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grupodetrabajofronterachiapas.org

(Español) Informe de organizaciones de la sociedad civil en Chiapas sobre la violencia en la región frontera

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Informe de organizaciones de la sociedad civil en Chiapas sobre la violencia en la región frontera.

 Descarga el informe aquí

La frontera de Chiapas con Guatemala se encuentra desde aproximadamente 2021 atravesada por un conflicto armado no reconocido basado en la disputa territorial de estructuras de la delincuencia organizada por el control de mercancías, servicios, personas, productos legales e ilegales, así como de la propia vida de la población local. Esta zona, conocida como región frontera, comprende los municipios de La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Escuintla, Motozintla, Mazapa de Madero, El Porvenir, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Amatenango de la Frontera y Bella Vista.

Por su ubicación geográfica y recursos naturales estratégicos, Chiapas es un territorio clave para el control e impulso de economías legales e ilegales. Cabe resaltar que la región, cuya población es ampliamente indígena, es históricamente abandonada por el Estado. La zona fronteriza, epicentro de la crisis de violencia actual, alberga a población indígena del pueblo Mam, población mestiza, así como comunidades Jacaltecas, Q’anjoba’les, Akatecas y Quichés, algunas de ellas descendientes del exilio guatemalteco de los años 80.

El punto de inflexión que destapa la disputa entre grupos criminales en el estado son los hechos ocurridos el 7 de julio de 2021. Ese día fue asesinado Gilberto Rivera, “El Junior”, hijo del operador de uno de los grupos de la delincuencia organizada que mantenía el control en el estado, y cuyo homicidio fue reivindicado por el grupo criminal antagónico.El año 2023 ha tenido varios picos importantes de violencia. Destaca la violencia ocurrida en el mes de mayo, cuando se enfrentaron grupos de la delincuencia organizada en la comunidad de Nueva Independencia, conocida también como Lajerío, impactando a comunidades vecinas, todas del municipio de Frontera Comalapa. Esto provocó que alrededor de 3,500 personas se desplazaran de manera forzada de sus comunidades, poniendo en riesgo su vida, seguridad e integridad personal.

La “economía del conflicto” que se ha instalado en la zona incluye el despojo de la población, el aumento de las extorsiones, el cierre de negocios, la explotación sexual de niñas y mujeres; con impactos económicos, sociales y psicológicos importantes. De manera general, las personas que viven en la zona ven su vida cotidiana afectadas en casi todos sus aspectos, sin que siempre sea fácil identificar los motivos de los grupos presentes.

A nivel institucional, aparece que la delincuencia organizada se ha insertado en los servicios de salud, recolección de basura, unidades administrativas de gobierno, abastecimiento de alimentos, educación en los distintos niveles, entre otras. El control de estas instituciones es no obstante ambivalente, y según el grupo y el estado del conflicto en la zona puede pasar de cooptación y financiación a casos donde las instituciones deban permanecer cerradas o abiertas a pesar de que haya enfrentamientos.

Informe de organizaciones de la sociedad civil sobre la violencia en la región frontera de Chiapas

Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos.

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Avispa Midia

(Español) Cientos de solicitantes de asilo son abandonados en temperaturas bajo cero en Arizona

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Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

En portada: Personas en movilidad esperan, en vano y bajo la nieve, la respuesta de la Patrulla Fronteriza ante un llamado de socorro en la frontera sur de Arizona. Foto: No Más Muertes

La noche del sábado (10), la organización humanitaria No Más Muertes reportó que aproximadamente 400 personas en movilidad, solicitantes de asilo quienes cruzaron el muro fronterizo en Sásabe, Arizona, al sur de los EEUU, contabilizaban más de 36 horas esperando a ser recogidas por la Patrulla Fronteriza en medio de temperaturas bajo cero.

No obstante, los elementos de seguridad nunca respondieron al llamado de emergencia. Ante la acumulación de nieve, voluntarios de No Más Muertes, Tucson Samaritans y Green Valley Samaritans comenzaron a evacuar a la gente en dirección a la estación de la Patrulla Fronteriza en Sásabe.

Debido a la acción, agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron y amenazaron con arresto a muchos de los voluntarios. Ante el cuestionamiento de las organizaciones humanitarias por su inacción, los elementos de seguridad argumentaron que no tenían previsto salir para atender el llamado de socorro de los solicitantes de asilo.

“A medida que la nieve se derretía y las condiciones de la carretera se volvían fangosas, los vehículos de los voluntarios continuaron evacuando a la gente a pesar de las amenazas de arresto, en previsión de que esta noche las condiciones fueran más peligrosamente frías”, detalla un comunicado de No Más Muertes.

Las organizaciones denunciaron que, pese a su traslado, la Patrulla Fronteriza se negó a permitir el ingreso a la estación de los migrantes para ser procesados. “En el momento de escribir estas líneas, hay más de 250 personas expuestas a los elementos fuera de la estación de Sásabe. A pesar de que la situación persiste desde hace más de tres meses, la Patrulla Fronteriza no ha asignado recursos suficientes para hacer frente a esta crisis”, reclamó la organización humanitaria.

Frente a la emergencia, No Más Muertes exige una respuesta de las autoridades para establecer refugios adecuados, centros de calentamiento y otras necesidades básicas para quienes buscan seguridad y asilo en el sur de Arizona. “No se puede dejar a la gente a la intemperie en unas condiciones que ponen en peligro su vida”, sostuvo la organización.

Abandonados para morir

Desde su fundación en el año 2004, No más Muertes ha dado seguimiento al enfoque letal de vigilancia de la frontera entre EEUU y México. Según Naciones Unidas, ésta constituye la ruta migratoria terrestre más mortífera del mundo. Es también, de acuerdo a la organización humanitaria, el lugar donde la Patrulla Fronteriza ha diseñado un sistema ineficaz de respuesta de emergencia, la cual “permite a una agencia abusiva responder unilateralmente a las llamadas de emergencia de las mismas personas que sus políticas están diseñadas para poner en peligro”.

Desde la presidencia de Bill Clinton, durante la última década del siglo XX, la política migratoria implementada por el gobierno federal norteamericano se rige por la denominada “prevención a través de la disuasión”, la cual consiste en militarizar y vigilar las rutas migratorias con mayor tráfico para obligar a los migrantes a cruzar por terrenos más hostiles, colocándolos en grave peligro de muerte.

Según un reportaje publicado en medios norteamericanos, difundido en diciembre del 2022, un informe federal del año 1997 señalaba que las “muertes de extranjeros” podía ser un indicador de que la estrategia, considerada dentro del plan de 1994 creado por la Patrulla Fronteriza, estaba funcionando.

Acorde a los registro de la Patrulla Fronteriza, entre los años 1998 y 2020, 8,000 migrantes murieron tratando de cruzar la frontera entre México y EEUU. Mientras tanto, entre 1990 y 2021, el financiamiento de la agencia de seguridad se multiplicó por más de diez.

A través del informe Desaparecido, cómo las agencias de control fronterizo de EEUU están alimentando una crisis de personas desaparecidasdefensores sugieren que, si se tiene en cuenta el alto índice de desapariciones, el número real de muertos en la frontera puede ser de tres a diez veces superior al de los que han sido recuperados.

En este contexto, para No Más Muertes, lejos de constituir una tragedia accidental, “la práctica de la Patrulla Fronteriza de abandonar a personas para que mueran en territorio estadounidense se encuentra en el corazón de la estrategia contemporánea de control fronterizo”.

La organización humanitaria detalla que, a diario, los agentes de la Patrulla Fronteriza emplean tácticas mortíferas para perseguir y dispersar a las personas en terrenos peligrosos y remotos; además, retiran y destruyen sistemáticamente los suministros humanitarios esenciales que quedan a lo largo de los corredores migratorios más mortíferos de la frontera.

Para No Más Muertes la negligencia sistemática de la Patrulla Fronteriza hacia los informes de emergencia de personas indocumentadas en peligro, “constituye un crimen de Estado de proporciones históricas”.

“Sólo la abolición de las políticas y prácticas de la Patrulla Fronteriza que provocan que las personas se pierdan, desaparezcan y resulten heridas en terrenos salvajes pondrá fin a las muertes en la frontera sur”, concluye la organización humanitaria.

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Avispa Midia

(Español) Migrante haitiana muere en estación migratoria; organizaciones acusan condiciones inhumanas

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: Migrantes haitianos, procedentes de Sudamérica, esperan los transportes que el INM prometió para llevarlos fuera de la ciudad de Tapachula, donde permanecen sin acceso a servicios básicos y en condiciones insalubres. Diciembre, 2011. Foto: Santiago Navarro F.

La tarde de este miércoles (31), organizaciones de derechos humanos e integrantes del Colectivo de Monitoreo Frontera Sur denunciaron la muerte de Jean “N”, persona de nacionalidad haitiana quien falleció el pasado 27 de enero en la estación migratoria Siglo XXI, localizada en Tapachula, al sur de Chiapas.

Según la denuncia, la reciente muerte se suma a una larga lista de personas migrantes que han muerto al interior de las estaciones migratorias mexicanas. “La muerte de Jean ‘N’ no es un hecho aislado, sino que se suma a una serie de muertes de personas extranjeras bajo custodia del Estado Mexicano”, enfatiza el colectivo mediante comunicado.

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Las organizaciones que trabajan en el monitoreo de la movilidad de personas en la frontera sur de México señalan que han documentado que, tras la privación de su libertad, las personas migrantes son sometidas “a condiciones de hacinamiento, insalubridad, falta de servicios médicos, alimentación precarizada, malos tratos físicos y psicológicos, abusos sexuales, lo que en su conjunto constituyen entornos torturantes para las personas”.

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Pozol Colectivo

(Español) Chiapas: Organizaciones internacionales SweFOR y SIPAZ, denuncian desaparición forzada, tortura, reclutamiento forzado, explotación sexual, extorsión y desplazamiento

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Asunto: Situación de violencia en la región fronteriza de Chiapas con Guatemala

Estimados Señores y Señoras,

Reciban un cordial saludo del Movimiento Sueco para la Reconciliación – SweFOR y del Servicio Internacional para La Paz (SIPAZ).

SweFOR es una organización sueca de carácter ecuménico creada en el 1919 que lleva más de 20 años de presencia en el Estado de Chiapas. El objetivo de SweFOR en México es brindar acompañamiento integral a personas defensoras de derechos humanos con el fin de procurar garantía de protección a su trabajo.

SIPAZ, como organización internacional sin fines de lucro con presencia permanente en México desde 1995, trabaja para la disuasión y prevención de la violencia socio-política, la transformación positiva de los conflictos y el respeto de los derechos humanos en Chiapas y, de forma puntual, en Oaxaca y Guerrero.

Nos dirigimos a ustedes con el fin de expresar nuestra preocupación por la situación de violencia armada que se extiende en la región fronteriza del estado de Chiapas con Guatemala desde el año 2021 y por  su impacto sobre la población civil y las personas defensoras de derechos humanos.

Desde el año 2021, el estado de Chiapas se encuentra asolado por una disputa entre grupos de la delincuencia organizada que se ha recrudecido de manera particularmente violenta en la región de la frontera con Guatemala, que comprende municipios de la Meseta Comiteca – Tojolabal y de la Sierra Mariscal. Según información reportada por organizaciones con acceso a la región afectada, esta confrontación está impactando fuertemente a la población civil, a través de actos de desaparición forzada, tortura, reclutamiento forzado, explotación sexual, extorsión y desplazamiento y otras estrategias de control de la población

Desde SweFOR, este panorama de violencia nos preocupa por el estado de indefensión en que se encuentra la población civil, pero también por la situación de las personas defensoras de derechos humanos. Hemos recibido información procedente de la zona fronteriza de Chiapas  con Guatemala de casos de asesinato, tortura y desaparición de personas defensoras que ejercían actividades de defensa – denunciando la vulneración de los derechos de la población civil, o negándose a sostener uno o el otro contendiente -, y cuya perpetración parece tener propósitos ejemplarizantes. Ello ha llevado a diversas personas defensoras de derechos humanos a buscar refugio lejos de sus comunidades de origen y a suspender sus actividades de defensa de los derechos humanos.

Entre las personas defensoras que han sido objeto de violencia en la zona fronteriza se cuentan defensores comunitarios, servidores de la Iglesia Católica, autoridades comunitarias y funcionarios públicos.

Nos inquieta que, según las organizaciones presentes en la región,  este escenario se estaría desarrollando  ante la inacción de las autoridades, siendo la militarización de todo el estado la única respuesta, sin efecto consistente para frenar la violencia.

Cabe resaltar que Chiapas es uno de los estados más militarizados del país, contando en junio de 2022 con el despliegue de un total de 17 mil 160 elementos de la SEDENA y de la Guardia Nacional, según datos de la SEDENA.

El aumento exponencial de la violencia y las omisiones del Estado están resultando en el cierre completo del espacio de acción para la defensa de los derechos humanos, y nos preocupa que ante ello no se estén implementando mecanismos de protección.

Por la extrema alarma que debería suscitar la situación descrita, llamamos a las autoridades nacionales y a las instancias internacionales que actúen con celeridad para poner fin a la situación de violencia en la zona de la frontera entre Chiapas y Guatemala, y a la protección y garantía de los derechos de la población, incluyendo las personas defensoras de derechos humanos..

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Avispa Midia

(Español) Emergencia humanitaria en México es resultado de la política migratoria de Estados Unidos

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Foto de archivo. Migrantes esperan autobús en la terminal camionera. Por Santiago Navarro F

Los albergues y organizaciones de la sociedad civil que atienden y acompañan a personas migrantes y con necesidades de protección internacional denunciaron que la Ciudad de México vive una emergencia humanitaria, “producto de las políticas migratorias restrictivas que actualmente se implementan, que son insostenibles”, manifestaron en un comunicado.

Desde hace dos años las organizaciones y albergues han venido señalando las consecuencias de los cambios en la política migratoria estadounidense y la colaboración del gobierno mexicano en dicha política. “México se ha consolidado como la frontera externalizada de Estados Unidos: firmando acuerdos en la total opacidad, que han tenido graves consecuencias en los derechos humanos de las personas migrantes en territorio mexicano. A raíz de estos acuerdos, miles de personas se quedan atrapadas, irregularizadas e inmovilizadas en cada vez más ciudades de todo el país”, dicen.

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La Ciudad de México se ha convertido en un punto estratégico para el tránsito y destino de miles de personas migrantes. Lo que ha derivado en la sobresaturación de los albergues y espacios de acogida de la sociedad civil, que desde hace un año han estado atendiendo hasta en un 900% de su capacidad instalada. “Insistimos: la crisis humanitaria que actualmente se vive en la Ciudad de México es responsabilidad de las autoridades y no de las personas migrantes y solicitantes de protección”.

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Señalan que cada vez más las personas que llegan a la Ciudad de México permanecen por estancias largas e incluso indefinidas, lo que convierte a la capital en un lugar de destino y “amerita políticas públicas integrales de atención e integración”.

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Avispa Midia

(Español) Muerte y delitos contra migrantes, mientras el INM despresuriza la frontera sur de México

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Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

En portada: Familias migrantes en los alrededores de una estación de autobuses en Tuxtla Gutiérrez

Fueron 12 las personas en movilidad humana que perdieron la vida la semana pasada en diferentes momentos, pero no fortuitos. A decir de los defensores de los derechos humanos, la situación responde a una política violenta e inhumana que implementa el Estado mexicano.

El jueves 28 de septiembre, un camión tipo volteo se volcó a la altura del kilómetro 125 de la vía terrestre Malpaso-La Herradura, en Chiapas. En el vehículo viajaban hacinadas 52 personas, de las cuales dos fallecieron y 27 fueron llevadas a atención médica a Tuxtla Gutiérrez, entre ellas seis menores de edad.

Un total de 24 son originarias de Guatemala, una de Ecuador, una de Venezuela y de una persona no se logró determinar su nacionalidad.

La madrugada del 1 de octubre, una segunda volcadura terminó con la vida de 10 mujeres, de 27 personas de origen cubano que trasladaba la unidad tipo tortón. El accidente ocurrió en el kilómetro 134 del tramo carretero Pijijiapan-Tonalá, Chiapas, donde estos sucesos se han vuelto recurrentes.

Las 17 personas restantes, resultaron con heridas de gravedad: 16 fueron trasladadas al Hospital de Pijijiapan y una más fue canalizada al Hospital de Huixtla, pero la dependencia de salud permanece hermética sobre la condición de los hospitalizados.

“El Estado debe realizar una investigación pronta, exhaustiva e imparcial sobre las causas y responsabilidades de este accidente y brindar atención a las víctimas y sus familiares”, se pronunció el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur.

Integrado por diversas organizaciones con presencia en Chiapas, el Colectivo reiteró que los hechos no son aislados, sino consecuencia directa de la política que restringe, contiene y detiene los flujos migratorios.

“Es preocupante que estas políticas generen un contexto de violencia, precariedad y riesgo para miles de personas que por diversas razones han tenido que salir de sus países”, señaló el Colectivo, pues les obligan a recurrir a vías inseguras, clandestinas y expuestas al abuso, la extorsión y la muerte.

Pidió respeto al derecho a la identidad y dignidad de las personas fallecidas, facilitar la identificación y entrega a familiares, así como el traslado y la sepultura, “que se repare el daño integral a las víctimas y sus familias”.

Los defensores que integran el Colectivo exigieron justicia, pues recordaron que hace dos años en el accidente del tramo Chiapa de Corzo-Tuxtla en el que fallecieron 55 personas y 114 resultaron heridas, las familias nunca encontraron reparación del daño.

Se expande la contención en Chiapas

El pasado 26 de septiembre, el Instituto Nacional de Migración (INM) dio a conocer que el comisionado Francisco Garduño Yáñez “despresurizó” a 8,152 personas que esperaban turno en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en Tapachula, Chiapas.

Es decir, trasladaron a las personas en movilidad humana usando 189 autobuses y 73 camionetas tipo Van a Tuxtla Gutiérrez, Huixtla, San Cristóbal y Palenque, Chiapas; además de Villa Hermosa, Tabasco y Acayucan, Veracruz.

Pero estos traslados no son nuevos, comenzaron poco después del incendio de la estancia migratoria del INM en Ciudad Juárez, Chihuahua. “Los traslados se hacen desde el puente de ingreso en Suchiate hasta Tuxtla y recientemente a otros estados de la república”, explicó a Avispa Mídia Karen Martínez, del Servicio Jesuita a Refugiados.

“Oaxaca es otro de los estados que se ha estado saturando porque los autobuses también las llevan para allá, pero el INM no brinda información clara y no indica a cuántas personas ha traslado en total, tampoco hay un control”, dijo Martínez.

Las organizaciones del Colectivo de Monitoreo Frontera Sur han documentado la salida de al menos 10 autobuses a diario desde Suchiate y Tapachula, que viajan con alrededor de 40 personas a bordo.

En testimonios recabados de personas migrantes y solicitantes de asilo que llegaron a Tuxtla Gutiérrez por esta vía, el traslado se les otorga a cambio de firmar documentos en los que pierden sus derechos para regularizar su estatus o acceder a la protección internacional.

Familias migrantes en los alrededores de una estación de autobuses en Tuxtla Gutiérrez

Pero si las personas intentan irse de Tuxtla Gutiérrez a la Ciudad de México son interceptadas en alguno de los cinco retenes del tramo Chiapas-Veracruz, en los que incluso participa la Fiscalía General de la República (FGR), y son retornadas a la capital chiapaneca.

Yannet Gil Ardon fundadora del albergue “Una ayuda para ti mujer migrante” dio cuenta que las personas en movilidad que son detenidas en el norte de México también son trasladadas a Tuxtla Gutiérrez, “el INM las viene prácticamente a tirar a las terminales de autobuses y les quitan o destruyen sus documentos oficiales”.

“La nacionalidad más acentuada es de Venezuela y regularmente son familias”, dijo la defensora a Avispa Mídia. Además, mencionó que están incrementando los casos de personas desaparecidas, “llegan sujetos a las terminales a ofrecerles ayuda, se las llevan y no sabe más de ellas”.

Paran los números

Tras el incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que 40 personas perdieron la vida, la dinámica del INM cambió de forma superficial. Se anunció el cierre de poco más de 30 estancias provisionales migratorias a razón de un diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre las condiciones de las mismas.

El estudio se realiza sin tomar en cuenta a las principales víctimas de las violaciones a los derechos humanos en esos espacios y que, por años, han sido documentadas por periodistas y defensores de los derechos humanos.

Desde julio las estadísticas de la Unidad de Política Migratoria dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) no se han actualizado, pero hasta ese mes reportó la “entrada irregular” de 317,334 personas: 93,732 mujeres y 223,602 hombres.

Familias migrantes en los alrededores de una estación de autobuses en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Un total de 140,671 son procedentes de América del Sur y que supera por mucho a Centroamérica con 102,106 entradas. Con 87,063 registros, Venezuela es la nacionalidad con mayor reporte de migración irregular, seguido por Honduras con 50,655, Guatemala con 35,426 y Ecuador con 30,252, por mencionar algunos países.

Este reporte también menciona que 117,076 personas fueron detenidas en Chiapas en la primera mitad del año, con mayor número en Tapachula (58,447), Suchiate (11,541), Huixtla (11,223), Arriaga (8,859), Huehuetán (7,151) y Palenque (4,718).

Mientras que, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados publicó que hasta agosto registró 99,881 solicitantes, 33,127 más que en el mismo periodo pero de 2022. En la actualidad, Haití, Honduras, Cuba, El Salvador, Venezuela, Guatemala, Brasil y Chile, encabezan la lista.

Sin embargo, los números no muestran la realidad de la cantidad de personas esperando ser atendidas en los diferentes municipios de Chiapas. Algunos testimonios refieren que incluso no pueden hacer la cita por la plataforma digital, pues la geolocalización les pide estar en el norte del país, a donde, por más intentos que hagan, no pueden avanzar.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

(Español) Pronunciamiento Conjunto: La población civil no es un objetivo

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AL GOBIERNO FEDERAL.

AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES DE CHICOMUSELO, LA TRINITARIA, FRONTERA COMALAPA, AMATENANGO DE LA FRONTERA, MOTOZINTLA, SILTEPEC, COMITÁN, MAZAPA DE MADERO, LA GRANDEZA, BELLA VISTA, BEJUCAL DE OCAMPO Y EL PORVENIR.

A LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS.

A LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, CHIAPAS.

A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS INTERNACIONALES.

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

A LA SOCIEDAD CIVIL EN GENERAL.

A 29 de Septiembre de 2023

Pronunciamiento Conjunto

La población civil no es un objetivo

Las organizaciones aquí firmantes nos unimos a las voces, incluidos los llamados realizados por las Diócesis de San Cristóbal de Las Casas y de Tapachula, que se han pronunciado por la indignante situación de violencia que se vive en gran parte de Chiapas a causa de la complicidad y permisividad de las autoridades de todos los niveles de gobierno hacia el actuar de grupos de la delincuencia organizada quienes disputan el control del territorio para las economías legales e ilegales.

Desde hace más de dos años se ha venido agudizando esta disputa en el territorio caracterizada por un fuerte control social a partir del terror y la violencia armada. De acuerdo a notas periodísticas, y testimonios anónimos, alarma que entre las tácticas de los grupos criminales se ha tomado como rehén a la población civil, que es utilizada como escudo de guerra, forzándola a participar en movilizaciones, bloqueos y enfrentamientos en favor de alguno de los bandos.

El corte de suministros básicos, como alimentos, gasolina, gas lp, luz eléctrica o servicio de compañías telefónicas mantiene a la población en vilo y zozobra con impactos psicosociales importantes. Existe angustia, escasez e incluso la imposibilidad de desplazarse por miedo a represalias de los grupos de la delincuencia en disputa.

Si bien la situación ha sido álgida en la Región Frontera, también en otros territorios se han presentado situaciones de violencia, y existe el riesgo inminente de que se generalice y agudice.

Frente a ello, el Estado tiene un deber urgente de protección, ya que es latente que la situación genere afectaciones y riesgos a la seguridad e integridad física, mental y emocional de la población. Las y los habitantes de estos municipios se encuentran en terrible vulnerabilidad con múltiples violaciones graves a sus Derechos Humanos, lo cual se suma a la histórica marginación del territorio.

Denunciamos:

El incremento de distintas formas de violencia: asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, amenazas, agresiones, extorsiones como “cobro de piso”, toma o irrupción de asambleas comunitarias, reclutamiento forzado, desplazamiento forzado, despojo de bienes y de medios de vida. La población ha estado en una intermitente incomunicación que ha derivado en desabasto y encarecimiento de productos básicos como alimentos y gasolina, generando aislamiento.
La interrupción de la vida cotidiana de la población a partir del corte de servicios básicos como luz y señal de celular, así como la suspensión indefinida de clases y de servicios de salud.
Múltiples violaciones a Derechos Humanos: el derecho a la alimentación, a una vida digna, a la seguridad, a la educación, a la salud, a la justicia, al libre tránsito, y a vivir en paz.
La minimización de la violencia por parte del discurso oficial, destacando el titular del Ejecutivo Nacional.
La criminalización que se hace de la población por parte de algunos medios de comunicación, desligando de su responsabilidad al Estado, y reproduciendo una narrativa estigmatizante y descontextualizada.
La respuesta insuficiente del Estado ante las denuncias de la población desde hace varios meses; pues no ha habido una estrategia integral que atienda las necesidades y que abone a una pacificación real.

Exigimos urgentemente al Estado mexicano:

Brindar atención integral a la población afectada directamente por la violencia.
Brindar atención urgente a las víctimas por desplazamiento forzado, y genere condiciones duraderas para su retorno pronto y seguro.
Atender las necesidades humanitarias de alimentación, salud y refugio ante la emergencia.
Garantizar la seguridad para el libre tránsito de la población.
Realizar una investigación imparcial y exhaustiva que identifique a los responsables de la violencia, y que se imparta justicia.
Implementar una estrategia integral, garantizando la seguridad de la población. No se considera la militarización prolongada como una respuesta duradera para lograr una pacificación real y estructural.
Garantizar la seguridad de periodistas, personas defensoras de derechos humanos, defensores del territorio, y ciudadanía en general en Chiapas, particularmente en la Región Frontera y Sierra.

Pedimos a la población en general su solidaridad, empatía y observación de lo que sucede en las Regiones de la Frontera y Sierra de Chiapas, velando por el cumplimiento de estas exigencias, la garantía de los Derechos Humanos y el cese de la violencia.

Redes:

Alianza contra la Desigualdad México

Alianza Mexicana contra el Fracking

Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA)

Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur

Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL)

Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Espacio DESCA)

Espacio Psicosocial por los Derechos Humanos

Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC), North America

Grupo Territorio, Género y Extractivismo (TGE)

Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género Guatemala – México (MTMG)

Plataforma para la Construcción de Paz en México

Plataforma de Paz

Red de Agricultura Urbana, Periurbana y Rural de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Red de Cooperativas del Sur (RECOSUR)

Red de Guardianes del Sur de Yucatán

Red de Mujeres de Jalisco “Aguas en Movimiento”

Red de Mujeres de la Costa en Rebeldía

Red franciscana para migrantes

Red Futuros Indígenas

Red Jesuita con Migrantes

Red Nacional de Peritos/as y Expertos/as Independientes Contra la Tortura

Red Mayense de Guardianas y Guardianes de Semillas

Red MesoAmeri-Kaab (Red MAK)

Red Mesoamericana de Educacion Popular Alforja

Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias)

Red de Rebeldías y Resistencias Ajmaq

Red Slow Food de Pueblos indígenas de México

Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y el Territorio

Organizaciones

Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente, A.C.

Alianza Sierra Madre A.C.

Aluna, acompañamiento psicosocial

Antropo Film House

Articulo 19 Oficina para México y Centroamérica

Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y Territorio

Asociación Maya Uk’ux B’e (Guatemala)

Asociación por la Paz y los Derechos Humanos Taula per Mèxic

Awe Tibuame, A.C.

Casa de Apoyo a la Mujer Ixim Antsetic, A.C.

Centro de Capacitación y Formación para Mujeres, A.C.

Centro de Investigación y Recursos para el Desarrollo A.C.

Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)

Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba)

Centro de Derechos Humanos Fray Ignacio Barnoya AC, Arquidiocesis de Tuxtla

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova AC

Centro de Educación y Apoyo a la Produción y al Medio Ambiente A.C.

Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C.

Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, A.C. (Cecaddhi)

Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C.

Centro de Voluntarixs Junax

Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco A.C.

Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón

Cohabitantes MX A. C.

Colectiva Reentramados para la vida, defendiendo territorios

Colectiva Cereza

Colectivo Asodette Región P’urhépecha

Colectivo Agroecológico Teocintle

Colectivo Coamil Federalismo

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C.

Colectivo Despertar Florencia

Colectivo de Labores Comunitarias de formación sociopolítica para la defensa del territorio

Colectivo del periódico El Zenzontle

Colectivo Feminista Mercedes Olivera, A.C.

Colectivo Festival de la Tierra

Colectivo In Laak Le Ixiimo de Hopelchén

COLEMBYJ, Colectivo en Memoria y Búsqueda y Justicia

Comunidades Eclesiales de Base México

Comunidad de Aprendizajes para una Praxis Emancipatoria (CAPE)

Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria (CORECO)

Comite de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada A.C.

Consejo Tiyat Tlali de la Sierra Norte de Puebla

Consorcio Oaxaca

Consultoría Técnica Comunitaria CONTEC A.C.

CORECO A.C.

CORASON Huasteca – Totonacapan

Desarrollo Económico y Social de los Méxicanos Indígenas, A.C. (DESMI)

Desaparecid@s de la Costa y Feminicidios de Michoacán A.C.

Desplazadas de San Juan Copala

Desplazados Kanjobales y Cakchiqueles de Maya Balam

Engenera, A.C.

Enlace Comunicación y Capacitación A.C.

Equipo Indignación

EQUIS Justicia para las Mujeres

Escuela Autónoma de Mujeres

Escuela de Salud Comunitaria Alina Sánchez

Foro para el Desarrollo Sustentable AC,

Frente Agustin Tosco (Argentina)

Fundación Arcoiris por el respeto a la diversidad sexual

Fundación Promotora de Cooperativas (FUNPROCOOP) (El Salvador)

Fundar. Centro de Análisis e Investigación A.C.

Educreando A.C.

Geo-grafías Comunitarias

Grupo de Trabajo No Estamos Todxs

Huerta Educativa de Semillas Colibrí

Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A.C.

Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC)

IYOLOSIWA AC

Kalli Luz Marina AC

K’inal Antsetik, A.C.

La Sandía Digital

Marabunta Filmadora

Melel Xojobal A.C.

Médicos del Mundo Suiza

México Unido Contra la Delincuencia A.C.

Milpamérica

Misioneros AC

Movimiento de Unificacion y Lucha Triqui Independiente

Movilidades Libres y Elegidas A.C., CoLibres

Mujeres Socialistas de Honduras

Mujer y Medio Ambiente, A.C.

Narrativas desde la Mayanidad

Nueva Constituyente Ciudadana Popular, Coahuila

Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Habitat

Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)

Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes

Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen AC

Red de Guardianes del Sur de Yucatán

Red Solidaria de Derechos Humanos A.C.

Salud y Desarrollo comunitario A. C (SADEC)

Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados – SMR

Serapaz A.C. – Servicios y Asesoría para la Paz A.C.

Servicios Para una Educación Alternativa A.C. – EDUCA

Sinergia por la paz

SPR La Cascada de Ocosingo, Chiapas. ARIC UUH

Tsikini, A.C.

Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG)

Uyool Ché, A.C.

Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes A.C.

Integrantes de la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA)

Campeche

Ejido Miguel Colorado Champotón

Unión de Ejidos en defensa del Territorio Maya.

Consejo de vigilancia del Ejido División del Norte

Ejido Haro

Observatorio de violencia social y de género.

Mujeres por un Nuevo Amanecer Hopelchén

Las Mariposas Comunidad de Xpujil

REDMYH A.C.

Chiapas

Movimiento en defensa de la vida y el Territorio MODEVITE

Movimiento de pueblos originarios en resistencia MOPOR

Tianguis Campesino

CDH Fray Pedro

Bienes Comunales de la Selva Lacandona BCZL

Enlace Región Cañadas de Las Margaritas y Zona Fronteriza

Enlace Región Selva y Cañadas de Ocosingo

Petem Mango

Santa Cruz El Palmar

Yajtajtik

Lindavista

San José Napila

San Ramon Segunda sección

Juxuechej

San Antonio Las Palomas

La Libertad

Las Delicias

Raya Limón

Corralchen

Tacuba Nueva

Banacaxa

Ejido San Antonio Bulujib

Xanail

Chik Aktik

Najchij

20 De Noviembre

Santa Cruz La Reforma

Ejido San Jerónimo

Guadalupe Xaquila

Bonampak

Xaquila

Soteel

Tunapas

Ranchería Majchum

Cabecera Yajalon

Cabecera Sitala

Santa Rosa Mamalik

Mojontsuy

Nuevo Progreso

Mojontsuy

Barrio Las Golondrinas

Barrio Ojo De Agua

Barrio Centro

Ejido Luis Espinoza

Ejido Santoton

Ejido Petalcingo

Ejido Tila

La Unión

Comunidad Xixintonil

San Juan De La Montaña

Gobierno comunitario de Chilón

Sacun c’ubwitz

Sacun Saquila

Bawitz Jerusalén,

Jol sacun,

Sacun palma,

Sacun San Pedro

Yochibja,

Q’uicisal,

Onteel,

Axupja,

Jol Axupja segunda Sección

Mojón,

C’anal Ulub,

Nup’ha,

Laguna Verde,

Crucero Saquila.

Red Ambiental en Defensa de los Humedales de San Cristóbal

Chihuahua

Bosques San Elías Repechique

Huitosachi

Bacajípare

CONTEC, A.C.

Ciudad de México

Coordinadora Agua para todas y todos, agua para la vida

Tonelhuayotzin Nuestra Raíz A.C.

Fundación para el Debido Proceso DPLF

Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz)

Colectivo de Abogadas

Oxfam México

Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible CCMSS

Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C

Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C (ProDESC)

Enlace Comunicación y Capacitación AC

Estado de México

Comunidad de Tepetlaoxtoc

San Francisco Magú

San Jerónimo Amenalco

Consejo Comunitario de San Jerónimo Amanalco Texcoco

Consejo Supremo Indígena de San Francisco Xochicuautla

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) – Atenco

Guerrero

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC)

Enlace Región Montaña Alta

Jalisco

San Lorenzo Azqueltán

Comunidad de Indígena de Tepizoac

San Juan de los Potreros

Michoacán

Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen

Santa María Ostula

Comunidad de Cherán

Comunidad de Comachuén

Carapan

Cheranatzicurín

Nayarit

Niuwari A.C.

Oaxaca

Enlace Región Tlaxiaco

San Sebastián Ocotlán

San Jacinto Ocotlán

Tejas de Morelos

San Felipe Apostol

San Matías Chilazao

Maguey Largo, Oaxaca

El porvenir, Oaxaca

Servicios del Pueblo Mixe (SER A.C.)

Consejo Estatal de Derechos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca (CEDIAO)

Enlace Comunicación y Capacitación A.C.

Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua (COPUDA)

San Isidro Zegache

La Barda Paso de Piedras

San Antonino Castillo Velasco

Santiago Apóstol

Santa Ana Zagache

San Pedro Mártir

San Martín Tilcajete

San Pedro Apóstol

Asunción Ocotlán

Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA)

CDI Flor y Canto A.C.

Comité en Defensa de los Derechos Humanos y de los Bienes Comunales de Unión Hidalgo

Puebla

Colectivo Kalakgpaliw parte del semillero de mujeres defensoras de nuestros territorios

Quinta Roo

U Yich Lu’um

Kanan derechos humanos

Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes

San Luis Potosí

Tlalij, Yolojtli uan Nemililistlij A. C.

SEDEPAC Huasteca

Red de Mujeres Artesanas, Cocineras Tradicionales y Productoras del Campo de la Huasteca Potosina.

Observatorio Indígena.

Centro Ceremonial Tenek.

COCIHP A. C.

Autoridades de comunidades de los municipios de Axtla, Coxcatlan, Huehuetlán y Xilitla.

Xochitzotlajmani

Sonora

Pueblo de Vícam

Veracruz

Colectivo Kalakgpaliw parte del semillero de mujeres defensoras de nuestros territorios

Red por la Justicia y Paz Veracruz

Comité de Derechos Humanos Sierra Norte de Veracruz

Consejo Veracruzano de Laicos A.C.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos

“Todos los Derechos para Todas y Todos”

(Integrada por 87 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Agua y Vida, mujeres, derechos y ambiente (Chiapas); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Espacios para la Defensa y el Florecimiento Comunitario (ESPADAC), (Oaxaca); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ (Guadalajara, Jal.); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF); Programa Universitario de Derechos Humanos Ibero León (Guanajuato) Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristóbal de las Casas, Chiapas).

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radio
Avispa Midia

(Español) Chiapas: Desaparecer en la frontera sur de México

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Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

En portada: Familiares de desaparecidos realizan labores de búsqueda en todo el país, sin ayuda del gobierno, desde el incremento de la violencia en el sexenio de Calderón. Foto: Santiago Navarro F.

Hace dos años, la violencia, las desapariciones, desplazamientos y reclutamiento de personas por la disputa territorial de dos cárteles mexicanos trastocaron por completo la vida de diferentes comunidades de Chiapas.

Uno de los grupos identificado como el Cártel de Sinaloa tiene presencia en esta entidad desde finales de los ochenta, pues Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, tuvo mucha influencia, además de posesión de propiedades.

“Grupos locales del crimen organizado se encontraban vinculados a este grupo mayor, hay que recordar que son redes y funcionan como células que se van reproduciendo”, explica para Avispa Mídia, Carla Zamora Lomelí, investigadora del grupo de Estudios Socioambientales y Gestión Territorial en El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur).

En 2018, en las elecciones para presidente, gobernador y alcaldes, la violencia criminal se agudizó en el sur de México. “Pareciera casualidad, pero no lo es tanto”, señala la investigadora, pues la llegada de Morena fue coincidente con la incursión del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los cárteles comenzaron a disputar los municipios y la violencia se repitió en junio de 2021 en las elecciones de 118 alcaldías y legisladores locales. En municipios como Pantelhó y Frontera Comalapa no hubo garantías de seguridad ni para los trabajadores de los órganos electorales, se designó un consejo municipal y comenzó a ser más visible la violencia.

Integrantes de Las Abejas de Acteal exigen justicia por el asesinato de Simón Pedro.

El 5 de julio del mismo año electoral, Simón Pedro Pérez López, defensor de derechos humanos e integrante de Las Abejas de Acteal fue asesinado frente a su hijo y su padre en el mercado público de Simojovel.

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radio
CDH Fray Bartolomé de las Casas

(Español) Palabra del Equipo Sureste de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas en peregrinación por la paz

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Equipo Sureste de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas

Peregrinación ecuménica por la paz

Comitán de Domínguez, Chis. 19 /08/23

Comunicado oficial

 

  • Al pueblo de México
  • A las confesiones religiosas hermanas
  • A las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos
  • A los medios de comunicación social
  • A los tres niveles de Gobierno
  • A los hombres y mujeres que construyen la paz

“La paz es obra de la justicia” (Isaías, 32,17)

La paz es un grito que merece ser escuchado”

(Papa Francisco, 25. 10 .22)

“La verdad los hará libres” (Jn.  8, 32)

El día de hoy, como Iglesia que realiza su actividad pastoral en esta región del Sureste de Chiapas, unimos nuestro clamor en contra de la violencia y la inseguridad al de nuestros obispos de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas y a las denuncias de la Conferencia Episcopal Mexicana (CEM). Como Iglesia, queremos ser constructores de paz, conscientes de que, como dice el papa Francisco, “una verdadera paz sólo puede lograrse cuando luchamos por la justicia a través del diálogo, persiguiendo la reconciliación y el desarrollo humano” (Fratelli Tutti, 229).

En nuestro trabajo cotidiano constatamos que este anhelo de paz y de justicia se confronta con los valores que reinan en nuestra sociedad, gobernada por el egoísmo, el individualismo, la competencia del “sálvese quien pueda” y el dominio del dios dinero, que todo lo contamina.

Nuestras comunidades y el pueblo en general estamos viviendo una situación generalizada de  violencia e inseguridad , causadas, principalmente,  por  la presencia de la delincuencia organizada y su secuela de asesinatos, secuestros y desapariciones, amenazas y hostigamiento en contra de los defensores de Derechos Humanos , de los líderes y lideresas  de las comunidades y del pueblo en general.

Ante esta realidad, como Iglesia profética  y liberadora,

DENUNCIAMOS:

  • La presencia del crimen organizado que opera con total impunidad, con el objetivo de controlar el territorio, explotar sus riquezas naturales y cobrar el derecho de piso y de paso, violentando los derechos humanos de las comunidades.
  • La conversión de nuestros territorios y comunidades en campos de batalla, donde realizan enfrentamientos armados los diferentes grupos de la delincuencia organizada, para asegurarse el control del territorio  o  de las rutas en disputa. Esto genera: asesinatos, secuestros, desapariciones, bloqueos, miedo y desplazamiento forzado de personas y familias enteras.
  • El aumento de cantinas y centros de prostitución clandestinos o semiclandestinos, en los que se sirven bebidas alcohólicas y drogas a menores, sin que las autoridades correspondientes hagan algo para impedirlo; más bien parecen cómplices y encubridoras.
  • El asesinato y violencia contra mujeres y niñas, que se realiza en total impunidad.
  • Las amenazas, asesinatos  y desapariciones de mujeres y hombres, líderes de sus comunidades y defensores de los Derechos Humanos, con el objetivo de amedrentar a la población y frenar y debilitar todo movimiento de resistencia.
  • El acoso constante y ataques armados por parte de grupos paramilitares en contra de las comunidades autónomas, con el objetivo de desalojarlas de sus tierras, sin que las autoridades intervengan para impedirlo.
  • El acoso, violencia, extorsiones, secuestros  y toda clase de violaciones a los derechos humanos de los migrantes extranjeros  que atraviesan por Chiapas hacia los EU, con frecuencia  por parte de las mismas autoridades encargadas de protegerlos.
  • La falta de sinceridad y honestidad para reconocer, por parte del Gobierno y de las autoridades,  la realidad de violencia e inseguridad que estamos viviendo, como si negar el problema fuese la mejor forma de solucionarlo.

Por lo tanto, con todo respeto, pero también con toda fortaleza,

 

DEMANDAMOS:

  • Que los tres niveles de Gobierno, cada uno en el ámbito que le corresponde, cumplan con la tarea constitucional que se les ha asignado de garantizar la paz y la seguridad a las comunidades y al pueblo en general.
  • Que se libere a nuestras comunidades del control del crimen organizado, para que puedan recuperar la soberanía de sus territorios y la autonomía de sus vidas.
  • Que las autoridades municipales controlen los establecimientos  de ventas de alcohol y drogas  a menores, porque actúan impunemente como verdaderos centros de corrupción, sin que nadie se haga responsable.
  • Que se tomen las medidas pertinentes para evitar y, en su caso, castigar la violencia en contra de niñas, jóvenes y mujeres, que se comete impunemente.
  • Que se evite por todos los medios las amenazas, acoso, asesinatos y desapariciones de defensores de Derechos Humanos y líderes o lideresas de las comunidades.
  • Que se controle y sancione a los grupos paramilitares que actúan impunemente en contra de las comunidades autónomas, impidiéndoles el desarrollo normal de sus actividades.
  • Que se respeten los derechos de las personas migrantes, para que el Gobierno de México no cargue con  el “trabajo sucio” de las políticas migratorios del Gobierno de EU.
  • Que se establezca una política de transparencia y veracidad informativa, que no pretenda ocultar los problemas; por el contrario, que busque conciliar a todos los sectores, para enfrentar este gravísimo problema de la violencia e inseguridad que a todos nos afecta.

Como Iglesia de Jesús seguiremos trabajando por la paz y la reconciliación entre nuestros pueblos y nuestras comunidades.

Rogamos al Espíritu divino que convierta los corazones de piedra en corazones de carne, para que, entre todas y todos,  podamos construir un reino de paz, de justicia, de amor y de fraternidad.

Que María, la Virgen de Guadalupe, interceda por nosotros y por todo el pueblo mexicano.

Iglesia Católica del Equipo Sureste, diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

radio
Avispa Midia

(Español) México paga los efectos del fin de la política del Título 42 de los Estados Unidos

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: En primer bimestre de 2023 aumentó 54.6% llegada de migrantes a México. Foto: Christian Torres.

Mujeres, niños, familias enteras entran diariamente por la frontera entre México y Guatemala. Como un enjambre, se concentran en los puestos del Instituto Nacional de Migración (INM) a la espera de un permiso para solicitar asilo y poder llegar a la frontera con Estados Unidos (EEUU). Aunque el documento no necesariamente les facilita la circulación por territorio mexicano, ya se comienza a notar la concentración de migrantes en el transcurso de las carreteras y en las principales ciudades del país.

Sofocado, con mareos y náuseas, un migrante se doblega a merced de la sombra de un árbol en la carretera 190, que conecta al Istmo de Tehuantepec con la ciudad de Oaxaca. Un golpe de calor debilita a Fabián Gómez, un joven de 28 años que lleva casi mes y medio viajando desde Barranquilla, Colombia, junto a otros tres jóvenes que cruzaron la selva del Darién hasta llegar a Tapachula donde solicitaron el permiso que emite el Instituto Nacional de Migración (INM), pero no lograron. Así que decidieron avanzar hacia ciudad de México para solicitarlo, pero al avanzar aproximadamente 100 kilómetros en un transporte público, los regresaron nuevamente hasta Tapachula.

Al igual que el resto de migrantes, decidieron continuar nuevamente por trechos, en moto taxis, en taxis colectivos, pero principalmente caminando. Gómez ya llevaba dos días caminando por la ruta 190 esperanzado a encontrar una población con atención médica, pero se desvaneció. Así que su hermana de 22 años, que viaja con él y otros dos amigos suyos, se alertaron y decidieron pedir ayuda a los vehículos que por ahí cruzaban, pero sin respuesta alguna. Al final alguien los acercó al poblado más próximo.

Gómez ha corrido con suerte esta vez, pero su historia se repite cientos de veces por estas rutas.  El 9 de julio, en el kilómetro 33 de la carretera Panamericana, nueve personas originarias de Burkina Faso y Guinea, quienes tampoco obtuvieron el permiso, circulaban en dos mototaxis y fueron embestidos por una camioneta.

Personal de Grupos Beta Ixtepec llegaron al sitio de accidente, quienes brindaron atención a los heridos y posteriormente fueron trasladados a un hospital, en coordinación con la Guardia Nacional, fiscalía y policía municipal. Tras estos acontecimientos el INM en su comunicado 59/23, anunció que se les emitiría la tarjeta de visitante por razones humanitarias a este grupo de personas heridas.

Como ellos, cientos de personas avanzan sin saber a ciencia cierta cuál es su destino final; se han enfrentado a estafadores, asaltantes, a las olas de calor, a la trata y trabajo esclavo, y a los riesgos de viajar en aventón en camiones que deciden echarles una mano.

Los efectos del fin del Título 42

En marzo pasado, EEUU dio fin al llamado Título 42 que, entre otras implicaciones, impide el derecho de solicitar asilo y fue reemplazada por el Título 8, que autoriza una expulsión acelerada de los migrantes y una prohibición de regreso de al menos cinco años con el riesgo de enfrentar procesos penales si se intenta volver a entrar antes de ese plazo a Estados Unidos.

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Posterior a la finalización de la política del Título 42, se registró un menor ingreso de migrantes a EEUU, no obstante, en México se formó un efecto de cuello de botella reteniendo, sin capacidad de atención humanitaria, a miles de migrantes. La Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, anunció que sólo durante el mes de junio detuvieron a 58 mil 97 personas migrantes, las cuales fueron deportadas. Desde el primer mes del fin del Título 42 el aumento fue del 45 por ciento.

El 32 por ciento de las personas detenidas en el mes de junio provienen de Venezuela, seguida de ciudadanos de Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, Kirguistán y Uzbekistán de donde aumentó más del doble su flujo, mientras que Nicaragua aumentó más del triple, según el Boletín mensual de estadísticas migratorias presentadas por el INM.

Asilo a 1,250 personas

Bajo presión de distintas organizaciones de la sociedad civil, el gobierno de EEUU anunció que aceptará peticiones de asilo sólo de nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que ya están en México a la espera de cruzar a territorio estadounidense.

El anuncio ha provocado una desesperación de los migrantes que aún se encuentran en el sur de México y se apresuran para llegar a la frontera norte.

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El anuncio es fruto de un acuerdo con el gobierno mexicano y EEUU, indicó en un comunicado el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.

Aunque la única vía para solicitar el asilo en EEUU es a través de una aplicación móvil llamada “CBP One”, que aparte de que sólo permite acceso a quienes acrediten que ya están en México, la aplicación solo ofrece 1,250 citas diarias, un anuncio que está agudizando un mayor flujo de migrantes por México.

Tras el nuevo convenio migratorio, el gobierno de México, aseguró Sullivan, va crear un “espacio internacional multipropósito” en el sur de México para ofrecer nuevas opciones de asilo y de empleo a las personas más vulnerables que se encuentran en territorio mexicano, pero no detalla de que se trata este espacio.

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