extinta Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), al desconocer los acuerdos comunitarios existentes sobre los límites territoriales y repartir tierras conforme a una línea arbitraria que condujo a un conflicto agrario entre pueblos hermanos que otrora vivieron en perfecta armonía. Al mismo tiempo, el grupo armado es producto directo de la política de paramilitarización y contrainsurgencia plasmada en el Plan de Campaña Chiapas 1994, elaborado como respuesta al levantamiento zapatista, y que resultó en la Masacre de Acteal en 1997.

(Ve Chalchihuitán y Chenalhó: ¿Una masacre anunciada? para una explicación detallada de los orígenes del conflicto y la responsabilidad de los gobiernos local, estatal y federal.)

Los observadores advierten que las condiciones actuales son muy similares a las existentes previo a la masacre de Acteal, que este 22 de diciembre cumple 20 años de impunidad, y cuya señal de continuidad más visible es este desplazamiento forzado de 6 mil personas, la mayoría mujeres y niños.

Escucha los audios de la conferencia de prensa aquí:

Ve también:

Chalchihuitán y Chenalhó: ¿Una masacre anunciada? – Artículo de RZ analizando el conflicto.

Negligencia del Estado mexicano ante desplazamiento forzado – Pronunciamiento leído durante la conferencia de prensa.

Grave riesgo y crisis humanitaria en Chalchihuitán, Chiapas – Comunicado de la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas

Grupos armados operan con aquiescencia del Estado mexicano en Los Altos de Chiapas – Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

Programa de radio de “Frecuencia Mutante”, 9 de diciembre:

Parroquias de Chenalhó y Chalchihuitán realizan misa y peregrinación – Nota, fotos y audio

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Comunicacion Frayba

Negligencia del Estado mexicano ante desplazamiento forzado (Medios Frayba)

Las organizaciones firmantes lamentamos la inacción de las autoridades de Chiapas y del gobierno federal para atender adecuadamente la urgencia humanitaria de más de 5000 indígenas tsotsiles en desplazamiento forzado en los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, Chiapas.

El pasado 9 y 10 de diciembre organizaciones de la sociedad civil de Chiapas, acompañadas por el Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) realizamos una misión de observación y documentación de derechos humanos en el municipio de Chalchihuitán, entrevistándonos con las familias desplazadas, autoridades comunitarias, así como con autoridades municipales.

La misión de observación pudo verificar el clima de tensión y miedo que viven las personas desplazadas así como las y los pobladores de la cabecera municipal de Chalchihuitán.

Según los testimonios, nos indican que después del asesinato del Sr. Samuel Pérez Luna en Kanalumtik, Chalchihuitán, el día 18 de octubre del presente año, se profundizó la violencia y los disparos de armas de fuego sobre todo por las noches, por lo que desde esa fecha varias familias dormían en la montaña y por el día regresaban a sus domicilios a dar de comer a sus animales. Hasta el día 5 de noviembre cuando se desplazaron forzadamente debido a los disparos ocasionados por los grupos armados.

A pesar de lo difundido por el gobierno de Manuel Velasco Coello de estar resolviendo esta problemática, evidenciamos una crisis humanitaria: personas enfermas debido a la situación de desplazamiento, la falta de medicamentos y de una atención médica urgente y adecuada; carencia de alimentos apropiados a la cultura y a una alimentación sana, así como condiciones de salubridad en general que no solamente vulneran el derecho a una vida digna, sino que incluso ponen en riesgo la vida de las personas desplazadas, no sólo por el temor de ser asesinadas por los grupos armados, sino también por la ineficacia de las autoridades de Chiapas para atender la situación de acuerdo a los lineamientos de los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado de la Organización de Las Naciones Unidas y la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el estado de Chiapas.

Durante la misión pudimos constatar el corte y destrucción de la carretera en el tramo Las Limas – Chalchihuitán, único tramo carretero pavimentado para llegar a la cabecera municipal. Recordamos que la destrucción de dicha carretera fue realizada con maquinaria por parte de pobladores armados de Chenalhó como una forma de sitiar y controlar a la población de Chalchihuitán. Dicho corte ha impedido el ingreso de vehículos que abastezcan de alimentos, medicamentos, suministros e insumos a la población y quienes cruzan caminando lo hacen con miedo a ser asesinadas.

El abandono institucional y la pobreza estructural es histórica en el municipio de Chalchihuitán, siendo uno de los municipios más pobres y marginados de México, la situación de violencia que ahora se vive en ese municipio viene a profundizar mucho más este estado de vulnerabilidad social, donde las mujeres, niñas y niños se encuentran en mayor riesgo.

La misión de observación pudo constatar a través de diversos testimonios y entrevistas realizadas, la existencia de grupos armados, que operan de manera abierta en estos municipios, sobre todo en Chenalhó y cuya actividad es permitida por las autoridades de Chiapas y del gobierno federal. La responsabilidad de los partidos políticos es evidente en este conflicto, ellos a través de sus estructuras municipales y estatales han abonado a la impunidad.

En Chalchihuitán hay un clima de terror debido a la acción impune de los grupos armados, la violencia ha afectado a toda la población del municipio por la escasez y altos precios de los alimentos. Vemos con preocupación que por miedo a ser asesinados los pobladores no pueden ir a sus cultivos, perdieron lo de esta cosecha y no han podido sembrar para la próxima temporada como consecuencia no tendrán maíz, frijol y demás productos del campo para poder vivir, lo que pronostica una crisis alimentaria.

Observamos que niñas, niños y adolescentes están viviendo en condiciones inhumanas. Visten con la ropa con la que fueron obligados a salir de sus casas, que no es la adecuada para protegerse de las bajas temperaturas que se presentan en esta época del año. Además, hay numerosos casos de infecciones gastrointestinales y en vías respiratorias, y la alimentación es insuficiente e inadecuada. El suministro de alimentos procesados por parte del gobierno estatal, a los que no están acostumbrados, les provocan diarreas y agravan su condición de salud. Niñas y niños tienen miedo de que los maten, sueñan que les disparan, duermen intranquilos; están tristes, su entorno ha cambiado de manera abrupta. Tienen dolor de estómago y cabeza por la ansiedad y estrés que provoca el desplazamiento. De acuerdo con la información proporcionada han fallecido infantes en desplazamiento.

Las condiciones de por sí graves en las que se encuentran se exacerban por las condiciones preexistentes de pobreza en la que vive el 97% del municipio1 y por la impunidad, negligencia y omisiones del Estado para atender la situación de conflicto. En Chalchihuitán la tasa de mortalidad infantil en niñas y niños menores es de 166 por cada mil, trece veces más que a nivel estatal.2

Constatamos la situación que viven la mujeres y niñas en situación de desplazamiento: la nula atención a una salud adecuada para ellas de acuerdo a sus necesidades, la vulnerabilidad y riesgo en la que se encuentran por la estructural violencia de género acentuada en condiciones de desplazamiento.

Las mujeres entrevistadas informaron sentirse con temor, preocupadas y enojadas porque han sido excluidas totalmente de las decisiones sobre la resolución de un conflicto que les afecta directamente. Recordamos que Chalchihuitán y Chenalhó son municipios que han sido señalados como parte de la Alerta de Violencia de Género (AVG) y el estado ha violentado el derecho a una vida libre de violencia.

Las organizaciones civiles integrantes de esta misión, creemos que no hay voluntad clara de las autoridades mexicanas de resolver esta situación, la espiral de violencia es cada vez más grave y las condiciones están dadas para que ocurra un hecho de violencia más grave que nos recuerdan las condiciones que se daban en esa misma región hace 20 años antes de la masacre de Acteal.

Las decisiones erradas de la entonces Secretaria de la Reforma Agraria para resolver el problema limítrofe entre Chalchihuitán y Chenalhó que ha traído una tensión histórica entre ambos municipios, las acciones contrainsurgentes a través de la implementación del Plan de Campaña Chiapas ‘94 en la región, la liberación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de los paramilitares responsables de la masacre de Acteal, la violencia histórica con la que operan los grupos civiles armados en Chenalhó, los conflictos generados por los partidos políticos, de manera específica por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a través de la alcaldesa Rosa Pérez Pérez, con el cobijo del ahora gobernador Manuel Velasco Coello han traído una violencia cíclica, aumentando la impunidad que se vive en la región.

Las organizaciones integrantes de la misión de observación y documentación de derechos humanos y firmantes de este pronunciamiento hacemos un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno:

Exigimos un alto al fuego, desarme y sanción a los grupos civiles armados en la región, así como una investigación a fondo de las autoridades responsables de la organización y actuación de los grupos armados.

Al gobernador Manuel Velasco Coello le exigimos asumir su responsabilidad como mandatario del estado y atender de manera integral y de fondo la espiral de violencia que existe en la región, las violaciones a derechos humanos y emergencia humanitaria en la que encuentran las y los desplazados de Chalchihuitán y Chenalhó.

Es importante que el estado mexicano reconozca la situación de emergencia y desplazamiento forzado de los habitantes de Chalchihuitán y Chenalhó, para su atención integral de acuerdo al marco legal y a la normativa internacional de derechos humanos.

Es urgente crear las condiciones que garanticen la vida y la integridad personal de las y los desplazados para que puedan retornar de manera de segura, como lo marcan los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos en caso contrario el gobernador de Chiapas será responsable de la pérdida de vidas a consecuencia del desplazamiento.

Frente al riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños y adolescentes es importante la ejecución y coordinación de medidas urgentes de protección como lo marca la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y garantizar el derecho de prioridad en la atención a la infancia.

Pedimos a las autoridades municipales y tradicionales de Chalchihuitán y Chenalhó para que a través del diálogo y mediación puedan resolver el problema histórico de límites entre ambos municipios y que fue creado por las instituciones del gobierno.

Ante la crisis humanitaria se hace necesaria la solidaridad internacional y nacional, debido a la ineficacia e incapacidad de atender esta situación de emergencia por parte de los gobiernos federal y estatal. Urge ayuda humanitaria para las comunidades desplazadas.

Campaña contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C
Servicios y Asesoría para la Paz A.C
Melel Xojobal A.C

Enviar su ayuda a Cáritas, Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Prolongación Benito Juárez #8, Planta Alta, Colonia Maestros de México, C.P. 29246 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tel. 01 967 6786479. Celular de emergencia 967 1203722. caritas@caritasancristobal.org

Donativos económicos para emergencias
Cáritas de San Cristóbal de Las Casas A.C
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
Cuenta: 0642624985
Clabe::072130006426249855
BIC/SWIFT: MENOMXMTS S.A.

 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
13 de diciembre de 2017

Pronunciamiento conjunto

radio
Radio Zapatista

Ley de Seguridad Interior. Conversatorio en Chiapas sobre sus implicaciones (Audio)

“Esta ley es un riesgo porque perpetúa un modelo de seguridad que es fallido,  regulariza las tareas de seguridad pública de un ejército que debiera intervenir de manera excepcional, por eso se convierte en un estado de excepción permanente porque las Fuerzas Armadas pueden intervenir con este marco jurídico prácticamente subordinando al poder civil, subordinando a las policías, dándole amplios poderes al Presidente de la República para hacer una declaratoria, eufemísticamente denominada como declaratoria de riesgo a la seguridad interior, que es en realidad un estado de excepción que justifica la participación de las Fuerzas Armadas” (Intervención en Conversatorio)

A finales de noviembre la Cámara de Diputados daba luz verde a  la denominada Ley de Seguridad Interior. Ante su posible aprobación (hoy) en el Senado de la República, organizaciones de derechos humanos y sociedad civil se han manifestado y advertido de las gravísimas consecuencias en caso de ratificación.

El pasado 9 de diciembre tuvo lugar en la plaza de la resistencia de San Cristóbal de las Casas un conversatorio sobre el tema. Ahí se señaló, entre otros puntos importantes, la ambigüedad en la definición de “seguridad interior” y la amplitud de acciones que pudieran considerarse como amenazas.

Asimismo, se mencionó que este “nuevo” paso en materia de seguridad lo que pretende es “regular lo excepcional”, es decir, crear un marco normativo a modo para proteger al gobierno, instituciones y su proyecto neoliberal en un país marcado por la violencia de Estado y ante una coyuntura electoral. Con ello y a partir de definiciones interesadas se facultaría –legalmente- a las Fuerzas Armadas de México a realizar labores que hasta ahora debieran ser exclusivas de organismos de seguridad pública (tales como detenciones o investigación).  Además sin observancia a estándares de derechos humanos y sin contar con mecanismos independientes de rendición de cuentas.

A continuación el audio completo del conversatorio (vía komanilel.org)

Para mayor información sobre la Ley de Seguridad Interior puede consultarse también:

https://frayba.org.mx/la-ley-de-seguridad-interior-contraviene-la-constitucion-y-da-continuidad-a-una-politica-de-seguridad-fallida-llamamos-al-senado-de-la-republica-a-no-aprobar-la-ley-de-seguridad-interior/

https://frayba.org.mx/ley-de-seguridad-interior-fortaleceria-logica-de-guerra-y-violencia/

http://centroprodh.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2468:2017-10-25-18-21-51&catid=209:front-rokstories&lang=es

https://www.seguridadsinguerra.org/#block-7149

 

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