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Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

^{En portada: Pobladores maya Q’eqchi’ de Santa Elena, en el departamento del Petén, son criminalizados por la empresa de palma aceitera Industria Chiquibul. Foto: Luis Hub / Prensa Comunitaria}

Santa Elena es una comunidad maya Q’eqchi’ ubicada en el municipio de Sayaxché, departamento de Petén, enclavada al norte de Guatemala, cerca del Río Salinas. En esta región el calor es intenso. Antes el agua acostumbraba fluir con abundancia y había un frondoso paisaje pintado por el bosque, hoy yace en cenizas bajo una inmensa plantación de palma africana.

La comunidad ha sido acorralada por la palma. En las escasas tierras que aún conservan los indígenas, cultivan maíz, frijol, chile, yuca. Pocas son las familias que crían animales. Por si fuera poco, a la sobrevivencia le acompaña la agonía de sus ríos y nacientes, ya que la contaminación del agua es un nuevo vecino que llegó con el monocultivo.

Con la escasez de la tierra y sin trabajo, una parte de la población, principalmente los hombres, migró a los Estados Unidos con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida. Otros más se vieron obligados a someterse a condiciones degradantes de trabajo en las plantaciones de palma.

La Industria Chiquibul, filial de la empresa Unisource Holding, dedicada a la exportación de diversos commodities agrícolas como semilla de ajonjolí, aceite crudo de palma y cardamomo; y a la importación, comercialización y distribución de fertilizantes en los mercados latinoamericanos, hoy posee alrededor de 70 caballerías (aproximadamente 3 mil hectáreas) de plantaciones de palma aceitera que rodean esta comunidad Maya.

Este cultivo llegó a estas tierras en 2012, cuando empezó a comprar las tierras de las familias mayas Q’eqchi’. “Nos decían que nuestras tierras iban a quedar inundadas por el agua, porque iban a construir una hidroeléctrica sobre el Río Usumacinta”, recuerda el indígena maya Q’eqchi’, Mario Pop Tux, uno de los líderes comunitarios, durante una entrevista que dio para Avispa Mídia.

Este cultivo industrial también llegó con un destacamento militar que fue construido cerca de la comunidad. La presencia de militares, de la Policía Nacional Civil (PNC) y de elementos de la seguridad armada brindan seguridad a la empresa. “Hacen rondines durante el día, traen sus rostros tapados, como si fueran delincuentes”, comenta Pop Tux. El patrullaje también se da por aire. Los comunitarios acusan vuelos de drones, principalmente por las noches.

Las órdenes de captura son una amenaza constante. Según el maya Q’eqchi’, existen cinco órdenes de captura hacia miembros de Santa Elena, ex trabajadores de la empresa que han luchado por los derechos laborales. “Estamos conscientes de que pueden hacer lo mismo que hicieron en otro momento. Invadir a la comunidad, poner el terror en mujeres, niños, ancianos, bajo la justificación de que están buscando a nuestros compañeros criminalizados”, dijo.

En una asamblea, la máxima autoridad de la comunidad, realizada en febrero de este año, las autoridades locales, ancianos y miembros de la comunidad dejaron registrados en un acta distintos “incidentes” ocurridos en los últimos dos meses, que evidencian la intensificación de la violencia hacia Santa Elena.

Uno de estos hechos fue el intento de secuestro, el 31 de enero, de un miembro de la comunidad por parte de agentes de seguridad privada de la empresa, donde se ubica una garita de los guardias de seguridad.

Más tarde, el 2 de febrero, una camioneta sin placa, llevando a bordo a siete personas, estuvieron vigilando la casa de uno de los miembros de la comunidad. Después se dirigieron a las parcelas de la comunidad. Abordaron al presidente del Consejo Comunitarios de Desarrollo (Cocode) de Santa Elena, José Caal Pop, haciéndole preguntas y se negaron a identificarse.

Persecución por exigir derechos

La persecución de pobladores de Santa Elena no es de hoy. Después que Chiquibul compró las tierras, empezó a contratar mano de obra de distintas comunidades para derribar el bosque y sembrar la palma. Las condiciones de trabajo ofrecidas por la empresa fueron clasificadas como “esclavitud moderna”, por el abogado del Bufete para Pueblos Indígenas, Juan Castro. Trabajaban más de 12 horas por día por un pago de 35 quetzales (4.4 dólares).

La situación se volvió insostenible para los indígenas y explotó en 2019. La empresa contrató a 300 personas, sin embargo, cuando había finalizado el contrato de un año, Chiquibul no había pagado las prestaciones laborales acordadas. El comité de trabajadores, creado en 2016, visitó el Ministerio de Trabajo y se calculó que cada trabajador debería recibir – sumando indemnizaciones, salario, aguinaldo – 12 mil quetzales (1,500 dólares), pero la empresa había pagado 4,800 quetzales (615 dólares), es decir, menos de la mitad.

Fue entonces que estalló un paro general de los trabajadores. Los indígenas de Santa Elena y la propia comunidad hicieron una serie de acciones y denuncias contra la empresa. Aún así, la empresa no pagó a los trabajadores y, por el contrario, inició una serie de medidas para criminalizar a los miembros de la comunidad.

La empresa denunció en los órganos de justicia de Guatemala a los líderes de los trabajadores, lo que tuvo como consecuencia la emisión de seis órdenes de captura contra personas de la comunidad. En noviembre de 2020 fueron capturados y detenidos cuatro indígenas, incluyendo a Mario Pop Tux, acusados de plagio, extorsión, usurpación agravada y detención ilegal. “Estuvimos 73 días en la cárcel”, señala Pop Tux.

En febrero de 2021, la justicia guatemalteca dictó sentencia condenatoria contra los cuatro miembros de Santa Elena. “Vemos como el Estado a través de esta sentencia se consuma como un cómplice de estas formas de explotación moderna. Consideramos que no comprenden el contexto en el que se está dando el acaparamiento de tierras y la explotación de personas indígenas”, dijo el abogado que acompaña a los trabajadores miembros de esta comunidad, Juan Castro.

Fueron cuatro años de condena, con suspensión condicional de la pena, es decir, tendrán que presentarse mensualmente al Ministerio Público, en la cabecera municipal de Sayaxché para firmar. “Se considera que los responsables son los pueblos indígenas y no las empresas que están haciendo perjuicio al medio ambiente y a la vida humana de muchas comunidades”, abunda el abogado Juan Castro.

Había una expectativa que después de la condena de los indígenas maya Q’eqchi’ y el fin de los paros laborales – desde entonces es política de la empresa traer trabajadores de afuera –, se reduciría la persecución hacia a Santa Elena. Pero no fue eso lo que pasó. “Hasta hoy no nos dejan tranquilos. Hasta hoy nos están asustando, vigilando, controlando, no dejan de causarnos miedo”, sostiene Pop Tux.

Certificar los cultivos usando a los indígenas

A las 7 de la mañana del día 25 de enero de 2024, Carlos Cú, encargado de la empresa Chiquibul, acompañado de otras dos personas, buscaron al presidente del Consejo Comunitarios de Desarrollo (Cocode) de Santa Elena, José Caal Pop, en su casa. No estaba, había ido a su parcela a trabajar la tierra. Los enviados de la empresa decidieron irse. Alrededor de las 12h, Caal Pop regresa a su casa. Poco tiempo después, los tres señores vuelven a buscarlo.

Le presentan un documento para que el presidente del Cocode lo firmara. “Me estaban citando a una reunión para tratar sobre temas relacionados con la certificación de la empresa. Así me dijeron. Y querían que yo firmara el documento de la cita”.

Según el indígena maya Q’eqchi’, los trabajadores de Chiquibul quisieron minimizar los conflictos entre empresa y la comunidad. “Carlos Cú [uno de los firmantes del documento] me dijo: venimos a hablar personalmente, queremos que nos den la oportunidad. Nosotros sabemos que ya no hay problema [con la comunidad]. Queremos que nos firme este documento. Porque ya no hay problema”.

Caal Pop no se calló. “Les dije, ¿cómo no hay problema?, si estamos siendo vigilados todo el tiempo. No les gustó lo que dije y se fueron”, cuenta el maya Q’eqchi’.

La empresa inició en julio de 2023 el proceso para la certificación de su plantación de palma por la principal certificadora de palma del mundo, la RSPO (La Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible). El objetivo es obtener la certificación en este año 2024.

La certificación servirá para que la empresa amplíe sus ventas en los mercados norteamericano y europeo. El aceite de palma de Chiquibul ya hace parte de la cadena de suministros de las empresas europeas Dreyfus Company (LDC), Nestlé S.A., Upfield Holdings B.V., Henkel AG & Co. KGaA, PepsiCo, Inc., Vandemoortele. Dichas cadenas fueron rastreadas por la organización alemana Iniciativa Cristiana Romero (ICR) y publicadas recientemente en el informe Im Schatten der Ölpalme.

La empresa española Lipsa, la británica Unilever, la alemana Basf, las holandesas Lowis Dreyfus y Marie Olie y la francesa ADM-SIO también fueron rastreadas como compradoras del aceite producido por Chiquibul, en una investigación todavía inédita realizada por el proyecto holandés SOMO The Counter, encargada por la ICR.

De acuerdo con un reporte de Industria Chiquibul, el proceso de certificación ya está ocurriendo. “Un grupo de asesores externos visitaron nuestras plantaciones y juntos, con nuestro equipo de sostenibilidad, ha establecido un plan de acción centrado en personas, planeta y prosperidad para lograr nuestra sustentabilidad”, menciona la empresa en su documento.

Uno de los puntos obligatorios para la certificación es la realización de una consulta a los pueblos afectados por la palma, que se inició el 14 de febrero.

El documento presentado a Caal Pop para que lo firmara, al cual tuvo acceso el equipo de Avispa Mídia, se explicaba que es un proceso de “Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI)”, que busca “establecer una relación de confianza entre la empresa y sus comunidades de influencia, en donde las comunidades pueden conocer la empresa, y a la vez tengan claros sus derechos, y puedan manifestar sus preocupaciones e inquietudes en relación a las operaciones de la empresa”.

En su explicación no menciona que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que los pueblos tienen el derecho de decir “no” a un proyecto que se pretende implementar en su territorio. En términos reales es un proceso que pasaron por alto, porque ya han deforestado y actualmente cultivan grandes extensiones de palma. “No participamos de la reunión y no vamos a participar de las próximas convocatorias. Lo que buscan es nuestra firma para tener la certificación, y no la va obtener, porque la consulta no existe”, dijo Mario Pop Tux.

De acuerdo con el indígena, alrededor de 18 aldeas son impactadas por las plantaciones de palma de Chiquibul en la región. Además de Santa Elena, por lo menos otras 10 aldeas no están de acuerdo con la presencia de la empresa, con las cuales implementó los mismos mecanismos. “Para esta primera reunión invitaron a todas las comunidades, muchas no fueron, también sufren persecuciones y tienen órdenes de captura”, dijo.

La empresa también llevará a cabo otros dos procesos. La Evaluación de Alto Valor de Conservación, que busca “identificar los valores ambientales y sociales de mayor relevancia tanto dentro de las áreas en donde la empresa desarrolla sus operaciones, como en sus áreas de influencia”, dice el documento. En realidad, van mapear los bosques que no pudieron deforestar, incluyendo bosques que no están en sus tierras, para establecer programas de conservación, fundamentales para la obtención de la certificación.

Además de ello, deben realizar el Estudio de Impacto Socioambiental (EISA), con el cual identificarán “aquellos impactos sociales y ambientales que la empresa pudiera estar generando, y a la vez generar un plan de gestión para controlar, mitigar o compensar estos impactos”, según el documento de Chiquibul.

Bio Terra Consultores Ambientales, contratada por Chiquibul, será la empresa responsable de llevar a cabo estos estudios.

Mientras tanto, la certificadora RSPO ha sido criticada por pueblos y organizaciones en todo el mundo por certificar empresas que han generado conflictos socioambientales. Al etiquetar los productos de aceite de palma como “sostenibles”, se rehabilita el aceite de palma dando la impresión de que el cultivo industrial de la palma aceitera es compatible con los exigentes principios ecológicos y de derechos humanos y ofrece una solución sostenible a largo plazo para el uso de la tierra. “Sin embargo, no es así”, señala ICR.

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De acuerdo con la organización alemana, la RSPO permite, por ejemplo, el uso parcial de plaguicidas que figuran en la lista de plaguicidas altamente peligrosos de la Red de Acción sobre Plaguicidas. Además, las auditorias para la certificación son contratadas por las propias empresas, como es el caso de la Bio Terra Consultores Ambientales, “lo que puede dar lugar a conflictos de intereses en la práctica. Existe riesgo de corrupción”.

La comunidad Santa Elena reiteró en asamblea el rechazo a la certificación: “Dichas certificaciones las rechazamos profundamente por las violaciones a nuestros derechos humanos. Amenazas, intimidaciones, contaminación al medioambiente, deforestación de bosques, ríos, riachuelos donde la comunidad toma agua para beber”.

Acta secuestrada

El presidente del Cocode también denuncia que el Ministerio Público tiene secuestrada el acta comunitaria de Santa Elena. “Este documento es muy importante para una comunidad maya Q’eqchi’. En él plasmamos los acuerdos, las normas, los compromisos de la comunidad, los resultados de las asambleas. Estas actas tienen un valor muy importante para cada una de las comunidades de nuestro pueblo Q’eqchi’”, explica Caal Pop para Avispa Mídia.

El 6 de mayo de 2021, cuenta Mario Pop Tux, fueron citadas las autoridades locales – el alcalde auxiliar y el representante del Cocode de Santa Elena – por parte del alcalde municipal. El día 7 de mayo ellos se presentaron al despacho del alcalde municipal. El alcalde no se encontraba y el que se presentó fue un fiscal del Ministerio Público. “Dicho fiscal secuestro el acta sin explicación”, sostiene.

De acuerdo con el presidente del Cocode, en el documento estaba registrado el compromiso asumido por el alcalde municipal, en asamblea de la comunidad, de que recuperaría siete caballerías, hoy en posesión de la empresa Chiquibul, a las familias de Santa Elena.

“Creemos que este acuerdo fue la razón por la cual secuestraron el acta. El valor de la palabra que está plasmado en este documento, tiene mucho valor para nosotros. Exigimos que nos entregue el acta en paz. Y que la cumpla el alcalde municipal”, dijo Caal Pop.

Petición

El Movimiento de Comunidades en Defensa del Agua, Qana’ Ch’och, la Coordinación de la ONG y Cooperativas (CONGCOOP) y el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) lanzaron una petición exigiendo a las autoridades de Guatemala que tomen medidas urgentes contra los acosos y violaciones por parte de Industria Chiquibul contra la comunidad Santa Elena.

De acuerdo con las organizaciones, este patrón de violencia es intrínseco a la industria de la palma. En la última década, sostienen, la empresa Industria Chiquibul ha acumulado un rastro de violaciones a los derechos de las comunidades indígenas y campesinas, incluyendo la apropiación ilegal de tierras comunitarias en Aldea Carolina, contaminación del rio San Román, criminalización por medio de órdenes de captura y detenciones orquestadas por la empresa, violaciones laborales y deforestación.

Exigen un “basta de órdenes de captura contra miembros de la comunidad basadas en falsas acusaciones y que se detenga el proceso de certificación de Industria Chiquibul ante la RSPO”.

Palma en el Petén

En el departamento de Petén, donde está el municipio de Sayaxché y la comunidad Santa Elena, el cultivo de palma se ha incrementado exponencialmente. De acuerdo con el informe Dinámicas productivas en torno al cambio de uso del suelo y sus repercusiones en la Reserva de Biósfera Maya (RBM), del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR), de 2021, en 2000 había 320 hectáreas y ha llegado en el 2020 a 78,921 hectáreas, 46% del área establecida a nivel nacional.

La tasa de crecimiento a nivel nacional entre 2005 y 2010 fue del 20%; en Petén, 192.4%.

La producción de palma en el municipio de Sayaxché representa el 87% de la producción a nivel del departamento Petén, según datos para 2018-2019 generados por la Gremial de Palma.

Indonesia, India, China y Unión Europea son los que más consumen aceite de palma, de acuerdo con el Servicio Exterior de Agricultura del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, con datos de julio de 2023. El consumo mundial ha aumentado más de un 80 % en los últimos 15 años.

“Como resultado, el cultivo en Centroamérica se está expandiendo, con consecuencias negativas para las comunidades locales y la naturaleza”, resume ICR.

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Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

El jueves 7 de marzo, Adriana Gómez e Isabel Torres llegaron a la Ciudad de México para exigir justicia, ante la inacción de las autoridades en Chiapas para investigar el feminicidio de la niña Jade Guadalupe Yuing Gómez en el Instituto del Deporte (Indeporte) y la desaparición de la adolescente Cassandra Isabel Arias Torres.

Ambas madres integran el Colectivo de Madres en Resistencia y se coordinaron con la activista y defensora de los derechos humanos Irinea Buendía, con las Mujeres en Busca de Fernanda Cayetana y las Madres Buscadoras de Quintana Roo para realizar una velada conmemorativa a propósito del Día Internacional de las Mujeres.

A las 16h del 7 de marzo, las madres y familiares de mujeres víctimas de diferentes violencias de Chiapas, Quintana Roo y Estado de México simularon un cementerio en el Zócalo de la Ciudad de México. Sobre tablas pusieron pasto sintético para hacer lápidas olvidadas por las autoridades, pero con mariposas posando sobre ellas.

Pusieron imágenes, flores, cruces color rosado y velas. En las vallas metálicas que escudan el edificio presidencial cada 8M, las madres escribieron “México feminicida”, “Chiapas feminicida” y junto a las frases, los nombres de sus hijas.

A unos metros de ese muro representativo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y a un costado de la instalación del cementerio, las madres de personas desaparecidas situaron las lonas con las exigencias y fichas de búsqueda.

La velación concluyó a las 9h del 8 de marzo. Horas más tarde las madres participaron en la mega marcha conmemorativa, acuerpadas por otras colectivas de madres en busca de justicia.

Alianza

“Tenemos que salir del Estado [de Chiapas] para exponer la realidad porque somos las madres que no vamos a parar, que no van a callar porque estamos hartas de toda la violencia en los Estados, de las anomalías de las autoridades”, expresó Adriana Gómez.

Gómez es fundadora de Madres en Resistencia Chiapas, pero su lucha inició desde el 10 de enero de 2020, cuando su hija, Jade Guadalupe Yuing Gómez de 13 años de edad fue asesinada durante el horario en el que practicaba judo en el Indeporte.

La dirección del lugar contaminó la escena del crimen, pero Adriana realizó su propia investigación y demostró que su hija no se suicidó, como han dicho. Incluso el cuerpo de la adolescente fue hallado con una lesión en el pie; y en un cuaderno escribió que le temía a su entrenador.

Las evidencias las presentó ante las autoridades chiapanecas, pero no hay avances, incluso le niegan el recurso para trabajar con forenses externos a la fiscalía. “Han sido cuatro años de desgaste físico, económico y emocional”, agrega Adriana.

En esta lucha, Adriana se conoció con la activista Irinea Buendía y madre de Mariana Lima Buendía que tenía 28 años cuando fue asesinada por su esposo el 28 de junio de 2010 en el Estado de México. Su caso, así como el de Jade, fue clasificado como suicidio.

Irinea, también activista, logró en su lucha que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenara reabrir el caso en 2015 para investigarlo como feminicidio.

Entonces se desprendió la sentencia Mariana Lima Buendía. La Sentencia es histórica y siembra un precedente, da garantías de no repetición. La Organización de los Estados Americanos la retomó para los países latinoamericanos, caso contrario a las 32 Fiscalías de las entidades mexicanas que se niegan a integrarla en los códigos de procedimientos penales.

“Resistir hasta encontrarte”

Isabel Torres se unió a Madres en Resistencia porque el 17 de diciembre de 2022 su hija Cassandra Isabel Arias Torres fue desaparecida por un grupo armado que irrumpió en su boda, y que portaba las insignias de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas.

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Los hechos ocurrieron en un salón de fiestas del municipio de Berriozábal, el mismo en el que recientemente fue velado Germán Alegría Estrada, secretario de Seguridad Pública Municipal, secuestrado el 23 de febrero y hallado sin vida unas horas después, junto a dos hombres más.

La madre de Cassandra ahora espera que la FGE notifique al alcalde de Berriozábal, Jorge Arturo Acero Gómez —que buscará la reelección con Morena—, para que se presente a declarar pues, en su momento, negó la desaparición de Cassandra y dijo que se trató de una simple riña.

De no tener avances para dar con el paradero de su hija, Isabel pide que la Fiscalía de Chiapas se declare incopetente para que el caso sea atraído por la autoridad federal y se investigue a los funcionarios involucrados.

Isabel, como parte de Madres en Resistencia, documenta la lucha en las redes sociales y, por ese medio, la contactó Deisy Noemí Blanco Chi, madre de la niña Fernanda Cayetana Canul Blanco, desaparecida el 21 de julio de 2020 en la zona Continental de Isla Mujeres, Quintana Roo.

La ficha de búsqueda de Fernanda Cayetana también fue expuesta en el zócalo de la Ciudad de México este 7 y 8 de marzo, porque ninguna autoridad ha dado continuidad a la investigación a pesar de que Deisy consiguió la pista del hombre y la mujer que se llevaron a su hija.

La investigación que hizo la llevó de Quintana Roo a San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, y en ese proceso buscó el acompañamiento de las Madres en Resistencia. Deysi cuenta que a pesar de que logró la detención de los ejecutores de la desaparición, la autoridad no ha conseguido que hablen sobre el paradero de Fernanda Cayetana y tampoco tiene apoyo del gobierno del Estado, mucho menos municipal.

El muro

Ante tales inconsistencias, las madres y familiares de víctimas aprovecharon las actividades en la Ciudad de México para exponer los casos ante la Cámara de Senadores y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De igual modo se reunieron con representantes del departamento de Asuntos Políticos de la Embajada de México.

“Nosotras como víctimas estamos pidiendo la ayuda de otros países”, reitera Adriana Gómez. Las madres puntualizan la necesidad de que el tema de las desapariciones y feminicidios se ponga en la agenda de los embajadores.

“Las personas que habitan los Altos y Sierra de Chiapas están siendo desplazadas por la violencia a manos del crimen organizado y tampoco hay respuesta”, señalan las madres chiapanecas que también han acompañado a algunas familias de esas regiones.

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A su regreso al sur de México, Isabel Torres comparte que le gustaría que la misma cantidad de mujeres en las marchas apoye las causas de las madres, hermanas, hijas de las víctimas de feminicidio y desaparición, para que al unísono se haga efectiva la frase: “si tocan a una, nos tocan a todas”.

En menos de un año Madres en Resistencia acompañó nueve casos de desaparición sólo en la región Centro del estado de Chiapas, sin contar las desapariciones en los municipios con “toque de queda” por parte del crimen organizado y donde la violencia se agudiza al tictac del reloj. “Cada día hay más desaparecidos, esa es mi opinión. En Chiapas todos los días asesinan a la gente o la desaparecen”, dice Isabel.

8M

Una representación de las madres marchó en la capital de Chiapas, donde la manifestación se vio empañada por el divisionismo provocado por la presencia de actoras políticas que, a propósito del proceso electoral, encabezaron contingentes.

En los próximos días las Madres en Resistencia emitirán un pronunciamiento contra esta vieja práctica de políticos mexicanos de colgarse y lucrar con las luchas de las mujeres.

“Sin lugar a dudas los avances que hemos tenido en México, como la Ley Olimpia, la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, la Ley Ingrid y la Ley Malena, son producto del accionar de las mujeres en la protesta y las acciones detrás de la protesta: organización, estudio, de reunión y de generación de redes”, destaca Muñoz.

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Chilón, Chiapas a 9 de Marzo del año 2024.

A las organizaciones Nacionales e Internacionales

A los pueblos originarios de México y el Mundo

A los Defensores de Derechos Humanos e Indígenas

A los Medios de Comunicación Libres

Al Pueblo en General

Somos el Gobierno Comunitario del municipio de Chilón, pertenecientes al pueblo originario tseltal. Nuestra lucha surgió hace más de seis años con el objetivo de crear un camino alternativo al sistema de partidos políticos. Hoy culminamos el recorrido por nuestros 11 Centros de Atención distribuidos en todo el municipio: Bachajpon, Palma Xanahil, Patwits, San Antonio Bulujib, Ch’ich’, Ahlan Sac Hun, Lázaro Cárdenas, Pamanabil, Sacun Palma, San Jerónimo T’ulih’a y Chilón, fueron sede de las 11 asambleas en que tuvimos la oportunidad de escuchar a nuestra gente e informar sobre nuestra propuesta de lucha y de vida.

Con dolor e indignación escuchamos las diversas problematicas que se siguen viviendo en las comunidades y cómo las enfrentannuestros hermanos y hermanas, Constatamos que ha aumentado la venta clandestina de alcohol y de drogas en las comunidades, lo cual provoca la muerte de inocentes y la destrucción de las familias. Advertimos con preocupación el aumento de las células del crimen organizado coludidas con el sistema de partidos políticos. El año electoral ha iniciado y las campañas partidistas han manifestado ya sus modos corrompidos de proceder, llegando al grado de repartir cerveza en sus eventos, alcoholizando y manipulando a la ciudadanía. Lo dijimos desde el principio y lo repetimos, los partidos parten, dividen y someten al pueblo.

Al ver y sentir en el corazón el sufrimiento de nuestras comunidades manifestamos con contundencia que seguiremos construyendo caminos de vida desde nuestra autonomía.

Hoy ratificamos que como pueblos indígenas somos llamados a luchar por el derecho a la libre determinación y así fortalecer los orígenes de nuestros pueblos.Promovemos lo colectivo frente a lo individual, defendemos las raíces culturales frente al despojo de nuestra identidad, luchamos por la Madre Tierra ante la amenaza extractivista.

Continuaremos siendo Gobierno Comunitario legítimamente, aunque legalmente nuestro derecho está postergado por el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, organismo que en el 2017 recibió nuestra solicitud de ejercer nuestro derecho a la libre determinación y sin embargo por la via de los hechos mostró un favoritismo hacia los partidos políticos al no cumplir esta institución su palabra de realizar asambleas informativas, la consulta ciudadana y al ser secuestrados los antropólogos que venían a realizar el estudio cultural. Pero Gobierno comunitario es más que el reconocimiento de las instituciones electorales. Hoy estamos constituidos en 11 puntos estratégicos del municipio de Chilón en donde diferentes cargos comunitarios brindan sus servicios con buena voluntad sin perseguir un sueldo, porque nuestro sentir y el latido de nuestros corazones está en la lucha y defensa de los derechos del pueblo. Lo comunitario de nuestra gobernanza está en que no tenemos un mando único que presida el movimiento, sino un conjunto de concejales elegidos en sus regiones que representan el sentir de su pueblo.

Hoy hacemos un llamado a los que comulgan con nuestra lucha a unirse a nuestras demandas que buscan construir un presente más armónico.

1. Exigimos el reconocimiento al ejercicio de nuestros derechos como pueblos indígenas

2. Demandamos respeto a los derechos del territorio y a la madre tierra

3. Derecho a la consulta previa e informada para los pueblos originarios

4. Vida digna para las niñas, los niños y jóvenes

5. Sí a la organización comunitaria, No a la entrada del crimen organizado

6. Rechazo absoluto a la militarización de nuestros pueblos y territorios

¡¡Por la vida y por la paz, partidos políticos nunca más!!

Gobierno Comunitario Chilón, Chiapas

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Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Acteal, Chenalhó, Chiapas, México. 8 de marzo del 2024

Al Congreso Nacional Indígena
Al Consejo Indígena de Gobierno
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
A las y los Defensores de los Derechos Humanos
A los Medios Libres y Alternativos
A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional A la Sociedad Civil, Nacional e Internacional
A todas las mujeres que luchan

Hermanas y hermanos:

Hoy estamos reunidas como mujeres Abejas, las representantes de las distintas áreas y coordinadoras de nuestra organización, junto con los compañeros de la mesa directiva, sus esposas y todas las y los miembros de Las Abejas de Acteal para conmemorar especialmente a nuestras mujeres, ancianas, adultas, embarazadas, jovencitas, niñas y lactantes, mártires de Acteal, quienes, a 26 años de haber sufrido crueldades inimaginables, siguen vivas en nuestra memoria y, sin ver la justicia.

Han pasado 26 años, y sigue impune el sufrimiento de nuestras mártires de la masacre, a quienes les violaron todos sus derechos, su integridad, su vida, su dignidad, al ser asesinadas con saña, con la intención de hacer daño, algunas con pruebas de violencia sexual, otras ultimadas con tiro de gracia después de ser macheteadas, a otras les abrieran el vientre para matar a sus bebés, escuchando las burlas de sus agresores y alegrarse cuando agonizaban y morían creyendo “haber matado la semilla”, la impunidad para las sobrevivientes que quedaron afectadas con lesiones de por vida, como la de nuestra compañera Catarina Méndez Paciencia, que sufrió 7 impactos de bala, por arma de grueso calibre en sus piernas, que le han dejado huellas imborrables del dolor que vivió ese día y sin consecuencia alguna para los agresores y autores intelectuales.

Nuestras 45 hermanas y hermanos mártires y cuatro bebes no nacidos fueron asesinados por los paramilitares priístas y cardenistas de Chenalhó, coordinados en un operativo contrainsurgente, cuyos responsables intelectuales pertenecen a los tres niveles del gobierno.

Actualmente la ola de violencia que invade nuestras comunidades, nos recuerda la misma complicidad de las autoridades aliadas a los paramilitares, que masacraron a nuestras hermanas. Hoy como en el pasado, las autoridades se encuentran vinculadas con el crimen organizado que pone en riesgo la vida de las mujeres y hombres que integramos nuestra organización ya que nos encontramos en medio del fuego cruzado que pone en peligro nuestra integridad física, psicológica.

Hoy estamos viviendo las consecuencias de la impunidad, consentida por el actual gobierno que le fue más fácil, solucionar con dadivas engañosas, que hacer una investigación seria a los responsables de una tragedia que sacudió a México en 1997, dejando ciega la justicia, en medio de la violencia que sigue escalando y trayendo terror y muerte a nuestras comunidades. Nuestra organización siempre ha luchado con la verdad, por la construcción de la paz sin violencia, sin venganza, con perdón, y porque tenemos memoria no olvidamos, sabemos que la sangre de nuestras hermanas martirizadas, paró la espiral de violencia iniciada por los priistas, y la verdad es la fuerza de nuestra lucha.

Con nuestras acciones no-Violentas hemos podido solucionar nuestros problemas, construyendo así la paz que tanto necesitamos. Pero también hemos comprobado cómo sólo con la ayuda de Dios nuestro Padre y Madre que nos ayuda y nos protege, es que logramos que se nos vaya el miedo. Por eso hoy en ayuno y oración, nos reunimos para pedirle que tenga piedad de su pueblo, y nos dé su fuerza para resistir el miedo que nos impide seguir luchando.

No olvidamos a las mujeres trabajadoras que murieron calcinadas por defender sus derechos, en una fábrica de telas en Nueva York, el 25 de marzo de 1911. Nos recuerda nuestro propio dolor e indignación por lo ocurrido en esta Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal, 86 años después, donde también fueron más mujeres quienes fueron asesinadas.

Pero Nuestra esperanza se hace más fuerte al saber que desde hace muchos años, son más, las mujeres que luchan, que no se conforman con su sufrimiento y han hecho todo lo que pueden, para cambiar las situaciones de violencia en el tiempo que les tocó vivir, como el que vivieron nuestras 21 hermanas mártires que se encontraban haciendo ayuno y oración por la paz, de nuestro pueblo.

Ayer y hoy nosotras, mujeres de la organización, exigimos VERDAD, JUSTICIA y RESPETO, pues de nosotras, se han llevado nuestros testimonios, pero no hay justicia. Todo lo que ha hecho el gobierno, ha sido proteger a los culpables, premiándolos.

Hoy nos unimos a las, miles de mujeres que se reúnen en todo el mundo para conmemorar a todas nuestras hermanas y compañeras caídas, que lucharon, por el reconocimiento de nuestros derechos a lo largo de la historia. También con las que continúan dando su vida por nuestros derechos, sin violencia, en favor de la paz
Las Mujeres Abejas, agradecemos y les pedimos a todas las mujeres que se encuentran en todos los rincones del mundo, que hagan eco de nuestras justas exigencias.

EXIGIMOS A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO:

1. a)  Que garantice la seguridad de todas y todos los integrantes de nuestra organización, pues la situación de impunidad que han propiciado al negar la justicia para el Caso Acteal, es la que fomenta la espiral la violencia en nuestras comunidades.
2. b)  Exigimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que publique de una vez por todas el Informe de Fondo del Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y señale al estado mexicano su responsabilidad por las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidos en contra de nuestra organización para abrir rendijas de justicia en medio de la pesadilla que estamos viviendo, y…
3. c)  Responsabilizamos a los tres niveles del gobierno, si algo le sucede a alguna Abeja en el contexto de la violencia que estamos viviendo por el crimen organizado, pues insistimos en que los Militares no garantizan nuestra seguridad, sólo el estado de derecho puede garantizarla.

   ¡Vivan las mujeres!
   ¡Vivan nuestras mártires de Acteal!
   ¡Vivan las mujeres que luchan por la paz! ¡Vivan las mujeres en resistencia!
   ¡Vivan las mujeres organizadas que defienden la vida! ¡Vivan las mujeres de Las Abejas de Acteal!

   Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza. Atentamente,

Las Mujeres de la Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por las Mujeres Coordinadoras:

María Vázquez Gómez Elena Pukuj Jiménez

Por la Mesa Directiva:

Victorio Pérez Paciencia        Oscar Hernández Gómez

Presidente Secretario

Alfredo Jiménez Pérez

Sub-Presidente

Juan Pérez Santiz

Tesorero

 

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Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

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FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES SOCIALISTAS DE MÉXICO

(FECSM)

ESCUELA NORMAL RURAL “RAÚL ISIDRO BURGOS”

DE AYOTZINAPA

A LA OPINIÓN PÚBLICA, A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, ESTUDIANTILES, MAGISTERIALES Y AL PUEBLO EN GENERAL

“PARA EL ESTADO SER ESTUDIANTE ES UN PECADO, SER NORMALISTA ES UN DELITO, PERO SER DE AYOTZINAPA MERECE LA MUERTE”

A lo largo de la historia de nuestra escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero se han tenido una gran cantidad de represiones y hostigamientos, mismos que han atentado de manera directa y física contra la integridad de la comunidad sstudiantil, en estas se han visto involucrados distintas órdenes de gobierno, pero principalmente los cuerpos y elementos de la policia estatal, tales como aquel 12 de diciembre de 2011, así mismo la noche del 26 y madrugas del 27 de septiembre de 2014, aunado a esto, el dia 07 de marzo de este año en curso no fue la excepción, pues acribillaron de manera cruel a uno de nuestros compañeros.

Ante los hechos suscitados el dia 07 de marzo de 2024 sobre la carretera federal Chilpancingo-Tixtla, a la altura del hotel Petatlán, elementos de la policia estatal agredieron a compañeros estudiantes de nuestra escuela Normal, haciendo uso de sus armas de fuego, ocasionando que uno de nuestros compañeros falleciera por este ataque. Comotal, resposabilizamos de manera directa al gobiernoestatal por el ataque armado, así mismo por la fabricación de delitos y la siembra de armas en la unidad vehicular en donde se trasladaban los compaeros, mismos hechos que intentaron hacer en aquel ya lejano 12 de diciembre de 2011, conel mismo discurso de que nuestros compañeros agredieron a los policias y que estos respondieron a dicha agresión, puesto que los policias montaron el crimen manipulando la escena, limpiando el vehículo donde se trasladaban estos compañeros.

Responsabilizamos de manera directa a los tres niveles de gobierno, de la criminalización en contra de la normal de Ayotzinapa, la política de oídos sordos, la represión y la muerte, por lo que exigimos que los perpetradores materiales e intelectuales paguen y se haga justicia, ya que este hecho no tiene que quedar como un acto más de impunidad en este estado.

Repudoamso su política de simulación, su política de falta de democracia, ya que horas antes habían tratado de detener a otros dos compaleros, a los cualesagredieron verbalmente y los amenazaron, además, el gobierno federal había amenazado con abror carpetas de investigación por los hechos de la jornada de lucha en la cd. de México, esa es la manera en que el gobierno atiende las problemáticas del pueblo, para el gobierno es más peligroso un estudiante que los mismos delincuentes que se pasean por todos lados.

Pretende el gobierno callar nuestra voz, pretende que abandonemos la búsqueda de nuestros hermanos desaparecidos, sin embargo, le decimos que Ayotzinapa nose callará jamás, hoy gritaremos más fuerte que nunca que son unos malditos asesinos.

Exigimos esclrecimiento del caso del compañero asesinado Yanqui Khotan Gómez Peralta, así como la liberación inmediata de nuestro compañero detenido.

¡POR LA LIBERACIÓN DE LA JUVENTUD Y LA CLASE EXPLOTADA!

¡VENCEREMOS!

¡7 DE MARZO NO SE OLVIDA, ES DE LUCHA COMBATIVA!

¡NI PERDÓN NI OLVIDO, CASTIGO A LOS ASESINOS!

MARZO COMBATIVO

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

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El dia de hoy el Comité de madres y padres de los 43 intentó entregar esta carta en palacio nacional solicitando una audiencia para tratar el tema de los 800 folios que no ha entregado el ejército, sobre el paradero de los 17 estudiantes de Ayotzinapa que estuvieron en la barandilla municipal y que fueron desaparecidos ese dia. Además sobre la situación de la extradición de Tomás Zeron de Lucio solicitada al gobierno de Israel.

Este es el asunto que debe primar sobre la negativa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de no recibir a las madres y padres de los 43 que estuvieron durante diez dias en plantón en el Zócalo de la ciudad de México.

Finalmente una funcionaria del gobierno recibió el documento y firmó el acuse de recibido.

Las madres y padres de los 43 anunciaron que regresarán en fecha próxima, después de la semana santa a la ciudad de México.

ASUNTO: Solicitando reunión

Zócalo de la Ciudad de México a 5 de marzo del año 2023 (SIC).

C. LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESENTE.

Los que suscribimos y al final firmamos comité de madres y padres de los 43, ante Usted con el debido respeto exponemos.

Por medio del presente escrito y con fundamento en lo que disponen los artículos 1, 2, 8  y 35 fracción V de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, acudimos a su investidura para solicitarle una reunión en la que abordemos los temas esenciales de la investigación del caso Ayotzinapa, en razón de que Usted nos ha dicho que conduce personalmente la indagatoria.

En efecto, como es de su conocimiento con fecha 20 de septiembre del año 2023 presentamos un escrito en el que le solicitamos la entrega de 800 folios que el ejército mexicano no entregó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y a la Comisión para la Verdad y el Accesos a la Justicia (CoVAJ), así como información adicional relacionada con el posible traslado de 17 estudiantes de los separos de barandilla municipal a un lugar a las afueras de la ciudad de Iguala.

Nuestra petición no ha sido contestada satisfactoriamente ya que la respuesta que dio el secretario de la Defensa Nacional en reunión con la secretaria de Gobernación llevada a cabo el dia 25 de septiembre de 2023 no contiene los 800 folios faltantes ni la información relacionada con los 17 estudiantes.

Ahora bien, el ofrecimiento de Usted de abrir los archivos militares en un lapso de dos o tres meses, resulta ocioso en razón de que los archivos ya fueron abiertos y revisados durante casi dos años y de esta revisión faltan 800 folios por entregar, en tal virtud, es menester su entrega y que pueda revisarlos un ente independiente como el GIEI o en su caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Si de esa revisión surge la necesidad de una nueva apertura de los archivos, no tendríamos ningún inconveniente en participar.

Por lo tanto, es necesaria una próxima reunión con Usted para dialogar este tema. Aunado a lo anterior resulta relevante abordar lo relacionado con la línea de investigación de los 17 estudiantes trasladados de los separos de barandilla municipal de Iguala, la extradición de Tomás Zeron de Lucio prófugo en Isael (SIC)  y la extradición de José Ulises Bernabé prófugo en los Estados Unidos de Norte América.

Reiteramos nuestra solicitud de una próxima reunión para abordar los tópicos anotados, esperando una respuesta positiva a la presente.

Sin más le reiteramos nuestras consideraciones.

ATENTAMENTE

Comité de madres y padres de los 43

Firmas al calce

C. Mario César González Contreras

C. Hilda Legideño Vargas

C. Emiliano Navarrete Victoriano

C. Cristina Bautista Salvador

C.   Martínez Zeferino