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Frayba

Pronunciamiento del encuentro “Hasta la Justicia: Juntando Fuerzas Contra la Tortura”

Pronunciamiento del encuentro “Hasta la Justicia: Juntando Fuerzas Contra la Tortura”

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 15 de octubre de 2023.

PRONUNCIAMIENTO

A la Opinión Pública
A Organismos Internacionales de Derechos Humanos
A Organizaciones Civiles y Defensores de los Derechos Humanos
A Organismos Nacionales, Estatal e Independientes de Derechos Humanos
A los Medios de Comunicaciones Local, Estatal, Nacional, Internacional e Independientes

PRESENTE.

El día de hoy se dio por concluido el Encuentro “Hasta la Justicia: Juntando Fuerzas Contra la Tortura” 2023, en la que como Familias Unidas Contra la Tortura en Defensa de los Derechos Humanos, participamos junto con nuevas familias que esperamos sean parte de la lucha por la búsqueda de la justicia, reparación de daño, actos de no repetición y libertad a nuestros presos inocentes que el sistema de supuesta procuración y acceso a la justicia del Estado de Chiapas los mantiene encarcelados de manera arbitraría para aparentar una supuesta paz, tranquilidad y seguridad en el Estado, situación que el contexto, noticias y la realidad son falsas.

Los días 13, 14 y 15 de octubre, reflexionamos sobre la tortura, que una de las violaciones más atroces de los derechos humanos, y que sigue siendo un patrón generalizado en muchas partes de nuestro Estado, a pesar de las innumerables convenciones y tratados internacionales que la prohíben de manera categórica. Aún más alarmante es el hecho de que, en muchos casos, las autoridades estatales no solo pasan por alto este crimen, sino que también omiten investigar y perseguir a los perpetradores, siendo los agentes aprehensores, fiscalías y jueces.

En Chiapas no podemos acceder a una justicia pronta, expedita e imparcial, si tenemos a Juzgadoras y Juzgadores quienes solapan las malas actuaciones de las Fiscalías, sin considerar las vulneraciones a nuestros derechos humanos y sentenciando a inocentes, no podemos creer y confiar en un Estado de derecho en la que los Tribunales Judiciales están siendo marcados por la corrupción y mala impartición de justicia, ya que sentenciar a una persona inocente marca un número en el supuesto Chiapas seguro, siendo todo lo contrario.

Nuestra preocupación acerca del sistema judicial en Chiapas recae en la práctica, pareciera más fácil sentenciar a personas inocentes basándose en investigaciones sesgadas o deficientes que llevar a juicio y sentenciar a agentes de la policía o perpetradores de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Esta situación destaca una posible falta de imparcialidad y rendición de cuentas en el sistema judicial, lo que podría tener graves implicaciones para los derechos y la justicia de las personas involucradas en estos casos.

Esta preocupación también apunta a la necesidad de mejorar la efectividad y la transparencia en la investigación y el enjuiciamiento de casos relacionados con tortura y abusos policiales. Es esencial garantizar que las investigaciones sean exhaustivas, justas y oportunas, y que las personas responsables de abusos sean llevadas ante la justicia de manera adecuada.

La percepción de que es más fácil condenar a personas inocentes que llevar a la justicia a agentes de la policía o perpetradores de tortura subraya la importancia de fortalecer la independencia y la integridad del sistema judicial para garantizar que todos los casos se manejen de manera imparcial y justa, y que se respeten los derechos fundamentales de las personas en cuestión.

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Frayba

Libertad para el preso político Manuel Gómez Vázquez

Desde diciembre de 2020, Manuel Gómez Vázquez, joven maya tseltal, base de apoyo del EZLN, ha estado preso injustamente por un delito que no cometió. Fue falsamente acusado por autoridades comunitarias, torturado por éstas y después procesado penalmente bajo la intervención en complicidad de la Fiscalía de Justicia Indígena, quien participó en la prolongación de su detención, desaparición forzada y fabricación de pruebas en su contra.

La prisión de Manuel Gómez Vázquez es parte de un patrón sistemático de criminalización a defensores indígenas por parte del gobierno de Chiapas, por medio de acusaciones falsas, tortura, utilización de testigos falsos y otros medios, con la intención de castigar ejemplarmente la defensa de los derechos humanos, de la tierra y del territorio.

(Ve el sitio especial del Frayba “Fábrica de Culpables – Detención Arbitraria“.)

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Avispa Midia

Imponen complejo de seguridad a comunidades nahuas de Puebla

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Gráfica de Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes

La organización de derechos humanos Front Line Defenders, en un comunicado, denunció que defensores del territorio de los pueblos nahuas del municipio de Juan C. Bonilla, en el estado de Puebla, articulados en la organización Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes, han sido objeto de ataques en años recientes por su defensa del territorio.

Los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes es una organización integrada por 20 pueblos nahuas del valle de Puebla que históricamente han luchado contra violaciones de derechos humanos y despojo causado por la presencia e implementación de proyectos extractivos en sus territorios.

El último ataque sufrido es la represión ocurrida en el pueblo de San Lucas Nextetelco el 2 de octubre de 2023, durante una protesta en contra de la construcción de un complejo de seguridad pública en la comunidad.

Este complejo fue licitado, sin consulta alguna, por el gobierno del Estado de Puebla el pasado 5 de septiembre y tiene estimado concluir la construcción en el mes de diciembre de este año 2023, con un piso financiero mínimo de 8 millones de pesos.

La construcción del complejo de seguridad se da en un contexto de “un preocupante aumento de la militarización y la creciente construcción de complejos de seguridad y cuarteles militares en comunidades en el país donde existen resistencias y oposición a megaproyectos y en donde no ha habido consulta, previa, libre e informada”, alerta la organización.

El 2 de octubre de 2023, personas que se presentaron como empleados de DECOSA, la empresa que presuntamente se ha contratado para construir el complejo de seguridad, llegaron al pueblo de San Lucas Nextetelco, relata la organización. Los trabajadores se retiraron del lugar después de que los integrantes de la comunidad les entregaran un acta de la asamblea en oposición a la obra del complejo de seguridad, en el cual decidieron rechazar el proyecto.

Más tarde ese mismo día, sobre las 16h, esos mismos trabajadores volvieron al pueblo de San Lucas Nextetelco, llevando una máquina excavadora. Custodiada por elementos de la Policía Estatal de Puebla, rompieron el portón y comenzaron a trabajar.

Esto llevó a que integrantes del pueblo alertaran al resto de la comunidad, quienes acudieron a protestar e intentar impedir que siguiera la construcción del complejo de seguridad. Después de esto, llegaron al lugar un grupo de personas que presuntamente son movilizadas por el gobierno municipal de Juan C. Bonilla y que han sido identificadas previamente por la comunidad como “golpeadores”, señala Front Line Defenders.

Este grupo comenzó a agredir físicamente a integrantes de la comunidad, incluyendo a jóvenes y a adultos mayores que se manifestaban de manera pacífica. Llegaron más integrantes de San Luchas Nextetelco a fin de apoyar a los manifestantes, se enfrentaron con la policía y esto llevó al eventual retiro de los golpeadores y de los elementos de la Policía Estatal. Como forma de protesta, la comunidad decidió cerrar la carretera federal a la altura de San Lucas Nextetelco durante alrededor de 6 horas.

Otros ataques

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Frente de Organizaciones Oaxaqueñas (FORO) | Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas COOA

Fuera EEUU de Oaxaca

FUERA EEUU DE OAXACA
#ELSURRESISTE

El día de hoy, nos sumamos a las movilizaciones nacionales e internacionales a 531 años del inicio de la resistencia y rebeldía de nuestros pueblos indígenas en ABYA YALA, nos vemos en el espejo de la histórica lucha de los pueblos originarios del MUNDO frente a la guerra de exterminio, invasión y despojo de nuestras tierras, territorios, bienes naturales, identidad; lengua, tradiciones, espiritualidad y formas de organización, que al día de hoy, siguen amenazadas por un violento proceso de NECOLONIZACIÓN, en medio de Crisis Climáticas, Energéticas y Humanitarias, así como de conflictos militares en diferentes partes del mundo. ¡AQUÍ ESTAMOS!, ¡NO NOS CONQUISTARON!, ¡EXISTIMOS, PORQUE RESISTIMOS y REEXISTIMOS!

El siguiente escrito es una reflexión colectiva desde las comunidades y organizaciones indígenas que conformamos el Frente de Organizaciones Oaxaqueñas – FORO y el Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas – COOA, ante la reunión de representantes de EEUU con el gobierno de la “Primavera Oaxaqueña”, los cuáles han firmado la llamada INICIATIVA POR OAXACA, como parte de la imposición del CORREDOR INTEROCEÁNICO en el Istmo de Tehuantepec y el reordenamiento del Sur-Sureste Mexicano. Nos preguntamos con mucha preocupación, ¿Qué representa la Iniciativa Oaxaca para los pueblos indígenas?

Esta iniciativa fue presentada e impulsada por Ken Salazar y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), bajo el amparo del gobernador del estado, Salomón Jara Cruz, y presentado por el mismo como “Amigos por Oaxaca”. Su objetivo, ha sido pronunciado por estos mismos actores, el cual consiste en entregar las riquezas naturales con las que cuenta Oaxaca al imperialismo Norteamericano, como lo recalcó Ken Salazar, concretar con el “Corredor Interoceánico, los puertos, los aeropuertos” y demás infraestructura encaminada a la industrialización, permitirá que “América del Norte sea la potencia económica más grande del mundo”.

El Istmo de Tehuantepec pretende ser el espacio físico donde se movilice la economía mundial de todos los continentes, controlado por los intereses económicos y militares de EEUU y sus aliados del Norte Global, para ello, la destrucción ambiental, explotación de los bienes naturales y la mano de obra barata es requerida, se producirá una expropiación socioecológica, donde las mercancías a consumirse en el país destino, estarán cargadas de lo que a nosotros y nosotras nos será arrebatado: agua, tierras, bosques, aire, etc.; todo lo que a los y las habitantes de la región se les quite y les escasee, será lo que en otro lugar, alguien más, esté disfrutando, siendo el Istmo la puerta al saqueo de Oaxaca y del Sur-sureste mexicano.

“Amigos por Oaxaca” o “Iniciativa Oaxaca” es un paso más de los mecanismos del Desarrollo Neoliberal que han sido implementados en la región del Istmo de Tehuantepec desde el año 2018, como fue el llamado “PACTO OAXACA” en agosto de 2019, y las más de 6 reuniones de reuniones de Gobernadores y Gobernadoras del Sur Sureste con la embajada de Estados Unidos, siendo el último en septiembre de 2022, nuevamente, en Oaxaca, ante esta serie de eventos que han sido poco visibilizados por los medios de comunicación y cuestionados por la sociedad civil.

El gobierno de la Primavera Oaxaqueña mantiene una constante campaña mediática que busca invisibilizar el papel histórico de la sociedad civil y organizaciones sociales en la vida política del estado, queriendo vender la imagen de gobernabilidad y paz, para crear las condiciones necesarias que permitan la llegada de inversiones de las empresas transnacionales, “Hablamos, No Bloqueamos” y los “Delegados de Paz Social”, son la máscara que pretende ocultar los graves conflictos sociales (gentrificación, desplazamientos forzados) y ambientales (agua, basura, extractivismo), a la par, la violencia de los grupos del crímen organizado aumenta día con día, el narcoestado se desenmascara en Oaxaca.

Hacemos un llamado a los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas, campesinas y populares, organismos de derechos humanos, medios libres, alternativos o como se llamen, colectivxs autónomxs, feministas, disidentxs, libertarixs, a las personas solidarias, artistas, periodistas y académicxs de abajo y a la izquierda, a exigir la información sobre qué representa está iniciativa para el pueblo y los pueblos de Oaxaca. Desde esté espacio, estaremos convocando a reflexionar, compartir, discutir y construir una defensa colectiva ante un enemigo común que amenaza la vida como la conocemos.

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Avispa Midia

Los pueblos del mundo preparan movilización el próximo 12 de octubre

Fuente : Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

En portada: Pueblos indígenas de los Altos de Chiapas reunidos para celebrar la integración de sus representantes al Concejo Indígena de Gobierno en julio del 2017. Foto: Medios Libres Chiapas

El Congreso Nacional Indígena (CNI) conmemorará el 12 de Octubre, día de su 27 aniversario, con una acción global para exigir el alto a la guerra contra los zapatistas y los pueblos originarios de México y del mundo. “Nosotros los pueblos no tenemos que festejar, sino decir que seguimos en lucha, resistiendo y diciéndole al gobierno que no vamos a vendernos ni a claudicar”, dijo para Avispa Mídia Isabel Valencia de la comunidad Otomí de Santiago Mexquititlán, Querétaro, e integrante del CNI.

Son varios los pueblos de México y el mundo que se unirán a la convocatoria del CNI para participar, desde sus trincheras, en esta acción dislocada. El llamado sigue y se dará a conocer con mayor detalle en el Foro “Militarización y despojo contra los pueblos originarios” que se realizará a las 16hrs del sábado, 7 de octubre, en la Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas ‘Samir Flores Soberanes’, en la Ciudad de México y en las redes sociales de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida.

Se adelantó que el 12 de octubre las actividades iniciarán a las 9hrs en la Casa de los Pueblos, para que las comunidades reunidas en la Ciudad de México hablen sobre lo que ocurre en todo el territorio mexicano. Habrá también una rueda de prensa y, después, a las 16hrs iniciará la marcha que partirá del Ángel de la Independencia y culminará en el Zócalo.

Además de las acciones simultáneas en otros puntos del mundo, “queremos vernos, ser visibles y llamar a todos los pueblos que luchan y resisten para decirles que aquí estamos resistiendo y luchando junto con el Congreso Nacional Indígena porque el gobierno no nos quiere ver, pero somos muchos”, agregó Isabel.

Para el CNI alzar la voz siempre ha sido una necesidad, ahora más con el contexto actual de los territorios de los pueblos originarios que tienen presencia del Ejército y el crimen organizado, “el narco Estado, pues entre todos ellos se comete el despojo”.

En este tenor, Isabel recordó los asesinatos y amenazas en Ostula, Michoacán, o el grave panorama de Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México, Querétaro, Morelos o Puebla, donde el Ejército es parte de las intimidaciones contra quienes denuncien despojos y otras violaciones a los derechos humanos.

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“Es muy preocupante todo lo que ahorita el gobierno está haciendo. Si vas a hacer una denuncia no procede, no te hacen caso, y es ahí donde decimos no hay justicia para los pueblos, no hay justicia porque no nos escuchan”, destacó.

Por ahora, la denuncia pública es la mayor arma de quienes están en la defensa de la vida, pues a través de ésta se ha conocido la devastación ocasionada por el Tren Maya en las comunidades, así mismo, la violencia criminal que rompe la tranquilidad de las comunidades.

El tema de las desapariciones de jóvenes en diferentes puntos de México se habla en los conversatorios, refirió Isabel, “y en muchos casos son niños… es impresionante, porque hasta ahorita tampoco sabemos nada de los 43 normalistas desaparecidos precisamente por el Ejército, aunque digan que no, no pueden actuar los de abajo si los de arriba no ordenan”.

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Ahora, en el contexto de las elecciones presidenciales de 2024, el paisaje no es alentador, pues el gobierno continúa con “el dedazo” y las viejas prácticas de los partidos políticos, “lo mismo” pero con un falso discurso de izquierda y a favor de los pueblos. “Definitivamente estamos viendo que la lucha es por el reordenamiento territorial y pues lamentablemente para nosotros como pueblos originarios, ahí entran las transnacionales con los megaproyectos”.

En voz del CNI, Isabel hizo hincapié que seguirán derrumbando el hermetismo sobre la verdad y los repetitivos discursos que señalan a los pueblos como responsables de las violencias y los conflictos, “como sucede en Chiapas, donde el discurso de arriba justifica la guerra como una disputa territorial entre pueblos indígenas”.

Las y los participantes en las actividades de la acción dislocada del próximo 12 de octubre podrán registrarse en cnicomunicacion@gmail.com

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Avispa Midia

Orden judicial amenaza libertad de Miguel Peralta, ex preso político mazateco

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

En portada: Manifestación para exigir la libertad de Miguel Peralta. Septiembre, 2019. Foto: Daliri Oropeza

La resolución de un amparo interpuesto por la defensa del ex preso político mazateco, Miguel Peralta, para revertir una sentencia condenatoria, coloca en riesgo su libertad. Integrante de la asamblea comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón, en Oaxaca, él es uno de los 35 miembros que han sido perseguidos, señalados por el homicidio de Manuel Zepeda Lagunas y tentativa de homicidio contra su hermana, Elisa Zepeda, ambos miembros de la misma comunidad mazateca.

La raíz de lo que la defensa de Peralta argumenta como criminalización, se encuentra en los hechos violentos ocurridos en diciembre del 2014, cuando la asamblea comunitaria fue atacada por un grupo armado, el cual pobladores acusan que opera bajo el mando del grupo caciquil de la familia Zepeda.

Miembros de la asamblea comunitaria sostienen que, desde 2010, cuando el padre de Elisa, Manuel Zepeda Cortés, arribó a la presidencia municipal, emprendió una campaña de represión contra la organización comunitaria para consolidar su poder en la comunidad mazateca.

Roberto López, miembro del colectivo Los Otros Abogadoz y defensor de Peralta cuenta que, mientras la asamblea se reunía en el centro del pueblo para la elección de autoridades municipales aquel invierno del 2014, se registraron disparos en su contra procedentes de la presidencia municipal, donde previamente Elisa y Manuel Zepeda se habían atrincherado.

Protesta por la liberacion de Miguel Peralta en 2019

Las agresiones dejaron heridos por arma de fuego, así como provocaron la muerte del hermano de Elisa, Manuel Zepeda Lagunas, quien en el momento en que fue detenido por los habitantes de Eloxochitlán para ponerlo a disposición del Ministerio Público (MP), portaba armas de uso exclusivo del ejército. “Desafortunadamente para ellos, él fallece y en ese momento, en lugar de ponerlo a disposición, los pasan a declarar ya como probables responsables de ese homicidio”, señala el abogado.

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Según su defensa, pese a que Peralta se encontraba en la ciudad de México en el momento de los hechos, fue acusado por homicidio, detenido arbitrariamente y trasladado a un penal de Oaxaca. Peralta permaneció más de cuatro años recluido hasta que, en octubre del 2019, fue liberado.

No obstante, su sentencia recibió un revés en marzo del 2022. Tras apelación de la parte acusadora, se giró una nueva orden de aprehensión en su contra para cumplir una condena de 50 años en prisión. Ante ello, la defensa legal del mazateco interpuso un amparo contra la sentencia por violaciones procesales y fabricación de pruebas.

El pasado 17 de agosto, un tribunal colegiado federal dictó sentencia al amparo, la cual, argumenta Roberto López, perjudica aún más la situación legal del ex preso político. “Nos regresa siete años en el tiempo”, aclara el abogado, quien especifica que se les envía de nuevo a reponer parte del proceso previo a la sentencia, para la presentación de pruebas.

“Nos regresa justo al momento en que están los otros presos (en referencia a otros presos políticos de Eloxochitlán), que no han recibido sentencia (…) porque no entraron al fondo del asunto, solo se fueron por una cuestión cosmética (reposición de careos), que ellos disfrazan como una violación al proceso, pero que, en realidad, pues es toda la intención de seguirle dando el control del proceso a Elisa”, sostiene el abogado de Peralta.

López asevera que, durante todo el proceso, una estrategia de dilación del proceso legal, ejecutada por Manuel y Elisa Zepeda, ha administrado el conflicto y mantiene “rehenes” a otros presos relacionados con los eventos de 2014.

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El peligro, acentúa el abogado, es que, para reponer dicha parte del proceso, Peralta tendría que enfrentarlo recluido. “Esto conlleva a una regresión de por lo menos siete años del trayecto jurídico de mi proceso y a la insistencia de la privación de mi libertad”, reclamó el mazateco mediante carta difundida la semana pasada. Por ello, la defensa legal interpuso un recurso de revisión, con la intención de que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien resuelva el amparo, lo cual puede suceder en los próximos cuatro a cinco meses.

A continuación, compartimos extractos de la conversación con Roberto López, quien alerta, la persecución contra Peralta se intensifica.


Avispa Mídia (AM): Con la última resolución, ¿cuál es la etapa del proceso que se debe reponer?

Roberto López (RL): Nos regresaron a una etapa inmediatamente anterior que son los careos (…), una parte del proceso donde ellos se niegan a asistir. Donde al no comparecer, nos vamos a tener que esperar hasta que lo hagan para que se pueda llevar los careos, se presente las conclusiones, se lleve a cabo la audiencia final y se dicte de nuevo la sentencia. Yo no exagero cuando digo que nos regresan aproximadamente siete años en el tiempo. Siguen teniendo el control del conflicto. Con esta resolución el tribunal colegiado le da un espaldarazo a Elisa para seguir teniendo el control del proceso.

Los hechos ocurren el 14 de diciembre del 2014. Para empezar nosotros a presentar pruebas, una de las primeras audiencias fue hasta el 30 de enero del 2017. Ahí compareció Manuel Zepeda y Vicente Zepeda, porque este día ellos tenían una audiencia en calidad de procesados, por hechos que la asamblea comunitaria había denunciado, lesiones y tortura, que el Ministerio Público (MP) consignó.

Grupo armado liderado por Manuel Zepeda Cortés tomando el ayuntamiento de Eloxochitlán el 17 de noviembre de 2014.

Elisa estaba asesorada y sus abogados le recomendaban que no se presentara y el juzgado jamás fue capaz de multarlos, de arrestarlos por no asistir a declarar. El juzgado nunca lo hizo. Hasta que ella y tres de sus testigos se presentaron a declarar, el 30 de septiembre del 2017.

AM: ¿Cuáles son las principales contradicciones en los testimonios que no fueron retomadas en la resolución?

RL: Cuando nosotros presentamos el amparo en 2022, nos fuimos a esta parte esencial en el proceso, que son las declaraciones en contra de Miguel. La declaración de Elisa Zepeda, de su papá y de seis testigos que lo acusan. Esa es la parte fundamental que había que poner en duda, y de hecho se hizo durante el proceso. Ha sido fundamental para que hubiera otras libertades de otros co-procesados que, haciendo énfasis en estas contradicciones, pues habían obtenido libertad.

Hicimos un análisis de lo que dijo Elisa Zepeda en un primer momento en el Ministerio Público y los testigos, y lo que contestaron en las audiencias ante el juzgado. Fueron cuestiones distintas, contradictorias.

Hubo un testigo, Eleazar Hernández Ordaz, un señor ya grande que, en el Ministerio Público, señala y acusa a Miguel. Su declaración es una copia integral de la declaración de Manuel Zepeda, del papá de Elisa. En el juzgado, cuando le toca declarar, le leen la declaración y dice que él nunca declaro eso. Le enseñan la declaración. – ¿Está es su firma? “Sí es mi firma, pero yo no recuerdo”. Fernando Ramírez Carrera, otro testigo, dice que él nunca emitió ninguna declaración en ese sentido. Aparece su firma, pero dice que nunca declaró al MP.

El tío de Elisa, Vicente Zepeda, dice que, en todo momento, él estuvo con Elisa. Ella hace una declaración extensísima con muchos detalles que no da Vicente, que cuando ya se le fue interrogado en la audiencia, él, al ver que pues había muchas cosas que no había dicho, dice ‘Vi cuando entraron, pero me dieron un golpe en la cabeza, perdí el sentido, me desmayé y ya no supe nada’, para no contradecirse más con Elisa.

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Van a permanecer cada quien en su dicho y así nos vamos a ir a sentencia, eso en nada cambia el sentido de la resolución que viene. Al reiterar Elisa la acusación y sus testigos, evidentemente van a decir que lo reconocen (a Peralta), que lo ubican en el lugar de los hechos, y luego entonces eso va a ser una sentencia condenatoria. Y eso nos va a llevar otra vez a la apelación.

AM: ¿Cuáles elementos consideran fueron decisivos para la más reciente resolución del amparo?

RL: Los hechos ocurren en 2014. A partir de ahí, Elisa empieza a construir un discurso de víctima. Se acerca a algunas organizaciones de derechos humanos y la arropan como defensora de derechos de las mujeres y así llega a la presidencia municipal de Eloxochitlán. Está un año, renuncia, deja su suplente para postularse para diputada local a la 64 legislatura del Congreso del Estado. Gana por Morena, está tres años, es nombrada presidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Estado. Esto quiere decir que son los encargados de nombrar jueces, magistrados, al Ministerio Público. Empieza a tener relación con gente de la Procuraduría del Estado, quien acusa, y gente del Poder Judicial, quien sentencia, desde mi perspectiva teje esas redes y alianzas.

Y eso hace posible que, en 2022, la sentencia de Miguel fuera revocada. Había habido ya muchas resoluciones de libertad de los otros presos y pocas habían sido revertidas. La de Miguel se echa para atrás y, para mí, es producto de esa situación que ella logra, con simpatías de gente del Poder Judicial, favores.

Después, viene la campaña para gobernador de Salomón Jara. Ella se suma a su equipo y al final la nombran secretaria de la mujer, tiene una secretaría en el gobierno de Salomón Jara. Desde esa posición de funcionaria, pues sigue utilizando los recursos que tiene, sigue utilizando sus influencias para incidir.

Para nosotros incidió en la resolución del Tribunal Colegiado de Circuito que resolvió el amparo de Miguel. Hasta ese nivel ha llegado, porque ese amparo era para una libertad. Por todas las violaciones, por todos los antecedentes y no, al contrario, nos regresan siete años en el proceso. Por eso decimos nosotros, esto más que jurídico, es político, porque ella ha utilizado la muerte de su hermano para mantenerse en el poder, para encumbrarse e ir escalando posiciones políticas. A ella no le conviene que su discurso se venga abajo porque si se viene abajo, se va a demostrar que todo lo que ella construyó, su camino político, fue una mentira.

Desde esa posición de poder está enfrentando a los presos de Eloxochitlán. A los que todavía permanecen en prisión, y a los perseguidos como es el caso de Miguel (…), sigue en esta sed de venganza en contra de los presos, porque si todos obtienen la libertad, se le cae su discurso.

AM: ¿Cuál es su respuesta ante la reciente resolución?

RL: La analizamos y decimos no, esto es una trampa, porque quieren que Miguel regrese y encerrarlo con el pretexto de que reponen el proceso para que se caree con Elisa. Ese amparo no nos funciona. Por eso vamos al recurso de revisión del amparo, y que sea este que le dé entrada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Que sean los ministros quienes determinen si ese amparo estuvo bien dictado, si la resolución es correcta.

Queremos que la Suprema Corte le dé entrada a esa revisión de la sentencia del amparo y realmente se pronuncie respecto a las violaciones de fondo fundamentales que hay en ese proceso. Entre ellas las falsas acusaciones de Elisa y sus testigos, que ya han sido cuestionadas, que han sido puestas en duda, que hay sentencias de libertad de los otros co-procesados, lo avalan, hay resoluciones, incluso de salas del propio Tribunal Superior de Justicia del Estado; de Juzgados de Distrito, donde dicen que las declaraciones de Elisa y de sus testigos no son creíbles, hay contradicciones, hay inconsistencias y nosotros queremos que la Corte no evada esa responsabilidad, que el asunto de los presos políticos es un asunto trascendente de vital importancia para la sociedad, pues no podemos permitir que a través del poder, una persona que esté desde ahí incidiendo en el Poder Judicial y teniendo en contra de su voluntad, acusados, falsamente, a personas que se opusieron al proyecto caciquil de su familia.

Entre las contradicciones de los testigos, la dilación del proceso para llegar a la sentencia de Miguel, tuvimos que enfrentar mucha parcialidad por parte del juzgado. Aunado a esas contradicciones, los jueces, el secretario de acuerdos, el Ministerio Público, que en nueve años que lleva el proceso, es el mismo. Han cambiado muchos jueces, han cambiado secretarios de acuerdos, pero el Ministerio Público, que empezó el proceso, sigue ahí porque es una ficha clave para Elisa Zepeda, para Manuel Zepeda.

Es trascendente para la sociedad y la SCJN tendría que atraer en revisión ese amparo. Si nos batea prácticamente ahí estaremos comprobando que el acceso a la justicia en este país sigue siendo nulo, porque al final, pues ya se agotaría ahí el camino. Que realmente asuman la responsabilidad que tienen y demuestren esa independencia que debe de existir entre el Poder Judicial y el poder de los gobernadores. Nos hemos enfrentado a una contienda desigual, con muchas irregularidades procesales, parcialidad a favor de ellos y muchas contradicciones en los testigos. Este conflicto, más que jurídico es político y lo está administrando Elisa Zepeda a su antojo. Nueve años y no hay sentencia ya para nadie. Miguel está igual que los otros presos. Casi nueve años de proceso y sin sentencia, eso yo creo que es trascendente, en este tipo de procesos, y cualquier juez honesto, imparcial, lo observaría y tendría que otorgar la libertad de fondo

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Avispa Midia

América Latina, la región más letal del mundo para defensores del territorio

Fuente: Avispa Midia

En portada: Más del 70 % de los asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medioambiente de 2022 ocurrieron en tan solo tres países: Colombia, Brasil y México. Felipe Luna/Global Witness

América Latina continúa siendo la región más letal para las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, alerta la organización de derechos humanos Global Witness. De acuerdo con documentación realizada por la organización en 18 países de todo el mundo, al menos 177 personas defensoras perdieron la vida en 2022, 88% de los asesinatos ocurrieron en América Latina.

Más de un tercio, el 36%, de las personas defensoras asesinadas eran indígenas, y el 7%, afrodescendientes. Más de una quinta parte, el 22%, se dedicaban a la agricultura a pequeña escala. Todas ellas dependían de sus tierras y recursos naturales para vivir.

Global Witness ha documentado la violencia y asesinatos contra defensores de la tierra desde 2012. “El mundo ha cambiado radicalmente desde que empezamos esta labor, en 2012. Lo que permanece inmutable es la persistencia de los asesinatos”, sostiene la organización en el informe que divulga el resultado de la documentación.

Desde 2012, registraron 1,910 asesinatos, siendo que el 70%, 1,335 asesinatos, ocurrieron en Latinoamérica. Además, la organización registró que, de los 1,910 asesinatos, 1,390 tuvieron lugar entre la aprobación del Acuerdo de París, el 12 de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2022.

Las cifras de 2022 son poco menores comparadas al 2021, cuando fueron asesinadas 200 personas. Sin embargo, la situación no ha mejorado sustancialmente, alerta la organización. “El agravamiento de la crisis climática y la creciente demanda de productos agrícolas, combustibles y minerales no harán sino intensificar la presión que se ejerce sobre el medioambiente y sobre quienes arriesgan su vida para defenderlo. Además, para silenciar a las personas defensoras cada vez es más frecuente el uso de estrategias no letales, como la criminalización, el acoso y los ataques digitales”.

Año tras año, la mayoría de los asesinatos se concentra en los mismos países. Más del 70% de los casos – 125 asesinatos de un total de 177 – ocurrieron en tres países: Colombia, Brasil y México.

Colombia encabeza la clasificación mundial con 60 asesinatos. Esta cifra supone casi el doble de asesinatos que, en 2021, cuando perdieron la vida 33 personas defensoras. Los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes, quienes se dedican a la agricultura a pequeña escala y las personas que defienden el medioambiente, “han sido duramente golpeados”.

En Brasil perdieron la vida 34 personas defensoras, frente a las 26 de 2021. “Las personas defensoras brasileñas tuvieron que hacer frente a una hostilidad implacable por parte del gobierno del entonces presidente Jair Bolsonaro, cuyas políticas han expuesto la Amazonia a la explotación y la destrucción, han debilitado las instituciones ambientales y han incitado a invasiones ilegales de tierras indígenas”, dice el documento.

Explotación minera ilegal en el territorio indígena Yanomami (Brasil), 2023. Foto: Alan Chaves

México, el país con el mayor número de asesinatos en 2021, registró una caída, ya que pasó de 54 homicidios en 2021 a 31 en 2022. Al menos 16 de las personas asesinadas eran indígenas, mientras que cuatro eran abogados. “No obstante, la situación general en México no dejó de ser alarmante para las personas defensoras de la tierra y el medioambiente, y las agresiones sin consecuencias mortales (entre ellas, la intimidación, las amenazas, el desplazamiento forzoso, el acoso y la criminalización) siguieron dificultando en gran medida su trabajo”, señala la organización.

En Honduras fueron registrados 14 asesinatos en 2022, el mayor número de personas defensoras asesinadas per cápita del mundo. “Xiomara Castro, la primera presidenta de Honduras, se ha comprometido a proteger a las personas defensoras. Sin embargo, las primeras tendencias de 2023 apuntan a la persistencia de una violencia generalizada, ya que se han denunciado asesinatos y agresiones no mortales en todo el país”, sostiene la organización.

Julia Francisco Martínez, viuda del defensor de los derechos humanos Francisco Martínez Márquez, miembro del grupo en defensa de los derechos indígenas MILPAH que apareció asesinado en 2015. Giles Clarke/Global Witness

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La organización subraya que las cifras solo contabilizan los asesinatos de los que se tiene conocimiento, dado que la falta de denuncia es un problema generalizado. “Por desgracia, se habrán perdido muchas más vidas que no están incluidas en nuestros datos”.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

César y José Luis, defensores de la tierra y del territorio criminalizados por oponerse a la militarización

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

19 de septiembre de 2023

Boletín No. 20

 

César y José Luis, defensores de la tierra y del territorio criminalizados por oponerse a la militarización

  • Informe de Amnistía internacional México revela patrón de criminalización en el país contra Personas Defensoras de la Tierra, Territorio y Medio Ambiente.

César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández son defensores comunitarios tseltales de la región de Chilón, caracterizada por la defensa de la tierra en contra de megaproyectos y la militarización de su territorio. La criminalización de la protesta de César y José Luis, condenados a 2 años por defender su territorio contra la militarización, se enmarca en la política de militarización en el estado de Chiapas con la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional (GN), incluyendo uno en su territorio, San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, Chiapas.

El desarrollo de la infraestructura militar en Bachajón se realizó sin consentimiento previo, libre, informado y culturalmente pertinente, violando los derechos a la autonomía, libre determinación y a que no se desarrollen actividades militares en sus tierras. La oposición a la militarización se remonta a su lucha histórica desde el levantamiento zapatista de 1994 y la experiencia de tener una base militar en su territorio que trajo consigo casos de acoso sexual, violaciones, ataques, inseguridad y despojo.

El 15 de octubre de 2020 el pueblo de Chilón se manifestó pacíficamente en contra de la construcción del cuartel en el crucero Temó, tramo carretera Ocosingo – Palenque. Fueron detenidos César y José Luis, se documentaron en su contra actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, desaparición forzada y faltas al debido proceso por parte de los agentes aprehensores, así como la criminalización mediante la acusación por el delito de motín[1].

A pesar de haberse comprobado la falta de elementos para condenarlos,[2] y que la acusación constituía una restricción desproporcionada al derecho a la protesta social, fueron sentenciados el pasado 3 de mayo, día de la Santa Cruz, tras 2 años de proceso[3]. Si bien obtuvieron su libertad por medio de una sustitución de la pena, ambos defensores cuentan ahora con antecedentes penales y la criminalización fue judicializada.

La criminalización de la protesta social consiste en el uso del poder punitivo del Estado para disuadir, castigar o impedir el ejercicio del derecho a la protesta y en algunos casos, de la participación social y política en forma más amplia, mediante el uso arbitrario, desproporcional o reiterado tanto de la fuerza, como de la justicia penal en contra de las personas defensoras de los derechos humanos, de la tierra y el territorio, como el caso de Cesar y José Luis.

En Chiapas, como en México existe un patrón de criminalización de las personas derensoras, enfáticamente contra defensores y defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente.

El derecho a la protesta social, en este caso particular por las violaciones a los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, es reconocido tanto en la Constitución mexicana, como en instrumentos internacionales, lo que implica para las autoridades tomar medidas para respetar, garantizar y protegerlo.

 

[1] Este delito implica “perturbar el orden público” u “obstruir las vías de comunicación”, en este sentido habría sido utilizado para describir los efectos de una protesta y también para criminalizar la protesta por su ambigüedad o vaguedad.

[2] En su contra se comprobó la falta de elementos sólidos para condenarlos, los testigos no acreditaron pertenecer a la policía estatal ni su participación el día de la protesta, ni la calidad de peritos y legistas expertos en su materia.

[3]    Se concedió el beneficio de la sustitución de la pena, por poco más de 6,000 pesos.

Descarga el Boletín No. 20 en pdf (192.52 KB)

 

México: Tierra y ¿libertad? Criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente

Amnistía Internacional documentó cuatro casos en donde se utilizó el sistema penal en contra de personas defensoras que protestaban por estos derechos y que, al momento de la documentación, tenían procesos judiciales pendientes.

Las personas defensoras ejercen su labor en un contexto hostil, que incluye de manera constante la estigmatización, hostigamiento, ataques, atentados, desplazamiento forzado, desapariciones y asesinatos. Las autoridades deben parar la utilización del sistema penal para castigar la protesta y garantizar un entorno adecuado para quienes defienden los derechos humanos.

¡Lee el informe completo!

INFORME_CRIMINALIZACION-PROTESTA_AMNISTIAMEXICO_2023

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CONGRESO NACIONAL INDÍGENA - CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

Convocatoria Alto a la Guerra Contra los Pueblos de México y del Mundo, hacia los Pueblos Zapatistas y hacia los Pueblos Originarios de México

12 DE OCTUBRE, DÍA DE LA RESISTENCIA Y LA DIGNIDAD INDÍGENA

 

CONVOCATORIA

 

ALTO A LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO, HACIA LOS PUEBLOS ZAPATISTAS Y HACIA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE MÉXICO

 

 

A los pueblos de México y del mundo,

Al Espacio de Coordinación Nacional Contra la Guerra,

A la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida,

A los padres y madres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa,

A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos,

A las Redes de Resistencia y Rebeldía,

A la Sexta Nacional e Internacional,

A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes,

A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde.

 

A 531 años del inicio de la resistencia y la rebeldía de nuestros pueblos en contra de la guerra de invasión y conquista capitalista y en el marco de los 27 años de haberse fundado el Congreso Nacional Indígena (CNI) como el espacio de lucha y unidad de los pueblos originarios de México, CONVOCAMOS a los pueblos de México y del mundo a redoblar nuestras resistencias contra la muerte que hoy más que nunca nos impone el capitalismo patriarcal a escala planetaria.

 

El 12 de octubre marca el inicio de la resistencia de nuestros pueblos y comunidades contra el mayor genocidio en la historia de la humanidad, contra la invasión, contra la conquista, contra el despojo de nuestras tierras y territorios, contra el exterminio de nuestras instituciones, lenguas, cultura y tradiciones; es decir, contra la muerte que el capitalismo global produjo y sigue produciendo.

 

Junto con la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida declaramos que la guerra que enfrentamos los pueblos, comunidades, barrios, colonias, tribus y naciones en todo el territorio nacional, es desarrollada y sistematizada por Andrés Manuel López Obrador, “Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas” y titular del Ejecutivo Federal, para garantizar y salvaguardar los intereses del gran capital y el narco Estado; además, militariza todo el país, como garantía para imponer sus mega proyectos de muerte como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Proyecto Integral Morelos y el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, que, basados en el colonialismo, el patriarcado, la homogeneización, la imposición, el odio y el miedo, pretenden ordenar y reordenar nuestro territorio. Por tanto, denunciamos que el crimen organizado y grupos paramilitares colaboran sistemáticamente con las fuerzas armadas, la Guardia Nacional y la policía estatal y municipal, al punto tal en que no podemos ya entenderlos como fenómenos distintos, sino piezas codependientes, músculos y ligamentos del brazo armado del Narco Estado Capitalista.

 

El cerco hacia los pueblos zapatistas y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), masacres como la de Acteal, o las ejecuciones y desapariciones forzadas en contra de integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emilano Zapata y de la comunidad nahua de Santa María Ostula, así como la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, junto a la creciente y continuada violencia hacia las mujeres, o el asesinato de defensores de la tierra, como es el caso de nuestro hermano Samir Flores Soberanes, son señales contundentes de esta guerra.

 

De la mano del Espacio de Coordinación Nacional Contra la Guerra decimos que Chiapas es México, y en Chiapas se concentran hoy muchas de las violencias que aquejan a todo el territorio mexicano. La guerra que se impuso a nuestro país desde Estados Unidos, y que Felipe Calderón se dio a la tarea de profundizar, hoy alcanza todo el territorio nacional. La frontera se ha corrido hasta el sureste, y con ella la guerra, una guerra que la administración actual no ha frenado: 153 mil 941 homicidios dolosos, 42 mil 935 personas desaparecidas y no localizadas, 69 periodistas y 94 personas defensoras de tierra y territorio, pueblos indígenas y medio ambiente asesinadas en el continuado proceso de recolonización militarizado y delincuencial del actual sexenio. Concluyendo que, en este contexto, grupos paramilitares y de corte paramilitar que operan con total impunidad en Chiapas desde hace tres décadas, han aumentado sus acciones beligerantes contra los pueblos zapatistas. La Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, que al menos desde el año 2000 ha operado al servicio de distintos gobiernos, partidos políticos y grupos de poder en la región, ha realizado entre 2019 y 2023, más de 100 ataques contra poblados zapatistas pertenecientes al Caracol 10, Floreciendo la Semilla Rebelde, con sede en Patria Nueva, Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad.

 

Ante esta guerra capitalista y patriarcal de las corporaciones mundiales y sus gobiernos contra la humanidad, nos movilizamos para exigir un alto total al cerco militar y paramilitar y la estrategia contrainsurgente dirigidos contra el EZLN y las comunidades zapatistas; y contra los pueblos originarios de México, a traves de la militarización, el militarismo, la paramilitarización, el crimen organizado o los mal llamados planes de justicia indígenas que el indigenismo oficial impulsa; nos organizamos para frenar esta guerra que se vertebra por medio del despojo y la explotación crecientes que implican el saqueo del agua, la extracción y distribución de hidrocarburos, la minería y los megaproyectos de infraestructura encaminados al ordenamiento salvaje de las poblaciones, de las fronteras y de los territorios de nuestros pueblos.

 

Por todo lo anterior, como acuerdo de la Reunión Ampliada de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del CNI-CIG, llamamos a los pueblos de México y del mundo que resisten contra la muerte y el olvido y a las organizaciones sociales, civiles y políticas, así como a las mujeres y hombres de buen corazón, para que junt@s alcemos la voz contra la guerra en México y en el mundo, contra la guerra hacia los pueblos zapatistas y los pueblos originarios de México y, en consecuencia, les CONVOCAMOS para que según sus tiempos, modos, calendarios y geografías:

 

EL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 2023, LLEVEMOS A CABO UNA:

 

ACCIÓN GLOBAL POR EL ALTO A LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO, HACIA LOS PUEBLOS ZAPATISTAS Y HACIA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE MÉXICO

 

Y nos llamamos a manifestarnos en las calles, embajadas y consulados, centros de estudio y lugares de trabajo, en las redes sociales; en todas partes que nos sea posible e imprescindible, en contra de la violencia militar, paramilitar, del crimen organizado y de las corporaciones capitalistas y en defensa de la vida, registrando la actividad al correo cnicomunicacion@gmail.com. Nos llamamos y les llamamos a unir esfuerzos para tejer y planear en colectivo una JORNADA NACIONAL E INTERNACIONAL DE ACCIONES DISLOCADAS, así como nuestra participación en el TERCER ANIVERSARIO DE LA TOMA DEL EDIFICIO DEL INPI (hoy Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes) por parte de la Comunidad Indígena Otomí en la Ciudad de México y una MOVILIZACIÓN CENTRAL EN EL CORAZÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

 

LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS EN MÉXICO SE LLAMA NARCOESTADO CAPITALISTA.

 

A 531 AÑOS DE GUERRA SEGUIMOS RESISTIENDO. 27 AÑOS DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA.

 

 ATENTAMENTE

¡Nunca más un México sin Nosotros!

¡Por la Reconstitución Integral de nuestros Pueblos!

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA-CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Jornada de carteo por la libertad de los presos políticos en Chiapas

Las jornadas de carteo a personas presas son acciones que grupos de acompañantes anti carcelarios realizan para romper el aislamiento y darles rostro a quienes se encuentran privadas de su libertad por parte del Estado.
 
En México, pese a que se tiene derecho a la comunicación con el exterior, y a que hay recomendaciones al respecto, hay dificultades para la entrega de las cartas. Sin embargo, como acto de solidaridad y sensibilización de sus casos es efectiva, además de que se suman sus familiares para la reivindicación solidaria.
 
Esta acción se va a realizar el próximo 27 de septiembre en el Paliacate espacio Cultural -Calle 5 de mayo #20, Colonia Centro, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas-, en donde en conjunto con actividades culturales se venderán también materiales para ayudar a la autogestión, además de que estarán presentes familiares para que vendan sus productos y vender artesanías de los compañeros presos.   
 
Hacemos un llamado para que a partir del 18 de septiembre compañeras solidarias de todas las geografías rebeldes lleven a cabo una acción de carteo masivo que haremos llegar a los compas presos en resistencia en distintos Centro Estatales de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) de Chiapas:
 
a) Manuel Gómez Vázquez, preso desde diciembre de 2020. Joven maya tseltal, Base de Apoyo del EZLN, acusado de un delito que no cometió a base de fabricación de pruebas, tortura, además desaparecido forzadamente  y procesado penalmente en complicidad de la Fiscalía de Justicia Indígena.
 
b) Los 5 de San Juan Cancuc -Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco- privados de su libertad desde mayo de 2022. Han resistido a la imposición de proyectos de infraestructura carretera y la militarización de su territorio. Se les fabricaron pruebas y fueron condenados por homicidio calificado.
 
c) José Díaz, indígena Ch’ol y campesino, Base de Apoyo del EZLN, detenido arbitrariamente con uso excesivo de la fuerza, fue torturado, desaparecido e incomunicado por parte de elementos de la policía especializada adscritos a la Fiscalía del Distrito Selva. 
Manda tus cartas al correo: noestamostodxs@riseup.net
 
Guía básica para carteo a compas presxs: 
 
– Nombre. Utilizar un pseudónimo para salvaguardar identidad, de no ser así esta en la libertad de dar su verdadero nombre, o el nombre de nuestrx coletivx u organización.
– El contenido de las cartas depende de quién sea nuestro interlocutor, en una primera carta es importante que nos presentemos.
-También es esencial contarles un poco quiénes somos.
– Utilizar letra clara posible, discurso sea breve y sencillo.
– Informarnos lo más posible de quien es la persona presa a cartear.  
– No hacer promesas, ni intentar enamorarles, esto último es especialmente cruel, puesto que son personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
– Lo más importante es mostrar empatía y solidaridad; las personas presas sufren de un aislamiento provocado por el Estado a conciencia, que puede destruirles a muchos niveles.

Jornada de Carteo en el Paliacate, SCLC, Chiapas

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