Autonomia y Resistencia
Hostigamiento del mal gobierno hacia el compañero Alejandro Torres Chocolatl, Concejal del CNI-CIG
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno
A los medios de comunicación nacionales e internacionales
A l@s compañer@s Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona
A la sociedad civil
Los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes, Guardianes del río Metlapanapa y Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala denunciamos que:
En medio de la guerra mundial que padecemos en contra de la Madre Tierra y de los pueblos originarios generada por el capitalismo y fortalecida por los malos gobiernos federales, estatales y municipales, las comunidades seguimos siendo perseguidas por defender el territorio, la vida y la construcción de autonomía.
En el estado de Chiapas, en medio de una crisis de seguridad que está a punto de detonar una guerra civil, el mal gobierno federal, a través de la Organización regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), desata una guerra contra las comunidades zapatistas, lo que ha ocasionado heridos de gravedad como el caso del compañero Gilberto López Sántiz, la detención injusta del compañero Manuel Gómez Vázquez y diversas agresiones y perdidas materiales con la finalidad de seguir el hostigamiento hacia las Comunidades Bases de Apoyo Zapatistas.
En el estado de Puebla, el día de hoy, viernes 2 de junio de 2023, el mal gobierno estatal de MORENA encabezado por el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, el fiscal del estado Gilberto Higuera Bernal, el gobierno municipal de Juan Crisóstomo Bonilla encabezado por José Cinto Bernal, continúan con la persecución contra los compañeros defensores del territorio y la región Cholulteca. Al punto de las once de la mañana en el pueblo de Santa María Zacatepec la Fiscalía del estado se hizo presente a bordo de dos vehículos, un auto tipo Cámaro color gris y un Jetta color azul rey vestidos de civil preguntando por la ubicación y el domicilio del compañero Alejandro Torres Chocolatl. Después, a la 1:30 PM el vehículo gris fue a preguntar a la cabina de radio Zacatepec por el compañero Alejandro Torres Chocolatl. Es importante señalar que Alejandro Torres vive un proceso jurídico en su contra encabezado por la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (CEAS-PUE) a raíz de la oposición que las comunidades Cholultecas realizaron en contra de las obras del colector de desechos tóxicos que el Corredor Industrial Ciudad Textil Huejotzingo pretendía imponer sobre el río Metlapanapa.
Este acto de persecución e intimidación se desarrolla en el marco del proceso jurídico que se lleva a cabo con el compañero Miguel López Vega que fue perseguido durante 3 años por la misma defensa del río Metlapanapa y en el marco de las acciones globales para exigir el cese a la guerra que se vive en territorio zapatista.
Exigimos el alto a la guerra de exterminio que se vive en los pueblos originarios y el cese a la violencia sistemática que el capital ejerce en contra de las comunidades que se organizan por la vida y el territorio.
El compañero Alejandro Torres Chocolatl es comunicador popular de la radio Comunitaria Zacatepec, integrante del Concejo Indígena de Gobierno- Congreso Nacional Indígena y defensor de la vida y la autonomía del territorio cholulteca.
Autonomía, tierra y libertad
A 2 de junio de 2023
Región Cholulteca, Puebla México
Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los volcanes
Guardianes del río Metlapanapa
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua.
Paramilitarismo en Chiapas en la Cuarta Transformación
yunque y martillo, la cual consiste en que las fuerzas armadas actúan como contención pasiva (yunque), al amparo del
marco legal, mientras los grupos paramilitares (martillo) operan, clandestinamente, el hostigamiento activo contra comunidades y bases de apoyo del EZLN. Incluso los estrategas mexicanos utilizan una ilustrativa metáfora para explicar la función de estos grupos paramilitares, aduciendo que no sólo hay que quitar el agua (apoyo popular) al pez (insurgencia), sino que hay que
meter en el agua peces más bravos.
En este alegato, por cierto, se destacaba la presencia de militares o ex militares en la masacre de Acteal en relación directa con mando de la Sedena. Uno fue identificado como Mariano Pérez Ruiz, quien, en junio de 1998, declaró ante la PGR, acorde con el expediente 96/98, que ex funcionarios y líderes del PRI son responsables de contratar militares y policías para instruir en el manejo de armas y estrategia paramilitar a comunidades indígenas de Chenalhó
, pero, agregó una aclaración significativa: Es cierto que declaré en ese sentido, fue debido a que elementos de la Policía Militar me obligaron a declarar de esa forma, pues si no lo hacía me iban a desaparecer; además, todavía era militar activo y tenía que acatar las órdenes de mis superiores
(GLR, Viejas y nuevas guerras sucias
, en El Cotidiano, 172, 2012, UAM-A).
Aunque los resultados de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en la Procuración y Administración de Justicia en el Estado de Chiapas, dados a conocer en 2011, señalaron, sin lugar a duda, que en Acteal se había perpetrado un crimen de Estado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó en libertad a varios de los autores materiales de este delito de lesa humanidad, mientras los autores intelectuales, cómplices y encubridores, por omisión o comisión, jamás fueron procesados: el entonces presidente Ernesto Zedillo, los funcionarios federales, estatales y locales, la jefatura y oficialidad de las fuerzas armadas, en la cadena de mando.
Dos décadas después de esta denuncia, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, en un comunicado urgente, da a conocer las innumerables agresiones contra las comunidades de Aldama, Chiapas, significativamente, con presencia de la Guardia Nacional y policías estatales. A partir de información directa de la Comisión Permanente de los 115 comuneros y desplazados de Aldama, se describen los constantes ataques con armas de fuego de alto calibre provenientes “de puntos ubicados en Santa Martha-Miguel Utrilla, municipio de Chenalhó, Chiapas, actos provocados por el grupo paramilitar en complicidad con el gobierno municipal (…) en un contexto de terror, donde la niñez, las mujeres y la población en general sobreviven en un ambiente torturante. Las acciones gubernamentales han sido insuficientes, ineficaces y simuladas, ya que no garantizan la seguridad e integridad a la población”. Cabe señalar que este prestigiado organismo de defensa de los derechos humanos ha documentado, monitoreado y denunciando esta guerra contrainsurgente de desgaste desde los primeros días de la rebelión zapatista en enero de 1994.
Por su parte, la Misión Civil de Observación, integrada por 14 organizaciones de la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos
, acompañadas de tres organizaciones internacionales, visitaron, en diciembre de 2020, comunidades en las regiones Norte, Altos y Costa, donde documentaron situaciones críticas de vulneración de derechos básicos, “con una preocupante falta de voluntad y empatía de las autoridades (…). La Misión Civil de Observación tuvo la oportunidad de visitar las comunidades de Chalchihuitan, Acteal, Aldama, Nuevo San Gregorio, Moisés Gandhi, Chilón y Tonalá, donde recogimos testimonios con afectados por situaciones de desplazamiento forzado, despojo de tierras, detenciones arbitrarias, tortura, hostigamiento, amenazas, criminalización, entre otras agresiones. (…) Es indignante la violencia estructural que se permite e incluso se fomenta desde los diferentes niveles de gobierno y su poca o nula disposición para atender el conflicto, trivializando, discriminando y criminalizando a las comunidades”.
¿Se prepara otro crimen de Estado?