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Autonomy and Resistance

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Comisión de coordinación y organización EL SUR RESISTE | Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno

(Español) Segunda llamada a la Caravana y Encuentro Internacional ¡El sur resiste! 2023

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A los pueblos en resistencia y rebeldía del Sur-Sureste de México
A las organizaciones de lucha abajo a la izquierda nacionales e internacionales
A las organizaciones de derechos humanos del mundo
A los medios de comunicación libres, alternativos o como se llamen

Después de reunirnos y conversar sobre los encuentros, actividades y diálogos compartidos durante la «CARAVANA POR EL SUR GLOBAL» realizada del 31 de Agosto al 7 de Octubre a través de diferentes geografías de SLUMIL K’AJXEMK’OP o “Tierra Insumisa”, como fue renombrada la Otra Europa, queremos agradecer a las organizaciones, colectiv@s y personas quienes hicieron este recorrido posible y recibieron a quién fue delegado para compartir, escuchar y caminar con ustedes en sus territorios, luchas, resistencias y espacios colectivos, gracias compas. Retomando lo compartido, a manera de reflexión y para continuar construyendo y tejiendo redes de rebeldía, resistencia y autonomía, rumbo a la caravana y encuentro internacional EL SUR RESISTE, les comentamos lo siguiente:

Compas, las historias de nuestros territorios, que han sido escritas y contadas por los vencedores, no son tan diferentes: hemos sido parte de la disputa entre gobernantes con ambición de controlar la mayor cantidad de territorios posibles para la explotación y saqueo de sus bienes naturales y culturales, esto acompañado de profundos procesos de colonización que en algunos casos han representado grandes etnocidios, algunos conocidos y otros sin conocer. Sin embargo, aquí estamos resistiendo haciendo memoria y luchando contra el olvido para recuperar nuestras historias, nuestras raíces, nuestros territorios, nuestras culturas y nuestras vidas.

Con la industrialización capitalista y los avances tecnológicos, el primer mundo se construyó y sostuvo sobre la sangre y el genocidio de los pueblos originarios indígenas y afrodescendientes esclavizados, masacrados, despojados, violados y forzados violentamente a abandonar sus territorios, para permitir que los gobiernos y conquistadores comerciaran todo aquello a lo que le pudieron poner precio, lo que hoy los empresarios continúan haciendo. Generaron procesos profundos de ordenamientos geopolíticos con guerras entre los países y la imposición de fronteras que nos dividen a nosotros los pueblos.

La guerra –no solo la guerra entre los países sino la guerra contra los pueblos, contra los pueblos indígenas, los sindicatos, los estudiantes, las mujeres, las personas de la diversidad sexual, etc y la guerra entre los carteles del crimen organizado que nos afecta a toda la sociedad– se convirtió en el pretexto perfecto para interiorizar el fascismo en algunos sectores de las sociedades, en las que el ser diferente significa ser enemigo. Vemos el interminable conflicto del llamado Medio Oriente contra los pueblos palestino, kurdo, armenio y muchos otros que han sido masacrados y olvidados. La espectaculización de la guerra entre Rusia y Ucrania opaca cientos de otros conflictos que no le importan a la comunidad internacional, porque no les afectan directamente. Al interior de los países se invisibilizan conflictos profundos por la distribución de bienes sociales y naturales acaparados por las élites económicas y políticas, mientras que al grueso de la población proletaria, campesina, estudiantil y migrante se les niega el derecho a una vida digna. Las demandas históricas de miles de pueblos se han convertido en una sola voz de la humanidad precarizada que sigue repensando y exigiendo el acceso a la energía, agua, tierra, alimentación, educación, salud, trabajo, vivienda, justicia, democracia y paz. La Crisis Climática, provocada por el mismo sistema capitalista patriarcal y colonial, está teniendo graves impactos sociales, económicos y territoriales: masivas inundaciones en Pakistan, duras sequías en todo el mundo que han provocado la perdida de millones de toneladas de cosechas durante este año, huracanes cada vez más agresivos, incendios devastadores como fue el caso de Australia y una serie de anomalías climáticas y ecosistémicas que ponen en riesgo la conquista de estas demandas y en peligro de extinción la vida como la conocemos.

La transición energética ya está en marcha para el beneficio de los grandes capitales y gobernantes quienes llevan 27 reuniones para repartirse el pastel energético. Ante la actual crisis energética en Europa provocada por la guerra en Ucrania y con la promesa de reducir los costos de facturas, han reactivado grandes proyectos de minas de carbón y plantas de combustión, y hasta planean construir nuevas centrales nucleares como una solución verde, la instalación de proyectos eólicos y solares en mar y tierra y demás tendidos eléctricos de alta tensión, gaseoductos y oleoductos entre países y continentes, sumado a una serie de proyectos de trenes de alta velocidad y puertos profundos, para el turismo y transporte de mercancías todo en manos del Capital Corporativo Internacional. Generan corredores energéticos, industriales, comerciales y militares entre quienes se reorganizan como Norte Global y su interconexión transoceánica con la implementación e imposición de este tipo de corredores en los países del Sur Global, siendo África y América la prioridad.

Necesitamos ponerle nombre y rostro a los autores intelectuales y materiales de esta devastación planetaria, enlistar, mapear y analizar países, empresas, acuerdos, pactos, alianzas: lo conocemos como Norte Global integrado principalmente por el G7 con su Finquero principal, Estados Unidos, y su principal aliado asiático, Japón, así como sus principales fronteras militares en Europa con Alemania, Reino Unido, Francia e Italia a la cabeza, su servil vecino Canadá, los aliados de Medio Oriente, así como la Unión Europea, la OTAN, la OMC, etc. Y también está el otro bloque con China a la cabeza del neocolonialismo, Rusia y otros màs: muchos nombres, muchas reuniones, y un mismo objetivo: dinero y poder.

Así como hay mucho Sur en el Norte, hay mucho Norte en el Sur, y todxs quienes luchamos contra el Norte Global, estamos de pie en el Sur que Resiste. Así como ellos se reúnen para acordar muerte y destrucción, es necesario e imprescindible encontrarnos para construir resistencia, lucha, alternativas y autonomía; es hora de escuchar todas nuestras voces, compartir y pensar acciones de resistencia y rebeldía. Mientras los poderosos se disputan el poder del mundo, l@s de abajo sufrimos las consecuencias de sus guerras políticas, económicas y militares. Pero también, donde los de arriba destruyen, los de abajo reconstruimos.

Por todo lo anterior, confirmamos que seguimos preparando la CARAVANA Y ENCUENTRO INTERNACIONAL “EL SUR RESISTE 2023”. La caravana saldrá el 25 de abril de la costa de Chiapas, recorrerá el Istmo de Tehuantepec de Sur a Norte para seguir en la península de Yucatan y terminara con un encuentro entre todas las organizaciones que acudieron a los distintos eventos del recorrido el día 5 de mayo en el CIDECI/caracol Jacinto Canek en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Los días 6 y 7 de mayo será el encuentro internacional “El Sur Resiste 2023”

Invitamos a todas las organizaciones de abajo a la izquierda con presencia en Chiapas, en la región del Istmo, Tabasco y península de Yucatan a comunicarse al correo elsurresiste@riseup.net para poder sumarse a los eventos programados en el transcurso del recorrido.

Invitamos a todas las organizaciones nacionales e internacionales a prepararse para su participación en el encuentro internacional de los días 6 y 7 de mayo 2023

Invitamos a sumarse a las siguientes comisiones:

COMUNICACIÓN: Invitamos a los medios libres, alternativos, independientes o como se llamen, de México y de los diversos continentes, a ser parte del equipo y construir las estrategias de comunicación.

OBSERVACIÓN: Invitamos las organizaciones y centros de Derechos Humanos nacionales e internacionales, a ser parte del equipo de observación y acompañamiento.

INVESTIGACIÓN; Invitamos a la comunidad académica de abajo y a la izquierda, investigadores, profesores y estudiantes, a integrar un equipo de peritaje, cartografía e investigación participativa.

Estas comisiones serán coordinadas por integrantes de las organizaciones convocantes: para más información o para sumarse a alguna de las comisiones, escribir al correo: elsurresiste@riseup.net colocando en Asunto el nombre de la comisión a participar.

Por otra parte, hacemos un llamado a todas las organizaciones, comunidades, movimientos, colectivxs y personas solidarias a sumarse a la campaña global de recaudación de fondos, realizando foros, conversatorios, compartencias, festivales, bailes, colectas, rifas, cooperachas, pasando la gorra, haciendo la vaquera, imprimiendo y vendiendo playeras, carteles, calcomanias y todo lo que sea posible para poder apoyar en el financiamiento colectivo de estas actividades del próximo año.

Nombre de la Cuenta bancaria: Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC
Nombre de la Sucurusal: 7006
Numero de la cuenta: 859963
Clabe Interbancaria: 002135700608599636
Direccion del banco: Suc. 324. Avenida Hidalgo ·137. Colonia Centro. Tonala, Chiapas.
Codigo Postal: 30500
Codigo Swift: BNMXMXMMXXX
Banco Naciona de Mexico SA BANAMEX

Para cualquier información comunicarse al correo: elsurresiste@riseup.net

Desde diversos rincones del Sur-Sureste Mexicano:

Comisión de coordinación y organización EL SUR RESISTE
Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno

¡NUESTRA LUCHA ES POR LA VIDA!
¡QUE VIVA EL FLORECIMIENTO DE LOS PUEBLOS!
¡EL SUR RESISTE!

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Avispa Midia

(Español) Miriam Miranda: “Estamos construyendo autonomía frente al capitalismo voraz”

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Fuente: Avispa Midia

Por Camila Parodi para la agencia de noticias BiodiversidadLA / Foto de portada por Marcha Noticias

El campamento “Wagueira Lee”, de la comunidad garífuna, está ubicado en la zona de Roatán, en Honduras. Es una recuperación comunitaria de tierras ancestrales que hace parte del proceso de supervivencia de la cultura y defensa de los territorios garífunas, contra el avance de la destrucción de la naturaleza y la vida. Entrevista a Miriam Miranda, Defensora de los Derechos Humanos y lideresa de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).

La comunidad garífuna, que habita los territorios que preexisten al Estado hondureño, avanza firme en la recuperación de sus tierras ancestrales. Siglos de violencias y diferentes intentos de sometimiento se replican desde la conquista europea hasta la actualidad. Hoy, sus territorios rodeados de palmeras, selva, arena y agua cristalina, son codiciados por las empresas de turismo, así como por la industria palmera. Desde la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) denuncian amenazas permanentes.

Si bien en su plataforma electoral la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro, habló sobre el respeto a las poblaciones indígenas del país centroamericano, las comunidades denuncian que, en los hechos, los atentados contra su soberanía territorial, cultural y política continúan. En ese marco, las comunidades garífunas organizan procesos de recuperación de la tierra para asentar a las nuevas generaciones y garantizar la supervivencia de su cultura ancestral.

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Desde el mes de septiembre, integrantes de la Aldea Garífuna del Municipio de José Santos Guardiola, en las Islas de la Bahía, comenzaron la recuperación de una parte de su territorio ancestral. La ocupación “Wagueira Lee” (que significa “Esta es tierra nuestra”) toma el nombre del primer asentamiento garífuna de la zona, tras ser expulsados de la isla de San Vicente en 1791.

El pasado 7 de noviembre, un comando integrado por militares y policías desalojó violentamente a quienes allí se encontraban y detuvieron a seis personas, acusadas del presunto delito de “usurpación”; todo esto, sin respetar el convenio 169 de la OIT sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ni la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos. Si bien el 25 de noviembre, las y los defensores obtuvieron el sobreseimiento definitivo, esta causa contra la recuperación “Wagueira Lee” evidencia la perspectiva que construye el Estado Hondureño sobre sus pueblos indígenas y los territorios que habitan.

La recuperación ancestral de los territorios por parte de las comunidades indígenas no es solo un derecho, sino que también es una acción constante de defensa de la vida, frente al modelo de muerte que insiste en mercantilizar y destruir la naturaleza. Los pueblos indígenas de toda la región construyen alternativas y nos enseñan, en sus prácticas cotidianas y de defensa de los territorios, que otra vida sin desigualdades, y en armonía con la naturaleza, es posible. Para conocer sus propuestas, la agencia de noticias BiodiversidadLA dialogó con Miriam Miranda, Defensora de los Derechos Humanos y lideresa de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).

Hemos visto que, durante el gobierno de Xiomara Castro, los desalojos y violencias contra el pueblo garífuna persisten. ¿Cuál es su lectura ante esta situación?

La situación es muy compleja. En el caso del desalojo, vemos cómo el aparato de la justicia de este país protege los intereses de los empresarios, de la gente que tiene el poder y el control económico a nivel nacional e internacional. Este juicio lo mostró con mucha claridad, se ven los vicios de nulidad: la fiscal que ordenó la captura de los compañeros y compañeras no estaba facultada para hacerlo y mucho menos la policía.

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Nosotros y nosotras creemos que este es un contexto muy difícil para el pueblo garífuna, para los pueblos que luchamos por los territorios, porque el poder de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público se muestran permanentemente contra nosotros y a favor de los empresarios que nos quieren desplazar. Sin embargo, estamos decididos a seguir denunciando este tipo de hechos. A su vez, entendemos que la Presidenta, como la comandante en jefe tanto de la Policía como del Ejército, podría haber detenido ese desalojo. No se puede desmarcar la responsabilidad de este nuevo gobierno.

¿Por qué es importante escuchar y conocer la mirada del pueblo garífuna para comprender la historia de Honduras?

En nuestro país se dieron sucesivos golpes de Estado, aunque mucha gente no lo recuerde. Los pueblos garífunas, así como otros pueblos indígenas, vemos con claridad esa continuidad de amenazas contra nuestra soberanía territorial. No fue solamente el golpe del 2009, nosotros hemos vivido tres golpes de Estado sucesivos: en 2009 sacaron al Presidente de la República; en 2012, el Congreso Nacional dio un golpe contra la Corte Suprema de Justicia y sacaron a varios magistrados que se oponían al proyecto de muerte de las Ciudades Modelos, hoy conocidas como “Zedes”; y el golpe electoral que nos dieron en 2017, cuando Juan Orlando Hernández se impuso, a través de la bota militar, para seguir siendo Presidente de la República.

Con este escenario, es muy claro que estamos hablando de una destrucción de la institucionalidad; no se rompió solamente la construcción de esa democracia incipiente, sino que se generó un Estado fallido y es eso lo que se muestra en este momento. Nosotros sabemos que debe haber interdependencia entre los poderes del Estado pero, también, tiene que haber Justicia. Nosotros no queremos y no pretendemos que no haya interdependencia, que haya un solo gobierno que controle todos los poderes, porque así lo hizo Juan Orlando Hernández.

¿Cuál es la exigencia del pueblo garífuna en este contexto?

Nosotros estamos exigiendo que haya Justicia para los pueblos, porque eso fue lo que prometió la Presidenta. Hoy nos encontramos en una situación muy difícil para el pueblo garífuna, porque las empresas y el poder económico quieren avanzar sobre nuestros territorios.

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La situación es bastante grave porque son quienes controlan el país. Entonces, estamos entrando a una etapa diferente, porque quieren hacer desaparecer a nuestra comunidad. Nosotros hemos venido luchando y construyendo procesos genuinos y colectivos. Porque también, y quiero decirlo claramente, estos procesos supuestamente “democráticos” que se vienen impulsando por el actual gobierno atentan contra la vida del pueblo, contra la Soberanía Alimentaria y contra nuestra organización.

¿Cuáles son las propuestas cotidianas con las que OFRANEH construye alternativas a las planteadas por el gobierno?

Desde OFRANEH no defendemos solamente los derechos de los pueblos indígenas, mediante lo que es la movilización y la posibilidad de poder acudir a instancias internacionales. También estamos construyendo autonomía y autogestión comunitaria frente al capitalismo voraz, que destruye la naturaleza. En ese contexto, nosotros hemos construido el primer proceso para la producción masiva de cocoteros, en un territorio donde tenemos a nuestro alrededor las palmas africanas. Tenemos ese proceso comunitario no solamente para recuperar la dieta alimenticia del pueblo garífuna, sino también para generar autonomía y fortalecer la Soberanía Alimentaria, y que las comunidades puedan producir sus propios alimentos. Eso es lo que estamos haciendo ahora en la zona de Vallecito, un proyecto que no sólo produce coco conífera, sino que también lo estamos combinando con la producción de tubérculos, como la yuca, que es la base alimenticia del pueblo garífuna.

Las comunidades indígenas ponen la vida en el centro. Por eso es imprescindible, sobre todo frente a una crisis climática sin precedentes, conocer sus expresiones y propuestas de organización y vida social. ¿Qué lectura hacen de la crisis climática desde el territorio garífuna y cuáles serían las propuestas reales que podrían ponerle un freno?

No podemos perder de vista que este modelo y este sistema capitalista acumulador pone el capital por sobre la vida humana. Está poniendo en riesgo a toda la humanidad, y eso lo sabemos muy bien. Atenta contra la alimentación, la salud y las necesidades básicas del pueblo, ya que se han convertido en mercancías. La persona que tiene dinero puede tener acceso a la salud. Se pone en riesgo la vida humana porque la salud se ve como una mercancía, se ha generado una industria farmacéutica acumuladora de capital que pone al negocio por sobre la salud, que es un derecho humano.

Por eso, nosotras y nosotros creemos que son un fracaso absoluto las Cumbres Climáticas que se han venido dando, porque no solamente no se toman decisiones para reducir la emisión de gases y la polución, sino que tampoco se toman decisiones radicales que permitan hacer respirar al planeta. Para nosotras y nosotros hay que trabajar sobre el consumo desmedido de todo lo que daña el planeta y la naturaleza, como el plástico, por ejemplo. Si no se toman decisiones radicales y se sigue poniendo al capital por sobre la salud humana, vamos a perecer y a desaparecer como humanidad, pero la tierra se va a regenerar.

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Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata

(Español) CIPOG-EZ se solidariza con Ayotzinapa frente a las acciones represivas del estado de Guerrero

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El Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata, repudiamos los actos represivos del actual gobierno estatal de Evelyn y su policía contra los jóvenes normalistas que siguen exigiendo justicia para sus compañeros caídos.

Nos solidarizamos con los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y con los hermanos padres de familia de los 43 compañeros desaparecidos que buscan la justicia.

Sabemos que estas agresiones represivas del estado buscan atacar y desarticular la organización que exige justicia.

En vez de enfrentar a la delincuencia organizada atacan al pueblo que lucha y protesta por falta de educación, salud y la inseguridad que se vive en el estado.

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Avispa Midia

(Español) El Mozote: 41 años sin justicia por la peor masacre en Latinoamérica

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Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

En portada: Manifestantes en el 41 aniversario de la masacre de El Mozote en El Salvador

Sobrevivientes y familiares de víctimas de la masacre de El Mozote, acompañados de oganizaciones salvadoreñas de derechos humanos, realizaron manifestaciones para reclamar el fin de la impunidad para los responsables de la que es considerada una de las mayores masacres ocurridas en Latinoamérica.

Según un Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas del año 1993, entre los días 9 y 13 de diciembre de 1981, miles de elementos del Ejército salvadoreño ejecutaron la “Operación Rescate”. Encabezados por el batallón Atlacatl, entrenado por EEUU, el despliegue militar ocurrió en poblaciones del noreste del departamento de Morazán con el pretexto de buscar un campo de entrenamiento guerrillero.

Acorde a registros del país centroamericano aquella incursión militar saldó con por lo menos 1,730 víctimas. De ellas, 988 fueron ejecutadas, 48 sobrevivieron a la masacre, 665 son familiares de las víctimas y 29 fueron desplazadas forzadamente por la violencia.

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Para el año 2017, el gobierno de El Salvador reconoció que de entre las personas ejecutadas, 558 eran niños quienes fueron asesinadas en El Mozote y las comunidades adyacentes. Además, 712 personas que sobrevivieron al ataque huyeron a diferentes regiones del país y hacia Honduras para evitar ataques futuros.

“Trajeron a toda la gente a este parque con engaños de que vendría la Cruz Roja”, señala una guía en el memorial de El Mozote donde se registran los nombres de las víctimas. Foto: Juliana Bittencourt.

“Los asesinos quieren que olvidemos para garantizar su impunidad” y “Ayudemos a romper las cadenas de la impunidad”, fueron algunas de las consignas de los manifestantes en el 41 aniversario de la matanza ocurrida a menos de 200 kilómetros de la capital del país.

Las jornadas para conmemorar la masacre iniciaron el sábado (10) con una caminata desde la población de Arambala hasta El Mozote. Ahí las personas colocaron ofrendas florales en el monumento donde están escritos algunos de los nombres de las víctimas.

Amnistía inconstitucional

Hasta el día de hoy, ni una sola persona ha sido juzgada por los graves crímenes cometidos en El Mozote y otras regiones de El Salvador durante la guerra civil entre el Ejército y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Entre los años 1980 a 1992, se registraron más de 75,000 muertos, 7,000 desparecidos y miles desplazados por la violencia que llegó a un cese de fuego con la firma de la paz en 1992. Para 1993, la Comisión de la Verdad de la ONU informó que las fuerzas militares, así como escuadrones de la muerte respaldados por el gobierno, habían cometido el 85% de las violaciones a derechos humanos.

Días después de la difusión de esta información, la Asamblea Legislativa salvadoreña, en aquel momento dominada por el partido derechista ARENA, aprobó la Ley de Amnistía de 1993 la cual impedía la investigación, el procesamiento y el encarcelamiento de los responsables de crímenes de guerra.

No fue hasta el 8 de marzo de 2011, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acreditara la responsabilidad de los ataques al Estado de El Salvador por numerosas violaciones a los derechos humanos, cuando se promovió el enjuiciamiento de los responsables por las masacres.

Para octubre de 2012, la Corte Interamericana emitió una sentencia en la que condenó al Estado salvadoreño por la masacre de El Mozote y ordenó una serie de medidas para reparar los daños causados. Ya en julio de 2016, la Corte salvadoreña declaró inconstitucional la Ley de Amnistía, permitiendo con ello la reapertura del caso en los tribunales del país centroamericano.

Contrainsurgencia promovida por EEUU

La masacre de El Mozote aconteció apenas siete semanas antes de que la administración del presidente norteamericano, Ronald Reagan, tuviera que presentar al Congreso de los EEUU una certificación de cumplimiento de los derechos humanos por parte del ejército salvadoreño.

Para Reagan, El Salvador representaba un frente contra el avance del comunismo en Latinoamérica, por lo cual su gobierno se había comprometido a mantener la ayuda militar para el país centroamericano. De acuerdo a Terry Karl, profesora de estudios latinoamericanos de la universidad de Stanford, esto llevó a la administración de Regan a realizar un “sofisticado encubrimiento” de la masacre de El Mozote.

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En un testimonio de abril de 2021, Karl reveló que el gobierno de Estados Unidos ocultó la presencia de el sargento mayor Allen Bruce Hazelwood, asesor militar estadounidense en Morazán, junto con el coronel Domingo Monterrosa cuando comenzó la masacre.

Rufina Amaya, campesina sobreviviente de la masacre de El Mozote denunció las atrocidades cometidas por el ejército salvadoreño. Foto: Juliana Bittencourt

Como parte del encubrimiento también se involucraron el entonces Secretario de Defensa Casper Weinberger y Colin Powell, ex asistente militar de alto rango. En 1983, Powell y Weinberger formaron parte de una misión de investigación en El Salvador que concluyó que Estados Unidos debía seguir entrenando y financiando al ejército salvadoreño aún después de que el ejército salvadoreño, con ayuda estadounidense, masacrara a civiles en El Sumpul y en El Mozote.

Entre los años de 1980 y 1982, la ayuda militar estadounidense a El Salvador aumentó de 6 a 82 millones de dólares, lo cual alentó una campaña de tierra arrasada que derivó en la matanza de civiles, perpetrada por batallones salvadoreños de élite creados y entrenados por Estados Unidos.

Estado incumplió

En los actos para recordar el 41 aniversario de la masacre de El Mozote estuvo presente la procuradora salvadoreña de Derechos Humanos, Raquel Caballero. Recién electa en octubre de 2022, y sobre quien pesan acusaciones por nepotismo, su actuación ha restado importancia a las denuncias por violaciones de derechos humanos ocurridas durante el régimen de excepción que vive El Salvador desde marzo de este año.

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Presente ante organizaciones y sobrevivientes de la masacre, la funcionaria reconoció queel Estado salvadoreño incumplió con la misión de investigar las masacres y sancionara las personas responsables.

Desde el 9 de junio de 2017, el caso de la Masacre de El Mozote se encuentra en la fase de investigación en un tribunal de San Francisco Gotera, al oeste del país, desde donde se ha convocado a más de 40 testigos.

“Meses después de la firma de la paz en 1992, nosotros nos venimos acá”, cuenta una de las guías del memorial de El Mozote quien aún no nacía cuando su madre abandonó el lugar cercado por militares. Foto: Juliana Bittencourt

En 2021, una reforma del presidente Bukele a la Ley de la Carrera Judicial, la cual cesa a los jueces sexagenarios o con 30 años de servicio, separó al juez Jorge Guzmán Urquilla, quien conducía la causa penal por la masacre de El Mozote, estancando con ello el proceso aún a pesar de las múltiples pruebas acusatorias.

La causa penal a cargo de Guzmán contra más de una docena de mandos militares, incluidos algunos miembros de la cúpula militar de la época, estaba a punto de pasar a juicio. Pese a que la causa fue retomada por la jueza Mirtala Portillo, el proceso no avanza.

De acuerdo con medios locales, en el caso se encuentran imputados 15 militares retirados. Pese a que, en un principio eran 17, tres de ellos fallecieron y posteriormente uno más fue imputado. Entre el grupo de militares implicados se encuentra el ministro de Defensa, José Guillermo García, condenado en Estados Unidos y deportado a El Salvador y Jesús Gabriel Contreras, ex jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército.

“En este tiempo, a 41 años, seguimos pidiendo justicia (…) creemos que este año ha sido bien complicado y que es el momento que, no solo El Mozote y la Asociación, sino que El Salvador entero pueda alzar la voz y pedir justicia sobre el caso”, detalló para medios internacionales Leonel Claros, presidente de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote y cuya hermana de 12 años fue asesinada.

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Comité de padres y madres de los 43

(Español) Comité de Padres y Madres de Ayotzinapa: Alto a la persecución contra Ayotzinapa

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Ayotzinapa, Guerrero a 13 de diciembre de 2022.- El día de ayer como todos los años los estudiantes de Ayotzinapa, familiares y organizaciones sociales marcharon por la ciudad de Chilpancingo al parador del Marqués para exigir justicia para Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, estudiantes asesinados en este lugar en una protesta que realizaban en el año 2011.
Cuando regresaban a la escuela normal rural por la carretera Chilpancingo- Tixtla en el punto conocido como el túnel fueron interceptado por unas patrullas de policías estatales de las que descendieron agentes armados apuntando al autobús y con violencia gritaban a los alumnos “hijos de su puta madre bájense”, ante tal actitud y con los antecedentes de agresión con los que actuan, los estudiantes pidieron al conductor del autobús que acelerara la marcha y que nadie descendiera de él. Situación a la que los policías empezaron a disparar al autobús logrado darle varios impactos al motor por lo que no pudo continuar su marcha. Los estudiantes tuvieron que descender y al hacerlo los policías intentaron golpearlos y detenerlos, pero ellos repelieron la agresión con lo que pudieron lograr abrirse paso y llegar a la Normal. Al día de hoy dos estudiantes están heridos y reciben atención médica.
Las madres y padres de los 43, reprobamos esta agresión a todas luces injustificable. Este gobierno soslaya que los estudiantes han sido víctimas de varias agresiones policiales con saldo de muertes que lamentar. Los excesos y la brutalidad policíaca han truncado la vida de más de 50 estudiantes de Ayotzinapa, sin que los responsables hayan pagado por estos crímenes, por el contrario, se sigue criminalizando a los jóvenes. Se les acusa de tomar autobuses, de hacer bloqueos en Chilpancingo y otras protestas fuertes que no gustan al gobierno y a la clase caciquil de Guerrero, pero nadie exige justicia por los asesinados, el gobierno del estado no pide la presentación de los desaparecidos, ni verdad y justicia por los 43. No alcanzan a entender que las protestas tienen su origen en la persecución histórica, los asesinatos y desapariciones de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Como padres y madres de los 43 reprobamos que este gobierno actúe a la vieja usanza de los anteriores y acuda a la mentira, a la manipulación de la información y a criminalizar a los estudiantes, lejos de reconocer los excesos que el día de ayer cometieron los policías.
Por donde se le mire, la intervención policíaca fue ilegal toda vez que se usaron y se detonaron armas de fuego contra el autobús donde viajaban los estudiantes poniendo en riesgo sus vidas.
Nuevamente una nueva tragedia estuvo a punto de ser ocasionada por la reacción virulenta y armada de los cuerpos policíacos, por lo tanto, exigimos se investigue y se sancione a los policías y la cadena de mando que incurrieron en esta acción criminal. No hacerlo es generar un marco permisible para la reedición de graves violaciones a los derechos humanos, tales como la desaparición de los 43.
Lejos de que este gobierno reabra las investigaciones por los asesinatos del 12 de diciembre y que se sume a las exigencias de verdad y justicia por los 43, arremete con brutalidad policial contra los jóvenes y los criminaliza.
Por todo lo anterior, exigimos:
– Que se investigue al secretario de seguridad pública por el uso de armas de fuego y exceso de la fuerza en la contención de la protesta del día de ayer y se finquen las responsabilidades correspondientes.
– Alto a la persecución contra la normal rural de Ayotzinapa.
– Castigo a los culpables de asesinar a los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y de otras.
– Verdad y justicia para los 43 estudiantes desaparecidos.
Atentamente
¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!
Comité de padres y madres de los 43
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Organización campesina de la Sierra del Sur | O.C.S.S. – CNI-CIG

Solidaridad de la Organización campesina de la sierra del Sur Coyuca de Benítez con Ayotzinapa frente a las acciones represivas del estado de Guerrero

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Repudiamos la agresión directa con armas de fuego de parte de elementos policiales del estado de Guerrero en contra de estudiantes normalistas rurales de Ayotzinapa, al retirarse de la jornada de movilización en conmemoración del 11 aniversario de aquel trágico suceso en donde 2 compañeros, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverri de Jesús, fueron asesinados por policías federales en Chilpancingo Gro.

La policía y los medios de comunicación oficialista se encargarán de difundir la versión de que los estudiantes retenían elementos policiales en sus camiones razón por la cual estos elementos abrieron fuego contra los camiones donde se trasladaban los normalistas. La crueldad de las fuerzas policiales completamente acreditadas por los gobiernos estatal y nacional en su constante afrenta al normaismo rural raya ya en el descaro al hacerse presente en una conmemoración de asesinato a normalistas buscando replicar esa trajica memoria.

Hacemos un llamado a la sociedad en general a mantenerse alertas de los comunicados de la FECSUM y a ser críticos con la información oficial y solidarios con los estudiantes.

¡A las normales rurales, las quieren desaparecer, nosotros con lucha y sangre, las vamos a defender!
Viva el normalismo rural!
¡Presentación con vida de los 43 normalistas!
Organización campesina de la Sierra del Sur coyuca de Benítez

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS
O.C.S.S. – CNI-CIG

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Avispa Midia

(Español) Oaxaca, el estado más peligroso para defensores de derechos humanos en México

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Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

En portada: Miembros de la comunidad de El Rebollero participan en un homenaje al activista Samir Flores, asesinado en 2019. Los pobladores zapotecas resisten ataques de paramilitares que pretenden abrir paso a la minería en San Pablo Cuatro Venados, Oaxaca. Foto: Santiago Navarro F.

El estado de Oaxaca se ha convertido en el estado más peligroso para las y los defensores de derechos humanos en el país. Con un registro de 34 crímenes, las agresiones en el estado al sur de México provienen principalmente de autoridades locales.

Según la organización Servicios para una Educación Alternativa, la mayoría de los ataques sucedieron en las regiones Costa y Mixteca, en un contexto de “violencia alimentada por la complicidad entre poderes fácticos y autoridades locales (emanados de todos los partidos y también del sistema normativo interno)”.

Destacan las agresiones contra defensores que estaban involucrados en procesos de defensa del territorio frente a inversiones y proyectos de desarrollo. De acuerdo a la organización, el 91% de los defensores violentados pertenecía a un pueblo indígena.

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Estos homicidios corresponden al periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a partir de diciembre de 2018 y hasta noviembre del 2022, años en los que se registraron 141 asesinatos de personas. De las víctimas se desprende que 19 eran mujeres, 8 personas de la diversidad sexual, así como 114 hombres.

Estados de la misma región al sur de México también muestran un alto nivel de agresiones contra defensores. En Guerrero sucedieron 25 asesinatos y en Chiapas se registraron 14 homicidios. Destaca también el estado de Chihuahua, al norte del país, con 10 personas defensoras asesinadas en ese mismo lapso.

A los homicidios defensores de derechos humanos se suma la desaparición de 17 personas en los mismos cuatro estados.

“En 2021, en Chihuahua hubo 10 personas desaparecidas, siete indígenas yaquis y tres trabajadores de ranchos. En Guerrero, Vicente Suástegui lleva más de un año desaparecido. Y en Oaxaca no se sabe nada de Claudia Uruchurtu, desparecida en de Nochixtlán, ni de cuatro defensores del bosque de San Esteban Atatlahuca, incluida la ambientalista Irma Galindo”, contextualiza la organización mediante comunicado de prensa.

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De la violencia a nivel nacional, los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Chihuahua suman a más de la mitad de asesinatos, ejecuciones y desapariciones de personas defensoras de derechos humanos.

“Es importante mencionar que, la gran mayoría de los asesinatos y ejecuciones extrajudiciales ha quedado en total impunidad, por lo que el ciclo vicioso de la violencia se sigue acelerando”, enfatiza la organización de derechos humanos.

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UNIFICACIÓN DE PUEBLOS Y COLONIAS CONTRA LA MINERÍA EN MORELOS

(Español) Toda nuestra solidaridad a los pueblos Nahuas de Xochimilco y Milpa Alta

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AL CONGRESO NACIONAL INDIGENA
AL CONSEJO INDIGENA DE GOBIERNO
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LAS REDES DE RESISTENCIA UAN REBELDIA
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES Y DIGNOS
A LAS ORGANIZACIONES DE LUCHAS DIGNAS
A LOS PUEBLOS DE MORELOS
A TODOS LOS PUEBLOS DE MÉXICO

Viernes 09 de diciembre de 2022.

Nosotras y nosotros los pueblos originarios de las comunidades nahuas del Estado de Morelos, descendientes de los Xochicalcas y los Tlahuicas, que formamos parte de UNIFICACIÓN DE PUEBLOS Y COLONIAS CONTRA LA MINERIA EN MORELOS, NOS PRONUNCIAMOS EN CONTRA DE LA REPRESIÓN que están padeciendo nuestras hermanas y hermanos que luchan por la vida, por el agua y por el territorio.

Nosotros los pueblos indígenas, originarios de este territorio llamado México, somos quienes hemos cuidado a la madre tierra para que siga existiendo el agua, la fauna y la flora en nuestros territorios, nosotras y nosotros amamos y veneramos la madre tierra para que siga existiendo la vida.

Nuestra lucha por nuestra existencia a lo largo de estos más de 500 años ha sido de resistencia, y hoy en día no es la excepción, exigimos a los tres órdenes de gobierno municipal, estatal y Federal que cese el hostigamiento y represión hacia nuestras hermanas y hermanos nahuas, que los gobiernos respeten las leyes nacionales como es el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes internacionales como el Convenio 196 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de los derechos de los Pueblos Indígenas, donde señalan los derechos colectivos a la autonomía y a la libre determinación de pueblos indígenas, porque solo nosotras y nosotras los pueblos originarios tenemos derecho a decidir sobre nuestros territorios ancestrales.

Los pueblos originarios e indígenas decimos ¡NO AL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO BARRIAL!, QUE PRETENDE DESPOJAR EL AGUA A LOS PUEBLOS DE XOCHIMILCO Y MILPA ALTA, ¡NO A LA MODIFICACIÓN DEL CAMBIO DE USO DE SUELO DE CONSERVACIÓN A SUELO RURAL HABITACIONAL!, lo que amenaza la continuidad de su vida colectiva comunitaria como pueblos originarios.

POR ESTO, NOS SUMAMOS A LA EXIGENCIA PARA QUE SE CANCELE EL PLAN DE DE SARROLLO Y ORDENAMIENTO BARRIAL Y QUE CESE LA REPRESIÓN EN CONTRA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE XOCHIMILCO Y MILPA ALTA.

¡UNIFICACIÓN DE PUEBLOS Y COLONIAS CONTRA LA MINERÍA EN MORELOS!
¡VIVA EL CONGRESO NACIONAL INDIGENA Y EL CONSEJO INDIGENA DE GOBIERNO CIG!
¡FUERA MILITARES DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE XOCHIMILCO Y MILPA ALTA!
¡FUERA EJÉRCITO REPRESOR DEL PUEBLO EN NUESTROS TERRITORIOS!
¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTRAS Y NOSOTROS!
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(Español) Guatemala | Mayas en resistencia contra palma africana son atacados por fuerza policial

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Fuente: Avispa Midia

Las fuerzas de seguridad de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala realizan este martes (6), un desalojo en la comunidad de Chapín Abajo, El Estor, Izabal, en donde se reporta una persona fallecida por arma de fuego, se trata de Lisbin Neftalĺ Quileb Pec, de 16 años, maya Q’eqchi.

Autoridades indígenas reportaron que las fuerzas de seguridad portaban armas y fusiles, además del equipo antimotines que rodeaba el lugar.

El medio Prensa Comunitaria dio a conocer que la comunidad fue sitiada por elementos de la PNC y el ejército, desde la madrugada con 25 órdenes de allanamiento en contra de las Autoridades Ancestrales Q’eqchi’.

Además, confirma un saldo de varias mujeres detenidas, dos heridas, una de ellas en el hospital, y una persona desaparecida. Según relatos de los comunitarios, entre los detenidos están Alba María Choc, esposa de una autoridad ancestral, y su hijo de 9 años de edad.

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La operación es promovida por la empresa aceitera NaturAceites, denuncian autoridades ancestrales. Los moradores defienden su territorio del monocultivo de palma de aceite, en tanto el gobierno de Guatemala insiste en que se trató de un operativo para recuperar armas robadas hace un año.

Apenas en octubre pasado, hubo otro operativo en el cual la Policia Nacional intentó ejecutar tres allanamientos y 20 detenciones en la comunidad de Chapín Abajo. En aquella ocasión intentaron detener a comunitarios que participaron en la resistencia antiminera en la región, mientras otros son acusados por la empresa NaturAceites del delito de usurpación agravada.

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Naturaceites, la productora de palma africana que comercializa el aceite Capullo, figura como denunciada en nueve expedientes del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala. La corporación ha sido acusada de ocasionar la muerte de centenas de peces con los desechos que producen sus monocultivos. También ha sido señalada de empezar proyectos sin contar con instrumentos de evaluación del impacto ambiental.

La empresa opera en los departamentos de Izabal, Alta Verapaz, Petén y Escuintla; distribuye sus productos en México, Estados Unidos y República Dominicana y ha sido proveedora de empresas como Nestlé y Unilever.

A finales de 2021 fue impuesto un estado de sitio en El Estor, luego de que las autoridades reprimieran violentamente protestas de comunidades maya Q’eqchi’ para impedir el paso de vehículos cargados de carbón de la empresa minera Fénix, pese a que su operación fue declarada inconstitucional.

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CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM

(Español) Solidaridad total con los pueblos originarios de Xochimilco y Milpa Alta: Consejo Supremo Indígena de Michoacán

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El agua es vida, y la vida se defiende Solidaridad total con los pueblos originarios de Xochimilco y Milpa Alta: Consejo Supremo Indígena de Michoacán

SOLIDARIDAD TOTAL CON LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE XOCHIMILCO Y MILPA ALTA

AL PUEBLO DE MÉXICO Y MICHOACÁN
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
AL ESTADO MEXICANO

Comunidades P’urhépecha a 6 de diciembre de 2022.

K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM; Consejo libre y autónomo de los pueblos originarios de la entidad, independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas; Asamblea general autoridades indígenas, conformado por autoridades civiles, comunales y tradicionales de 70 comunidades originarias, manifestamos colectivamente lo siguiente:

El #CSIM se pronuncia en apoyo a los Pueblos Originarios de la Ciudad de México, que hoy defienden su derecho al territorio y a decidir sobre el uso y aprovechamiento de los bienes comunales. Están ejerciendo su derecho fundamentado en los tratados internacionales y el artículo 1ro de nuestra carta magna.

El llamado “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Barrial», pretende despojar del agua a los pueblos de Xochimilco y Milpa Alta, además de modificar el cambio de uso de suelo de conservación a suelo rural habitacional. Lo anterior, amenaza la continuidad de su vida colectiva como pueblos y la desarticulación como sujetos de derechos.

Nos sumamos a la exigencia de la cancelación de dicho plan y cese la represión por parte de los cuerpos de seguridad capitalina. Exigimos respeto al pueblo de San Gregorio Atlapulco. Respeto al territorio, a la vida comunitaria, a los bienes comunes y a la libre autodeterminación y autonomía.

Solidaridad total con los pueblos originarios de Xochimilco y Milpa Alta.

 

¡VIVA JUCHÁRI UINÁPEKUA!

TERUNHASKUA K’ OIA, ECHERI KA JURAMUKUKUA IAMENTU IRETECHANI

JUSTICIA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM

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