MADERAS DEL PUEBLO DEL SURESTE, AC

Comunicado Público

Noviembre 13 del 2013

A 7 años de la impune Masacre de Viejo Velasco, Selva Lacandona, Chiapas

  • El Estado mexicano, responsable por acción y omisión, nunca ha esclarecido los hechos, ni ha asumido su responsabilidad por la masacre indígena ocurrida en Viejo Velasco el 13 de noviembre de 2006[1].

A siete años de la impune masacre de Viejo Velasco -pequeño poblado ubicado en el corazón de la Selva Lacandona- el Estado mexicano nunca ha esclarecido los hechos, ni ha castigado a los responsables materiales e intelectuales de la brutal agresión a la comunidad indígena tseltal, tsotsil y ch’ol de Viejo Velasco, Ocosingo, Chiapas, perpetrada por un grupo de aproximadamente 40 personas provenientes de la vecina comunidad Nueva Palestina, acompañados y apoyados por 300 elementos de la entonces denominada Policía Sectorial chiapaneca.

De este indignante y hasta hoy impune suceso, resultaron tres indígenas muertos (Filemón Benítez Pérez, Antonio Mayor Benítez Pérez, María Núñez González –embarazada- y Vicente Pérez Díaz) y cuatro más desaparecidos, todos ellos ancianos (Mariano Pérez Guzmán, Miguel Moreno Montejo, Pedro Núñez Pérez y Antonio Peñate López, también conocido como Juan Peñate Montejo).

Como consecuencia de esta masacre, se vieron obligados a desplazarse de manera forzosa, 20 hombres, 8 mujeres, 5 niños y 3 niñas, todos ellos  sobrevivientes del ataque. Posteriormente, el 30 de abril de 2010, murió como consecuencia de estos hechos, Petrona Núñez González, joven discapacitada, hija del desaparecido Pedro y hermana de María, quien fue asesinada. Petrona –quien dada su discapacidad no pudo huir al momento de la masacre- fue secuestrada por los agresores, quienes la retuvieron durante más de cuarenta y ocho horas, amenazándola con asesinarla.

Cabe señalar que este sangriento evento se dio en un contexto de intensa lucha y resistencia, reivindicativo del derecho al territorio, y al resguardo y manejo de los bienes naturales de las comunidades indígenas asentadas en el corazón de la Selva Lacandona; resistencia enfrentada a una agresiva política de despeje territorial, despojo social y privatización de la naturaleza, de parte del Estado mexicano, ejercida sobre más de cuarenta poblados, ubicados dentro y en los límites de la Reserva de Biosfera Montes Azules, una de las zonas más ricas en biodiversidad, agua, cubierta forestal y con un fuerte atractivo escénico y turístico, de nuestro país.

Ante toda esta impunidad, desde el 4 de noviembre de 2010, se presentó, ante el Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, el caso de la Masacre de Viejo Velasco, para evidenciar y denunciar la responsabilidad del Estado mexicano en los hechos ocurridos ese 13 de noviembre de 2006, unos cuantos días antes de terminar las administraciones de Pablo Salazar y de Vicente Fox.

Según la denuncia presentada, misma cuyos términos reiteramos hoy públicamente, el Estado mexicano es responsable por:

– acción, por ordenar y efectuar, el 13 de noviembre de 2006, un operativo policiaco y de corte paramilitar en la comunidad Viejo Velasco, tal y como lo confirma el mismo gobierno estatl, en respuesta a una solicitud de información por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)[2]; acción represiva provocada por no resolver, de forma justa y apegada al derecho internacional,  a la justa demanda de reconocimiento y regularización de las tierras en la comunidad de Viejo Velasco y en toda la Zona conocida como el Desempeño;

– omisión, ya que a pesar de las advertencias previas, enviadas a las instancias de los gobiernos federal y estatal, por el Comité de Defensa de las Libertades Indígenas Xi’nich, Maderas del Pueblo del Sureste, AC, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, entre otras organizaciones, acerca de los riesgos de agresión violenta en la zona, el Estado hizo caso omiso y nunca intervino en prevenir y resolver una situación que diariamente se tensaba; además de ello, después de los indignantes hechos, las investigaciones oficiales resultaron insuficientes e ineficaces, y hubo un largo retardo injustificado para proporcionar los resultados de los análisis a las osamentas de los restos encontrados el 6 de julio de 2007.

La masacre indígena de Viejo Velasco significó sin duda, una múltiple violación a los derechos humanos más elementales, como son: el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad y seguridad personal, a las garantías judiciales, a la protección judicial, a la inviolabilidad de domicilio, a la prevención y protección contra el desplazamiento, a la propiedad, a la residencia, a la vivienda adecuada, a la tierra y territorio, al resguardo de bienes naturales; derechos de las mujeres y, en particular, los derechos de los niños y las niñas víctimas; derechos todos contemplados en diferentes instrumentos internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano, mismos que tienen carácter vinculante, siendo entonces Leyes Supremas, como lo preveé hoy día los artículos 1° y 133º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta grave y muy indignante situación, hoy día -siete años después- habiendo terminado los sexenios de Juan Sabines Gutiérrez y Felipe Calderón, continua en la total impunidad, avalada, permitida y fomentada por los sucesivos gobiernos, federal y del estado de Chiapas.

Sin embargo, como sociedad civil no olvidamos, y una vez más reiteramos públicamente nuestro compromiso y nuestra exigencia, por la justicia, la verdad, el irrestricto respeto a los Derechos Humanos  individuales y colectivos.

Continuamos exigiendo en este caso, castigo a los autores materiales e intelectuales de la masacre, reparación integral del daño y adopción inmediata de medidas de no repetición, ante estos indignantes hechos que constituyen crímenes de lesa humanidad que ofenden al sentido más profundo del ser humano, y de los cuales, el Estado mexicano es responsable.

Ccp.- Instituciones, Organizaciones y Redes, nacionales e internacionales, Defensoras de Derechos Humanos

Ccp.- Instituciones, Organizaciones y Redes, nacionales e internacionales, Defensoras de Derechos de la Naturaleza.

Ccp.- Medios de comunicación, estatales, nacionales e intrenacionales

[1] Ver: http://www.youtube.com/watch?v=Q9QVLbA3_t0 y http://www.youtube.com/watch?v=IbzYmNzWoGQ

[2] Con fecha 22 de noviembre de 2006, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, solicitó a la CIDH la adopción de Medidas Cautelares a favor de las 4 personas desaparecidas. Dicha Comisión solicitó al Estado mexicano que proporcionara información sobre los hechos que se estaban denunciando, por lo que con fecha 2 de abril de 2007, el Estado contestó y comunicado Frayba de fecha 11 de junio de 2005 disponible en:

http://www.frayba.org.mx/archivo/boletines/050611_comunicado_conflicto_xinich.pdf



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