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(Español) El Mozote: 41 años sin justicia por la peor masacre en Latinoamérica
Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago
En portada: Manifestantes en el 41 aniversario de la masacre de El Mozote en El Salvador
Sobrevivientes y familiares de víctimas de la masacre de El Mozote, acompañados de oganizaciones salvadoreñas de derechos humanos, realizaron manifestaciones para reclamar el fin de la impunidad para los responsables de la que es considerada una de las mayores masacres ocurridas en Latinoamérica.
Según un Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas del año 1993, entre los días 9 y 13 de diciembre de 1981, miles de elementos del Ejército salvadoreño ejecutaron la “Operación Rescate”. Encabezados por el batallón Atlacatl, entrenado por EEUU, el despliegue militar ocurrió en poblaciones del noreste del departamento de Morazán con el pretexto de buscar un campo de entrenamiento guerrillero.
Acorde a registros del país centroamericano aquella incursión militar saldó con por lo menos 1,730 víctimas. De ellas, 988 fueron ejecutadas, 48 sobrevivieron a la masacre, 665 son familiares de las víctimas y 29 fueron desplazadas forzadamente por la violencia.
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Para el año 2017, el gobierno de El Salvador reconoció que de entre las personas ejecutadas, 558 eran niños quienes fueron asesinadas en El Mozote y las comunidades adyacentes. Además, 712 personas que sobrevivieron al ataque huyeron a diferentes regiones del país y hacia Honduras para evitar ataques futuros.
“Los asesinos quieren que olvidemos para garantizar su impunidad” y “Ayudemos a romper las cadenas de la impunidad”, fueron algunas de las consignas de los manifestantes en el 41 aniversario de la matanza ocurrida a menos de 200 kilómetros de la capital del país.
Las jornadas para conmemorar la masacre iniciaron el sábado (10) con una caminata desde la población de Arambala hasta El Mozote. Ahí las personas colocaron ofrendas florales en el monumento donde están escritos algunos de los nombres de las víctimas.
Amnistía inconstitucional
Hasta el día de hoy, ni una sola persona ha sido juzgada por los graves crímenes cometidos en El Mozote y otras regiones de El Salvador durante la guerra civil entre el Ejército y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Entre los años 1980 a 1992, se registraron más de 75,000 muertos, 7,000 desparecidos y miles desplazados por la violencia que llegó a un cese de fuego con la firma de la paz en 1992. Para 1993, la Comisión de la Verdad de la ONU informó que las fuerzas militares, así como escuadrones de la muerte respaldados por el gobierno, habían cometido el 85% de las violaciones a derechos humanos.
Días después de la difusión de esta información, la Asamblea Legislativa salvadoreña, en aquel momento dominada por el partido derechista ARENA, aprobó la Ley de Amnistía de 1993 la cual impedía la investigación, el procesamiento y el encarcelamiento de los responsables de crímenes de guerra.
No fue hasta el 8 de marzo de 2011, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acreditara la responsabilidad de los ataques al Estado de El Salvador por numerosas violaciones a los derechos humanos, cuando se promovió el enjuiciamiento de los responsables por las masacres.
Para octubre de 2012, la Corte Interamericana emitió una sentencia en la que condenó al Estado salvadoreño por la masacre de El Mozote y ordenó una serie de medidas para reparar los daños causados. Ya en julio de 2016, la Corte salvadoreña declaró inconstitucional la Ley de Amnistía, permitiendo con ello la reapertura del caso en los tribunales del país centroamericano.
Contrainsurgencia promovida por EEUU
La masacre de El Mozote aconteció apenas siete semanas antes de que la administración del presidente norteamericano, Ronald Reagan, tuviera que presentar al Congreso de los EEUU una certificación de cumplimiento de los derechos humanos por parte del ejército salvadoreño.
Para Reagan, El Salvador representaba un frente contra el avance del comunismo en Latinoamérica, por lo cual su gobierno se había comprometido a mantener la ayuda militar para el país centroamericano. De acuerdo a Terry Karl, profesora de estudios latinoamericanos de la universidad de Stanford, esto llevó a la administración de Regan a realizar un “sofisticado encubrimiento” de la masacre de El Mozote.
En un testimonio de abril de 2021, Karl reveló que el gobierno de Estados Unidos ocultó la presencia de el sargento mayor Allen Bruce Hazelwood, asesor militar estadounidense en Morazán, junto con el coronel Domingo Monterrosa cuando comenzó la masacre.
Como parte del encubrimiento también se involucraron el entonces Secretario de Defensa Casper Weinberger y Colin Powell, ex asistente militar de alto rango. En 1983, Powell y Weinberger formaron parte de una misión de investigación en El Salvador que concluyó que Estados Unidos debía seguir entrenando y financiando al ejército salvadoreño aún después de que el ejército salvadoreño, con ayuda estadounidense, masacrara a civiles en El Sumpul y en El Mozote.
Entre los años de 1980 y 1982, la ayuda militar estadounidense a El Salvador aumentó de 6 a 82 millones de dólares, lo cual alentó una campaña de tierra arrasada que derivó en la matanza de civiles, perpetrada por batallones salvadoreños de élite creados y entrenados por Estados Unidos.
Estado incumplió
En los actos para recordar el 41 aniversario de la masacre de El Mozote estuvo presente la procuradora salvadoreña de Derechos Humanos, Raquel Caballero. Recién electa en octubre de 2022, y sobre quien pesan acusaciones por nepotismo, su actuación ha restado importancia a las denuncias por violaciones de derechos humanos ocurridas durante el régimen de excepción que vive El Salvador desde marzo de este año.
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Presente ante organizaciones y sobrevivientes de la masacre, la funcionaria reconoció queel Estado salvadoreño incumplió con la misión de investigar las masacres y sancionara las personas responsables.
Desde el 9 de junio de 2017, el caso de la Masacre de El Mozote se encuentra en la fase de investigación en un tribunal de San Francisco Gotera, al oeste del país, desde donde se ha convocado a más de 40 testigos.
En 2021, una reforma del presidente Bukele a la Ley de la Carrera Judicial, la cual cesa a los jueces sexagenarios o con 30 años de servicio, separó al juez Jorge Guzmán Urquilla, quien conducía la causa penal por la masacre de El Mozote, estancando con ello el proceso aún a pesar de las múltiples pruebas acusatorias.
La causa penal a cargo de Guzmán contra más de una docena de mandos militares, incluidos algunos miembros de la cúpula militar de la época, estaba a punto de pasar a juicio. Pese a que la causa fue retomada por la jueza Mirtala Portillo, el proceso no avanza.
De acuerdo con medios locales, en el caso se encuentran imputados 15 militares retirados. Pese a que, en un principio eran 17, tres de ellos fallecieron y posteriormente uno más fue imputado. Entre el grupo de militares implicados se encuentra el ministro de Defensa, José Guillermo García, condenado en Estados Unidos y deportado a El Salvador y Jesús Gabriel Contreras, ex jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército.
“En este tiempo, a 41 años, seguimos pidiendo justicia (…) creemos que este año ha sido bien complicado y que es el momento que, no solo El Mozote y la Asociación, sino que El Salvador entero pueda alzar la voz y pedir justicia sobre el caso”, detalló para medios internacionales Leonel Claros, presidente de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote y cuya hermana de 12 años fue asesinada.
(Español) Se pospone fallo final de imputados en la desaparición de Claudia Uruchurtu
Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes
Una vez más los funcionarios de la Justicia que llevan el caso de la activista Claudia Uruchurtu, víctima de desaparición forzada el 26 de marzo de 2021, durante una manifestación en Nochixtlán, Oaxaca, pospusieron la audiencia de lectura de sentencia que se realizaría el jueves, 1º de diciembre. El proceso penal inició hace más de un año.
Antes de ser desaparecida, Claudia Uruchurtu documentó y denunció irregularidades en el manejo de las finanzas del gobierno de la ex presidente municipal Lizbeth Victoria Huerta, quien en ese entonces buscaba la reelección por el partido Morena.
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Ahora la audiencia para el fallo final del caso fue postergada para el próximo miércoles, 7 de diciembre a las 11am.
El martes, 29 de noviembre, el juez ya había aplazado la audiencia para el 1º de diciembre, día en que Salomón Jara Cruz asumió la gubernatura de Oaxaca. La hermana de Claudia, Elizabeth Uruchurtu, ha declarado que espera que no exista ningún tipo de injerencia en el proceso judicial por parte de las nuevas autoridades gubernamentales que encabezan el gobierno de Morena en Oaxaca.
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El argumento para posponer las audiencias fue que la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca no contaba con elementos ni patrullas suficientes para realizar el traslado de dos imputados en el caso a los juzgados de la Colonia Reforma de la Ciudad de Oaxaca, entre ellos, la ex edil de Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta y varios de sus colaboradores cercanos.
Además, se argumentó que la audiencia no pudo llevarse a cabo de manera remota por problemas de conectividad en el juzgado.
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El juicio se da en un contexto de máxima impunidad en el estado de Oaxaca. Según reveló Avispa Midia, a partir de un oficio obtenido por transparencia, el Poder Judicial del Estado de Oaxaca reconoce nunca haber emitido una sola sentencia condenatoria por el delito de desaparición forzada en la entidad, a pesar de haber iniciado más de 30 juicios relacionados con este delito en dos décadas.
Según el Registro de la Comisión Nacional de Búsqueda, en Oaxaca hay 556 personas que siguen desaparecidas y no localizadas.
De resultar favorable para la familia de Claudia Uruchurtu, sería el primer caso en Oaxaca y en el país en que funcionarios públicos serían juzgados por el delito de desaparición forzada.
