Palabra del Ejido ch’ol Tila adherentes a la Sexta

A la comisión Sexta del EZLN

Al Congreso Nacional Indígena CNI

A la Junta de Buen Gobierno Caracol V.

A las y los adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona

A las organizaciones y personas que luchan por dignidad y justicia

A las personas honestas quienes pueda llegar este mensaje

A los medios de comunicación indendientes y tradicionales

Queremos informarles que la discusion en la Suprema Corte sobre nuestro caso esta con el numero 1 del orden de la lista, y sera mañana lunes 1 de abril. Hemos tenido una larga espera para nosotros y nosotras como cientos de  familias ejidatarias del Ejido Tila para esta decisión sobre nuestras tierras que llevamos defendiendo de estas instancias del gobierno desde 1966 y hasta hoy que seguimos luchando. Se discutirá sobre nuestro amparo ganado en 2008 contra el Decreto 72 y el fraccionamiento de tierras ejidales que han hecho con ese decreto en sus manos.

Porque se va a ver si es la ley, la historia, la razon y los derechos de los pueblos indígenas lo que guia la decisión de la Suprema Corte o es la falsa información que han sembrado el Ayuntamiento y Gobierno del Estado para no cumplir la sentencia de restitución que es que si nos entregan las tierras destruiremos construcciones en el poblado de Tila.

Queremos DENUNCIAR PUBLICAMENTE que el Ayuntamiento Municipal que está apoyado por el Gobierno del Estado están provocando y hostigando en el poblado de Tila para hacernos caer en violencia que es una trampa para hacer violencia y la Suprema Corte decida no restituir a regimen ejidal todos los robos de tierra que han hecho por sus mentiras y falsedades que han ido a contar ahí para que les sea favorable a ellos la resolución o que se sigan poniendo obstáculos para que no se respete nuestro derecho como ejido y como Pueblo indígena.

La situación en el pueblo de Tila en estos días:

En su casa del comisariado ejidal han llegado personales de la policía sectorial estatal con miembros del ayuntamiento haciendo rondines en la calle para ver si se encuentra el comisariado y la siguiente vez fue con personales de la policía judicial portando videocámaras haciendo saber a la gente que el comisariado está siendo intimidado. Esto pasó a inicios del mes de marzo cuando el ejido mandó una comisión a Mexico esperando sobre el resultado y que salieron noticias sobre nuestro caso.

Este viernes 29 de marzo que fue antier entro la policia sectorial estatal por la calle por donde vive el comisariado ejidal y se detienen enfrente de su casa y quedan viendo la casa del comisariado. En la noche los vieron llegando la policia municipal atras de casa apagaron sus luces de la camioneta y se quedaron en la oscuridad, ya como 10 o las 11 encendieron sus luces pero enfocando en su casa del camisariado y luego se fueron.

La policía  pasa en altas horas de la noche para intimidar. Hace sus rondines en la calle. Las 10, 11, 12 de la noche se encapuchan. Andan en las camionetas de Municipales y Sectoriales gente de Paz y Justicia de la zona baja, la gente ya los tiene identificados. También está entrando la gente de la Procuradura General de Justicia del Estado. Las policias estatales entran pero en las camionetas de la policia municipal para esconderse pero se reconocen por sus uniformes.

También es de gravedad que el ayuntamiento estan entrando puros paramilitares porque el propio presidente municipal los esta reclutando. Ha buscado exsoldados para tenerlos en sus ordenes. Por eso esta pasando bien grave en comunidad autonoma del EZLN comandante Abel porque son mismas autoridades municipales quienes planean atacarlos. También están vigilando casas de ejidatarios y han entrado en casas habitaciones de personas ejidatarias del ejido sin permiso. No hay paz en el pueblo de Tila sino que estan comenzando las violencias y mostrarse la gente agresiva como en el periodo de tantas masacres por Paz y Justicia.

El sabado pasado 23 de marzo quisieron enfrentar un grupo de puesteros que son organizados por el Ayuntamiento con la comision de fomento del Ejido. Cada año en fiestas la comisión de Fomento sale a medir las calles para dar los espacios. Se juntaron esa gente que vieron que venia la comision de fomento agrario acompañados por el Consejo de Vigilancia. Cuando empezaron a medir un lugar no los dejaron diciendoles que porque tenian que llegar personas del ejido que no quieren que midan porque el lugar no es de la asamblea sino del ayuntamiento cuando es la asamblea la maxima autoridad. Entonces la comision vieron que los puesteros querian sacar palos y machetes y mejor se retiraron para no generar un enfrentamiento. El ayuntamiento le dio que firmaran un documento para solicitar la entrada de las policias estatales a ese grupo de puesteros ambulantes.

Hacemos publico este INFORME SOBRE EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL y su violencia y despojos por años para que se vea quienes son la otra parte que llega en la suprema corte para que no nos restituyan tierras y seguir haciendo toda su delincuencia:

Contamos en este periodo 2013-2015 que estamos ahorita; Segundo periodo de C. Limber  Gregorio Gutiérrez, para lograr este su segundo periodo sus componentes en el transcurso electoral, hubo mucho hostigamiento por parte de sus dirigentes que son Paz y Justicia que coordinan grupos paramilitares. Para hostigar  a la gente, estuvieron disparando armas de fuego en la plena población y hirieron a una persona perteneciente al (PRI).

Cuando fueron las elecciones subia gente de la zona baja que son paz y justicia porque estaba habiendo conflictos entre ellos partidistas por peleas. Por eso volvieron a tener presencia en el pueblo los de paz y juticia. Mucha gente lo vio que venian en carro de 3 toneladas lleno de la zona baja. Venian vestidos de civil pero con mucho coraje para intimidar a la gente. Esto fue cuando se hicieron las votaciones en julio del año pasado de 2012.

Fue en las fechas de 8 de noviembre donde policias municipales arribaron a sus acahuales de comisariado ejidal y los fueron a buscar pero se logro esconder. El estaba en su milpa y lo estuvieron buscando. Son policías municipales. Esto fue porque se  había realizado la marcha caravana a Mexico en agosto y estabamos por realizar la marcha por aniversario de la Revoluión de Tierra y Libertad.

El Ayuntamiento sigue promocionando que en el pueblo es fundo legal porque le dicen a la gente que si quiere comprar casa que hay lugar para hacer casa y construir sus viviendo controlado por el municipio que para hacer progreso. Se han estado organizando con paz y justicia diciendo a la gente que no queremos fundo legal.

En el periodo 2010-2011; Una vez que salio el C. Limber Gregorio porque termino su primer periodo puso a su esposa Sandra Luz Cruz Espinoza y ella siguio con el engaño de que el ejido les pertenece a la presidencia y mando poner dos letreros en las entrada de Tila sin consentiemiento de la asamblea. También mando a poner medidores de agua diciendo que ellos construyeron la obra pero esa obra es pago de daños al ejido causado el Ayutnamiento por destruir la antigua presidencia tradicional sin permiso. Le ganamos amparo 723/2000 y tuvieron que firmar convenio para pagar con construcción de obra de agua para todo el pueblo y una nueva casa ejidal por los daños y perjuicios cometidos.

En el periodo 2008-2010, el presidente municipal primer periodo de C. Limber Gregorio Gutiérrrez por ser concuño del que estuvo antes Juan José Diaz Solorzano. Para ganar su campaña intimido mucha gente para qe votaran por el. Compro un terreno sin consentimiento de la asamblea y comenzaron a hacer destrozos entonces el Ejido se amparo y gano y tuvieron que regresarlo el terreno pero amenazaron mucho con ordenes de aprension. En este tiempo ganamos el amparo y comenzamos a hacer movilizaciones de miles de familias de ejidatarios. Ahi empezaron las policías en altas horas de la noche, y tambien policias estatales, todo para intimidar a los ejidatarios y ejidatarias se encapuchan para no reconocer la cara portando armas de fuego y haciendo tiros al aire en las orillas del pueblo.

También estuvo registrando catastros en el registro publico de la propiedad. Fue en ese tiempo donde fueron engañados muchos de que si habia fundo legal y que compraran tierras y que habia registro de tierras en el registro publico de la propiedad.

2005-2007; periodo del C. Juan José Díaz Solórzano. El 14 de febrero del 2005 entro la sectorial a las 2:00 de la mañana haciendo desalojo y haciendo detenciones en casas de ejidatarios y se llevaron a una persona anciana la edad de 80 años y se le dio libertad en ese mismo día adelante de Salto de Agua todo mal herido. El siguiente dia  15 de febrero a las 2 de la tarde entro 2 helicópteros y 20 comboys  de sectorial tirando bombas lacrimógenos, intimidando a muchas personas, somatándoles las puertas y muchas familias huyeron en los montes y murieron dos recién nacidos por el gas lacrimógeno. Al momento que entro la sectorial a bombardear al pueblo con gas lacrimógeno estaba coordinado con los de paz y justicia y son ellos los que iban mostrando las casas donde se encontraban tales personas. Fue asi que agarraron a muchas personas del pueblo y detuveron injustamente.

Encarcelaron a 49 personas que no estaban involucradas, más bien iban de compras por necesidades alimenticias y fueron llevadas a la cárcel de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, todo por una imposición de un presidente municipal llamado Juan José Díaz Solórzano y muchas familia quedaron traumados por los problemas del ayuntamiento que ha generado  en los últimos años cantidades de discriminación y sobre todo a los derechos humanos.

Perido 2002-2004; El presidente C. Jesús Méndez Gutiérrez, hizo su proyecto de fundo legal y con engaños lo hizo firmar a un ejidatario pero sin consentimiento de la asamblea. Ahi hubo despojo de tierras porque siguio registrando solares en el registro publico de la propiedad promocionando que Tila es fundo legal y que habia derecho a la compra y venta de tierras.

Periodo 1999-2001. Periodo del C. Carlos Torres López. En aquel entonces la seguridad pública mato a golpes a un campesino de la comunidad jolnopa Guadalupe en la salida de tila. Viendo el´pueblo protestaron la salida de la seguridad pública y el ayuntamiento. Mucha gente llegó en el pueblo y tomaron la presidencia. El Ayuntamiento convocó a Paz y Justicia y subieron de la zona baja esos paramilitares al pueblo tiraron balas al aire, golpearon gentes, machetearon puestos, entraron a robar en casas de ejidatarios del pueblo. Mucha gente huyeron en el monte. Después de eso el Ayuntamiento acusó a varias persona campesinas del ejido de  saqueo de la presidencia municipal y se dicto 29 órdenes de aprensión injustamente.

En 1999 destruyen construcción antigua de Autoridad Muncipal sin permiso de la asamblea. Viendo que lo habia tumbado se hizo asamblea y se demanda y se gana amparo 723/2000  y entonces se comprometio a pagar daños y perjuidicios que fue de realizar obras de agua potable para todo el pueblo de Tila y construcción de casa ejidal pero no lo hizo sino que quedo pendiente. Entonces construyó una nueva instalaciones del ayuntamiento sin informar a la asambla. Agarró sin permiso el terreno donde se hacia el teatro del pueblo y construyo la nueva presinedncia municipal.

El ayuntamiento municipal de periodo 1996-1998, su periodo del C. Carlos López Martínez en este tiempo fue cuando les dieron armas a paz y justicia y fue cuando hubo tanta masacre en la zona baja de tila. Fue cuando esa gente subia y golpeaban puestos casas, hacian muchos desastres porque estaban organizados por el gobierno federal y los manejaban.

En ese periodo acusaron y detuvieron a un ejidatario Patronato de Agua de cortar manguera y golpearon mucha gente que se oponía a su detencion. El ayuntamiento utilizo a un avecindado para que lo culpara y denunciara falsamente  pero como luego salio que el ayuntamiento habia pagado por ese falso testigo el compañero ejidatario salio.

En periodo de 1992- 1995; estuvo el C. Jesus Artemio Decelis Guillen, quien es hermano del que es secretario municipal actualmente y esta muy metido en varios periodos en Ayuntamiento. En este periodo el Ayuntamiento municipal con engaño agarró un terreno de hectárea y media y en una parte cometió daños y perjuicios, tumbo matas de café y entre otras siembras sin consentimiento de la asamblea. La autoridad ejidal convoco una asamblea general extraordinaria se discutió en uno de los  puntos principales del problema suscitado, un campesino procedente de la comunidad Mariscal Subicusqui lo insulto al presidente municipal. Ya terminada la asamblea el presidente lo buscó en el camino y lo mato con un arma de fuego y no fue castigado por el crimen cometido. Esto fue en febrero de 1994. Dejó el cargo y se huyó. Una vez huido la gente del partido PRD tomaron la instalaciones del ayuntamiento. Hicieron plantones. Y una vez que vieron que habia bastante gente el Ayuntamiento convoco los dirgentes de paz y justicia porque antes no se conocian y con esta accion se dieron a conocer como paramiliates de la zona baja que fueron convocado para hacer enfrentamiento. Se disperso la gente.

En 1993 este periodo quitaron el terreno del campo que se llama de futbol sin consentimiento de la asamblea. Metio tractor y construyo un auditorio muncipal. En ese campo se hacia la danza tradicional del carnaval y los bailes de las fiestas patronales. Ahi llegaban a hacer bailables.

Periodo de 1989-1991, presidete municipal C Arturo Sanchez Sanchez exigió a todos los ejidatarios a revisar su solar pero con policias armados. Donde habia terrenos los agrarraba y metia a otra gente que no era del pueblo. Primero hacian negocio en el ayuntamiento y salian con sus policias. Se exigieron con amenazas y violencia a muchas familias de ejidatarios del pueblo de que sacaran sus registros de catastros para meterlos en el registro publico de la propiedad. Ese presidente era muy violento. Fue en ese tiempo que quitó el casino del pueblo que era el lugar donde se hacian las asambleas del ejido y las fiestas tradicionales. Lo quito porque habia pedido la llave al ejido y ya no lo regreso y le metio otro tipo de llave, cambiola chapa y metio a su guardia y ya no dejaban entrar a nadie.

En el periodo de 1983-1985; el presidente municipal el C. Abraham Gutiérrez López, metió nueva brecha  de carretera afectando aproximadamente 15 hectareas de compañeros ejidatarios quedando el terreno sumamente  en pésimas condiciones. Habiendo carretera con brecha y metió otra brecha afectando en su totalidad los cultivos de café, maíz y entre otras, sin su consentimiento de la asamblea. La gente protesto pero no le hicieron caso.

En periodo de 1977-1979; se dicto 27 órdenes de aprensión fueron cateados en sus hogares dos compañeros ejidatarios por defender sus tierras, ordenadora la presidenta municipal América Pinto Gutiérrez, en su segundo periodo de la presidencia municipal. Porque estaban defendiendo sus casas porque el ayuntamiento estaba adjudicando sitios de vivienda de ejidatarios a otra gente y haciendo despojos de tierra de los campesinos sin permiso de los dueños y de la asamblema. Luego la gente se entero de que el ayuntmiento estaba solicitante del FUNDO legal y el decreto de Gobernador, La gente protestó y la sacaron del cargo y entró un consejo municipal.

En 1971-1973 la presidenta municipal ordeno quemar diez casas de familias campesinas es decir ejidatarios y fueron embodegadas  sus pertenencias dos años en la comandancia. Esto para construir sin permiso de la Asamblea -Escuela primaria del Estado Angel Albino Corzo.

Compañeros y compañeras y hermanos y hermanas: Vean quienes son y que han hecho el Ayuntamiento que son la parte contraria contra quienes nos defendemos del despojo y quienes también llegan en la Suprema Corte para que les den la razón pero no la tienen. Ellos promueven la violencia y la discrimación en contra de nosotros como Pueblo indígena.

Pero nosotros seguiremos en defensa de nuestra tierra y territorio como hombres, mujeres, ancianas ancianos y niños porque es un ejemplo para muchos Pueblos de que unidos como personas, colectivos, organizaciones, pueblos, tribus se puede lograr a que se respete nuestros derechos.

En nuestra parte esta la ley, la razón, la historia y nuestro derecho como ejido y como pueblo indígena. Lo miren que es lo que tienen ellos en su lado que es solo violencia, mentira, falsedad, son una mafia de malos gobernantes.

No más despojos. Ya no mas a la intimidación, a la discriminación y que viva la resistencia de los pueblos y la resistencia del pueblo ch’ol que lucha por una justicia verdadera. NUNCA MAS UN TILA, CHIAPAS Y MEXICO SIN NOSOTROS COMO PUEBLOS INDIGENAS. RESPETO.

Atentamente

Tierra y Libertad

Ejido Tila Chiapas

Organos de representación ejidal

Presidente del Comisariado Ejidal          Presidente de Consejo de Vigilancia

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nNdfIBylryo

A 27 de marzo de 2013, San Cristobal de Las Casas, Chiapas, Mexico.

A la Otra Campaña
A la Sexta Declaracion de la Selva Lancandona.
Al Congreso Nacional Indigena
A los Centros de Derechos Humanos Honestos e Independientes
A los medios de Comunicacion
A la sociedad Civil Nacional e Internacional
A los pueblos creyentes
A la opinión publica.

Hermanas y hermanos esta es nuestra palabra sencilla y humilde.

Nosotros hombres, mujeres y niñas  desplazados del paraje Banavil, municipio de Tenejapa, Chiapas, Mexico, somo simpatizantes del EZLN fuimos desplazados 13 personas desde el 04 de diciembre de 2011, durante este tiempo hasta la fecha estamos exigiendo justicia y que  ejecuten la orden de aprension contra las 11 personas que son las que estan acusados de homicidio de Alonso Lopez Luna y de las lesiones de Lorenzo Lopez Giron hasta el momento las autoridades no lo quieren ejecutar las ordenes de aprension.

Nosotros los desplazados nos hemos enfermado mucho, pero mas las mujeres y las niñas se enferman de tos, gripa y calentura y no han recibido atencion medica porque no tenemos dinero para comprar medicamentos y tampoco el gobierno nos da atencion medica, no tenemos ningún apoyo. Y nuestro alimento no nos al cansa para comer no tenemos servicio de agua cuando encontramos agua lo guardamos en botes, estamos tristes por nuestra situación porque  además no encontramos trabajo, También hace poco nos enteramos que nuestras tierras, que esta en el ejido de Santa Rosa en el mismo municipio de aproximadamente cinco hectareas y media, los priistas lo invadieron y los tienen posesionados una parte los estan parcelando para repartirse entre los agresores priistas, el que ordena estas posesiones son estos lideres. Agustin Mendez Luna, Pedro Mendez Lopez, Alonso Lopez Ramirez y Agustin Guzman Mendez. Una parte de nuestras tierras lo vendieron estos agresores hasta la fecha nos sabemos con quienes lo vendieron pero si sabemos que son dos hectareas  tres cuartos que ya estan vendidas y que el comprador ya esta haciendo su milpa en nuestras tierras.

El 8 de marzo, tuvimos una reunion con el Juez Propietario Joaquin Intzin Lopez en la fiscalia indigena junto con el Licenciado Lesther Gutierrez Duran, para pedir que nos den seguridad y entrar a sacar nuestras cosas como, maiz, chicharo, avas, ropa, machete, azadon , hacha, son cosas que necesitamos para sobrevivir. Pero el juez dijo que no podia decidir, que solo esta trabajando por su sueldo y que  recibe ordenes del presidente municipal de Tenejapa que se llama Esteban Guzman Jimenez, ese dia nos dijo que no se queria meter en este problema, pero que se ha reunido con el grupo priista agresor.  Por telefono le dijo al licenciado Lester que ya no hay maiz en nuestra casa, pero Lester es testigo que si quedo dejamos maiz dentro de nuestras casa. En varias ocasiones hemos acudido al mesa seis que esta en la fiscalia indigena para solicitar copias de la averiguacion previa pero no nos quieren dar, siempre cuando vamos nos salen preguntando para que nos va servir las copias, que si somos licenciados para checar y ver, que porque nosotros no tenemos derecho de pedir las copias, ni siquiera nos dan información de como se encuentran las averiguaciones previas tampoco vemos avances de parte de la mesa seis de la fiscalia indigena, solo nos dicen que estan trabajando mandando escritos, y cuando pedimos que nos de copias nos dicen que no. Que tienen firmado un acta de acuerdo el fiscal, el director y el sub director de averiguaciones previas de la fiscalia indigena para que no nos den ningun documento. Sabemos que Pedro Mendez Lopez y Manuel Mendez Lopez trabajan en la presidencia municipal de Tenejapa, estas dos personas son los que mataron a mi padre Alonso Lopez Luna hasta fecha sigue desaparecido y estas dos personas tienen orden de aprension y no la ejecutan las autoridades. El dia lunes 18 de marzo de este año los agresores priistas amenazaron a Francisco Santiz Lopez en devolverlo a la carcel por cien años mas y que también a Lorenzo Lopez Giron.  En el paraje de banavil estan reuniendo cinco mil pesos por cada persona, para venir  a comprar a los de la fiscalia para que nos busquen mas delitos, sabemos que en el ejido mercedez juntaron 25 mil pesos y Alonso Lopez Mendez vino a dejar en el paraje banavil para comprar a los de la fiscalía indígena.

Por ultimo denunciamos estos hechos y exigimos al señor gobernador Manuel Velasco Coello y el señor Enrique Peña Nieto, que resuelva nuestro problema, exigimos nuestras cosas, nuestras tierras y casas.

¡¡CASTIGO POR LOS ASESINOS!!
¡¡PRESENTACION EN VIDA DE MI PADRE ALONSO LOPEZ LUNA!!

ATENTAMENTE LOS DESPLAZADOS DE BANAVIL

LORENZO LOPEZ GIRON

MIGUEL LOPEZ GIRON

PETRONA LOPEZ GIRON

ANITA LOPEZ GIRON

ANTONIA GIRON LOPEZ

MARIA MENDEZ LOPEZ

PETRONA MENDEZ LOPEZ

México. El Estado mexicano, que señaló de mentirosas a las mujeres sobrevivientes de la tortura sexual durante la represión en Atenco y Texcoco en 2006, ahora busca dar disculpas y lograr una “solución amistosa” por las acciones, que son parte de su fracasada estrategia por frenar la organización de abajo y a la izquierda. Las sobrevivientes lo rechazan y reiteran que seguirán su demanda de justicia, que va más allá incluso de las acciones jurídicas.

En un par de meses se cumplirán siete años de los brutales operativos policiales ocurridos en Texcoco y San Salvador Atenco. Su saldo es bien conocido: cateos ilegales; cientos de detenciones arbitrarias; el asesinato de Javier Cortés Santiago y Alexis Benhumea  a manos de la policía; la tortura física y psicológica de todas las personas arrestadas; y la expulsión ilegal de cinco personas  extranjeras. El caso de las mujeres fue especial, ya que además de padecer la violencia generalizada, fuimos sometidas a la tortura sexual, de la que se documentaron por lo menos 26 casos.

La violencia institucional no sólo se tradujo en cárcel, asesinato y tortura; luego enfrentamos la represión judicial, procesos interminables; sentencias inauditas  -hasta por 112 años de prisión-. Tras conseguir la libertad de todos y todas después de años de movilización y resistencia, no podemos dejar de percibir que la impunidad ha sido el común denominador en este asunto.

En las primeras horas de la detención, en el enorme comedor de visitas del penal de Santiguito, nos encontrábamos las mujeres en silencio, esperando pasar a rendir declaración. Una chica comenzó a relatar la tortura, y reconocí en la mirada de aquellas mujeres mi propio dolor y el agobio del silencio. La rabia nos empezó a hinchar el corazón, la fuerza comenzó a retornar a nuestros cuerpos, comprendimos entonces que estábamos vivas y, desde ese momento, juntas.

Hemos vivido la criminalización y estigmatización. Los diferentes funcionarios del gobierno federal y estatal nos llamaron mentirosas, inventando que seguíamos un manual utilizado por grupos radicales para inculpar falsamente a los agentes policíacos de violación.

La impunidad anunciada.

Acudir a las autoridades para denunciar la represión parecía una locura. Ellos usaban a los medios de comunicación comerciales para anunciar que no existían denuncias formales, cuando según su preciado Estado de derecho debía seguirse una investigación por oficio ante las evidencias físicas de tortura. Nosotras decidimos no legitimar sus mentiras con nuestro silencio: Denunciamos.

Comenzó el largo peregrinar acudiendo a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia en Contra de las Mujeres (FEVIM) -ahora FEVIMTRA (Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de personas). Pasaron dos años en donde rendimos declaración; ampliamos declaración; nos sometieron a peritajes; más citaciones y demagogia; padecimos a las diferentes fiscales que pretendían hacerse de capital político con nuestra demanda de justicia. Elena Pérez Duarte, entonces fiscal, nos hablaba como madre adolorida por sus hijas caídas en desgracia; después vino Guadalupe Morfín, que con su prepotencia dijo que no había avances y que no nos hiciéramos falsas ilusiones respecto a consignar el caso.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) llevaba una investigación llena de irregularidades. Donde 29 policías habían sido señalados directamente por una compañera denunciante, las autoridades procesaron a 9 de ellos por los delitos de abuso de autoridad y actos libidinosos, pero nunca por tortura. En resumen, todos los policías fueron absueltos y el costo emocional para nuestra compañera fue devastador.

En este contexto acudimos en abril de 2008 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con la petición de que investigara lo ocurrido el tres y cuatro de mayo de 2006. Supimos entonces que nos encontrábamos en medio de un proceso que por lo menos se llevaría siete años más.

La simulación ha sido la estrategia del Estado mexicano. En febrero de 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en su dictamen respecto a la investigación del caso, reconoce “la flagrante violación a las garantías individuales y abuso de autoridad”. Sin embargo, a Enrique Peña Nieto, Eduardo Medina Mora, Genaro García Luna, Wilfrido Robledo y cualquier autoridad que haya participado en la planeación y ejecución de los operativos se le deslindó de toda responsabilidad del ejercicio de la fuerza pública, argumentando que los policías actuaron por cuenta propia, diluyendo así la responsabilidad de la cadena de mando y de los funcionarios partícipes.

En septiembre del mismo año, la FEVIMTRA, declinó la competencia a la PGJEM, no sin que antes Guadalupe Morfín sacara su tajada política al declarar ante los medios de comunicación la consignación federal del caso en el contexto de su salida de la fiscalía para candidatearse para ser titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¡Qué más da una mentira en la carrera de altos vuelos de la exfiscal!.

Pasaron los años y el Estado mexicano hizo todo lo necesario para perpetuar la impunidad. Fue hasta julio del año pasado, que durante la exanimación a la que fueron sometidas las autoridades mexicanas por parte del Comité CEDAW de la ONU (Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer), realizada en Nueva York, con bombos y platillos se anunció que la Procuraduría había consignado y arrestado a dos policías por actos de tortura en agravio de nosotras. Extraordinaria coincidencia que giraran órdenes de aprehensión el mismo día en que se le cuestionaría al Estado acerca de las investigaciones.

El panorama le cambió a partir del 14 de marzo el Estado mexicano. Durante la audiencia de fondo ante la Comisión Interamericana, en un acto desesperado por mantener intacta su imagen de garante de los derechos humanos ante organismos internacionales, se dirigió a nosotras diciendo ofrecer “disculpas” y exigiendo su derecho de convenir una salida “amistosa”, un derecho que visto desde el poder, está por encima de nuestro derecho de justicia. Dejamos de ser las mentirosas, nos ofrecieron becas y apoyos. De sus bocas salio la palabra “solidaridad”, como si ésta pudiera venir de los de arriba.

No fue difícil tomar una decisión al respecto. ¡No creemos en las promesas de las autoridades mexicanas! Hemos entendido durante estos años que lo que nos ha fortalecido y nos permite seguir explorando los caminos hacia la justicia, la construcción de la memoria y la reparación no está exclusivamente en los espacios jurídicos.

Hemos encontrado eco y solidaridad en nuestras organizaciones y colectivos, incluso en la sociedad en general. Nuestra apuesta sigue siendo la organización y el fortalecimiento de los procesos colectivos. Sabemos que la tortura sexual es una herramienta poderosísima usada para rompernos y desmovilizarnos.

Logramos hablar del tema de forma franca y abierta, sin tabús, desmontamos la victimización y el estigma, logramos colocar el término tortura sexual en un sitio visible, la forma en que se instrumenta y el daño que causa. Avanzamos en estrategias de afrontamiento individuales y colectivas. Nunca fuimos víctimas, somos sobrevivientes, llenas de esperanza por cambiar el actual estado de las cosas. Nuestra lucha no es por becas, programas y terapias psicológicas.

Los hechos en Texcoco y Atenco no fueron la decisión de un par de policías nerviosos a los que se les pasó la mano; fue un acto concertado por los tres niveles de gobierno. Los tres partidos políticos más relevantes (Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática) se hermanaron para reprimir y detener a la organización nacional en torno a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN y La Otra Campaña. Sus crímenes han sido en vano.

Seguiremos caminando abajo y a la izquierda.

Proyecto Mirada Sostenida
Publicado el 18 de marzo de 2013

Fuente:  Desinformémonos

En la listado oficial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aparece en el número 1 para el día 1 de Abril, a las once de la mañana.

Hay que estar pendienteshttp://www.scjn.gob.mx/pleno/paginas/pleno_lista_oficial.aspx de esta decisión histórica.

“No podemos acostumbrarnos a vivir bajo la permanente amenaza del crimen organizado y muchas de las autoridades infiltradas por el mismo crimen. Nos preocupa este nuevo hecho de inseguridad y por eso hacemos un llamado a toda la sociedad para que se solidarice no solo con nosotros sino con todos los hombres y mujeres que en este país tienen que arriesgar su vida por la defensa de los derechos humanos de los grupos más castigados por el sistema en el que vivimos.” (Fray Tomas González)

“Doblegarnos no es una opción para nosotros, acá continuamos en La 72″

Nuestro Río Suljaa’, ubicado en territorio Nu Savi y Nancue Ñomndaa, en la Costa Chica de Guerrero, se encuentra en peligro ante la amenaza de despojo impulsada por el gobierno del estado de Guerrero.

Con una obra que pretende entubar el Río de Suljaa’, se busca despojarnos de este invaluable bien natural y llevar el agua del río a la cabecera municipal de Ometepec, sin tomar en cuenta a las comunidades que viven a la orilla de este río.

Con estas acciones, el gobierno del Estado de Guerrero, encabezado actualmente por Ángel Heladio Aguirre Rivero, viola los derecho de los pueblos originarios reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas del estado de Guerrero, y la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas la cual en su artículo 26 dice: Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido.

Apoya la lucha del pueblo Nancue Ñomndaa contra el despojo de su territorio.

La Palabra del Agua

Desde la cárcel No. 5 de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas Alberto Patishtán preso político de la Voz del Amate anuncia que lleva 4 días en ayuno con el fin de exigir a las autoridades federales del Consejo de la Judicatura federal y el Primer Tribunal colegiado de Vigésimo Circuito de Chiapas a que retomen y resuelvan si reconocimiento de inocencia.

Crónica de una matanza de policías (casi) olvidada

Siete uniformados fueron emboscados y asesinados el 12 de junio de 2000

Se acusó al EPR, a paramilitares y a zapatistas

Una semana después se detuvo al profesor Alberto Patishtán

El indígena Salvador López fue culpado también por la PGJE

Un anciano camina por las calles del municipio El Bosque, en Chiapas, de donde es originario el profesor Alberto Patishtán GómezFoto Moysés Zúñiga Santiago

Hermann Bellinghausen

Enviado

Periódico La Jornada
Sábado 23 de marzo de 2013, p. 2

San Cristóbal de las Casas, Chis. 22 de marzo.

La notoriedad alcanzada por la lucha de Alberto Patishtán Gómez para conseguir su libertad ha impedido que el crimen que dio origen a su personal desgracia de 12 años en prisión (y 48 más que le faltan, según su sentencia) fuera olvidado, lo cual de seguro contraría a muchas autoridades, al menos estatales, desde 2000 hasta el presente, tras cuatro gobernadores de, literalmente, todos los partidos. ¿Qué sucedió la mañana del 12 de junio de 2000 en el paraje Las Lagunas de Las Limas, Simojovel? ¿Cuál pudo ser el móvil de los perpetradores? ¿Qué estaba sucediendo ahí por esos días?

El asesinato de siete policías –el comandante estatal Francisco Pérez Morales, cinco agentes bajo sus órdenes y el comandante municipal de El Bosque, Alejandro Pérez Cruz–, representaba un hecho de enorme gravedad. Hoy tal vez nos hemos acostumbrado a noticias de ese calibre, pero en ese entonces, incluso para el Chiapas militarizado y paramilitarizado, resultaba extraordinario. Ocupó por supuesto todos los titulares periodísticos del día siguiente.

En tres semanas más se celebrarían los comicios en los que el PRI habría de perder la Presidencia, y en agosto la gubernatura. El presidente Ernesto Zedillo, histórica y personalmente involucrado con el desarrollo de la guerra contra los indígenas de Chiapas, en general, y de los de El Bosque, en particular, se disponía a visitar la entidad el martes 13 para inaugurar una carretera en la selva Lacandona, pero suspendió la gira. El candidato priísta a gobernador, Sami David, hizo lo propio. El Ejército federal envió centenares de efectivos, ocupó el lugar de la emboscada, la cabecera municipal, los caminos, e incursionó enseguida en las comunidades zapatistas. Sin embargo, la primera hipótesis de la Secretaría de la Defensa Nacional fue que podía tratarse de una célula del Ejército Popular Revolucionario (EPR) (La Jornada 13/06/2000), algo que sorprendió pues ni entonces, ni nunca, éste tuvo presencia en la zona.

Más creíble pareció la hipótesis, el mismo día, de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), esa sí con presencia histórica en la región: pudieron ser paramilitares del Mira (aunque visto en perspectiva, el grupo paramilitar en El Bosque, temible y letal, era conocido como Los Plátanos por el nombre de la comunidad donde se asentaban, junto con policías judiciales, desde donde habían salido el 10 de junio de 1998 para participar en la masacre de zapatistas en Unión Progreso; en Los Plátanos, este reportero presenció, meses antes de la emboscada, una quema mediática de plantíos de mariguana con la pretensión, a la postre fallida, de culpar al EZLN).

La policía federal habló inicialmente de narcotraficantes; no era ningún secreto el trasiego de mariguana procedente de Huitiupán.

La masacre fue un lunes. El sábado previo los zapatistas habían conmemorado el segundo aniversario de la ocurrida en Unión Progreso y Chavajeval y el encarcelamiento de las autoridades autónomas de San Juan de la Libertad. Diego Cadenas, entonces joven abogado del Frayba, declaró a La Jornada el día de la emboscada que ese 10 de junio, cuando viajaba a Unión Progreso para participar en los actos religiosos por el segundo aniversario de la masacre de 1998, en los retenes militares de Puerto Caté y San Andrés Larráinzar los militares le dijeron que estaban suspendidas las garantí­as individuales. No era sí.

Dos días después, un comando de entre 10 y 15 individuos, con parapetos construidos y armas de alto poder, emboscó eficazmente la pick up verde oscuro en que se trasladaban, procedentes de Simojovel, ocho policías y el chofer oficial del ayuntamiento de El Bosque, menor de edad e hijo del alcalde Manuel Gómez Ruiz. Gravemente heridos, el joven Rosemberg Gómez Pérez, quien conducía el vehículo con los dos comandantes en la cabina, y el agente de Seguridad Pública Belisario Gómez Pérez en la góndola con sus compañeros de corporación, habrían sido dados por muertos por los atacantes, y al sobrevivir devendrían los únicos testigos presenciales.

La Jornada informaba también que en lo que iba de 2000, esta era la octava emboscada; los ataques ya habían dejado 20 muertos y un número igual de lesionados. Los policías caídos en Las Lagunas fueron Francisco Escobar Sánchez, Rodolfo Gómez Domínguez, Guadalupe Margarito Rodrí­guez Félix, Arbey Vázquez Gómez y Francisco Pérez Mendoza. Dos de ellos todavía hoy son recordados por sendas cruces de cemento en la curva donde fueron acribillados. Se contaron 85 impactos de AK-47 y R-15.

El EZLN se deslinda e investiga

Al día siguiente de la emboscada, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del EZLN se pronunció con un breve comunicado: “De acuerdo con los datos, el ataque fue realizado con tácticas de narcotraficantes, paramilitares o militares. El uso del llamado ‘tiro de gracia’ es recurrente en estos grupos armados. El ataque se realizó en una zona saturada de tropas gubernamentales (Ejército y policía), en la que es muy difícil que se pueda movilizar un grupo armado sin ser detectado y sin la complicidad de las autoridades. El grupo atacante contaba con información privilegiada sobre los movimientos y número de personas emboscadas. Dicha información sólo podría ser obtenida por gente del gobierno o cercana a él”.

La comandancia rebelde señalaba: “El EZLN está investigando para esclarecer la identidad y motivos del grupo atacante. Todo apunta a que fueron del gobierno (o con el auspicio gubernamental) las personas que realizaron la agresión, ya que así tendrían el pretexto para aumentar la militarización en Chiapas, y para justificar el ataque a comunidades zapatistas o al EZLN. Es de notar que este hecho refuerza el clima de inestabilidad con el que amenaza el candidato oficial si no gana.

Franca provocación o no, el hecho violento es ya un argumento para aumentar la presencia militar en todo el estado, incluso en zonas muy alejadas del lugar de la agresión, añade el comunicado (13/6/2000), detallando que en las últimas horas se han reforzado aún más los cuarteles federales de Guadalupe Tepeyac, en Las Margaritas; Cuxuljá, en Ocosingo; Caté, en El Bosque, y las cabeceras municipales de Simojovel y El Bosque. Así mismo se ha incrementado el número de aeronaves artilladas y de sus sobrevuelos en las zonas Altos, selva y norte. Y finalmente, el EZLN se deslinda de este acto y hace un llamado a la opinión pública para que no se deje engañar.

La captura de Patishtán

No obstante, el gobierno estatal de Roberto Albores Guillén, a través de su procurador Eduardo Montoya Liévano, impulsó enseguida la hipótesis de que los atacantes pudieron ser zapatistas, en presunta venganza por la masacre contra ellos ordenada por el propio Albores Guillén dos años atrás, aunque tambien reconoce que pudieron ser asaltantes. El convoy atacado, se dijo, patrullaba para combatir gavilleros.

Alberto Patishtán Gómez durante una revisión médica en el Hospital de La Vida, en septiembre de 2012. El profesor indígena se encuentra preso en el penal número 5 de San Cristóbal de las CasasFoto Moysés Zúñiga Santiago

El senador Carlos Payán Velver, miembro de la Cocopa, propuso que la instancia legislativa viajara a la entidad, pues la situación era grave y crítica. El diputado Gilberto López y Rivas, también de la Cocopa, señaló que aquello tenía visos de una provocación de los paramilitares que se fomentan desde el gobierno mismo del estado (La Jornada 14/6/2000).

En la misma fecha, Víctor Manuel Pérez López, dirigente de la CIOAC, reveló que el gobierno de Chiapas armó y financió en 1997 a disidentes del Partido del Trabajo para combatir al fugaz gobierno municipal de dicho partido y la CIOAC. Cualquiera en la zona sabe quiénes son, dijo, y que una vez cumplido el objetivo de devolver al PRI la alcaldía, estos se dedicaron al asalto y el narcotráfico. Actúan, añadió, en completa impunidad, en pleno día, aun cuando militares y policías realizan patrullajes frecuentes.

Para entonces, en dos emboscadas previas, habían sido asesinadas cuatro personas, según la CIOAC bases zapatistas. El 13 de enero, en el camino a Chavajeval, fue asesinado Martín Sánchez Hernández por encapuchados fuertemente armados, y luego, el primero de febrero, Rodolfo Gómez Ruiz, Lorenzo Pérez Hernández y Martín Gómez. Todos tzotziles.

Diputados del PRD y el PAN acusaron de negligencia al secretario de Gobierno Mario Lescieur Talavera, y dijeron que la emboscada serviría de pretexto para el arribo de más elementos de la Policía Federal Preventiva. Los tanques, helicópteros y artillería del Ejército federal ya habían llegado.

El episodio se salía de cauce. Urgía un control de daños. El gobierno creyó lograrlo, así que el presidente Zedillo pudo viajar el 19 de junio a Marqués de Comillas para inaugurar su carretera. Ese mismo día, en la cabecera municipal de El Bosque, el Ejército y la PFP capturaron, sin mostrar orden de aprehensión, al maestro Alberto Patishtán Gómez. Un grupo de pobladores, identificados como miembros del PRI, visiblemente conmocionados (La Jornada, 20/6/2000), solicitaron la intervención del Congreso estatal, sostuvieron que el detenido era inocente, se deslindaron de los hechos violentos del 12 de junio, y argumentaron no estar armados ni pertenecer a ningún grupo paramilitar. No les hicieron caso, antes bien los amenazaron.

Patishtán permaneció un mes ilegalmente arraigado en el hotel Safari de Tuxtla Gutiérrez. Sus familiares, amigos y correligionarios ocuparon la presidencia municipal y demandaron la liberación del profesor. Ni siquiera su propio partido los respaldó. Y no sólo eso. El entonces diputado priísta Ramiro Miceli Maza, compadre del alcalde, o sea padrino de bautizo del joven Rosemberg, resultó pieza clave para amedrentarlos e inculpar al maestro y líder comunitario, quien terminó encarcelado en el penal de Cerro Hueco.

También aquel 19 de junio, al pronunciarse respecto a los inminentes comicios del 3 de julio de 2000, el subcomandante Marcos escribió: “Mientras tanto, acá estamos temblando. Y no porque el ‘croquetas’ Albores haya contratado al Alazraki para que le ‘levante’ su imagen (probablemente Albores ya busca chamba en la promoción de alimento para perros), ni por los seiscientos mil dólares que le va a pagar (con dinero destinado originalmente a ‘resolver las condiciones de pobreza y marginación de los indígenas chiapanecos’, Zedillo dixit). Tampoco por los ladridos del ‘cachorro’ Montoya Liévano (más que ahora está nervioso porque ya se está descubriendo que fueron sus ‘muchachos’ –es decir, sus paramilitares– los responsables del ataque a la Seguridad Pública en El Bosque, el pasado 12 de junio). No, estamos temblando porque estamos empapados por la lluvia. Y es que, entre helicópteros y tormentas, no encuentra uno buen techo”.

Ahora contra los zapatistas

El 10 de julio siguiente, pasados los comicios federales, un mes después de la emboscada, la policía estatal detuvo en Bochil a dos bases de apoyo del EZLN residentes de Unión Progreso, acusándolos de participar en el crimen. Ello, aunque la Procuraduría General de la República sostenía que los atacantes habían sido un grupo de priístas disidentes, entre ellos Patishtán; estos cruzaban acusaciones con el alcalde Manuel Gómez Pérez, a quien impugnaban desde meses atrás por su escandalosa corrupción.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) tenía sus propias líneas de investigación. Recurriendo a la policía destacada en Los Plátanos, que sabe de eso, las autoridades sembraron magras evidencias de delito en dos indígenas de Unión Progreso (La Jornada, 15/7/2000). Uno de ellos, Salvador López González, torturado e interrogado sin traductor, firmó una declaración inculpatoria ad hoc y fue encarcelado. En prisión se encontró con su coacusado: Patishtán. Sin conocerse siquiera, ambos cargaron con todo el peso de la emboscada.

La Jornada informó desde Unión Progreso: “El destacamento policiaco que detuvo a los zapatistas ha tenido a la vista, durante largo tiempo, los cultivos de mariguana que hay en Los Plátanos. La violencia interna en esa población, controlada por un conocido grupo paramilitar, ha servido siempre de pretexto para acusar y atacar a los vecinos zapatistas. Según el representante de Unión Progreso, ‘nos acusan de lo que ellos hacen’. El Ejército federal ha ingresado a Los Plátanos para destruir estos plantíos, los únicos detectados en la región. Al menos en dos ocasiones, aunque sin detenidos”.

Salvador y su hermano Manuel fueron agarrados el 10 de julio; sus familiares declararon: Los de Seguridad Pública (SP) los golpearon, descalzaron y desnudaron, y dejaron inconciente a Salvador. Con los detenidos se encontraban un niño (que lloraba mucho) y un adolescente, quienes vinieron a avisar que a los compañeros se los habían llevado.

Como los captores no eran de Bochil sino de El Bosque, alquilaron la cárcel un rato. Enseguida los detenidos fueron remitidos a Cerro Hueco. Los de la SP les pusieron un puñito de mariguana y un puñito de bala y les robaron 28 cajas de refrescos. Manuel sería pronto liberado.

Exactamente un mes atrás, el 10 de junio, horas antes de la matanza de policías, la SP acantonada en Los Plátanos interceptó una camioneta de Unión Progreso. El chofer era el mismo Salvador. Lo interrogaron sobre una lista de nombres. Desde entonces querían culpar a los compañeros, declaró un representante de su comunidad: No sabemos cuántos están en la lista. A lo mejor estamos acusados todos. (Curiosamente, casi con las mismas palabras habían expresado su respectivo temor los correligionarios de Patishtán cuando éste fue detenido).

Con dos chivos expiatorios tan disímbolos como Alberto y Salvador, el caso comenzaba a ser resuelto, o al menos olvidado por los medios nacionales.

The Alberto Patishtán Case

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The Simojovel Massacre

Chronicle of an (almost) forgotten police massacre

** Seven uniformed (police) were ambushed and killed on June 12, 2000

** The EPR, paramilitaries and Zapatistas were accused

** A week later, Alberto Patishtán, a teacher, was detained

** The PGJE also blamed an indigenous man, Salvador López

By: Hermann Bellinghausen

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, March 22, 2013

The notoriety gained by Alberto Patishtán Gómez’ struggle to attain his freedom has prevented the crime that led to his personal misfortune of spending 12 years in prison (and with 48 more still to serve, according to his sentence) from being forgotten, which is certainly contrary to the wishes of many authorities, at least the state ones, from 2000 to the present, including four governors, literally from every party. What happened on the morning of June 12, 2000 in Las Lagunas de Las Limas, Simojovel? What could be the motive of the perpetrators? What was going on there in those days?

The murder of seven police –the state commander Francisco Pérez Morales, five officers under his command, and the El Bosque municipal commander, Alejandro Pérez Cruz – represented an act of enormous gravity. Today perhaps we have become accustomed to that level of news, but back then, even for the militarized and para-militarized Chiapas, it was extraordinary. It of course occupied all the newspaper headlines the next day.

Three weeks later, the elections would be held in which the PRI would lose the Presidency, and in August the governorship. President Ernesto Zedillo, historically and personally involved with the development of the war against the indigenous of Chiapas, in general, and of those from El Bosque, in particular, was ready to visit the state on Tuesday, the 13th, to inaugurate a highway in the Lacandón Jungle, but suspended his tour. The PRI candidate for governor, Sami David, did the same. The federal Army sent hundreds of soldiers, occupied the place of the ambush, the municipal headquarters, the roads, and immediately entered the Zapatista communities. Nevertheless, the first hypothesis of the Secretary of National Defence was that it could be dealing with “a cell of the Revolutionary Popular Army (EPR, its initials in Spanish)” (La Jornada 13/06/2000), something that surprised people because not then, nor ever, did it have a presence in the zone.

That same day, the hypothesis of the Independent Centre of Farmworkers and Campesinos (CIOAC) seemed more credible, due to their historic presence in the region: they could be “paramilitaries from the Mira” (although with hindsight, the paramilitary group in El Bosque, terrifying and lethal, was known as Los Plátanos from the name of the community where they had settled, together with judicial police: it was from here that they went out on June 10, 1998, to participate in the massacre of Zapatistas in Unión Progreso. This reporter was present in Los Plátanos, months before the ambush, at a “burning for the media” of marijuana plants with the aim, which failed in the end, of blaming the EZLN).

The federal police initially talked about drug traffickers. The movement of marijuana coming from Huitiupán was no secret.

The massacre was on a Monday. The previous Saturday the Zapatistas had commemorated the second anniversary of what happened in Unión Progreso and Chavajeval and the incarceration of the autonomous authorities of San Juan de la Libertad. Diego Cadenas, then a young lawyer with Frayba, stated to La Jornada on the day of the ambush that that on June 10, when he was traveling to Unión Progreso to participate in the religious acts for the second anniversary of the 1998 massacre, at the military checkpoints at Puerto Caté and San Andrés Larráinzar the soldiers told him that: “individual rights were suspended.” This was not the case.

Two days later, a commando force of between 10 and 15 individuals, with barricades constructed and high-powered weapons, efficiently ambushed the dark green pick up coming from Simojovel, in which eight police were traveling with the official driver of the municipality of El Bosque, the younger son of the Mayor Manuel Gómez Ruiz. Gravely injured, the young Rosemberg Gómez Pérez, who was driving the vehicle with the two commanders in the cabin, and Belisario Gómez Pérez, the Public Security agent who was in the back with his compañeros from the (police) corporation, were left for dead by the attackers, and by surviving became the only eyewitnesses.

La Jornada also reported that this was “the eighth ambush” so far in the year 2000. The attacks had already left 20 dead and an equal number injured. The policemen killed in Las Lagunas were Francisco Escobar Sánchez, Rodolfo Gómez Domínguez, Guadalupe Margarito Rodríguez Félix, Arbey Vázquez Gómez and Francisco Pérez Mendoza. Two of them are still remembered today by cement crosses at the bend where they were riddled with bullets. 85 bullets from AK-47 and R-15 rifles were counted.

The EZLN distances itself and investigates

The day following the ambush, the Clandestine Indigenous Revolutionary Committee, General Command of the EZLN declared in a brief communiqué: “According to information, the attack was carried out using the tactics of drug traffickers, paramilitaries or the military. The use of the so-called ‘coup de grâce’ is recurrent in these armed groups. The attack took place in an area saturated with government troops (Army and police), where it would have been very difficult to mobilize an armed group without being detected and without the complicity of the authorities. The attacking group had inside information about movements and the number of people ambushed. This information could only be obtained by people from the government or close to it.”

The rebel commanders pointed out: “The EZLN is investigating to clarify the identity and motive of the attacking group. Everything points to those who carried out the attack being from the government (or under governmental auspices), since this would give them a pretext for increasing the militarization of Chiapas, and for justifying an attack on Zapatista communities or the EZLN. It is noteworthy that this act reinforces the climate of instability, with which the official candidate threatens [the state] if he doesn’t win.

“Open provocation or not, the violent act is already an argument for increasing military presence throughout the state, even in zones very far away from the scene of the crime,” the communiqué adds (13/6/2000), detailing that: “in the last three hours, the federal barracks at Guadalupe Tepeyac, in Las Margaritas; Cuxuljá, in Ocosingo; Caté, in El Bosque, and the municipal headquarters of Simojovel and El Bosque have been reinforced even more. Similarly, the number of armed aircraft and flyovers has increased in the Highlands (Altos), Jungle (selva) and Northern Zones.” And finally, “the EZLN disclaims itself from [responsibility for] this act and calls on public opinion not to permit deceit.”

Patishtán’s capture

Nevertheless, the state government of Roberto Albores Guillén, through their prosecutor, Eduardo Montoya Liévano, immediately fostered the hypothesis that the attackers could be Zapatistas, in alleged revenge for the massacre against them ordered by the very same Albores Guillén two years before, although he also recognized that they could be “robbers.” The convoy attacked, he said, was patrolling to “combat gangsters.”

Senator Carlos Payán Velver, a member of the Cocopa, proposed that the legislative commission travel to the state, because the situation was “grave and critical.” Deputy Gilberto López y Rivas, also a member of the Cocopa, pointed out that it had the appearance of “a provocation from the paramilitaries who were set up by the state government itself” (La Jornada 14/6/2000).

On the same date, Víctor Manuel Pérez López, leader of the CIOAC, revealed that in 1997 the Chiapas government armed and financed “dissidents of the Labour Party (Partido del Trabajo)” to fight the short-lived municipal government of this [Labour] party and the CIOAC. “Everyone in the zone knows who they are,” he said, and: “once the objective” of returning the municipal presidency to the PRI had been fulfilled, they “dedicated themselves to robbery and drug trafficking.” They act, he added, “with complete impunity, in broad daylight, even when the military and police undertake frequent patrols.”

By then, in two previous ambushes, four people had been murdered; according to the CIOAC, they were “Zapatista bases.” On January 13, on the road to Chavajeval, heavily armed masked men murdered Martín Sánchez Hernández, and later, on February 1, Rodolfo Gómez Ruiz, Lorenzo Pérez Hernández and Martín Gómez, all of them Tzotziles.

Deputies of the PRD and PAN accused the secretary of Government, Mario Lescieur Talavera, of negligence, and said that the ambush would be used as a pretext for the arrival of more members of the Federal Preventive Police. The tanks, helicopters and the federal Army’s artillery had already arrived.

The episode was ditched; damage control was urged. The government wanted to attain it, so that President Zedillo could travel to Marqués de Comillas on June 19 to inaugurate his highway. That same day, in the El Bosque municipal headquarters, the Army and the PFP captured the teacher Alberto Patishtán Gómez, without showing an arrest warrant. A group of residents, identified as PRI members, “visibly emotional” (La Jornada, 20/6/2000), requested the state Congress’ intervention, maintaining that the detainee was innocent, “they distanced themselves from the violent acts of June 12” and argued that they were not armed nor did they belong to any paramilitary group. No attention was paid to them, instead they were threatened.

Patishtán was kept for one month illegally “under house arrest” in the Safari Hotel in Tuxtla Gutiérrez. His family, friends and co-religionists occupied the town hall and demanded the teacher’s release. Not even their own party backed them up. And not only that, the then PRI deputy Ramiro Miceli Maza, friend of the mayor (municipal president), and godfather of the young Rosemberg, turned out to be key in intimidating and accusing the teacher and community leader, who ended up imprisoned in Cerro Hueco Prison.

Also on June 19, when giving his opinion on the imminent elections of July 3, 2000, Subcomandante Marcos wrote: “Meanwhile, we are trembling here. And it’s not because ‘Croquetas’ Albores has contracted Alazraki so that ‘he lifts up’ his image (probably Albores already looks for money in the promotion of dog food), not for the six hundred thousand dollars that are going to be paid him (with money originally allocated to ‘solve the conditions of poverty and marginalization of indigenous Chiapanecos,’ Zedillo dixit). Neither is it because of the barks from the ‘puppy’ Montoya Liévano (now he is more nervous because it is being discovered that his ‘boys’ –in other words, his paramilitaries– were the ones responsible for the attack on the Public Security (police) in El Bosque, last June 12). No, we are trembling because we are soaked with rain. And it’s the case that, between helicopters and storms, we can’t find a good roof.”

Now against the Zapatistas

The following July 10, after the federal elections, one month after the ambush, state police detained two EZLN support base residents of Unión Progreso in Bochil, accusing them of participating in the crime. They did this even though the Attorney General of the Republic maintained that the attackers had been a group of PRI dissidents, among them Patishtán. These accusations crossed with Mayor Manuel Gómez Pérez, who they had been attacking for months because of his scandalous corruption.

The State’s Attorney General of Justice (PGJE, its initials in Spanish) had his own lines of investigation. “Resorting to the police posted in Los Plátanos, who know about this, the authorities planted weak evidence of a crime on two indigenous men from Unión Progreso” (La Jornada, 15/7/2000). One of them, Salvador López González, was tortured and interrogated without a translator, he signed an ad hoc confession and was incarcerated. In prison he met his co-accused: Patishtán. Without even knowing each other, both were charged with all the weight of the ambush.

La Jornada reported from Unión Progreso: “The police detachment that detained the Zapatistas has had the marijuana plants in Los Plátanos in sight for a long time. The internal violence in that population centre, controlled by a known paramilitary group, has always served as a pretext for accusing and attacking the neighbouring Zapatistas. According to the representative from Unión Progreso, ‘they accuse us of what they themselves do.’ The federal Army has entered Los Plátanos to destroy these crops, the only ones detected in the area, on at least on two occasions, although without detainees.”

Salvador and his brother Manuel “were seized” on July 10. Their families stated: “The Public Security (SP, its initials in Spanish) police beat them, took off their shoes and clothes, and left Salvador unconscious.” With the detainees were a little boy (“who cried a lot”) and a teenager, who “came to advise that they had taken the compañeros away.”

As the captors were not from Bochil, but rather from El Bosque, “they rented a jail for a while.” The detainees were quickly sent to Cerro Hueco (state prison). “Those from the SP put a handful of marijuana and a handful of bullets” on them and they stole 28 boxes of soft drinks from them. Manuel would soon be released.

Exactly one month before, on June 10, hours before the police killings, the SP quartered in Los Plátanos intercepted a truck from Unión Progreso. The driver was the same Salvador. “They interrogated him about a list of names. Since then they wanted to blame the compañeros,” a representative of his community declared: “We don’t know how many are on the list. At best, we are all accused.” (Curiously, Patishtán’s fellow believers had expressed their respective fear with almost the same words when he was detained).

With two scapegoats as dissimilar as Alberto and Salvador, the case started to be “resolved,” or at least forgotten by the national media.

Originally Published in Spanish by La Jornada

Saturday, March 23, 2013

En español: http://www.jornada.unam.mx/2013/03/23/politica/002n1pol

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

19 de marzo de 2013

Boletín de prensa No. 07

Entre la política sistémica y las alternativas de vida

Informe sobre la situación de los derechos humanos en Chiapas durante los gobiernos federal y estatal 2006-2012

Este Centro de Derechos Humanos presenta “Entre la política sistémica y las alternativas de vida, Informe sobre la situación de los derechos humanos en Chiapas durante los gobiernos, federal y estatal 2006-2012”.

Desde las tareas cotidianas de documentación, durante el período, corroboramos que el sexenio pasado se caracterizó por dar continuidad y profundizar de manera sistemática, violaciones a los derechos humanos en contra de la población en el territorio nacional.

En primer término, se destaca: las violaciones a los derechos humanos hacia la población civil en general, con el argumento y en nombre de la seguridad, utilizando mecanismos de control territorial a través de la militarización del país; la tortura como método de investigación y destrucción de la persona; el aumento desbordado de las personas desaparecidas forzadamente; el incremento de los feminicidios y asesinatos que se suman a la larga lista de casos en impunidad.

En segundo término: las acciones represivas en contras de las comunidades y pueblos que resisten y reivindican derechos específicos, en particular las agresiones al territorio de las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), como continuidad de la estrategia contrainsurgente implementada por el gobierno mexicano.

De lo anterior, también podemos sostener que en el sexenio que concluyó, la brecha entre los derechos reconocidos a los pueblos indígenas y el ejercicio y práctica de éstos, fue cada vez más amplia.

Así mismo en el informe presentamos que en la disputa por el territorio la legalidad del despojo territorial de los pueblos indígenas ha seguido su marcha, a través de proyectos neoliberales que contemplan elementos de seguridad nacional y protección a la inversión de empresas ligadas a los gobiernos que tienen intereses en estos territorios de gran riqueza natural.

La libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos se siguen realizando en un contexto de guerra: La criminalización de la protesta social y la persecución a los líderes sociales, por un lado; el acoso y persecución a las defensoras y defensores de los derechos humanos, por el otro. Esto nos habla de un Estado represor con métodos de control social al pueblo organizado.

El conflicto armado interno en Chiapas se caracterizó, en este sexenio por la continua y amplia presencia militar, sobre todo en las comunidades indígenas en la zona de influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La estrategia contrainsurgente implementada va desde la confrontación directa hasta la implementación de proyectos sociales en conjunto con algunas agencias de las Naciones Unidas en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

La estrategia se ha afinado, se ha adecuado a las nuevas situaciones, se ha deslizado hacia nuevas tácticas de la guerra integral de desgaste; ha utilizado los argumentos con un lenguaje en pro de los derechos humanos, con énfasis en los derechos colectivos de los pueblos indígenas y de un discurso de respeto a las comunidades autónomas y a las Juntas de Buen Gobierno; discursos falsos y vacíos de contenido, ya que en el fondo está la intención de acallar y controlar, apropiarse de sus argumentos y recursos, dividiendo y provocando enfrentamientos en las comunidades.

Estos énfasis de violaciones a los derechos humanos que hacemos patente continúan con el gobierno en el poder del Partido Revolucionario Institucional, que por antonomasia se ha caracterizado por ser represivo, demagógico y controlador de la vida de los ciudadanos, copta a medios masivos y a cualquier otro grupo que quiera hacer sombra al sistema de gobierno.

Ante estos tiempos adversos las comunidades, los pueblos, las y los sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos, encuentran nuevas fuerzas, nuevas energías de esperanza para continuar con la exigencia de justicia.

Como respuesta a este contexto de impunidad las personas se organizan desde la memoria y en construcción dealternativas que reinventan buenas y nuevas formas de vida en la defensa y ejercicio efectivo de sus derechos como pueblos.

Las comunidades y pueblos en resistencia, continúan en la defensa de sus territorios, su marco de derechos son los Acuerdos de San Andrés y demás leyes y costumbres emanadas desde la autonomía, los cuales se han ampliado en la construcción de su Gobierno alternativo y ejemplar. un buen gobierno: justicia, salud y educación acorde con sus necesidades, una producción con respeto a la vida, la naturaleza y una democracia directa y radical.

Acá el informe completo:

Informe Frayba “Entre la política sistémica y las alternativas de vida” by Frayba Derechos Humanos