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Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

^{En portada: Pobladores maya Q’eqchi’ de Santa Elena, en el departamento del Petén, son criminalizados por la empresa de palma aceitera Industria Chiquibul. Foto: Luis Hub / Prensa Comunitaria}

Santa Elena es una comunidad maya Q’eqchi’ ubicada en el municipio de Sayaxché, departamento de Petén, enclavada al norte de Guatemala, cerca del Río Salinas. En esta región el calor es intenso. Antes el agua acostumbraba fluir con abundancia y había un frondoso paisaje pintado por el bosque, hoy yace en cenizas bajo una inmensa plantación de palma africana.

La comunidad ha sido acorralada por la palma. En las escasas tierras que aún conservan los indígenas, cultivan maíz, frijol, chile, yuca. Pocas son las familias que crían animales. Por si fuera poco, a la sobrevivencia le acompaña la agonía de sus ríos y nacientes, ya que la contaminación del agua es un nuevo vecino que llegó con el monocultivo.

Con la escasez de la tierra y sin trabajo, una parte de la población, principalmente los hombres, migró a los Estados Unidos con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida. Otros más se vieron obligados a someterse a condiciones degradantes de trabajo en las plantaciones de palma.

La Industria Chiquibul, filial de la empresa Unisource Holding, dedicada a la exportación de diversos commodities agrícolas como semilla de ajonjolí, aceite crudo de palma y cardamomo; y a la importación, comercialización y distribución de fertilizantes en los mercados latinoamericanos, hoy posee alrededor de 70 caballerías (aproximadamente 3 mil hectáreas) de plantaciones de palma aceitera que rodean esta comunidad Maya.

Este cultivo llegó a estas tierras en 2012, cuando empezó a comprar las tierras de las familias mayas Q’eqchi’. “Nos decían que nuestras tierras iban a quedar inundadas por el agua, porque iban a construir una hidroeléctrica sobre el Río Usumacinta”, recuerda el indígena maya Q’eqchi’, Mario Pop Tux, uno de los líderes comunitarios, durante una entrevista que dio para Avispa Mídia.

Este cultivo industrial también llegó con un destacamento militar que fue construido cerca de la comunidad. La presencia de militares, de la Policía Nacional Civil (PNC) y de elementos de la seguridad armada brindan seguridad a la empresa. “Hacen rondines durante el día, traen sus rostros tapados, como si fueran delincuentes”, comenta Pop Tux. El patrullaje también se da por aire. Los comunitarios acusan vuelos de drones, principalmente por las noches.

Las órdenes de captura son una amenaza constante. Según el maya Q’eqchi’, existen cinco órdenes de captura hacia miembros de Santa Elena, ex trabajadores de la empresa que han luchado por los derechos laborales. “Estamos conscientes de que pueden hacer lo mismo que hicieron en otro momento. Invadir a la comunidad, poner el terror en mujeres, niños, ancianos, bajo la justificación de que están buscando a nuestros compañeros criminalizados”, dijo.

En una asamblea, la máxima autoridad de la comunidad, realizada en febrero de este año, las autoridades locales, ancianos y miembros de la comunidad dejaron registrados en un acta distintos “incidentes” ocurridos en los últimos dos meses, que evidencian la intensificación de la violencia hacia Santa Elena.

Uno de estos hechos fue el intento de secuestro, el 31 de enero, de un miembro de la comunidad por parte de agentes de seguridad privada de la empresa, donde se ubica una garita de los guardias de seguridad.

Más tarde, el 2 de febrero, una camioneta sin placa, llevando a bordo a siete personas, estuvieron vigilando la casa de uno de los miembros de la comunidad. Después se dirigieron a las parcelas de la comunidad. Abordaron al presidente del Consejo Comunitarios de Desarrollo (Cocode) de Santa Elena, José Caal Pop, haciéndole preguntas y se negaron a identificarse.

Persecución por exigir derechos

La persecución de pobladores de Santa Elena no es de hoy. Después que Chiquibul compró las tierras, empezó a contratar mano de obra de distintas comunidades para derribar el bosque y sembrar la palma. Las condiciones de trabajo ofrecidas por la empresa fueron clasificadas como “esclavitud moderna”, por el abogado del Bufete para Pueblos Indígenas, Juan Castro. Trabajaban más de 12 horas por día por un pago de 35 quetzales (4.4 dólares).

La situación se volvió insostenible para los indígenas y explotó en 2019. La empresa contrató a 300 personas, sin embargo, cuando había finalizado el contrato de un año, Chiquibul no había pagado las prestaciones laborales acordadas. El comité de trabajadores, creado en 2016, visitó el Ministerio de Trabajo y se calculó que cada trabajador debería recibir – sumando indemnizaciones, salario, aguinaldo – 12 mil quetzales (1,500 dólares), pero la empresa había pagado 4,800 quetzales (615 dólares), es decir, menos de la mitad.

Fue entonces que estalló un paro general de los trabajadores. Los indígenas de Santa Elena y la propia comunidad hicieron una serie de acciones y denuncias contra la empresa. Aún así, la empresa no pagó a los trabajadores y, por el contrario, inició una serie de medidas para criminalizar a los miembros de la comunidad.

La empresa denunció en los órganos de justicia de Guatemala a los líderes de los trabajadores, lo que tuvo como consecuencia la emisión de seis órdenes de captura contra personas de la comunidad. En noviembre de 2020 fueron capturados y detenidos cuatro indígenas, incluyendo a Mario Pop Tux, acusados de plagio, extorsión, usurpación agravada y detención ilegal. “Estuvimos 73 días en la cárcel”, señala Pop Tux.

En febrero de 2021, la justicia guatemalteca dictó sentencia condenatoria contra los cuatro miembros de Santa Elena. “Vemos como el Estado a través de esta sentencia se consuma como un cómplice de estas formas de explotación moderna. Consideramos que no comprenden el contexto en el que se está dando el acaparamiento de tierras y la explotación de personas indígenas”, dijo el abogado que acompaña a los trabajadores miembros de esta comunidad, Juan Castro.

Fueron cuatro años de condena, con suspensión condicional de la pena, es decir, tendrán que presentarse mensualmente al Ministerio Público, en la cabecera municipal de Sayaxché para firmar. “Se considera que los responsables son los pueblos indígenas y no las empresas que están haciendo perjuicio al medio ambiente y a la vida humana de muchas comunidades”, abunda el abogado Juan Castro.

Había una expectativa que después de la condena de los indígenas maya Q’eqchi’ y el fin de los paros laborales – desde entonces es política de la empresa traer trabajadores de afuera –, se reduciría la persecución hacia a Santa Elena. Pero no fue eso lo que pasó. “Hasta hoy no nos dejan tranquilos. Hasta hoy nos están asustando, vigilando, controlando, no dejan de causarnos miedo”, sostiene Pop Tux.

Certificar los cultivos usando a los indígenas

A las 7 de la mañana del día 25 de enero de 2024, Carlos Cú, encargado de la empresa Chiquibul, acompañado de otras dos personas, buscaron al presidente del Consejo Comunitarios de Desarrollo (Cocode) de Santa Elena, José Caal Pop, en su casa. No estaba, había ido a su parcela a trabajar la tierra. Los enviados de la empresa decidieron irse. Alrededor de las 12h, Caal Pop regresa a su casa. Poco tiempo después, los tres señores vuelven a buscarlo.

Le presentan un documento para que el presidente del Cocode lo firmara. “Me estaban citando a una reunión para tratar sobre temas relacionados con la certificación de la empresa. Así me dijeron. Y querían que yo firmara el documento de la cita”.

Según el indígena maya Q’eqchi’, los trabajadores de Chiquibul quisieron minimizar los conflictos entre empresa y la comunidad. “Carlos Cú [uno de los firmantes del documento] me dijo: venimos a hablar personalmente, queremos que nos den la oportunidad. Nosotros sabemos que ya no hay problema [con la comunidad]. Queremos que nos firme este documento. Porque ya no hay problema”.

Caal Pop no se calló. “Les dije, ¿cómo no hay problema?, si estamos siendo vigilados todo el tiempo. No les gustó lo que dije y se fueron”, cuenta el maya Q’eqchi’.

La empresa inició en julio de 2023 el proceso para la certificación de su plantación de palma por la principal certificadora de palma del mundo, la RSPO (La Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible). El objetivo es obtener la certificación en este año 2024.

La certificación servirá para que la empresa amplíe sus ventas en los mercados norteamericano y europeo. El aceite de palma de Chiquibul ya hace parte de la cadena de suministros de las empresas europeas Dreyfus Company (LDC), Nestlé S.A., Upfield Holdings B.V., Henkel AG & Co. KGaA, PepsiCo, Inc., Vandemoortele. Dichas cadenas fueron rastreadas por la organización alemana Iniciativa Cristiana Romero (ICR) y publicadas recientemente en el informe Im Schatten der Ölpalme.

La empresa española Lipsa, la británica Unilever, la alemana Basf, las holandesas Lowis Dreyfus y Marie Olie y la francesa ADM-SIO también fueron rastreadas como compradoras del aceite producido por Chiquibul, en una investigación todavía inédita realizada por el proyecto holandés SOMO The Counter, encargada por la ICR.

De acuerdo con un reporte de Industria Chiquibul, el proceso de certificación ya está ocurriendo. “Un grupo de asesores externos visitaron nuestras plantaciones y juntos, con nuestro equipo de sostenibilidad, ha establecido un plan de acción centrado en personas, planeta y prosperidad para lograr nuestra sustentabilidad”, menciona la empresa en su documento.

Uno de los puntos obligatorios para la certificación es la realización de una consulta a los pueblos afectados por la palma, que se inició el 14 de febrero.

El documento presentado a Caal Pop para que lo firmara, al cual tuvo acceso el equipo de Avispa Mídia, se explicaba que es un proceso de “Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI)”, que busca “establecer una relación de confianza entre la empresa y sus comunidades de influencia, en donde las comunidades pueden conocer la empresa, y a la vez tengan claros sus derechos, y puedan manifestar sus preocupaciones e inquietudes en relación a las operaciones de la empresa”.

En su explicación no menciona que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que los pueblos tienen el derecho de decir “no” a un proyecto que se pretende implementar en su territorio. En términos reales es un proceso que pasaron por alto, porque ya han deforestado y actualmente cultivan grandes extensiones de palma. “No participamos de la reunión y no vamos a participar de las próximas convocatorias. Lo que buscan es nuestra firma para tener la certificación, y no la va obtener, porque la consulta no existe”, dijo Mario Pop Tux.

De acuerdo con el indígena, alrededor de 18 aldeas son impactadas por las plantaciones de palma de Chiquibul en la región. Además de Santa Elena, por lo menos otras 10 aldeas no están de acuerdo con la presencia de la empresa, con las cuales implementó los mismos mecanismos. “Para esta primera reunión invitaron a todas las comunidades, muchas no fueron, también sufren persecuciones y tienen órdenes de captura”, dijo.

La empresa también llevará a cabo otros dos procesos. La Evaluación de Alto Valor de Conservación, que busca “identificar los valores ambientales y sociales de mayor relevancia tanto dentro de las áreas en donde la empresa desarrolla sus operaciones, como en sus áreas de influencia”, dice el documento. En realidad, van mapear los bosques que no pudieron deforestar, incluyendo bosques que no están en sus tierras, para establecer programas de conservación, fundamentales para la obtención de la certificación.

Además de ello, deben realizar el Estudio de Impacto Socioambiental (EISA), con el cual identificarán “aquellos impactos sociales y ambientales que la empresa pudiera estar generando, y a la vez generar un plan de gestión para controlar, mitigar o compensar estos impactos”, según el documento de Chiquibul.

Bio Terra Consultores Ambientales, contratada por Chiquibul, será la empresa responsable de llevar a cabo estos estudios.

Mientras tanto, la certificadora RSPO ha sido criticada por pueblos y organizaciones en todo el mundo por certificar empresas que han generado conflictos socioambientales. Al etiquetar los productos de aceite de palma como “sostenibles”, se rehabilita el aceite de palma dando la impresión de que el cultivo industrial de la palma aceitera es compatible con los exigentes principios ecológicos y de derechos humanos y ofrece una solución sostenible a largo plazo para el uso de la tierra. “Sin embargo, no es así”, señala ICR.

Te puede interesar – Palma aceitera y conservación: Aliadas en la expulsión de comunidades en la Amazonía brasileña

De acuerdo con la organización alemana, la RSPO permite, por ejemplo, el uso parcial de plaguicidas que figuran en la lista de plaguicidas altamente peligrosos de la Red de Acción sobre Plaguicidas. Además, las auditorias para la certificación son contratadas por las propias empresas, como es el caso de la Bio Terra Consultores Ambientales, “lo que puede dar lugar a conflictos de intereses en la práctica. Existe riesgo de corrupción”.

La comunidad Santa Elena reiteró en asamblea el rechazo a la certificación: “Dichas certificaciones las rechazamos profundamente por las violaciones a nuestros derechos humanos. Amenazas, intimidaciones, contaminación al medioambiente, deforestación de bosques, ríos, riachuelos donde la comunidad toma agua para beber”.

Acta secuestrada

El presidente del Cocode también denuncia que el Ministerio Público tiene secuestrada el acta comunitaria de Santa Elena. “Este documento es muy importante para una comunidad maya Q’eqchi’. En él plasmamos los acuerdos, las normas, los compromisos de la comunidad, los resultados de las asambleas. Estas actas tienen un valor muy importante para cada una de las comunidades de nuestro pueblo Q’eqchi’”, explica Caal Pop para Avispa Mídia.

El 6 de mayo de 2021, cuenta Mario Pop Tux, fueron citadas las autoridades locales – el alcalde auxiliar y el representante del Cocode de Santa Elena – por parte del alcalde municipal. El día 7 de mayo ellos se presentaron al despacho del alcalde municipal. El alcalde no se encontraba y el que se presentó fue un fiscal del Ministerio Público. “Dicho fiscal secuestro el acta sin explicación”, sostiene.

De acuerdo con el presidente del Cocode, en el documento estaba registrado el compromiso asumido por el alcalde municipal, en asamblea de la comunidad, de que recuperaría siete caballerías, hoy en posesión de la empresa Chiquibul, a las familias de Santa Elena.

“Creemos que este acuerdo fue la razón por la cual secuestraron el acta. El valor de la palabra que está plasmado en este documento, tiene mucho valor para nosotros. Exigimos que nos entregue el acta en paz. Y que la cumpla el alcalde municipal”, dijo Caal Pop.

Petición

El Movimiento de Comunidades en Defensa del Agua, Qana’ Ch’och, la Coordinación de la ONG y Cooperativas (CONGCOOP) y el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) lanzaron una petición exigiendo a las autoridades de Guatemala que tomen medidas urgentes contra los acosos y violaciones por parte de Industria Chiquibul contra la comunidad Santa Elena.

De acuerdo con las organizaciones, este patrón de violencia es intrínseco a la industria de la palma. En la última década, sostienen, la empresa Industria Chiquibul ha acumulado un rastro de violaciones a los derechos de las comunidades indígenas y campesinas, incluyendo la apropiación ilegal de tierras comunitarias en Aldea Carolina, contaminación del rio San Román, criminalización por medio de órdenes de captura y detenciones orquestadas por la empresa, violaciones laborales y deforestación.

Exigen un “basta de órdenes de captura contra miembros de la comunidad basadas en falsas acusaciones y que se detenga el proceso de certificación de Industria Chiquibul ante la RSPO”.

Palma en el Petén

En el departamento de Petén, donde está el municipio de Sayaxché y la comunidad Santa Elena, el cultivo de palma se ha incrementado exponencialmente. De acuerdo con el informe Dinámicas productivas en torno al cambio de uso del suelo y sus repercusiones en la Reserva de Biósfera Maya (RBM), del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR), de 2021, en 2000 había 320 hectáreas y ha llegado en el 2020 a 78,921 hectáreas, 46% del área establecida a nivel nacional.

La tasa de crecimiento a nivel nacional entre 2005 y 2010 fue del 20%; en Petén, 192.4%.

La producción de palma en el municipio de Sayaxché representa el 87% de la producción a nivel del departamento Petén, según datos para 2018-2019 generados por la Gremial de Palma.

Indonesia, India, China y Unión Europea son los que más consumen aceite de palma, de acuerdo con el Servicio Exterior de Agricultura del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, con datos de julio de 2023. El consumo mundial ha aumentado más de un 80 % en los últimos 15 años.

“Como resultado, el cultivo en Centroamérica se está expandiendo, con consecuencias negativas para las comunidades locales y la naturaleza”, resume ICR.

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Noticias de abajo 11 de marzo 2024. Noticiero de medios libres.

-GLOBAL MUJER #8M: De la Conmemoración de las trabajadoras a la Revuelta de las Mujeres.

-MUNDO: Llaman a transmisión y jornada global por Palestina desde las radios libres. 23 y 24 de marzo cadenazo radial por Palestina. Paremos el genocidio y derrotemos el fascismo. https://radiobot.yanapak.org/public/radiopalestina

-MEXICO GUERRERO: Policías asesinan a estudiante normalista e intentan sembrarles evidencias falsas. El gobierno criminaliza al movimiento de las madres y padres de Ayotzinapa tras manifestaciones en Palacio ante la falta de respuesta y diálogo.
https://www.facebook.com/PrensaPropagandaAyotzinapaGuerrero

-TLAXCALA: Convocan a la cuarta Asamblea nacional por el agua y la vida en Tlaxcala, acompañan a la lucha contra la represión a los que defienden su territorio.

Convocatoria 4ª Asamblea Nacional por el Agua y La Vida 23 y 24 de Marzo de 2024. La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala

-MORELOS: Cinco años exigiendo justicia para Samir Flores asesinado con la complicidad de la 4t.

Samir Flores, cinco años exigiendo justicia

-CHIAPAS: Los datos del horror. Más de 2300 personas desplazadas de la frontera Chiapas documenta el Frayba y más de 10 mil desplazados en todo el Estado en doce municipios evidencia Avispa Media.
https://avispa.org/?p=111969
https://archive.org/details/notifrayba_manuel_alta_202401

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Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Acteal, Chenalhó, Chiapas, México. 8 de marzo del 2024

Al Congreso Nacional Indígena
Al Consejo Indígena de Gobierno
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
A las y los Defensores de los Derechos Humanos
A los Medios Libres y Alternativos
A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional A la Sociedad Civil, Nacional e Internacional
A todas las mujeres que luchan

Hermanas y hermanos:

Hoy estamos reunidas como mujeres Abejas, las representantes de las distintas áreas y coordinadoras de nuestra organización, junto con los compañeros de la mesa directiva, sus esposas y todas las y los miembros de Las Abejas de Acteal para conmemorar especialmente a nuestras mujeres, ancianas, adultas, embarazadas, jovencitas, niñas y lactantes, mártires de Acteal, quienes, a 26 años de haber sufrido crueldades inimaginables, siguen vivas en nuestra memoria y, sin ver la justicia.

Han pasado 26 años, y sigue impune el sufrimiento de nuestras mártires de la masacre, a quienes les violaron todos sus derechos, su integridad, su vida, su dignidad, al ser asesinadas con saña, con la intención de hacer daño, algunas con pruebas de violencia sexual, otras ultimadas con tiro de gracia después de ser macheteadas, a otras les abrieran el vientre para matar a sus bebés, escuchando las burlas de sus agresores y alegrarse cuando agonizaban y morían creyendo “haber matado la semilla”, la impunidad para las sobrevivientes que quedaron afectadas con lesiones de por vida, como la de nuestra compañera Catarina Méndez Paciencia, que sufrió 7 impactos de bala, por arma de grueso calibre en sus piernas, que le han dejado huellas imborrables del dolor que vivió ese día y sin consecuencia alguna para los agresores y autores intelectuales.

Nuestras 45 hermanas y hermanos mártires y cuatro bebes no nacidos fueron asesinados por los paramilitares priístas y cardenistas de Chenalhó, coordinados en un operativo contrainsurgente, cuyos responsables intelectuales pertenecen a los tres niveles del gobierno.

Actualmente la ola de violencia que invade nuestras comunidades, nos recuerda la misma complicidad de las autoridades aliadas a los paramilitares, que masacraron a nuestras hermanas. Hoy como en el pasado, las autoridades se encuentran vinculadas con el crimen organizado que pone en riesgo la vida de las mujeres y hombres que integramos nuestra organización ya que nos encontramos en medio del fuego cruzado que pone en peligro nuestra integridad física, psicológica.

Hoy estamos viviendo las consecuencias de la impunidad, consentida por el actual gobierno que le fue más fácil, solucionar con dadivas engañosas, que hacer una investigación seria a los responsables de una tragedia que sacudió a México en 1997, dejando ciega la justicia, en medio de la violencia que sigue escalando y trayendo terror y muerte a nuestras comunidades. Nuestra organización siempre ha luchado con la verdad, por la construcción de la paz sin violencia, sin venganza, con perdón, y porque tenemos memoria no olvidamos, sabemos que la sangre de nuestras hermanas martirizadas, paró la espiral de violencia iniciada por los priistas, y la verdad es la fuerza de nuestra lucha.

Con nuestras acciones no-Violentas hemos podido solucionar nuestros problemas, construyendo así la paz que tanto necesitamos. Pero también hemos comprobado cómo sólo con la ayuda de Dios nuestro Padre y Madre que nos ayuda y nos protege, es que logramos que se nos vaya el miedo. Por eso hoy en ayuno y oración, nos reunimos para pedirle que tenga piedad de su pueblo, y nos dé su fuerza para resistir el miedo que nos impide seguir luchando.

No olvidamos a las mujeres trabajadoras que murieron calcinadas por defender sus derechos, en una fábrica de telas en Nueva York, el 25 de marzo de 1911. Nos recuerda nuestro propio dolor e indignación por lo ocurrido en esta Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal, 86 años después, donde también fueron más mujeres quienes fueron asesinadas.

Pero Nuestra esperanza se hace más fuerte al saber que desde hace muchos años, son más, las mujeres que luchan, que no se conforman con su sufrimiento y han hecho todo lo que pueden, para cambiar las situaciones de violencia en el tiempo que les tocó vivir, como el que vivieron nuestras 21 hermanas mártires que se encontraban haciendo ayuno y oración por la paz, de nuestro pueblo.

Ayer y hoy nosotras, mujeres de la organización, exigimos VERDAD, JUSTICIA y RESPETO, pues de nosotras, se han llevado nuestros testimonios, pero no hay justicia. Todo lo que ha hecho el gobierno, ha sido proteger a los culpables, premiándolos.

Hoy nos unimos a las, miles de mujeres que se reúnen en todo el mundo para conmemorar a todas nuestras hermanas y compañeras caídas, que lucharon, por el reconocimiento de nuestros derechos a lo largo de la historia. También con las que continúan dando su vida por nuestros derechos, sin violencia, en favor de la paz
Las Mujeres Abejas, agradecemos y les pedimos a todas las mujeres que se encuentran en todos los rincones del mundo, que hagan eco de nuestras justas exigencias.

EXIGIMOS A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO:

1. a)  Que garantice la seguridad de todas y todos los integrantes de nuestra organización, pues la situación de impunidad que han propiciado al negar la justicia para el Caso Acteal, es la que fomenta la espiral la violencia en nuestras comunidades.
2. b)  Exigimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que publique de una vez por todas el Informe de Fondo del Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y señale al estado mexicano su responsabilidad por las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidos en contra de nuestra organización para abrir rendijas de justicia en medio de la pesadilla que estamos viviendo, y…
3. c)  Responsabilizamos a los tres niveles del gobierno, si algo le sucede a alguna Abeja en el contexto de la violencia que estamos viviendo por el crimen organizado, pues insistimos en que los Militares no garantizan nuestra seguridad, sólo el estado de derecho puede garantizarla.

   ¡Vivan las mujeres!
   ¡Vivan nuestras mártires de Acteal!
   ¡Vivan las mujeres que luchan por la paz! ¡Vivan las mujeres en resistencia!
   ¡Vivan las mujeres organizadas que defienden la vida! ¡Vivan las mujeres de Las Abejas de Acteal!

   Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza. Atentamente,

Las Mujeres de la Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por las Mujeres Coordinadoras:

María Vázquez Gómez Elena Pukuj Jiménez

Por la Mesa Directiva:

Victorio Pérez Paciencia        Oscar Hernández Gómez

Presidente Secretario

Alfredo Jiménez Pérez

Sub-Presidente

Juan Pérez Santiz

Tesorero

 

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Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

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Fuente: Avispa Midia

Por Angel Huerta

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

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El dia de hoy el Comité de madres y padres de los 43 intentó entregar esta carta en palacio nacional solicitando una audiencia para tratar el tema de los 800 folios que no ha entregado el ejército, sobre el paradero de los 17 estudiantes de Ayotzinapa que estuvieron en la barandilla municipal y que fueron desaparecidos ese dia. Además sobre la situación de la extradición de Tomás Zeron de Lucio solicitada al gobierno de Israel.

Este es el asunto que debe primar sobre la negativa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de no recibir a las madres y padres de los 43 que estuvieron durante diez dias en plantón en el Zócalo de la ciudad de México.

Finalmente una funcionaria del gobierno recibió el documento y firmó el acuse de recibido.

Las madres y padres de los 43 anunciaron que regresarán en fecha próxima, después de la semana santa a la ciudad de México.

ASUNTO: Solicitando reunión

Zócalo de la Ciudad de México a 5 de marzo del año 2023 (SIC).

C. LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESENTE.

Los que suscribimos y al final firmamos comité de madres y padres de los 43, ante Usted con el debido respeto exponemos.

Por medio del presente escrito y con fundamento en lo que disponen los artículos 1, 2, 8  y 35 fracción V de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, acudimos a su investidura para solicitarle una reunión en la que abordemos los temas esenciales de la investigación del caso Ayotzinapa, en razón de que Usted nos ha dicho que conduce personalmente la indagatoria.

En efecto, como es de su conocimiento con fecha 20 de septiembre del año 2023 presentamos un escrito en el que le solicitamos la entrega de 800 folios que el ejército mexicano no entregó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y a la Comisión para la Verdad y el Accesos a la Justicia (CoVAJ), así como información adicional relacionada con el posible traslado de 17 estudiantes de los separos de barandilla municipal a un lugar a las afueras de la ciudad de Iguala.

Nuestra petición no ha sido contestada satisfactoriamente ya que la respuesta que dio el secretario de la Defensa Nacional en reunión con la secretaria de Gobernación llevada a cabo el dia 25 de septiembre de 2023 no contiene los 800 folios faltantes ni la información relacionada con los 17 estudiantes.

Ahora bien, el ofrecimiento de Usted de abrir los archivos militares en un lapso de dos o tres meses, resulta ocioso en razón de que los archivos ya fueron abiertos y revisados durante casi dos años y de esta revisión faltan 800 folios por entregar, en tal virtud, es menester su entrega y que pueda revisarlos un ente independiente como el GIEI o en su caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Si de esa revisión surge la necesidad de una nueva apertura de los archivos, no tendríamos ningún inconveniente en participar.

Por lo tanto, es necesaria una próxima reunión con Usted para dialogar este tema. Aunado a lo anterior resulta relevante abordar lo relacionado con la línea de investigación de los 17 estudiantes trasladados de los separos de barandilla municipal de Iguala, la extradición de Tomás Zeron de Lucio prófugo en Isael (SIC)  y la extradición de José Ulises Bernabé prófugo en los Estados Unidos de Norte América.

Reiteramos nuestra solicitud de una próxima reunión para abordar los tópicos anotados, esperando una respuesta positiva a la presente.

Sin más le reiteramos nuestras consideraciones.

ATENTAMENTE

Comité de madres y padres de los 43

Firmas al calce

C. Mario César González Contreras

C. Hilda Legideño Vargas

C. Emiliano Navarrete Victoriano

C. Cristina Bautista Salvador

C.   Martínez Zeferino

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#AHORA 🔴 Padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de #Ayotzinapa explican lo sucedido en la mañana en Palacio Nacional.
📹 @Isavel_a pic.twitter.com/CV6WZocWqe

— Pie de Página (@PdPagina) March 6, 2024

EFE. Ciudad de México. 06 de marzo de 2024.- Jóvenes mexicanos que protestan por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa rompieron este miércoles una de las puertas principales del Palacio Nacional mientras el presidente, Andrés Manuel López Obrador, realizaba adentro su conferencia matutina.

Los manifestantes, quienes acusan a López Obrador de no resolver el caso para proteger a militares involucrados, tomaron una camioneta que pertenece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para tumbar la puerta 1 sobre la calle Moneda del centro histórico de Ciudad de México.

Mientras respondía preguntas de la prensa, el mandatario se enteró del hecho, al que llamó una «provocación», aunque descartó represalias.

“No va a escalar, es que lo que quisieran es que nosotros respondiéramos de manera violenta, nosotros no somos represores. Se va a arreglar la puerta y no hay ningún problema, pero lo que quieren es provocar”, manifestó el gobernante mexicano.

Los estudiantes de Ayotzinapa protestan porque López Obrador no ha cumplido su promesa de resolver la desaparición de sus 43 compañeros en septiembre de 2014 en el sureño estado de Guerrero, aunque la Comisión de la Verdad creada por él concluyó en 2022 que fue un «crimen de Estado» en el que también participó el Ejército.

En las últimas semanas han secuestrado camiones, han vandalizado instalaciones del Gobierno y han realizado un plantón en el Zócalo para exigir una audiencia con López Obrador.

«Ya es un movimiento en contra de nosotros, llevan como una semana que fueron a (la Secretaría de) Gobernación y rompieron vidrios, ayer en la Lotería Nacional, es un plan de provocación, o sea, clarísimo y entonces nosotros no vamos a caer en ninguna provocación”, comentó el presidente.

Pese a las manifestaciones, el gobernante mexicano indicó que no los recibiría, al argumentar que dentro de «unos 15 o 20 días más» recibirá a las familias de los 43 estudiantes para «hablar con ellos y mostrar pruebas de cómo se manipuló la investigación».

El mandatario dijo a los padres que está «avanzando mucho en la investigación» pero «lo que sucede es de que ellos están siendo manipulados» por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y «grupos conservadores de derecha apoyados por gobiernos extranjeros».

«Lo que me importa es encontrar a los jóvenes y ya la actitud, no de los padres, sino de los asesores y de las organizaciones que supuestamente defienden derechos humanos, es una actitud, en el mejor de los casos política, muy de confrontación en contra nuestra”, expuso.

#EnEsteMomento Estudiantes de Ayotzinapa derribaron la puerta 1 de Palacio Nacional, en pleno desarrollo de la Mañanera.

Video Diego García pic.twitter.com/4PYaAqipTe

— Somos el Medio (@Somoselmedio) March 6, 2024

Estudiantes de Ayotzinapa derribaron la puerta 1 de Palacio Nacional, en pleno desarrollo de la Mañanera. Las madres y padres intentaban entregar un documento a AMLO y reiterar su solicitud de diálogo sin embargo no fueron recibidos pic.twitter.com/m2FYjI4fYw

— Somos el Medio (@Somoselmedio) March 6, 2024

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Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

A la Comisión Sexta del EZLN

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A Ma. de Jesús Patricio Martínez, Vocera del CNI-CIG

A los Pueblos del Mundo que resisten contra el Sistema Capitalista y Patriarcal

A los Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidades y Barrios Originarios que nunca fueron conquistados

A los Pueblos que luchan y resisten en la Cuenca del Anáhuac

A los pueblos afrodescendientes y originarios del Abya Yala

A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A quienes firmaron la Declaración por la Vida

A todas las personas del mundo que luchan contra el capitalismo

A los medios libres, independientes, alternativos o como se llamen…

A los que integramos la Asamblea Nacional por el agua y la vida

A las comunidades tlaxcaltecas

A las 94 comunidades de Tlaxcala que se rigen por los usos y costumbres

A los pueblos y municipios autónomos de México

A los pueblos indígenas de México y del mundo

A los defensores del territorio, el agua y la vida

A las Organizaciones ciudadanas, asociaciones civiles, colectivos, grupos organizados, brigadas del cuidado de la montaña, autoridades comunitarias, ciudadanos tlaxcaltecas y pueblo en general.

Quienes integramos la asamblea por el agua y la vida, le recordamos al Estado mexicano que tiene una obligación en materia de protección a defensores del territorio.

El Estado mexicano castiga a los pueblos originarios de Tlaxcala mediante la detención arbitraria de Saúl Rosales Meléndez, como un castigo ejemplar a quienes nos atrevemos a organizarnos, a quienes nos atrevemos a defender los cerros, a quienes corremos la suerte de nacer en un territorio originario.

El Estado mexicano atenta contra el artículo dos constitucional, el convenio 169 de la OIT, y tratados internacionales en materia de protección de defensores del territorio, pues un elemento que resalta para declararlo culpable de homicidio calificado es ser representante comunitario legítimo y acompañar las asambleas comunitarias para la defensa de la Matlalcueyetl.

Deslegitimar los cargos tradicionales es atentar contra la autonomía y autodeterminación de los pueblos, para imponer gubernaturas indígenas de apariencia no partidistas pero que tienen vínculos partidistas, legitimadas desde el INPI donde despacha el traidor de los pueblos, de clientelismo político, pero sobre todo obedientes y serviles al Estado represor y también para legitimar e imponer MEGAPROYECTOS DE MUERTE y aspecto de control social llamado política partidista vinculada al narco Estado capitalista.

A más de 500 años de desprecio, de racismo, de clasismo de invisibilización de los pueblos, desplazados, despojados, criminalizados, perseguidos, desaparecidos de manera forzada, ejecutados extrajudicialmente, torturados sexualmente en muchos de los casos, torturados psicológicamente y físicamente para imponer miedo y terror, cuando ejercemos nuestra autodeterminación, nuestra autonomía y la defensa de nuestro territorio.

Por lo anterior expuesto, nos indigna llegar a la cuarta Asamblea por el Agua y la vida el 23 y 24 de Marzo de 2024 sin nuestro hermano nahua Saúl Rosales Meléndez quien nos ha enseñado con su ejemplo a defender y amar a la Matlalcueyetl, siendo nuestra autoridad comunitaria de San Pedro Tlalcuapan legítima, no impuesta, no elegida por clientelismo político, no elegido con fraudes electorales, en el municipio de Chiautempan, Tlaxcala.

Hay una serie de irregularidades en el debido proceso de nuestro compañero Saúl Rosales Meléndez, durante 1 año y 7 meses, el Estado Mexicano lo acusa de homicidio calificado derivado de un hecho presentado en la comunidad en donde, ni siquiera estuvo presente. El día 1 de marzo las juezas Aída Báez Huerta, Rossana Rubio Marchetti y Olivia Mendieta Cuapio lo declararon culpable, a pesar de que después de diecisiete audiencias en las que se ha dividido el juicio oral, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (PGJET) fue incapaz de aportar pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad, y a pesar de demostrar en la defensa jurídica, la no participación de Saúl en los hechos a los cuales se le vincula, la impunidad se impone para mantenerlo en prisión.

El argumento jurídico de los jueces que condenan a Saúl Rosales de homicidio calificado es que Saúl Rosales Meléndez era presidente de comunidad cuando sucedieron los hechos y su obligación era defender al hoy occiso, según las juezas. Pero vemos que a nivel de la república existen miles de desaparecidos, comunicadores comunitarios asesinados por el Estado pero no hemos visto que los jueces juzguen a los alcaldes y gobernadores partidistas por no garantizar seguridad y protección en la defensa territorial. Señalamos este ejemplo claro de ejercicio de poder de impunidad, para estigmatizar, hostigar y criminalizar con esta detención arbitraria las representaciones comunitarias como también ocurre frecuentemente con las comunidades zapatistas, recordamos la situación de Manuel Gómez Base de apoyo zapatista.

La injusta sentencia en contra de don Saúl Rosales, no sólo atenta contra sus derechos individuales, también atenta contra todos los pueblos que defendemos nuestro territorio. Es una agresión más en contra de los representantes comunitarios con mensaje muy claro de castigo a la autonomía y autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, así mismo atentado a nuestros derechos ancestrales históricos que tenemos los pueblos originarios, impidiéndonos avanzar en el ejercicio de tareas de autogobierno de manera tradicional, sin embargo, le recordamos existimos antes de que existiera el propio Estado y no estamos dispuestos a desaparecer.

La Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, exigimos al ejecutivo estatal, federal, jueces, la fiscalía, la CDH y todos aquellos involucrados en fabricar delitos a quienes no estamos de acuerdo con la sobreexplotación de los bienes naturales, a los que no estamos de acuerdo que sigan mercantilizando con una ambición desmedida e insaciable el futuro de nuestros hijos, nietos y parte de nuestra propia existencia como pueblos originarios y que castigan a Saúl Rosales manteniéndolo en prisión para castigarnos a todos los que nos consideramos pueblos originarios, a todos los que apostamos a construir día a día la autonomía como el único camino visible de emancipación comunitaria, de agua y vida, atentan también aparentemente de manera indirecta a todos los que defendemos los cerros, el agua y la tierra pues el mensaje es claro que TODOS somos Saúl Rosales Meléndez.

A los pueblos y comunidades originarias les pedimos difundir, asistir, realizar, registrar diversas actividades encaminadas a realizar una jornada nacional e internacional por la libertad inmediata e incondicional de Saúl Rosales.

Jornada de acciones por la libertad de Saúl:

-A partir del martes 5 de marzo, campaña mediática #SaúlNOesculpable#LibertadParaSaúlRosales, envía fotos, carteles, videos, cartas, etc. al correo sambleanacionalporelagua@gmail.com

-Foro virtual: Presxs Políticos de la 4a Transformación

Miércoles, 6 de marzo, 7:00 pm

FB: Asamblea Nacional por el Agua y la Vida

-Rueda de prensa sobre el caso de Saúl Rosales

Jueves, 7 de marzo, 1:00 pm

CCH Azcapotzalco

-Audiencia en contra de Saúl Rosales

Viernes, 8 de marzo, 4:00 pm

Segunda instancia de la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala

Acciones dislocadas por Saúl Rosales, videos de apoyo, pronunciamientos, firmas electrónicas, cartas a las autoridades competentes, foros, mitin, marchas en plazas públicas, poder judicial de cada estado de la República hasta lograr la libertad inmediata e incondicional de Saúl Rosales y todos los presos políticos.

 

ATENTAMENTE

La Autonomía de los Pueblos y la defensa de la vida NO son un crimen

Presos políticos libertad

Un Nosotrxs sin Estado

Alto a la criminalización a la autonomía y autodeterminación de los pueblos

Alto a la estigmatización, señalamiento, hostigamiento y criminalización de representantes comunitarios.

La autonomía es un derecho, la detención arbitraria es un crimen de Estado

¡Libertad a Saúl Rosales Meléndez!

Asamblea Nacional por el Agua y la vida

 Organizaciones firmantes