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La criminalización de personas defensoras de derechos humanos en el contexto de la extracción de recursos naturales y de megaproyectos se ha convertido en un fenómeno muy preocupante en América Latina, denuncia El Observatorio Para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos en su informe sobre el tema, publicado en febrero de 2016. Entre los casos de preocupación informa la historia de Berta Isabel Cáceres Flores, cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organización del pueblo lenca en defensa del río Blanco frente a la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca.

Berta Cáceres, asesinada el 03 de marzo de 2016, en su casa, contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la grave situación de riesgo en la que se encontraba, con amenazas reiteradas de muerte, agresiones, criminalización, hostigamiento e intimidación constante contra ella, su familia e integrantes de su organización. Mediante un comunicado de prensa la CIDH expresó que este crimen no puede quedar en la impunidad y reiteró al Estado hondureño la urgente necesidad de proteger a quienes defienden derechos humanos.

Honduras es el país más peligroso del mundo para las personas defensoras del derecho a la tierra, el territorio y el medio ambiente. El asesinato de la lideresa indígena del pueblo Lenca en Honduras Berta Isabel Cáceres Flores, está enmarcado en el despojo de la tierra y saqueo de los recursos naturales por parte del Estado Hondureño y las empresas transnacionales que impulsan proyectos extractivistas e hidroléctricas en los diferentes territorios indígenas del país.1

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organización que Berta Cáceres co-fundó y de la cual, hasta el momento de su asesinato, era la Coordinadora General, exige que se envíen expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para conducir una investigación imparcial, transparente y limpia y así evitar que este crimen quede en la impunidad. Responsabilizan al Estado de honduras que la persiguió, amenazó y protege a la empresa DESA.

Una semana antes de su muerte Berta Cáceres denunció en una rueda de prensa los asesinatos de cuatro líderes de su comunidad, así como amenazas en contra de ella y otros defensores y defensoras de derechos humanos. La COPINH exige fin a la criminalización de la organización y que se respete la integridad física de todas y todos los miembros del COPINH. Además reafirma su lucha en defensa de los bienes comunes de la naturaleza y el pueblo lenca, exige la salida de la empresa DESA del Río Gualcarque y el retiro del dinero y apoyo de aquellos organismos financieros internacionales al Proyecto Agua Zarca.

Desde México el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, manifiesta su repudio e indignación a las autoridades de Honduras por el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Isabel Cáceres Flores. Nos sumamos a las voces internacionales y urgimos una investigación expedita y profunda del asesinato de Berta Cáceres y que se garantice la vida e integridad personal de las y los integrantes del COPINH. Cese la criminalización a personas defensoras del territorio en América Latina.