^{En portada: Poder Judicial del Estado de Oaxaca donde se lleva a cabo la última etapa del juicio por la desaparición de Claudia Uruchurtu. Foto: Rafael E. Lozano}

El pasado 18 de octubre inició el juicio oral contra cuatro de las cinco personas imputadas por la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu Cruz, mujer activista desaparecida el 26 de marzo de 2021, durante una manifestación en Nochixtlán, Oaxaca.

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Avispa Midia acudió al tribunal donde se realiza la audiencia de debate y, después de acreditarse, le negaron la entrada al reportero. La jueza María Teresa Quevedo Sánchez ordenó que la audiencia se realizara a puerta cerrada.

Ante la pregunta expresa de por qué se tomó esa decisión, un funcionario en la entrada del tribunal sólo respondió “por el género”.

Cristina Lozano, una de las abogadas del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), organización no gubernamental que ha dado seguimiento a las acciones urgentes emitidas por la ONU-DH para la localización de la activista desaparecida, señala en conversación con Avispa Midia que no es normal que estas audiencias sean privadas. “Todas las audiencias, esencialmente, deben ser públicas. Puede ser por el contexto político que la hayan cerrado”, opina.

Entre las personas imputadas en el juicio se encuentra la expresidenta municipal de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, y varios de sus colaboradores cercanos.

Esta fase del juicio, también conocida como audiencia de debate, es la última de tres etapas que comprende el proceso penal iniciado hace más de un año. La fase anterior se difirió al menos cinco veces a lo largo de seis meses. Apenas termine el juicio oral, se debe dictar sentencia.

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Esto se da en un contexto de máxima impunidad en el estado de Oaxaca. Según un oficio obtenido a través de transparencia, el Poder Judicial del Estado de Oaxaca reconoce nunca haber emitido una sola sentencia condenatoria por el delito de desaparición forzada en la entidad, a pesar de haber iniciado más de 30 juicios relacionados con este delito en dos décadas.

Según el Registro de la Comisión Nacional de Búsqueda, en Oaxaca hay 556 personas que siguen desaparecidas y no localizadas.

19 meses desaparecida por denunciar corrupción

El 26 de marzo de 2021 Claudia participaba en una manifestación que pobladores realizaban en la plaza central de Asunción Nochixtlán, en desacuerdo con el gobierno de Lizbeth Victoria Huerta. Esa noche la policía municipal dispersó a golpes la manifestación. Después unos hombres alcanzaron a Claudia y la forzaron a subir a una camioneta roja. Desde entonces se desconoce su paradero.

Antes de ser desaparecida, Claudia Uruchurtu documentó y denunció irregularidades en el manejo de las finanzas del gobierno municipal de Lizbeth Victoria Huerta, quien en ese entonces buscaba la reelección por MORENA.

Entre abril de 2019 y marzo de 2021, Claudia documentó presuntos desvíos a través de empresas fantasma, nepotismo, falsificación de firmas y documentos oficiales. También la simulación de un proceso de contraloría ciudadana, entre otras irregularidades.

En ese periodo, Claudia envió misivas a funcionarios de los tres niveles de gobierno alertando sobre la situación y solicitando apoyo para investigar y detener los posibles actos de corrupción en su pueblo, ubicado en la Mixteca Oaxaqueña.

Después de agotar varias vías, y ante la insistencia y evidencias reunidas por Claudia, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFEO) determinó procedente iniciar en noviembre de 2019 una Auditoria por Situación Excepcional al municipio de Asunción Nochixtlán, y así se lo notificó a Claudia en enero de 2020.

A la auditoría excepcional se le asignó el número OA/AECSEM/002/2019.

Meses después, cuando Claudia solicitó a través de transparencia información con los avances de dicha Auditoría, el OSFE le respondió que declaraba la información bajo “reserva” durante cinco años.

Han pasado casi tres años desde que arrancó esa auditoría y más de un año y medio desde la desaparición forzada de Claudia, y el Organismo sigue sin presentar resultados. Toda la información relacionada con ésta se mantiene en reserva.

El 5 de mayo de 2021, el portal Primera Línea reveló que el OSFEO detectó irregularidades por 8 millones 795 mil 285 pesos en la administración de Victoria Huerta, cantidad que no pudo comprobar ante el Organismo.

Medio año después, el periódico El Imparcial publicó los descubrimientos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró al investigar los recursos federales asignados a Nochixtlán durante el ejercicio fiscal 2020.

Según la ASF el municipio no disponía de un adecuado sistema de control interno y administración de riesgos, y obtuvo 0 de100 puntos en la evaluación practicada en ese sentido. Por lo cuál emitió la recomendación 2020-D-20006-19-1104-01-001.

Además, la Auditoría dictaminó que “el municipio excedió los recursos disponibles, debido a que se reportaron erogaciones financiadas con otras fuentes de financiamiento”.

Finalmente, la auditoría determinó que el municipio de Nochixtlán no pudo comprobar ni justificar el ejercicio de 270 mil 603 pesos por el pago de servicios personales, que no se ajustaron a lo establecido en los contratos revisados.

Derivado de esto, la Auditoría Superior de la Federación concluyó, entre otras cosas, que “en el ejercicio de los recursos, el municipio infringió la normativa, principalmente la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca”.

Mujeres de la región Zoque, Norte-Palenque, Selva, Costa y Altos de Chiapas – de los pueblos Zoque, Ch’ol, Tseltal, Tsotsil, y mestizas de México y Argentina – se reunieron durante el último fin de semana e hicieron público, por medio de un comunicado, que los procesos de militarización de sus territorios y el reordenamiento territorial, en consecuencia de los megaproyectos, han afectado principalmente a las mujeres, al aumentar los feminicidios, muertes, hambre y desapariciones de niñas y jóvenas.

“Coincidimos que en todos nuestros territorios está el crimen organizado gobernando, vemos el aumento de la venta y circulación de armas, drogadicción, prostitución y alcoholismo. En complicidad con un proceso de militarización que permite el despojo y control de nuestros territorios”, sostienen.

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Las mujeres de la zona Norte-Palenque denunciaron que la construcción del llamado Tren Maya ha incrementado el desmonte y destrucción de cerros, la contaminación del agua, el despojo y desplazamiento de comunidades. “Se hace presente la mercantilización de la cultura maya favoreciendo la iniciativa privada empresarial. Está incrementando la prostitución y es visible la migración. Han aparecido grupos de motonetos vinculados al crimen organizado que están ejecutando asesinatos, estando la Guardia Nacional simulando su función y generando miedo y terror con su presencia en la vida cotidiana de la población”, afirmaron en el comunicado.

A las mujeres de la zona Costa amenaza la construcción del gasoducto que viene del proyecto interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, y que pasará por toda la Costa pacífico hasta Guatemala. Además, de la construcción de una mega-autopista que conecta la región con el Tren Maya y Tren Interoceánico, proyectos mineros y venta de tierras a la especulación empresarial para proyectos hoteleros.

Las mujeres de la zona Zoque están siendo amenazadas por los megaproyectos relacionados con minería, hidroeléctricas, proyectos de geotermia e hidrocarburos. “Estamos convencidas del vínculo de intereses corporativos, de la Comisión Federal de Electricidad e instituciones del mal gobierno junto con el crimen organizado para la ejecución de proyectos”. Un ejemplo es el poblado el Platanar como “territorio de sacrificio” donde provocaron un derrame de hidrocarburos que afecta al Río Grijalva, provocando el desplazamiento forzado y que 5 mil habitantes no tengan agua potable.

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En la zona Altos Tsotsil las mujeres relataron un incremento de cantinas, circulación de alcohol, drogas, armas y constantes desplazamientos en vehículos de grupos armados. En el Valle de Jobel, por ejemplo, se viven despojos a través de la invasión de tierras provocado por grupos armados, desde la complicidad de funcionarios de gobierno y empresarios hoteleros, quienes acaparan el agua a través de la destrucción de humedales de montaña y ciénegas.

Sin embargo, frente a esta situación, “estamos contentas por ver mujeres jóvenas participando en esta Asamblea. Es un momento de oportunidad de caminar y abrir un rumbo diferente desde y para las jóvenas y niñas. Nos comprometemos a ir fortaleciendo sus procesos de dignificación para y por la vida de manera colectiva y organizada”.

Participaron del encuentro las organizaciones Defensoras de Nasakobajk, Tsijilba Bij, Red de Mujeres de la Costa en Rebeldía, Antsetik Tz’unun, mujeres organizadas de Acteal, mujeres del Colectivo Jomenäs, Mujeres Productoras, mujeres del Colectivo Kallpolli y mujeres a título individual.

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, colectivos integrados por familiares de desaparecidxs se movilizan en una jornada de manifestaciones que se multiplican en 25 estados de México para exigir atención integral a la crisis humanitaria que reporta 104 mil personas desaparecidas.

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Por la mañana en la ciudad de México, colectivos comenzaron a agruparse en la Glorieta de las Mujeres que luchan para enfilarse rumbo a la Glorieta de las y los desaparecidos. Con la presencia de familiares de desaparecidxs de distintos puntos del país, la marcha acompañó al Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), cuyas integrantes leyeron un pronunciamiento para cuestionar la inacción de las autoridades de todos los niveles.

“Como colectivos y familias buscadoras de personas desaparecidas llevamos años señalando que ser desaparecido no es normal”, reclamaron integrantes del MNDM, para quienes el Estado tendría que tener una política nacional de búsqueda en vida, de identificación forense, prevención efectiva y justicia, lo cual aseguran no es así.

En la glorieta de la victoria alada, integrantes del MNDM también cuestionaron por qué en el país solo existen 35 condenas por estos crímenes y cuáles son las acciones de las autoridades para identificar los más de 52,000 seres humanos fallecidos que esperan ser retornados a sus familias.

El MNDM está conformado por más de 80 colectivos integrados por familiares de víctimas de desaparición forzada de 24 estados de México y de tres países de Centroamérica, quienes también son acompañadas por 40 organizaciones civiles.

Crisis humanitaria

“Esta crisis humanitaria no puede esperar más”, enunciaron las integrantes del MNDM debido a que existen muchos pendientes desde que, en 2018, la administración federal a cargo de Andrés Manuel López Obrador se comprometió a procurar justicia por estos crímenes.

El MNDM señaló que, a pesar de que México tiene un marco normativo “garante y avanzado, el problema es que no se implementa, en este país la desaparición es el paradigma del crimen perfecto”. Como ejemplo de lo anterior, reclamaron que han transcurrido más de cuatro años tras la promulgación de la Ley General de Desaparición Forzada y Cometida por Particulares, “un logro que no sería posible sin el impulso de las familias, sin embargo, aún seguimos exigiendo su efectivo funcionamiento”.

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También demandaron el cumplimiento de otras acciones, tales como la presentación del Plan Nacional de Búsqueda; la creación del Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas; así como el Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Localizadas y la creación del Plan Nacional de Exhumaciones.

Además, solicitaron la creación de un mecanismo interinstitucional de seguimiento el cual deberá mencionar instituciones responsables, de los tres niveles de gobierno y los tres poderes, con plazos precisos de implementación para de esta manera contar con mecanismos de rendición de cuentas periódicos.

Demandaron también al Congreso federal para la asignación de presupuesto suficiente para avanzar en las tareas de búsqueda e identificación de seres humanos. “El criterio debe ser que alcance para los planes de trabajo y la operatividad de todas las dependencias dedicadas a la búsqueda en vida y la identificación humana forense de las personas que buscamos”, solicitó el MNDM.

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Otra de las acciones solicitadas al Estado es que reconozca la labor, “no sólo como familias buscadoras sino como personas defensoras y garantes de los derechos humanos”, para de esa manera reducir los riesgos a su integridad derivados de las acciones de búsqueda.

“Al gobierno le volvemos a decir no nos vamos a cansar de buscar, ni de exigir e impulsar lo que por derecho nos corresponde el regreso de miles de seres humanos a su hogar, con sus familias, y las investigaciones correspondientes para avanzar hacia la verdad y la justicia”, enfatizaron a través del posicionamiento del MNDM.

^{En portada: Comunidades indígenas de Chiapas se movilizan para exigir la libertad de cinco defensores de Cancuc, presos arbitrariamente y acusados con pruebas fabricadas por la fiscalía de Chiapas. Junio, 2022.}

Para visibilizar la violencia contra pueblos originarios de México a partir de la presencia del crimen organizado, grupos herederos del paramilitarismo y organizaciones armadas con historia política, Indigenous Peoples Rights International (IPRI) realizó un informe que contiene el análisis y sistematización de 16 casos de violaciones graves de derechos humanos durante 2021.

En este ejercicio se identificaron siete tipos diferentes de violaciones graves a los derechos humanos en el año 2021 y reconoce que existen más agresiones de las que lograron documentar a profundidad.

Cinco de los casos presentados son por desplazamiento forzada, tres por desaparición forzada, tres por homicidio, dos por violación al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), uno por criminalización, uno por despojo del territorio y uno por violación al derecho humano al reconocimiento de la personalidad jurídica.

El coordinador de la iniciativa en este país, Abel Barrera, dijo que el trabajo de documentación se realizó en dos años con visitas a determinadas zonas de ocho entidades que integran el estudio que realizaron con organizaciones aliadas.

“Los rarámuris han sido despojados históricamente de sus territorios”, hizo hincapié en la presentación de la investigación, “la región de Chihuahua es como el México olvidado, sometido por la delincuencia organizada; no respetan las formas de vivir de los pueblos”.

En el sur, lamentó que los pueblos originarios estén en la primera línea de fuego que provocan los grupos paramilitares que están presentes en Chiapas, donde los desplazamientos forzados también son un fenómeno recurrente.

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Agregó que en Guerrero las resistencias enfrentan los promotores de los megaproyectos y como en los demás estados, existe persecución de líderes indígenas como el caso de Marco Antonio Suástegui, quien enfrenta la desaparición de un hermano; delito que también va en aumento.

En Loma de Bacúm, Sonora, son 10 las personas desaparecidas, dijo la también coordinadora de este informe, Anabela Carlón, “tiene que ver mucho con el despojo y la criminalización del pueblo yaqui”.

Carlón mencionó que en Zitácuaro, Michoacán está lucha contra el crimen organizado, en Guerrero contra la desaparición forzada, en Chiapas por desplazamiento forzado, y en ese tenor destacó el caso de Laguna Larga, donde más 450 guatemaltecos sobreviven en condiciones adversas e inhumanas en la franja fronteriza que colinda con Candelaria, Campeche.

El asedio que se da por grupos paramilitares en Chiapas, por empresarios en Chihuahua, por la delincuencia organizada en Guerrero es principalmente contra los territorios originarios, agregó Barrera, “es algo grave que está documentado”.

Desigualdad

Los coordinadores del estudio hablaron sobre la preocupación por la dinámica estructural, las condiciones de desigualdad que impiden el goce de derechos para individuos y comunidades.

Las agresiones a partir de la discriminación buscan eliminar la organización comunitaria, dijo Carlón, “los pueblos defienden sus derechos con organización y con litigios en los que siempre están en desventaja. Aún cuando los pueblos indígenas ganan cualquier litigio, no son ejecutados, no los vemos materializados en acciones verdaderas hacia los pueblos”. Como ejemplo, mencionó la situación de los movimientos por los derechos colectivos al territorio y al agua de los yaquis de Sonora.

Los 16 casos son presentados en historias narradas desde los pueblos originarios. El apartado de Chiapas destaca el caso de Acteal con la mención del reciente asesinato del defensor de los derechos humanos, Simón Pedro Pérez.

En Michoacán, en el municipio de Zitácuaro, las comunidades mazahua y hñahñu de Crescencio Morales, Donaciano Ojeda, Francisco Serrato y los ejidos Francisco Serrato y Carpinteros, que son amenazados por el crimen organizado y el gobierno del estado.

Abel Barreda dijo que, en general, el tema es complicado en este momento y ejemplificó el contexto de municipios como San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; así como los asesinatos de defensores de derechos humanos en territorios indígenas donde no hay avances en las investigaciones de las autoridades locales.

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Mencionó la grave situación de la comunidad Paso de la Reyna, Oaxaca en la lucha por río Verde; además de Homún, Yucatán y el caso del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP) Guerrero.

Citlali Hernández, coordinadora del trabajo de IPRI en México, dijo que están atentos de lo que pasa en Jalisco pero el tema no fue mencionado por razones de seguridad, pues se trata de acoso y asesinato de autoridades indígenas como en el pueblo de San Juan Bautista de la Laguna, donde no hay respeto por la autonomía de la comunidad.

En el trabajo de documentación, IPRI hizo recomendaciones que van desde establecimiento de un marco jurídico que garantice los derechos colectivos de los pueblos indígenas para solucionar la crisis humanitaria del desplazamiento; por mencionar alguna.

“Se debe intervenir para romper el pacto de impunidad y la colusión de instituciones estatales con el crimen organizado y grupos herederos del paramilitarismo”. En los casos de homicidios y desaparición forzada, seguimiento puntual a las denuncias penales, a las denuncias públicas y a las acciones urgentes.

El informe incluye relatos de Monterde y el Manzano, Chihuahua; Bosques de San Elías Repechique, Chihuahua; Tehuerichi, Chihuahua; Huitosachi, Chihuahua; Aldama y Acteal en Chiapas; Loma de Bácum, Sonora; Zitácuaro, Michoacán; Homún, Yucatán; Chablekal, Yucatán; Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP) Guerrero; Paso de la Reyna, en Oaxaca; y Laguna Larga, Guatemala.

IPRI tiene registro que en el periodo 2020- 2023, los países focales están en África, Asia y América Latina, y son aquellos con altos índices de criminalidad e impunidad: Colombia, México, Brasil, Filipinas, India, República Democrática del Congo y Kenia.

Hace cinco años personas campesinas, originarias de los pueblos indígenas Maya Q’eqchi, Chuj y población mestiza, fueron desplazadas de la comunidad Laguna Larga, en la Reserva Biosfera Maya, municipio de San Andrés, del Departamento de Petén, Guatemala, por mil 500 elementos de las fuerzas estatales, el Ejército y la Policía Nacional Civil del país.

Desde el 2 de junio de 2017 se asentaron en un campamento improvisado en la línea fronteriza entre México y Guatemala. “Para las mujeres y la niñez es muy duro estar aquí”, dijeron durante las actividades conmemorativas del desplazamiento forzado, en los días 1 y 2 de junio.

La justificación oficial para realizar el desalojo fue la “conservación” de la naturaleza en la Reserva de la Biósfera Maya, lo que resulta contradictorio ya que el Estado guatemalteco permite la operación de empresas extractivas en la misma región que pretende conservar.

Desde el año de 1985 opera la petrolera Perenco, empresa franco-británica que extrae hidrocarburos en la zona núcleo del Parque Nacional de Laguna del Tigre, zona que junto al Parque Nacional Sierra del Lacandón alberga más de 50 comunidades en riesgo permanente de sufrir un desalojo como el ocurrido contra Laguna Larga.

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En 2017, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares para la comunidad que el Estado guatemalteco, presidido entonces por Jimmy Morales, no acató. A partir del 2018 les ofrecieron fincas ganaderas que los propios desplazados debían pagar en abonos.

La situación no es diferente con Alejandro Giammattei. Su gobierno también propuso fincas de tierras que no son fértiles para los campesinos desplazados. Los indígenas no aceptaron, consideran que no existe verdadera voluntad para solucionar el problema de la comunidad.

Este año, la CIDH actualizó las medidas cautelares 412-17, por la falta de efectividad del Estado guatemalteco para proteger la vida de las más 500 personas desplazadas forzadamente de la comunidad Laguna Larga.

Por estas recomendaciones, el gobierno de Guatemala envió 12 raciones mensuales de arroz, cereal, harina de maíz, aceite y avena para todas las familias como una sentencia para permanecer un año más sin respuestas ni reubicación.

Las muertes

“Así como hemos visto nacer a seres queridos también los vemos morir”, dijeron las voces de las mujeres que bordan memoria y resistencia en el acampamento.

Luis Emanuel Hermosilla Suchite de dos meses de edad falleció en el campamento. Su muerte se suma a otras 12 que se suscitaron durante estos cinco años en la tierra de nadie.

El 18 de mayo, el niño Luis Emanuel fue atendido por la brigada de salud de México que acude cada 15 días para identificar los padecimientos de los 500 pobladores que viven bajo techos de palma y nylon para protegerse de las constantes lluvias y de las altas temperaturas.

El pequeño presentó fiebre y los médicos le dieron medicamento para controlarla. “Pero no fue posible”, dijeron Alfonso y Darlyn, padres de Luis Manuel. Las autoridades de Laguna Larga pidieron permiso a la Policía Nacional Civil, a la Conanp y al Ejército para entrar al panteón a enterrar al bebé.

Marvin Pérez, vocero de la comunidad, ya casi no recuerda el número de muertos, incluso de abortos que sufren las mujeres por las condiciones insalubres y la alimentación basada sólo en arroz, frijoles, avena y harina.

“Todo es por falta de atención médica y nosotros hacemos responsables al Estado de Guatemala. Es incumplimiento en todos los sentidos: en alimentación, educación, salud. Mis hijos estudian en el suelo, es algo que desespera, que preocupa, pero estamos dispuestos a seguir en la lucha y resistir hasta que se haga justicia”.

La brigada médica de Guatemala llega dos o tres veces al año. La diarrea y las enfermedades en la piel son casi permanentes entre las niñas y niños. Actualmente se propaga la varicela, virus que temen se convierta en epidemia como el paludismo que padecieron en el 2021.

El caso de Laguna Larga representa una de las grandes injusticias que se perpetran en los límites de Guatemala con México, dijo Aldo Ledón Pereyra de la organización Voces Mesoamericanas que brinda acompañamiento a las familias.

Las brigadas de salud son insuficientes para la cantidad de personas en el campamento. Aunado a eso están las pésimas condiciones del camino que conecta el campamento al El Desengaño, municipio de Candelaria, Campeche, donde los guatemaltecos buscan asistencia.

En los constantes días lluviosos, tienen que salir caminando y varias personas enfermas han perdido la vida por no poder buscar atención médica al ser la única vía de comunicación.

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“Reconocemos que el caso de Laguna Larga no es aislado, se une a una estrategia más grande de violencia y de crisis, de violaciones a los derechos humanos, no solo en la región guatemalteca, también del lado mexicano sur-sureste donde cientos de miles de personas están siendo desplazadas con la justificación de megaproyectos”, agregó Ledón.

Crisis humanitaria

“Es posible afirmar que esta crisis se encuentra en su punto más álgido y puede desencadenar consecuencias aún más graves y lamentables”, coincidieron 12 organizaciones de México y Guatemala en un comunicado de prensa.

Las comunidades Laguna del Tigre y Sierra de Lacandón se unieron a la protesta pacífica en el asentamiento de los desplazados. Realizaron pancartas y celebraron una asamblea, pues la situación para estas comunidades también se agudiza con los desalojos.

Ante este contexto, exigieron al Estado de Guatemala, la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, resolver el problema de Laguna Larga. Asimismo, pidieron a la Comisión una visita in situ para verificar las condiciones del campamento, a la vez de solicitar Medidas Provisionales a la Corte IDH por la gravedad en la que se encuentra la vida de las familias y por las muertes que continúan ocurriendo.