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Avispa Midia

México: Semarnat dice que no dará permisos para explotar oro en Los Chimalapas

Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

En portada: Clausura de polígonos de concesiones mineras en los Chimalapas. Foto: Colectivo Matzá.

El pasado 21 de febrero, en una sesión de cabildo celebrada en el Municipio de San Miguel Chimalapa, Oaxaca, se declaró el territorio municipal zoque “libre de minería”.

De esta asamblea derivó el llamado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González, para que “nieguen la autorización de manifestación de impacto ambiental” para la empresa canadiense Minaurum Gold, quien pretende explotar oro y cobre en esta región.

En Contexto: Minera canadiense avanza silenciosamente para explotar oro en Los Chimalapas

Días después de esta declaratoria, la titular de Semarnat respondió a la determinación de las autoridades municipales de San Miguel Chimalapa, expresando su reconocimiento a la decisión de este pueblo indígena zoque.

En un oficio dirigido al Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional, Albores González afirmó que “el Gobierno de México celebra y respalda la decisión de declarar el territorio ancestral zoque libre de minería”.

Clausura de polígonos de concesiones mineras en los Chimalapas. Foto: Colectivo Matzá.

Reafirmó el compromiso del gobierno de México de no autorizar ningún proyecto de minería en el territorio de San Miguel Chimalapa y destacó que la determinación del municipio representa un acto de defensa de sus espacios y fuente de vida, así como de protección a las personas, familias y comunidades.

La realidad

A pesar de la declaración de las autoridades ambientales, las dos concesiones mineras que comprenden el proyecto minero Santa Marta, perteneciente a la empresa Minaurum Gold, con número actualizado de títulos correspondientemente 246936 y 225472, se encuentran vigentes ante la Secretaría de Economía.

Estas concesiones están establecidas en el lote minero Jackita y Mar de Cobre según los títulos, las cuales tienen una vigencia hasta 2055 y 2058 cada una, así lo establecen los documentos emitidos por la Secretaría de Economía.

Ver también: Aún con resistencia, México emite concesiones mineras hasta en áreas protegidas

Además de ello, Minaurum Gold, Inc. especula con sus acciones en la bolsa de varores, donde contempla, en su cartera, a los proyectos Álamos, Aurifer, Adelita, Aurena, Vuelcos del Destino, Biricu, Taviche y Santa Marta.

Darrell Rader, el presidente y CEO de Minaurum Gold, ha anunciado el pasado 14 de febrero a sus inverionistas, que sus principales descubrimientos están en México. “Tenemos lo que llamamos un modelo generador de descubrimientos y el objetivo es adquirir, avanzar y, en última instancia, monetizar proyectos a escala de distrito en México”, señaló el representate de la empresa.

Además, Darrell Rader ha agregado que tienen, “un historial de haber descubierto más de 16 millones de onzas de oro y 300 millones de onzas de plata en México hasta ahora. Y, por primera vez, Minaurum ha reunido a todo su equipo para hacer un nuevo descubrimiento”, sin detallar cual es el nuevo descubrimiento.

A esto se suma que las dos concesiones mineras están ubicadas en dos municipios, San Miguel Chimalpa y Santo Domingo Zanatepec, el segundo municipio no ha emitido declaración alguna.

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El comisariado de bienes comunales de San Miguel Chimalapa, Vicente Contreras, ha advertido que están en litigio con Zanatepec, por un problema de límites, de un aproximado de 13 mil 480 hectáreas. En esa extensión se encuentran las minas. “Hubo una sentencia en 2001 y otra en 2017 a favor de Zanatepec. Entonces, actualmente, hay un nuevo proceso con un recurso de revisión que interpusimos que, hasta el momento, sigue en el tribunal”, señala la autoridad agraria.

Así que la situación “aún no está resuelta y están latentes las diversas estrategias que ha usado la empresa [para lograr los permisos], entonces estamos a la expectativa”, advierte.

Contreras está consiente de que las concesiones mineras tienen una vigencia de 50 años y que la empresa ha buscado diversas estrategias para poder avanzar con la exploración minera. “Es seguro que en algún momento vuelvan a intentar entrar a nuestras comunidades. Pero lo que nos urge es resolver el límite de tierras y después buscar hacer conciencia con el muncipio vecino para que de ninguna forma se de entrada a la minera”, dijo el comisariado.

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Avispa Midia

Estrategias de geoterror: Estado, crimen y empresas actúan vinculados para el despojo de territorios en México

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

En portada: Fuga de petróleo en un pozo al norte de Veracruz donde las instalaciones para la extracción de hidrocarburos en la zona se encuentran abandonadas. El derrame afecta tierras y fuentes de agua de las comunidades circundantes. Foto: Regina López.

Son diversos los casos en México que dan cuenta de un incremento de la violencia desplegada en contra de poblaciones campesinas e indígenas para dar paso a la imposición de megaproyectos. Es en este escenario donde se inserta el análisis que comparten habitantes del norte de Veracruz, en la región del Totonacapan, sobre la vinculación que existe entre tres actores que consideran fundamentales para el despojo de los territorios: empresas, Estado y crimen.

En voz de Óscar Espino, activista y defensor de derechos humanos en Veracruz, acompañante de colectivos de personas buscadoras e integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI), la denuncia señala la lógica de terror impuesta por parte de estos actores, con la intención de inmovilizar a la población y, así, evitar la organización y resistencias comunitarias.

Según la reflexión de las comunidades del Totonacapan, la violencia de estos tres actores promueve el vaciamiento de sentido de los territorios para el despojo multidimensional: el territorial, económico, organizativo y político, entre otros, para con ello catalogarlos meramente como zonas de extracción.

“No puedes luchar con una lógica de terror impuesta sobre tu territorio, por ahí está la lógica de geoterror”, sostiene Espino y lo ejemplifica con el caso del norte de Veracruz, una región sumida en actos violentos como las ejecuciones y desapariciones, enmarcada como una zona prioritaria, histórica y actualmente, para la extracción de hidrocarburos.

Para Óscar Espino, la finalidad de las estrategias de geoterror es quitar del camino a las comunidades, quienes “estorban” ante los planes para imponer megaproyectos de “desarrollo”.

La región del norte de Veracruz es atravesada por múltiples megaproyectos que buscan explotar fuentes de agua, como el Proyecto Trasvase de Pánuco que pretende extraer el líquido con destino a estados del norte como Tamaulipas y Nuevo León.

También pretende dar continuidad con la extracción de hidrocarburos mediante métodos no convencionales, como la fractura hidráulica, dentro del proyecto Aceite Terciario del Golfo (ATG). De acuerdo a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), en esta región se han fracturado 3,358 pozos.

Foto: Regina López

A esto se añade las afectaciones en los ecosistemas del Golfo de México por el paso del gasoducto Puerta al sureste, ducto submarino de 715 kilómetros que conectará con infraestructura al sur de Texas, para la exportación de gas natural proveniente de EEUU y Canadá.

Acorde al testimonio de Espino, la actuación de las empresas, Estado y crimen tiene como objetivo transformar la vida del campesino, al cual necesitan como cuidador, promotor y sometido al megaproyecto. De acuerdo al análisis, esto lo consiguen no solo mediante la violencia. “Esta lógica de terror empieza así, no empieza llevando armas, empieza seduciendo”, subraya el activista sobre las condiciones que limitan la articulación y organización comunitaria para la defensa de los territorios en esta zona del país.

Esta publicación forma parte de una serie de diálogos con participantes de la Asamblea del CNI realizada en Puebla durante el 2023. Puedes consultar las entregas pasadas sobre los procesos de resistencia en la Sierra MazatecaSonora, el Istmo de TehuantepecMichoacán y Quintana Roo. A continuación, presentamos extractos de la conversación con Óscar Espino.


Avispa Mídia (AM): Durante las reuniones con delegados del CNI compartiste algunos elementos de la reflexión que realizan desde el norte de Veracruz sobre lo que llaman estrategias de geoterror, ¿podrías platicarnos más acerca de ello?

Óscar Espino (OE): El análisis lo hemos hecho de manera colectiva, entre los pueblos y las comunidades, las organizaciones de ahí en el Totonacapan. Primero no nos dábamos cuenta cuáles eran los mecanismos que tenían, tanto el Estado, como las empresas, como el crimen organizado para actuar en nuestros territorios, pero de estos tres actores veíamos que había una lógica de meter miedo a las comunidades.

Nosotros los veíamos aislados, como el crimen organizado haciendo su propia chamba, diciendo que ellos se dedicaban a la cuestión del narco; a las empresas haciendo sus planes de megaproyectos de hidrocarburos y al Estado haciendo las leyes y las cuestiones de hostigamiento y de represión, o señalamiento de las comunidades.

Pero cuando empezamos a profundizar en el análisis, pues nos dimos cuenta que, más bien, hay una sinergia, un maridaje entre estos tres actores y otros actores de poder en la región, como cacicazgos locales que están enquistados en las comunidades campesinas e indígenas que funcionan también como mecanismo de aglutinamiento de estos tres actores que meten terror y miedo a las comunidades.

AM: ¿Cuáles son los efectos en los territorios del Totonacapan derivados de estas estrategias de geoterror?

OE: Para las comunidades ha sido muy difícil ver cómo se empieza a renombrar su territorio. Deja de ser el Totonacapan para convertirse, por ejemplo, en territorio Zeta; en campo estratégico de extracción de hidrocarburos como el “Aceite Terciario del Golfo”; en zonas de amortiguamiento para un proyecto estratégico, en rondas de exploraciones y extracción de hidrocarburos. Nombrar el territorio de un modo, también da sentido para vivir en él. Ese renombrarse es también un especie de vaciamiento del territorio. Lo que nosotros decimos es que hay una sinergia de estos actores, tanto del Estado, como del crimen organizado, como de las empresas, de vaciar el territorio del corazón y del pensamiento. La cosa no es que no estemos en el territorio, sino que estamos perdiendo vínculo con él y ese vínculo se está perdiendo por esa lógica del terror.

Nosotros vemos otros pueblos que se levantan y luchan, pero no es lo mismo una comunidad, a la que ahorita le llega la minera, con toda la información que tiene y que puede plantarse frente a la minera, al Totonacapan que tiene 120 años de exploración y extracción de hidrocarburos. Lo que significa es que habemos generaciones, hay incluso abuelos, bisabuelos que nacieron ya con pozos en sus comunidades, con un despojo de inicio, de no sentirse dueños, porque los primeros que estaban fueron desplazados y a ellos se les ha relegado a vivir en espacios de convivencia o de conflicto permanente con la exploración y extracción de hidrocarburos.

Te estoy hablando que los primeros pozos fueron a inicios del siglo pasado. Estamos hablando de más de 100 años de exploración y extracción de hidrocarburos, pero además de una lógica económica asociada a la vida de los hidrocarburos. Los abuelos veían las chapopoteras, como brotaba naturalmente el hidrocarburo, pero no imaginaban nunca la devastación. Salían a la calle, fascinados de ver las máquinas que llegaban, pero empezaron a ver la destrucción cuando debajo de sus casas o donde pretendían hacer su parcela, o su milpa, empezaron a ver una red de ductos. De manera que se empezó a limitar el control territorial y la decisión que los pueblos tienen sobre su territorio.

La cuestión aquí es cómo sus vidas se vieron amenazadas por la propia permanencia de los ductos de las empresas de Petróleo Mexicanos (PEMEX), en un principio, pero además del riesgo permanente.

Hay comunidades que tienen, por ejemplo, centrales de turbinas con un ruido ensordecedor, de manera que en toda la comunidad, para poderse hablar de tú a tú, se tenían que gritar. Es un sistema de privaciones y de riesgos que empieza por la salud misma.

Gente con problemas de salud muy fuertes por el gas venteado en la zona que no tiene regulación y que el Estado simula diciendo que está en los parámetros controlados de emisión de gases a la atmósfera, cuando es totalmente falso. Eso, asociado a una red de ductos de infraestructura para la extracción de hidrocarburos que implica el uso del agua. Por ejemplo, comunidades que no tenían agua y entonces Pemex llegó y les metió el agua; pues decían, “qué chingón”, pero eso ha precarizado tanto, de manera que ahorita ya no tienen, porque el agua se usa para las instalaciones de hidrocarburos.

Pozo de agua contaminado por fugas de petróleo en el norte de Veracruz. Foto: Regina López.

Y todo un sistema de control también asociado al territorio. Primero, la depreciación de la vida campesina y, por otro lado, el alza de los precios de sus territorios. Entonces dicen ellos, “¿a ver, cómo?, no sirve mi territorio para sembrar, pero luego ¿llegan las empresas privadas?”.

Porque empezó a llegar gente de fuera, contratada por Pemex y otras empresas para hacer recorridos por las montañas, los valles y los territorios de los pueblos para ubicar zonas de exploración.

Nosotros supimos, desde un centro de derechos humanos, que drogaban a las personas para que aguantaran las jornadas infrahumanas, a un calor de más de 40 grados en el Totonacapan, y que fueran a ubicar los pozos. Después de eso, el trabajo que les dieron a los compas no es el trabajo de ingenieros y de petroleros, es limpiar los lodos, que es el trabajo más insalubre y depredador de la salud de los pueblos.

AM: Platicabas acerca de los métodos violentos para el despojo de los territorios, pero tambien acerca de otras estrategias que no implicaban el uso de la fuerza, ¿podrías darnos algunos ejemplos?

OE: Los pueblos implican una amenaza para la lógica del megaproyecto. A esta lógica, no solo estorba la relación del campesino con el territorio, sino el campesino siendo campesino. Necesitan al campesino siendo otra cosa, siendo cuidador de su megaproyecto, siendo promotor del megaproyecto, siendo súbdito del megaproyecto, siendo sometido al megaproyecto. Esta lógica de terror empieza así, no empieza llevando armas, empieza seduciendo. Se impone una hegemonía, le llaman “suave”, una hegemonía impuesta sobre los pueblos de manera que les convencen, desde la precariedad de la vida campesina, indígena, abandonada por el sistema de Estado, y entonces llegaban las empresas y decían “¿cuál es la necesidad más grande que tienen ustedes aquí ahorita?”.

Y se inventaron un programa que se llama Programa de apoyo a la comunidad y el medio ambiente (Pacma), ¡imagina!, la depredación hablando de apoyo a la comunidad y del medio ambiente. Pues con ese programa, ofrecían obras. Entonces llegaba un compañero defensor de derechos humanos y decía a las personas de los pueblos “no, compañeros, los están engañando”, pero eran solo palabras. Mientras los del programa llegaban y decían “aquí está” el recurso para la obra.

Eso metió la lógica de las empresas a las comunidades, ya no el conflicto fuerte, en donde las comunidades se plantaban frente a los pozos, porque las que se plantaban empezaron a ser criminalizadas. La negociación era inducida y sometida, ni siquiera era negociación, era un sometimiento.

Esa lógica empezó a meter el terror en la comunidad, el miedo de vivir en su territorio pensando que el día siguiente serían sacados o que el día siguiente iban a explotar, o que al día siguiente iba a haber un derrame, o que al día siguiente iba a haber un incendio, o que al día siguiente, al ir a su pozo, en vez de agua, irian sacar natas de crudo, o que iban a ver uno de sus animales muertos, porque en el arroyo donde estaba consumiendo agua, hubo un derrame. Es el miedo permanente a morir.

AM: ¿Cómo se da la participación del capital privado en este entramado para imponer la lógica del terror?

OE: Empezaron a aparecer los gestores de las empresas privadas, que eran contratadas por Pemex, por contratos de subrogación de actividades que Pemex no podía hacer. Esta transición fue cambiando de manera que, primero, veías solo a Pemex y después empezamos a contar hasta más de 40 empresas privadas. Los que llevan los ductos, los que llevan los líquidos, los que llevan los químicos, los que hacen la exploración, los que meten los fierros, los que lo quitan; cada empresa dentro de su propia lógica y cada uno deslindándose de la responsabilidad. Ya no sabías con quien pelearte.

Empezó a haber seguridad privada de las empresas y, después de eso, empezamos a ver cómo, a la par de que empezaban a introducir el megaproyecto, se empezaba a introducir la droga y el crimen organizado. Lo que no sabíamos es que el objetivo era desplazar a familias completas, desplazar a comunidades completas, desplazar a actores concretos de las comunidades, meter miedo, para imponer una lógica de terror.

No entendíamos si estaba vinculado al megaproyecto. ¿De qué nos defendemos? ¿del crimen organizado que empieza a llegar a nuestro territorio?, ¿nos defendemos del megaproyecto?, o ¿de la empresa que nos está jodiendo?, o ¿saneamos nuestro arroyo?, ¿nos cuidamos del gas que está venteándose?, o ¿sanamos nuestros oídos?. Esa es la lógica del terror.

AM: ¿En que circunstancias atestiguaron la vinculación del crimen con el Estado?

OE: Cuando empezamos a relacionarnos con otros colectivos de familias defensoras y buscadoras (de desaparecidos), empezamos a encontrar lógicas muy raras, porque nosotros andamos defendiendo el territorio para pedir que los pozos no dañaran y ellas andaban (buscando) entre los pozos.

Porque de estos miles de pozos que hay en el Totonacapan, la mayoría está en desuso. Son pozos viejos, de yacimientos que ya fueron explorados o ya fueron explotados y que tienen poco (hidrocarburos) y no les es redituable hasta que metan para hacer fracking, pero ahí está la infraestructura petrolera.

Por ejemplo, había uno que parecía un hotel. El crimen organizado ahí hacia sus reuniones. No se lo dieron a la comunidad que lo pidio para que hiciera su bachillerato, pero sí dejaron que el crimen organizado ocupara su territorio. Entonces, decíamos, “esto no es lógico”, ¿cómo el crimen organizado llega y hace una cocina?, -así le llaman a un centro de exterminio-, en una de las zonas de Pemex, y Pemex tiene seguridad y las empresas tienen seguridad y no pasa nada.

La gente de la comunidad nos decía, años después, veían que dejaron de ocuparlo, llegaban a barrerlo y hacían montones de tierra. Aventaban todo y ahí iban restos de carros, de cosas que se robaban y restos humanos, los botes con los hoyos donde ahí deshacían los cuerpos. Es una lógica perversa.

AM: Mencionaste que el despojo no es solo del territorio, ¿cuáles son esas otras expresiones? 

OE: Hay un despojo económico con el modo de depreciar la vida campesina y, al mismo tiempo, especular sobre ella, del endeudamiento de la gente, del préstamo.

Infraestructura para la extracción de hidrocarburos en el municipio de Papantla, Veracruz. Foto: Regina López

Hay un despojo organizativo a la hora de quitarle la fuerza a la Asamblea y a sus autoridades. Un despojo político porque ya la gente ahorita no puede decidir sobre su propio territorio. Si hay un ducto y lo primero que te encuentras en tu parcela es un anuncio de “no cavar”, entonces, ¿cómo le hago?, y en la siguiente parte de tu parcela, el derrame de crudo que no puedes tú limpiar, ¿cómo lo limpias?.

AM: ¿Cómo las empresas se articulan para el despojo de los territorios con otros actores?

OE: Las universidades públicas estaban haciendo alianzas con las empresas y con Pemex para hacer contratos de colaboración para el despojo. Si quiere seguirse llamando universidad pública debe hacer investigación contra el despojo y debe declararse libre de fracking, así como nos declaramos las comunidades con nuestras asambleas, la universidad pública tiene que declararse libre de fracking. Pero lo primero que hicieron fue, “nueva oferta educativa: Ingeniería Petrolera”, o sea ingeniería para el despojo.


Óscar Espino hace énfasis en compartir el análisis de las y los habitantes del Norte de Veracruz, “a manera de espejo, como nos ha enseñado el CNI”, para, con ello, colaborar con otras comunidades y procesos de resistencia e identificar de manera previa a los actores y la lógica en que se mueven para la imposición de megaproyectos.

“A veces no imaginamos esta lógica perversa de terror impuesta sobre nuestras comunidades, y nos toma mucho tiempo descubrirla”, sostiene Espino sobre la importancia de analizar el poder de las empresas, su vinculación con el crimen y la anuencia de funcionarios para hacer frente a los “proyectos de supuesto ‘desarrollo’”.

“Hay ejemplos maravillosos de las comunidades campesinas e indígenas luchando contra estos proyectos, pero creemos que este ejercicio de espejear la realidad dolorosa de algunos puede ayudarnos a sanar la propia antes de que llegue ese dolor”, finaliza.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

29 años las Brigadas Civiles de Observación en Chiapas. Un movimiento de construcción de la Paz

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

28 de febrero de 2024

Boletín No. 06

 

Hemos visto muchos caminos de autonomía…

También hemos visto cómo se conecta la memoria y el dolor.

Brigadista Civil de Observación

 

29 años las Brigadas Civiles de Observación en Chiapas.

Un movimiento de construcción de la Paz

  • Llamamos a la solidaridad nacional e internacional a seguir poniendo sus ojos y oídos en la grave crisis de derechos humanos que se vive en Chiapas.

 

Tras el ¡Ya Basta! del 1 de enero de 1994, la reacción del Estado fue la violencia militar y paramilitar. Desde 1995, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) puso en marcha el Plan de Campaña Chiapas 94[1], cuyo objetivo fue acabar con la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), creando paramilitares. Las consecuencias de este plan, dirigidas principalmente en contra de poblaciones civiles fueron desastrosas, originando acciones de violencia y terror que derivaron en violaciones graves a los derechos humanos.

El 28 de febrero de 1995, el Obispo Samuel Ruiz García, hizo un llamado urgente a la solidaridad nacional e internacional para detener la guerra contra las comunidades zapatistas. Su llamado dio origen a los Campamentos Civiles por la Paz y más tarde, en junio de 1998, se crearon las Brigadas Civiles de Observación (BriCO), que a 29 años se mantienen como una muestra de solidaridad del mundo hacia Chiapas. Siguen siendo un mecanismo que desde abajo ha logrado un contrapeso a la violencia ejercida contra los pueblos que resisten en Chiapas; rompen el cerco de la desinformación, documentan de primera mano y disuaden agresiones.

Desde su creación han participado más de 11.000 personas de 73 nacionalidades; el Frayba ha sido apoyado por 760 colectivos solidarios que promovieron el proyecto y prepararon a las personas observadoras; 146 campamentos fueron instalados en comunidades de Chiapas con una duración desde un año, hasta más de 2 décadas, como es el caso del que está actualmente en la comunidad de Acteal.

En el último año y medio, han participado 128 brigadistas muy diversas, como en años anteriores hay más participación de mujeres y cada año se suman más personas trans o no binarias: las edades van desde los 20 hasta los 69 años.

Actualmente la espiral de violencia nacida con el paramilitarismo se ha profundizado y complejizado. Los grupos armados se diversificaron y su categorización se vuelve cada vez más difícil de definir por la opacidad en la que se desarrolla su actuar. Frente a ello el Estado sigue siendo omiso, cuando no promotor o parte de dicha violencia.

En este contexto, se mantienen 3 campamentos: se mantiene el de Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza, sede de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, ubicado en el municipio de Chenalhó -región Altos de Chiapas-, un segundo en Casa Betania Santa Martha, municipio de Salto de Agua, y el campamento 4 de agosto instalado en la Comunidad de Agua Clara, Palenque -ambos en la región Norte del estado-. En ellos las BriCO mantienen la observación y documentación de la situación de los derechos humanos en la región.

El trabajo realizado desde el proyecto BriCO forma parte inherente de la acción de defensa y promoción integral de los derechos humanos y de los pueblos originarios, por ello hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional a seguir poniendo sus ojos y oídos en la grave crisis de violencia y derechos humanos que se vive en Chiapas, y seguir fortaleciendo la lucha de los pueblos por la vida con el mismo respeto que a lo largo de 29 años se ha conservado. Hoy mas que nunca su solidaridad nos sostiene.

 

*-*

 

[1]    Disponible en: https://www.frayba.org.mx/conoce-el-plan-de-campana-chiapas-94-0

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ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA Y LA VIDA

Convocatoria 4ª Asamblea Nacional por el Agua y la Vida

23 y 24 de Marzo de 2024. La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala

¡LA AUTONOMÍA DE LOS PUEBLOS Y LA DEFENSA DE LA VIDA

NO SON UN CRIMEN!

AL CCRI CG EZLN

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN

A los Gobiernos Autónomos Locales, GAL

A los Colectivos de Gobierno Autónomos Zapatistas, CGAZ

A las Asambleas de Colectivos de Gobierno Autónomos ZAPATISTAS, ACGAZ

A la Comisión Sexta del EZLN

Al Congreso Nacional Indígena, CNI

Al Concejo Indígena de Gobierno, CIG

A Ma. de Jesús Patricio Martínez, Vocera del CNI-CIG

A los Pueblos del Mundo que resisten contra el Sistema Capitalista y Patriarcal

A los Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidades y Barrios Originarios

que nunca fueron conquistados

A los 60 municipios de Tlaxcala

A las y los habitantes de las comunidades tlaxcaltecas nahuas y yuhmüs

A las organizaciones que defienden los derechos colectivos, el territorio, el agua y por ende la vida

A las autoridades comunitarias que defienden su organización autónoma

A los Pueblos que luchan y resisten en la Cuenca del Anáhuac

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde

A quienes firmaron la Declaración por la Vida

A los medios libres, independientes, alternativos o como se llamen…

Nonelhuayo

Nonelhuayo huitz canin in mahuan oquichihuiliaya in tepetatl

canic timonapaloah ican in tzotzonaliz xochitlahtoltzin

canic in tlacatzintli, tlaoltzintli mopatla

canic in tonalmeh mopatla ilhuitzintli

canic in cocemalotl motlahquiti ipan telal

canic in auhhyaliztl tlaxcalmeh ihza in apiztl

canic in tepemeh techtlahpaloa ica in mixmeh huan quiahuitl

canic in citlallimeh quimachilia in tlanequiliztli

canic in tocayotl noicnimeh moihcuilo ica in atl

ica in xochitl teotl

ica in teotlac

ica in tezcatl ameztli

ica in tlapalmeh cemanahuac

ica netzahualla

ica in xopantla

Ica in patlanil in cuauhtli

Ica in cahualiztli

Ica in cuamaitl

Ica in yoloxochitl

Ica in cocoliztl

Ica in tlanextzin

Canic nicahtehua, noxochitlahtoltzin patlani inahuac in papalotzitzin.

Mis raíces

Mis raíces vienen de aquellas manos que moldearon el barro,

donde te abrazan con la música de la poesía,

donde el hombre, es maíz

donde los días son fiesta,

donde el arcoíris se teje en la urdimbre,

donde el aroma de la tortilla despierta el hambre,

donde los cerros te saludan con las nubes y la lluvia,

donde las estrellas tocan los sueños,

donde los nombres de mis hermanos se escriben con el agua,

con la flor de dios,

con el atardecer,

con el espejo de la luna,

con el ayuno,

con los colores del universo,

con la primavera,

con el vuelo del águila,

con la nostalgia,

con las ramas de los árboles,

con el corazón de la flor,

con el dolor,

con el crepúsculo,

donde dejo volar mis palabras con las mariposas.

Ethel Xochitiotzin Pérez

Herman@s Tod@s

Reafirmando. Que el 1º de enero de 2021, miles de rabias, resistencia y rebeldías, desde distintos rincones del Planeta Tierra, junto con nuestr@s herman@s del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, suscribimos “UNA DECLARACIÓN… POR LA VIDA” y, declaramos que “…hacemos nuestros los dolores de la tierra: la violencia contra las mujeres; la persecución y desprecio a los diferentes en su identidad afectiva, emocional, sexual; el aniquilamiento de la niñez; el genocidio contra los originarios; el racismo; el militarismo; la explotación; el despojo; la destrucción de la naturaleza.”; así mismo, asumimos el “… compromiso de luchar, en todas partes y a todas horas –cada quien en su terreno-, contra este sistema hasta destruirlo por completo. La supervivencia de la humanidad depende de la destrucción del capitalismo. …”. Nuestra lucha es por la Vida, es decir, por el Agua.

Recordando. Que el 27 y 28 de agosto de 2022 se llevó a cabo la primer Asamblea Nacional por el Agua y la Vida en Santa María Zacatepec, Juan C. Bonilla, Puebla. Ahí reunidos, pueblos, comunidades, organizaciones y colectivos de distintos estados del país nos dimos cita para visibilizar y enlazar las luchas en defensa del agua a lo ancho y largo del territorio nacional. En estas mismas tierras, un año y medio antes, los pueblos nahuas de la región Cholulteca liberaron el vital líquido con el que la empresa Bonafont-Danone lucraba, ocasionando sequía y daños ambientales irreparables al auspicio de los gobiernos municipales, estatales y federales, quienes operan con toda impunidad. La empresa Bonafont-Danone con sede en San Mateo Cuanalá, Puebla, permanece cerrada y desde el 22 de marzo del 2021 no ha podido robar ni una gota más del vital líquido, generando con ello que los pueblos nahuas de la región cholulteca recuperaran el agua de sus pozos, ríos y ameyales, como resultado de la resistencia, organización y solidaridad de los pueblos.

Recordando. Que en febrero del 2023, en Santiago Mexquititlán, Amealco, Querétaro, territorio Hñöhñö, se llevó a cabo la Segunda Asamblea Nacional por el Agua y la Vida. En esta asamblea hicimos eco a la denuncia contra el saqueo del agua, el despojo del territorio, las desapariciones forzadas, la criminalización contra de los pueblos originarios y el asesinato de los defensores de la Madres Tierra. La resistencia y organización del pueblo Otomí contra el despojo del agua, determinó que desde el día 31 de marzo del 2021, se mantenga la toma del pozo de agua en Barrio 4°, con ello, se detuvo completamente el saqueo del agua orquestado por CONAGUA y CEA Querétaro en beneficio de la iniciativa privada y particulares, como resultado de dicha acción, la laguna de Barrio 4° se ha recuperado completamente.

Recordando. Que los días 12 y 13 de agosto del 2023 en el pueblo originario de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, CDMX, se llevó a cabo la Tercera Asamblea Nacional por el Agua y la Vida. En esta ocasión, unimos nuestras voces para exigir un alto total a la guerra contra los pueblos y comunidades zapatistas; así mismo, contra la represión y hostigamiento que existe contra todos los pueblos originarios y comunidades indígenas del país. San Gregorio Atlapulco, con la movilización y resistencia, logró cancelar la obra hidráulica con la que pretendían despojar del agua a las comunidades de Xochimilco, y pese a usar la represión, los pueblos organizados lograron parar un proyecto de muerte en su territorio. En el marco de estas acciones, el pasado 27 de octubre de 2023, el pueblo de San Gregorio tomó las instalaciones de la Biblioteca de la Comunidad, para darle un verdadero uso comunitario y la renombró, la “Casa del Pueblo Tlamachtiloyan de Atlapulco”, en ella se llevan a cabo, diversas actividades para fortalecer la autonomía, la cultura e identidad del Pueblo de San Gregorio Atlapulco.

Recordando. Que después de dos días de trabajo en la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida y, habiendo llegado a distintos acuerdos en defensa del agua, el territorio y la vida, la plenaria acordó la realización de una Cuarta Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, los días 23 y 24 de marzo en el digno territorio de La Magdalena, Tlaltelulco, Tlaxcala y…

CONSIDERANDO

Primero. Que el día 22 de marzo, como cada año lo hace, la Organización de la Naciones Unidas, ONU convoca a “celebrar” en todo el mundo, el Día Mundial del Agua, declarando como lema y campaña, “AGUA PARA LA PAZ”, y señala, además, que “El agua puede crear paz o desencadenar conflictos.”. Esta declaración y lema de la ONU, no solamente es propagandística; sino que busca negar, que el despojo del territorio y por ende el saqueo del agua contra los pueblos originarios y comunidades indígenas no solo en México, sino en todo el mundo, prácticamente, es ya, una guerra capitalista por el derecho al agua, es decir por el derecho a la vida.

Segundo. Que el Agua es un elemento esencial para la vida, pero disponible sólo para unos cuantos millonarios. En contraste, la CONAGUA informó hace unos días que la sequía y la falta de agua en todo el territorio nacional se debe a dos factores, la falta de lluvia y el aumento de la temperatura. Incluso adelantó que el “Día Cero” en la Zona Metropolitana del Valle de México llegará el 26 de junio del presente año (que oportuno, justo pasando las elecciones). Por otro lado la iniciativa privada exige, que para garantizar la demanda futura del agua, el Estado mexicano requiere “actualizar” los marcos legales y regulatorios que rigen el manejo del agua, así como modernizar la infraestructura hidráulica del país; el capataz de la Cuarta transformación obediente al capital financiero, el pasado 5 de febrero, en el marco de la Reforma Constitucional, entre otras, envió a la Cámara de Diputados la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Derecho a la Alimentación, Medio Ambiente Sano y Derecho al Agua.

Tercero. En esta guerra por el agua, CONAGUA no solamente opera con impunidad y complicidad en beneficios de la iniciativa privada, las transnacionales y al gran capital financiero; una reciente investigación realizada por la Universidad Autónoma Metropolitana indica que un reducido grupo de políticos y empresas son responsables del saqueo y despojo del agua entre los que destacan: la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, con un despojo de agua de 143.7 mil millones de litros al año, Mexicana del Cobre, con un despojo de agua de 445 mil millones de litros al año y Compañía Industrial Minera, con un despojo de agua de 8 mil millones de litros al año. También se sabe que las empresas de productos chatarra extraen (roban) 133 mil millones de litros de agua al año, con solamente Coca Cola robando 55 mil millones de litros de agua al año. Según la propia Conagua, Danone extrae 15 mil millones de litros de agua al año y Nestlé 10 mil millones de litros de agua al año. Y así, sigue la lista, con Bimbo, Bachoco – empresa de pollo, Walmart, empresas inmobiliarias, y muchas más recibiendo toda el agua que quieran, mientras muchas personas y familias no tienen.

Cuarto. Que desde el ámbito gubernamental y legislativo, se pretende legitimar e institucionalizar el despojo del agua, por ejemplo, en Querétaro, Tlaxcala y Puebla la privatización del agua pretende hacerse Ley a través iniciativas como: la Ley para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento para el estado de Tlaxcala y sus municipios; Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla y, Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro. Por otro lado, en todo el país se vive un reordenamiento acelerado que implica la transformación y destrucción total de los territorios, como lo vemos con los megaproyectos emblemáticos de la Cuarta Transformación: El tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, el Proyecto Integral Morelos. En Querétaro, CDMX, Tlaxcala y Puebla, el reordenamiento se nombra: Tren México-Querétaro, Programa General de Ordenamiento Territorial, Programa Metropolitano de Puebla-Tlaxcala respectivamente. Estos planes y programas son diseñados y orquestados por un puñado de personas que pretenden decidir sobre la vida de pueblos completos, para satisfacer su ambición y atender las demandas de los grandes inversionistas diseñando la muerte y la destrucción de nuestras comunidades.

Quinto. Existe una guerra abierta contra todos los pueblos, como ocurre con nuestras hermanas y hermanos palestinos víctimas de genocidio orquestado por el Estado asesino de Israel, la máxima expresión de la criminalidad del sanguinario sistema capitalista.

En México, la organización y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas son objeto de ataques letales por parte del Narco-Estado capitalistas prueba de ello, son las ejecuciones de nuestro hermano Samir Flores Soberanes en Amilcingo, Morelos en el año 2019; de los compañeros Isaúl Nemesio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Magno Zambrano Juan Medina, y Lorenzo Froylán de la Cruz, de Santa María Ostula, Michoacán, comunidad que continúa bajo ataque del CJNG con la venia y complicidad del mal gobierno; el asesinato del compañero, integrante del Congreso Nacional Indígena, Carmen López Lugo del Ejido de Tila en Chiapas y la desaparición forzada y sin avances en la investigación de nuestros compañeros Antonio Díaz y Ricardo Lagunes en la comunidad de Aquila, Michoacán.

Por otro lado, la defensa del agua, el territorio y la vida es criminalizada, perseguida y encarcelada, como ocurre con los compañeros Alfredo Bolaños, Fernando Gavito, Francisco Durán, Marcelino Miramón del pueblo de Eloxochitlán de Flores Magón que continúan presos desde hace 9 años aunado a las carpetas de investigación abiertas contra diez pobladores que son acusados de los mismos cargos que los compañeros mencionados, la cárcel y persecución forman parte de los múltiples ataques a la autodeterminación de este pueblo mazateco orquestados por el gobierno de Oaxaca a cargo de Salomón Jara y Eliza Zepeda actual representante del Instituto de la mujer en Oaxaca. En julio del 2022 defensores y líderes comunitarios de la comunidad de San Pedro Tlalcuapan, Saúl Rosales Meléndez, presidente de comunidad y Raymundo Cahuantzi Meléndez, Tiaxca, fueron detenidos arbitrariamente, aduciendo que participaron en un linchamiento, cometiendo varias violaciones a sus derechos humanos desde el momento de la aprehensión, llevan más de un año injustamente presos, reflejando claramente un hecho de criminalización, represión, intimidación y violación a nuestros derechos. En enero del 2023 el compañero David Hernández Salazar fue detenido por oponerse al Polo de Desarrollo industrial del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) en su comunidad, Puente Madera, Oaxaca, recientemente recibió una sentencia de 46 años por defender la vida y el territorio.

Sexto. El actual gobierno de Tlaxcala pretende consolidar (ejecutar) proyectos empresariales que se han venido gestando desde años atrás. El discurso ha cambiado en apariencia, con un supuesto interés por proteger los “recursos naturales” mediante el aprovechamiento sustentable, con estrategias elaboradas, el mapeo de nuestros pueblos, la disposición de las dependencias ambientales de trabajar en conjunto con los interesados, las consultas públicas simuladas y las firmas a puerta cerrada de presidentes municipales cediendo derechos de intervención al gobierno según sus intereses, los planes y legislación para el manejo y concesión de los bienes comunes, dicen que están trabajando por el medio ambiente y en favor de la población, pero sabemos de sus intenciones empresariales de lucrar con nuestro territorio, con el agua, la vida y el bienestar de nuestras comunidades. No es casualidad que el mismo gobierno que utiliza conceptos como mercado o inversión al tratar temas ambientales responda a la protesta social y a la organización con represión y criminalización.

En las comunidades de Tlaxcala se vive la sobreexplotación de pozos de agua a través de la instalación de industrias, los ejidos de cultivo son vendidos a bajo costo con empresas inmobiliarias que no tienen ningún tipo de regulación, las empresas transnacionales con sus energías verdes llegan a privar a la población de las lluvias y el agua para las cosechas, estos proyectos de “desarrollo” contaminan el suelo, el aire y las aguas que llegan a ríos y lagos, dañan la salud de las y los pobladores; empresarios y familiares de los gobernantes, invierten en el turismo, en torneos de voleibol, y los mal llamados pueblos mágicos, que lo único que hacen es desplazar a los habitantes originarios, estableciendo hoteles que acaparan el agua, las tradiciones y costumbres de sus pobladores que se convierten en mercancías de turistas.

La modernización, los programas de desarrollo del gobierno y el capital, llevan siglos queriendo romper nuestra organización, pero es la organización y autonomía de nuestras comunidades la que ha cuidado de nuestros bosques, montes, ríos y lagos, nuestra forma no es lenta, ni antigua, es el conocimiento vivo de nuestros antepasados para cuidar nuestro territorio y todas las formas de vida.

Séptimo. En el municipio de La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala, la población se ha tenido que enfrentar a situaciones de despojo por parte de empresas inmobiliarias, y más peligroso aún, del despojo autoritario y violento de los pozos de agua pertenecientes a la comunidad ejidal, poniendo en riesgo su única fuente de subsistencia que es la agricultura, pero también la vida comunitaria con sus dinámicas y formas de organización propias y autónomas.

La imposición de mega proyectos por parte del gobierno estatal y federal violenta nuestros territorios, generando desmonte, tal como sucede en el monte de “Malpais”, Calpulalpan, donde el bosque de encinos fue destruido para instalar el parque fotovoltaico Nueva Xcala, que entre otras afectaciones está la captación de agua.

En San Francisco Tetlanohcan, el bosque de la Malinche ha sido afectado severamente desde la década de 1990, por la tala clandestina y la extracción de arena y piedra. A partir de la introducción de motosierras, camionetas de carga y sobre todo el respaldo de presidentes municipales a los taladores, ha provocado que se convierta en una situación incontrolable, sobrepasando a la organización de los propietarios legítimos.

El papel del Estado a partir de la declaración del territorio de la Malinche como Área Natural Protegida ha sido el de obstaculizar el cuidado y el manejo del bosque por los propietarios y pobladores; disputándose entre dependencias, taladores y personajes políticos de la comunidad los bienes comunes, lo que afecta al territorio local y su ecosistema, los mantos acuíferos que alimenta esta montaña y a los pozos de agua de las poblaciones cercanas.

En suma, los montes y bosques de Tlaxcala, representan para nosotrxs, sus habitantes, el lugar donde nacen nuestras raíces, que se alimentan de su agua, en el que coexistimos con plantas, animales, hongos, árboles, un complejo enramado de vida, por eso lo defendemos de las motosierras, de los carros que se llevan la piedra y tierra, de los técnicos e ingenieros del gobierno y sus malas prácticas, de los caciques formados por los partidos políticos, de las empresas madereras y constructoras, de las inmobiliarias y gasolineras; de las empresas transnacionales, que ven como mercancías a nuestras ramas y raíces; lagos, manantiales y ríos; a nuestra tierra, y a nuestra vida.

Octavo: Los territorios que habitamos resisten ante las dinámicas de despojo capitalistas desde el cuerpo-territorio, entendiendo que el territorio que habitamos sostiene nuestra vida y encarnamos en nosotras mismas la violencia extractivista del estado y el capital privado. Nos posicionamos como mujeres racializadas frente a las lógicas patriarcales que condicionan nuestras decisiones sobre nuestros cuerpos y que restringen nuestra participación en la lucha colectiva; contra las lógicas heterosexuales que dicen que la disidencia sexual no existe en las comunidades. Luchamos, defendemos y resistimos desde nuestra misma existencia y nos sostenemos en la construcción de cuidados colectivos en la búsqueda de la autonomía de nuestros cuerpos-territorios tejiendo redes comunitarias por la defensa de la vida.

Noveno. El México actual ya no es el mismo, antes y después de la Pandemia, vivimos una crisis estructural consecuencia del reacomodo del sistema capitalista; las organizaciones y el movimiento social después de la pandemia quedaron desarticuladas; la crisis económica y desempleo siguen sin recuperarse; la inseguridad pública cobró un mayor auge en todos los sectores de abajo; el crecimiento del crimen organizado, así como la proliferación de grupos paramilitares, se incrementaron al amparo de la clase política y el gobierno en turno; el objetivo, contener la resistencia y organización de los pueblos. Así mismo, en medio de esta crisis global, el gobierno de la Cuarta Transformación, decidió militarizar el país para imponer sus megaproyectos como el mal llamado Tren Maya, El Corredor Interoceánico, el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía y el Proyecto Integral Morelos, entre muchos otros. La militarización, los ataques paramilitares y el papel que juega el crimen organizado para socavar la organización y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas zapatistas, es parte de una guerra contrainsurgente declarada desde la 4ª Transformación en contra del EZLN y las bases de apoyo. Así lo vemos con la reciente inauguración de la fábrica de armas llamada Complejo Industrial Militar en el municipio de Oriental, Puebla. La antesala de la represión para imponer los programas de despojo-reordenamiento territorial.

Décimo. El pasado 31 de diciembre, 1 y 2 de enero, acudimos a territorio zapatista a celebrar con nuestr@s herman@s del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, el 40 Aniversario de la Fundación del EZLN y el 30 Aniversario del Inicio de la Guerra contra el Olvido; ahí fuimos testigos e invitados a conocer la nueva etapa que han decidido las comunidades zapatistas, “El Común y la No Propiedad”, y que para llegar a esa propuesta, “Señalaban al trabajo colectivo como la tierra fértil para ese cambio. Es decir, el trabajo organizado que no tenía como destino el bienestar individual, sino el del grupo. Para “El Común”, dice el Subcomandante Insurgente Moisés, que “Tal vez alguien de ustedes pueda valorar el sentido profundamente rebelde y subversivo de esto en lo que, para no variar, nos jugamos la existencia.” Finalmente nos preguntan, ¿LE ENTRAS O NO LE ENTRAS?

Por todo lo anteriormente expuesto y porque desde su nacimiento la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida se declaró anticapitalista, antipatriarcal y antipartidista, autónoma y autogestiva y, reprobamos cualquier acto de violencia, discriminación, racismo y/o proselitismo; quienes la integramos y participamos en ella, suscribimos estos principios. Por lo tanto y en el marco de la solidaridad entre nuestros pueblos para derrotar al sistema capitalista, hacemos pública la siguiente…

CONVOCATORIA

4ª ASAMBALEA NACIONAL por el AGUA Y LA VIDA

23 y 24 de Marzo de 2024. La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala

¡LA AUTONOMÍA DE LOS PUEBLOS Y LA DEFENSA DE LA VIDA

NO SON UN CRIMEN!

Que se llevará a cabo bajo el siguiente:

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Sábado 23 Marzo 2024

7:00-9:00 Hrs. Registro y desayuno

9:00-10:00 Hrs. Ceremonia ritual

10:00-11:00 Hrs. Plenaria Inaugural y participación de Invitados

– Colectivos por la defensa de la identidad y territorio de Tlaxcala (CODITET)

–Asamblea Nacional por el Agua y la Vida

–Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de GobiernoConsejo Indígena de Gobierno

11:00-11:15 Hrs. Indicaciones y presentación de dinámica en mesas de Trabajo

11:15-14:00 Hrs. Mesas de trabajo

1. Militarización, crimen organizado y violencia de Estado-empresas contra defensor@s del territorio

2. La participación y resistencia de las Mujeres en la Defensa del Agua y la Vida

3. Autonomía y autodeterminación de los pueblos frente a políticas gubernamentales contra el despojo del agua

4. Los bosques y montes como forma de vida amenazada

5. Ordenamiento territorial, proyectos de urbanización y turismo como mecanismos de despojo

6. Frente a la Guerra Capitalista construyamos “EL COMÚN”

14:00-15:00 Hrs. Comida

15:00-17:30 Hrs. Continuidad de las seis Mesas de Trabajo

17:30-18:30 Hrs. Actividades Culturales

18:45-21:00 Hrs. Cena

21:15 Hrs. Descanso

Domingo 24 de Marzo 2024

07:00-09:00 Hrs. Desayuno

09:00-11:00 Hrs. Redacción de relatoría y conclusiones por mesas.

11:00-13:30 Hrs. Plenaria:

– Presentación de trabajos de las infancias

– Conclusiones y Acuerdos

– Propuestas organizativas para la 5ª Asamblea Nacional por el Agua y la Vida

13:30-14:00 Hrs. Clausura de los Trabajos de la 4ª Asamblea Nacional por el Agua y la Vida

14:00-15:00 Hrs. Comida

Nota:

Durante toda la asamblea, habrá espacio destinado para tianguis-trueque, así como actividades para las infancias.

Inscríbete en el Formularios de Registro:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSel1_HYoyDDQ-CzSCYROJI3a39zWiurGyRIPsKwrXDYe9_Ocw/viewform

Indicaciones generales: llevar plato, vaso, cuchara, bolsa y/o cobija para dormir, casa de campaña, lámpara y se recomienda el uso de cubrebocas.

ATENTAMENTE

Por la Reconstitución Integral de nuestros Pueblos

Un Nosotrxs sin Estado

Alto a la Guerra en contra de los Pueblos Zapatistas

Zapata Vive, la Lucha Sigue

Samir Vive la Lucha Sigue

Hasta que la Dignidad y la Justicia se hagan costumbre

Presxs políticxs, Libertad

Porque Vivos los Llevaron, Vivos los Queremos

No al Tren Maya

No al Proyecto Integral Morelos

No al Corredor Interoceánico

Viva el EZLN

Viva el CNI-CIG

ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA Y LA VIDA

Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno/ Comité de Defensores de la Identidad y Territorio de Tlaxcala (CODITET)/ Colectivo 16 de Octubre, Calpulalpan / Yoloaltepetl / Colectivo de saneamiento y restauración de la Malintzi Tlalcuapan (CSRM) / Mujeres Colibrí Colectiva LesBica Indígena / Colectivo 4 de Octubre / Colectivo en defensa del territorio de Tlaltelulco / Comunidades en defensa de la Matlalcueyetl / Ollin Teatro/ Brigada “San Pedrito” por la Matlalcueitl / Consejo Autónomo de Santiago Mexquititlán / Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los volcanes / Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre / Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua. Puebla, Morelos y Tlaxcala / Guardianes del Río Metlapanapa / Radio Comunitaria Santa María Zacatepec / Asamblea General Permanente de San Gregorio Atlapulco / Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac / Coordinación de Pueblos y Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco / Resistencia Chinampera / Colectivo Chicuarotes Icnohuan / Radio Chikuarote / #YoProtejoElHumedal / OIT-UNITONA de Huehuetla / Consejo Tiyat Tlali / Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el CIG: Comunidad Indígena Otomí residente en la Ciudad de México / Café “Zapata Vive” / UPREZ Benito Juárez / SUTIEMS (Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México) / Laboratorio Popular de Medios Libres / Regeneración Radio / Noticias de Abajo / Brigada de Salud Zapatista Pantitlán / Escuelita Autónoma Otomí / Individu@s: Roxana Bolio, Roberto Rodríguez Contreras “Gato”, John Pablo Almaráz (cantautor), Marcos Ik (Poeta) y 33 / IMDEC / Geo-grafías Comunitarias / Consejo Regional Totonaco / Red de Resistencia y Rebeldía en apoyo al CNI-CIG Puerto de Veracruz / Red en Defensa del Agua y la Vida-REDAVI/ NODHO de Derechos Humanos / Mazatecas por la Libertad / Un salto de Vida, Jalisco / Taller por la defensa de los territorios / Unificación de pueblos y colonias contra la minería en Morelos / Organización Campesina de la Sierra del Sur Tepetixtla O.C.S.S / Unión Popular Apizaquense Democrática e Independiente/ Consejo Nacional Urbano y Campesino (CNUC) Tlaxcala/ Colectivo de L@s Hij@s del Maíz Tlaxcala/ Tejiendo Voces / Mujeres y la Sexta – Abya Yala / Red Universitaria Anticapitalista (RUA) / Red de Apoyo Iztapalapa Sexta / Red Movimiento y Corazón Zapatista

radio
Avispa Midia

Bacalar, en la defensa de su territorio Maya

Fuente: Avispa Midia

Por Haizel de la Cruz*

En portada: Jóvenes mayas disfrutan la Laguna de Huay-Pix, que se encuentra en el extremo sur de Quintana Roo, y forma un gran sistema lagunar junto a la Laguna de Bacalar y al río Hondo. Enero, 2021. Foto: Haizel de la Cruz.

Bacalar es un pueblo maya que nuestras abuelas y abuelos más primeros eligieron porque hay una laguna: la mayoría de los pueblos en la Península de Yucatán se fundaban alrededor de alguna fuente de agua. Su nombre significa “rodeado de carrizo”, de las palabras mayas Bak’, que significa alrededor y jalal que significa caña o carrizo.

Es conocido como La laguna de los siete colores, que en realidad son siete tonalidades de azul; también tiene tres cenotes. En Bacalar, que se ubica en el estado costero de Quintana Roo, la gente vive de la milpa, siembra maíz, calabaza, frijol, papaya, piña, plátano, mango y otros, además de la apicultura y el turismo comunitario.

Foto: Haizel de la Cruz

Antes la gente de Bacalar vivía alrededor de la laguna, pero el panorama ha cambiado: hoy a la orilla vemos grandes hoteles, restaurantes y servicios de turismo.

En la última década la laguna se ha convertido en un parque acuático para los turistas, generando una derrama económica para los empresarios. Hoy, en Bacalar se pretende poner una estación del mal llamado Tren Maya, afectando no solo la salud de la laguna, sino también del pueblo maya. Ya tenemos claro que los impactos de estas megaobras dañan nuestro tejido social, económico, organizativo, político y cultural.

Hace poco más de 15 años, Bacalar fue nombrada “Pueblo Mágico” por la Secretaría de Turismo . El secretario de esta dependencia, Miguel Torruco, dijo al anunciar la designación que venían cosas mejores para Bacalar. Las declaraciones del secretario reflejan su interés únicamente por el turismo de masas. Cuando dice que vienen cosas mejores, la pregunta que tenemos nosotros es: ¿para quiénes?

Como mayas, vimos con mucha preocupación cómo nuestro territorio comenzaba a ser invadido por diversos megaproyectos. De ahí nos hemos organizado a nivel peninsular a través de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíimbal, en la que soy integrante.

Esta asamblea tiene por objetivo la defensa de la vida maya, para esto construimos algunos acuerdos: No vendemos ni rentamos la tierra, No a las religiones, No a los partidos políticos, Sí a la cultura y lengua maya, Sí a la defensa de nuestros derechos como pueblos mayas, Sí a la identidad como pueblos mayas.

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Nuestra vida, como pueblo maya, es una vida familiar que tenemos con los animales, con las aves, con las piedras, con el viento, con el fuego, con el agua, con los Yuum (guardianes).

Nos preocupa que hoy nuestra vida familiar maya toda se ve amenazada por los megaproyectos, entre ellos la soya transgénica, las granjas porcícolas, el turismo de alto impacto, la energía fotovoltaica y eólica y ahora el tren mal llamado Maya. En enero, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíimbal, cuyo nombre significa “caminamos juntos”, cumplió seis años como organización. En el marco de la celebración de los seis años, conversé con una persona integrante de la asamblea en Bacalar.

A lo largo de la entrevista, el entrevistado señaló el crecimiento de la violencia en esa zona con la llegada del megaproyecto Tren Maya. También manifestó su desacuerdo con la postura de Torruco y otros funcionarios del gobierno federal, por asumir que el turismo de alto impacto es algo deseado por los “pobladores mayas” del lugar.

Enfatizó que las comunidades no están de acuerdo con el tren, que más bien la gente está desinformada porque la información no está llegando a las comunidades. La persona que entrevisté ha pedido que su nombre quede en el anonimato por temor a represalias. Nuestra conversación ha sido ligeramente editada por claridad y extensión.


Haizel de la Cruz: Para empezar, cuéntanos un poco de Bacalar.

Compañero de Bacalar: Es un pueblo que tiene una historia bastante larga, más de 1,500 años de historia desde que nace Bacalar como un pueblo maya, antes de la llegada de los españoles. Se ha ido poblando: la población es maya y de estados vecinos. Hasta hace una década, o 15 años, digamos, hace relativamente poco, casi todos se conocían en el pueblo. Yo creo que eso de alguna forma mantuvo segura a la población, orque, pues, conoces a tus vecinos. Todos se llevan, todos tienen algún tipo de amistad o cercanía entre familias; muchas son de la misma familia. Entonces Bacalar era bastante tranquilo, podías transitar por sus casas, por sus calles, ir por sus brechas, ir a tu terrenito, a tu milpa sin ningún problema.

El narcotráfico era algo inexistente, todo bastante tranquilo, como ha sido en las comunidades mayas desde siempre. Hasta la propia población se cuidaba, la propia población aseguraba esa tranquilidad, sin que hubiera ni policías, ni militares en la población. Estaba segura, ella misma estaba segura.

De ahí para acá vemos que la violencia inició y se fue incrementando con este empuje que el gobierno ha estado insistiendo de que Bacalar crezca como un pueblo que recibe al turismo, que este lo convierte en “pueblo mágico”.

HdlC: ¿Tú crees que esta violencia la empiezan a vivir ante el anunció de la llegada del Tren?

CdB: La violencia la viene desencadenado principalmente el megaproyecto del Tren y a los megaproyectos asociados al él, que son los aeropuertos, los hoteles, todo ese tipo de proyectos. El propio Estado los está imponiendo en el territorio y los dueños son principalmente de la [Secretaría de la Defensa].

Nosotros hemos visto que los megaproyectos vinieron también a inaugurar la violencia del crimen organizado. Viene este megaproyecto del tren que no es maya, y ahí ya viene una ola enorme de violencia, una violencia, pues, jamás vista por esta zona, por todo este territorio maya.

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Está relacionada a secuestros, a extorsiones, a desapariciones forzadas, a levantones, a descuartizados.  Ese tipo de violencia era impensable. No es propia de acá. No es algo que hayamos visto antes.

HdlC: ¿Cuál es tu interpretación de la violencia en tu comunidad?

CdB: Nosotros vemos [la violencia] como algo integral: donde mete la mano el gobierno imponiendo megaproyectos, llega el crimen organizado.

El gobierno, siendo pues también un narcogobierno, llegan de la mano con el mismo propósito de despojar a los pueblos indígenas de sus tierras, de su agua, de sus montes, por eso también vemos que es absurdo que digan: “Nosotros estamos militarizado la zona por el bien de la población”.

Realmente están militarizando para defender a sus narcos y defender sus megaproyectos que llegan con una demanda del turismo. También las drogas llegan, no tanto para consumo sino para venta y distribución.

Este movimiento de drogas era bastante mínimo, tal vez en las comunidades ni existía este tipo de cosas, pero sí lo veíamos en las zonas más turísticas de la península de Quintana Roo, como Cancún, Playa [del Carmen], Tulum, Mahahual, pues es donde más se mueve este tipo de sustancias.

La forma en la que esto llega le llaman desarrollo: el gobierno ve que Cancún es una ciudad desarrollada para ellos, es un ejemplo, nosotros la vemos con temor.

HdlC: Tú hablabas de que lo que quiere el estado es generar una división en la comunidad y así es mucho más fácil despojar y controlar el territorio, ¿Cómo percibes esto?

CdB: Ellos [el gobierno] saben cómo meterse en las comunidades y cómo ir rompiendo la propia comunidad.

Con el auge del turismo, toda esta zona la ven como una oportunidad económica. Mucha de la población que está [trabajando] en estos hoteles es explotada. No saben bien cómo se manejan ese tipo de negocios, pues viven un poco engañados, piensan que está bien trabajar tanto y no recibir un sueldo como debería de ser, por eso la mayoría de la población juvenil vive cada vez más en la pobreza.

Se les hace más difícil acceder a la educación, a las universidades. Eso tiene que ver también con el despojo de tierra, con el incremento de las cosas básicas, de la alimentación, de la electricidad, de la luz, porque se encarece realmente Bacalar. No va a la par con los sueldos, ni con la capacidad que tenemos para poder tener ese nivel de adquisición.

[El narco] está captando a la población joven, que es la fuerza que va naciendo de la comunidad, que debería de ser esa fuerza que esté aprendiendo a defender su tierra, que esté aprendiendo a ser más fuerte. Son los herederos de este territorio.

Ahora, en lugar de estar pensando en defender su tierra, pues están pensando en defender a su cártel, están pensando en defender a su jefe y, ¿dónde va a quedar entonces quien defienda la tierra? Si ellos son los jóvenes.

HdlC: Por último, ¿cómo se organizan en tu comunidad a partir de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíimbal?

CdB: Algunas de las cosas que hacemos van enfocados en llevar información a las comunidades, tejer poco a poco ese tejido comunitario, platicar con nuestra comunidad, estar en contacto, expresar esto por medio de textos, de pequeñas asambleas dentro de las comunidades. Nosotros intentamos acercarnos e ir escuchando sus temores, sus dolores, ir buscando cómo apoyarlos, hemos puesto amparos, hemos recurrido a esta parte legal también, porque es parte del caminar.

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También tenemos la No-Radio Múuch’ Xíimbal y usamos este espacio para dar la información de lo que estamos viviendo en nuestras comunidades y para reforzar nuestra identidad y nuestro pensamiento crítico respecto a lo que estamos viviendo.

Cada vez la gente afortunadamente está cuestionándose: ¿qué realmente es la Cuarta Transformación? ¿Es una transformación? ¿Eso da una pauta para hacer algo más? Eso es para pensar qué vamos a hacer como comunidades. Así es un poco lo que andamos haciendo en la Asamblea.

*Haizel de la Cruz es fotógrafa maya e integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíimbal

radio
Avispa Midia

Minera canadiense avanza silenciosamente para explotar oro en Los Chimalapas

Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

Campesinos en el campo los vieron pasar con sus equipos, era el año 2021. Pusieron atención porque era gente que no es común en esta zona. No le dieron mucha importancia en un primer momento, pero, eran ingenieros y técnicos que estaban haciendo exploración minera en los municipios de San Miguel Chimalapas y Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca, una de las mayores zonas selváticas de México. Los mineros confirmaron que, en las entrañas de estas montañas, se encuentra un gran yacimiento de oro y cobre.

Un poco antes de internarse en esta región donde habita el pueblo Zoque, la empresa canadiense Minera Minaurum Gold S.A. de C.V., en el año 2021, había vendido 23 mil acciones en Canadá, de donde pudo recabar 9,2 millones de dólares canadienses para continuar con sus procesos de exploración y lo que consideran fines generales de explotación de sus proyectos mineros en México. Uno de ellos es el proyecto bautizado con el nombre de Santa Marta.

El comisariado de bienes comunales de San Miguel Chimalapas, Vicente Contreras, dijo para Avispa Mídia que los habían visto pasar en 2021. “Decidimos armar unas brigadas para recorrer el territorio y encontramos que en algunos lugares habían removido la tierra. Entonces nos movilizamos porque no queremos minería en nuestro territorio”, señaló.

De acuerdo con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Plataforma de Transparencia, las solicitudes de los permisos de Santa Marta, habían sido desechados mediante el acuerdo establecido en el oficio UGA-0687-2021, dictamen que fue notificado a la empresa el 25 de junio de 2021, vía correo postal certificado.

Un mes después del supuesto dictamen de Semarnat, en julio del mismo año, Minaurum, para dar certeza a sus accionistas, anunció que veía “más oportunidades desbloqueadas en algunos de los proyectos de exploración menos avanzados de la empresa, en particular Santa Marta, un proyecto de sulfuro masivo volcanogénico (de cobre y oro) potencialmente muy grande”.

Incluso, el anuncio de la empresa se daba con bombo y platillo argumentando que uno de sus inversionistas más importantes, la empresa de activos Crescat Capital, equiparó Santa Marta con el yacimiento de oro y cobre de categoría mundial Hod Maden en Turquía, un proyecto que concentra reservas minerales de 8 mil 696 toneladas de oro y cobre.

Aunque Semarnat sostiene en respuesta a las peticiones de información que los permisos de Santa Marta habían sido desechados en junio de 2021, oficialmente en su plataforma el proceso continuó hasta el 17 de agosto del 2021 sin haber hecho público los resolutivos. Por el contrario, en las peticiones de información sostiene que es información “reservada o confidencial”.

Minaurum solicitaba un permiso de exploración por un periodo de 12 meses. Si esto hubiera surtido efecto, entraría en vigor en agosto del 2021 hasta agosto del 2022, justo en las fechas cuando vieron pasar a los mineros por la región.

En el portal de la empresa hay fotos de sus recorridos por este lugar, aunque no mencionan las fechas.

Geólogos de Minaurum en la mina Santa Marta

La novedad es que la empresa sostiene en un informe de este año 2024, que el muestreo de roca histórico realizado “ha arrojado valores de cobre que oscilan entre 1% y 3,7% de cobre y valores de oro que alcanzan los 3 g/t (gramos por tonelada en bruto de roca)”, según su informe llamado “Perspectivas de Exploración 2024”.

Es así que la empresa Minaurum ha avanzado con el proyecto Santa Marta y anuncia que ha actualizado sus actividades de exploración para 2024, incluyendo un nuevo trámite presentado para una solicitud de permiso de 3 mil metros de perforación, lo que implica una nueva MIA y un nuevo proceso que tiene que aprobar Semarnat. Mientras tanto, Minaurum está obligada a dar avances a sus inversionistas que han invertido los 9,2 millones dólares canadienses.

Brigadas que recorren el territorio de San Miguel Chimalapa

La estrategia

El proyecto Santa Marta abarca dos concesiones que se ubican entre los municipios de San Miguel Chimalapas y Santo Domingo Zanatepec, los mismos que tienen conflictos legales en cuanto a sus limítrofes de las tierras. “El problema de límites comprenden más de 13 mil hectáreas y es ahí donde está este proyecto”, dijo el comisariado de San Miguel Chimalpa.

Lo interesante es que a Minaurun, a la hora de solicitar sus permisos de exploración en 2021, según la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) realizada por Asesores en Impacto Ambiental y Seguridad, S.C., presentó una copia de resolución del conflicto legal de linderos entre San Miguel Chimalapas y Santo Domingo Zanatepec. Pero el comisariado sostiene que “el problema agrario aún no se ha resuelto. Porque hemos metido un recurso de revisión que aun está en los tribunales, entonces el conflicto no está resuelto”.

En el año 2019 Semarnat ya le había negado una autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) a la empresa según el oficio SEMARNAT-SGPA-UGA-0021-2019, con la cual solicitaba autorización para la realización de obras y actividades en los dos lotes del proyecto.

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Pero cuando Minaurum volvió a solicitar la aprobación de una nueva MIA y los permisos de exploración, en 2021, el apoderado legal de la empresa, el Maestro Daniel Jesús Ventura Uribe, presentó más documentos, pero ahora solo para hacer exploración en el lote Jackita. Complementando con una copia certificada de notario público con el permiso de la comunidad La Cristalina, perteneciente a San Miguel Chimalapa.

Es ya sabido que las empresas mineras en México recurren a diversas estrategias para poder proceder con la exploración y explotación de los minerales, una de ellas es dividir a las comunidades y recargarse en un grupo. “Es lo que pasó con la comunidad de La Cristalina, quien supuestamente les dio el permiso para ingresar a nuestro territorio para hacer exploración”, lamenta el comisariado Contreras, quien lleva dos años con el cargo.

Para el Comisariado esto es totalmente ilegal, ya que pasaron por alto a la máxima autoridad. “Aquí ninguna comunidad está facultada para dar este permiso, ni si quiera yo como comisariado. Porque el propio estatuto comunal establece que la última palabra la tiene que dar la asamblea general, donde participan todos y todas las comuneras. Por ello, La Cristalina no está facultada para dar este permiso. Esto es una ilegalidad”, puntualiza el representante agrario de la comunidad.

Los dos lotes mineros Reducción Mar de Cobre y Jackita, con número actualizado de títulos correspondientemente 246936 y 225472, suman la exorbitante dimensión de más de 6 mil 400 hectáreas, casi el equivalente a nueve veces lo que comprende a Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Actualmente esta empresa, a través de su filial Minera Zalamera, S.A. de C.V., cuenta con 9 concesiones vigentes en el estado de Oaxaca en fase de exploración que suman más de 27 mil hectáreas. También tiene una concesión en Puebla, una en Morelos, dos en Guerrero y tres proyectos en Sonora.

Dependencia del agua

El resguardo de región de Los Chimapalas es de ámbito internacional, ya que es esta región, según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), hay zonas consideradas de “extrema prioridad para su conservación”, porque se trata de un gran corredor que, sumado a otros ecosistemas, hacen del Estado de Oaxaca el más rico en diversidad biológica del país.

Por la región cruza la Sierra Atravesada, la Sierra de Tres Picos y la Sierra Espinazo del Diablo y las cuencas de los ríos Corte y el Alto Uxpanapa. Comprende la totalidad de los Municipios de Santa María Chimalapa y San Miguel Chimalapas, así como parte de los Municipios de Matías Romero y San Pedro Tapanatepec colindando al este con el estado de Chiapas.

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El comisariado de San Miguel Chimalapas destaca que la mayoría de las personas en estas comunidades se dedica al campo y dependen del agua. “Que vamos hacer si se contaminan los mantos acuíferos. Chimalapas alimenta a una gran cantidad de comunidades, por eso nos preocupa, porque no vamos a comer oro, vivimos del campo. Dependemos del agua”, alerta.

Ni la empresa ni el Estado les ha dado información hasta el momento de lo que implica la exploración y posible explotación de estos lotes mineros. “La única información que hemos obtenido es a través de foros que han organizado los propios jóvenes de la comunidad”, dice Contreras, representante agrario de esta comunidad.El comisariado sostiene que las comunidades son tajantes en no permitir el extractivismo. “En distintas asambleas hemos acordado no permitir la explotación minera en nuestro territorio. Vamos a defender nuestras tierras”, remarca el indígena Zoque.

Foros informativos realizados por jóvenes de san Miguel Chimalapa

radio
Avispa Midia

Quinto aniversario de un Amilcingo sin Samir Flores

Fuente: Avispa Midia

Texto: Camila Plá
Fotografías: Esthel Vogrig

Durante la mañana del 20 de febrero en Amilcingo, estado de Morelos, México, muchas mujeres y hombres fueron llegando poco a poco a la casa de la familia Flores Velazquez, la mayoría iba con un ramo  de nube blanca bajo el brazo y, como es costumbre en la región, un jarro de barro para colocarlas. Con rostro solemne se sentaron a escuchar a los padres y la seminarista que comenzaron la misa en honor a Samir Flores.

Mientras tanto, Liliana Velázquez, quien fue su esposa, corría de un lado a otro sin que los pendientes le dieran tregua, sus hijas se encontraron con sus amigas y entraron a su casa a jugar, los vecinos se saludaron con un rápido apretón de manos y un colibrí picotea las flores que adornaban la mesa donde se encontraban los retratos del difunto.

Este martes 20 se cumplieron 5 años del asesinato a Samir, es aniversario de cuando un grupo armado tocó su puerta y le dio dos balazos, cambiando su historia, la de su familia y de toda la comunidad. Hace ya 5 años que no hay justicia.

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Ha pasado tanto tiempo, pero a la vez, parece que fuera ayer que él estaba caminando por el pueblo, saludando a todos sus vecinos y compartiendo las noticias en la radio. En Amilcingo se siente cerca su presencia, su nombre sigue vivo. Y es que su vida y muerte marcaron la historia de la comunidad porque Samir fue asesinado por defender el territorio en contra del Proyecto Integral Morelos (PIM), un megaproyecto de muerte que surca tres estados de la República: Morelos, Puebla y Tlaxcala y que cruza el territorio de la comunidad de Amilcingo.

El megaproyecto implicó la construcción de un acueducto, una termoeléctrica de ciclo combinado y un gasoducto, este último es el que cruza el pueblo natal de Samir. Fueron tres los gobiernos implicados en su construcción e imposición; muchos de los primeros impulsores del megaproyecto siguen formando parte del actual gobierno, aunque el color que gobierna cambie con las elecciones. Las formas en que han operado y los usos discursivos han cambiado al mismo tiempo que los sexenios, pero en los tres casos los pueblos han resistido y han demostrado su inconformidad con el PIM.

Los padres que llevan la misa recuerdan que la historia de Samir es de lucha por la defensa del territorio, la tierra, el campesinado y el agua. Y es que el PIM es un riesgo en la crisis hídrica que actualmente se vive en gran parte del país y sobre todo en la zona central donde se encuentra Amilcingo.

Los habitantes de la comunidad tienen muy claras las implicaciones de los megaproyectos, y es que el PIM no es la primera lucha que ha llevado a cabo el pueblo, sino la última de una larga historia de organización popular. Se remonta hasta la Revolución cuando sus habitantes se unieron al Ejército Zapatista, la División del Sur, para luchar por tierra y libertad, los mayores en la comunidad todavía cuentan las hazañas de sus padres y madres, manteniendo viva la memoria del zapatismo.

Posteriormente muchos de sus habitantes se volvieron jaramillistas y en la década de los setenta se llevó a cabo una organización popular por la autonomía de los pueblos frente a los terratenientes del municipio. Dicha lucha resultó en la conformación del municipio de Temoac- actual municipio de la comunidad- y desembocó en la defensa de las normales rurales, la cual fue liderada por el normalista y luchador social Vinh Flores Laureano.

Vinh fue asesinado junto a dos de sus compañeros antes de que se fundara la Normal Rural Emiliano Zapata de Amilcingo, pero el pueblo lo sigue recordando con cariño y dolor, tanto que la calle donde vivió Samir lleva su nombre. Curiosamente, Vinh fue tío de Samir.

Al terminar la misa, las personas asistentes comenzaron una caminata hacia el panteón del pueblo. En procesión, la familia y los amigos cercanos encabezaron a les caminantes, les niñes de la Escuela Primaria se unieron con carteles y pancartas con el nombre de quien años atrás fue su maestro de agricultura orgánica.

La primera parada fue frente a la radio comunitaria donde Samir era locutor en dos programas, además de que fue quien la fundó. En la radio esperaba La comparsa, grupo  con máscaras, que con música guapachosa y de protesta recibió a la procesión. La radio es la vivienda de una familia que hace ya diez años prestó su casa como sede. El muro que da a la calle está pintado con un mural con diversos rostros, referentes de la lucha popular, se encuentra Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, el Sub, una Adelita y desde hace menos de cinco años también está el rostro de Samir.

La segunda parada fue en la Escuela Primaria que actualmente lleva su nombre. Que exista la escuela se debe a que la comunidad impidió que, tras el sismo del 19 de septiembre del 2017, el Estado demoliera la primaria que históricamente había sido la única del pueblo. La intención estatal era tirarla para dividir a la comunidad y obligar a reubicarlos en una escuela construída con fondos del gasoducto a las afueras de la comunidad.

Durante casi dos años, la escuela no tuvo reconocimiento oficial, sin embargo la comunidad se organizó para continuar impartiendo clases de forma autónoma. Fue entonces que Samir entró como maestro de agricultura orgánica. En marzo del 2019, el pueblo consiguió el reconocimiento oficial de la escuela y cambió su nombre a Escuela Primaria Samir Flores Soberanes. La directora habló sobre la vida de Samir y los responsables de su asesinato y tras las presentaciones de les niñes, se continuó con la caminata hacia el panteón, donde actualmente descansa Samir junto a los antepasados del pueblo.

Desde que fue asesinado, el nombre de Samir ha resonado en varias geografías, surcando territorios que en vida no llegó a conocer, siendo nombrado y respetado por personas que quizá nunca conoció ni le conocieron. Pero su nombre, vida y lucha es ahora un referente al hablar de la defensa del territorio y del agua. Recordar su nombre y seguir exigiendo justicia es también un acto de resistencia frente a la guerra contra los pueblos originarios.

Durante estos cinco años, la memoria ha resultado indispensable para los habitantes de Amilcingo. Recordar no es únicamente un acto de resistencia, sino que es una herramienta para la construcción de alternativas. Es desde la remembranza de lo que fue que se puede vislumbrar y construir una alternativa al despojo. Como explica Jorge Velázquez del Frente de Pueblos: “nosotros seguiremos resistiendo, continuaremos con lo que nos enseñaron nuestros abuelos”.

A tu memoria, compañero.

radio
La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Hoy, de nuevo los sobrevivientes de la Masacre de Acteal y demás miembros de nuestra organización, amanecimos ayer con la zozobra de escuchar numerosos disparos de armas de uso exclusivo del ejército en las inmediaciones de esta Tierra Sagrada

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Acteal, Chenalhó, Chiapas, México.

22 de febrero del 2024

 

Al Congreso Nacional Indígena

Al Consejo Indígena de Gobierno

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

A las y los Defensores de los Derechos Humanos

A los Medios Libres y Alternativos

A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional

A la Sociedad Civil, Nacional e Internacional

 

Hermanas y hermanos:

Hoy nos encontramos conmemorando, una vez más, los terribles acontecimientos que sucedieron en esta tierra hace 26 años y dos meses, donde les fuera arrancada la vida, del modo más cruel, a nuestras 45 hermanas y hermanos mártires, y a los 4 bebés a quienes violentaron aún dentro del vientre de sus madres, en un operativo ejecutado por paramilitares priístas y cardenistas de Chenalhó; planeado, financiado, protegido y encubierto con la coordinación contrainsurgente de los tres niveles del gobierno criminal y cuyos responsables siguen en la total impunidad.

Hoy, de nuevo los sobrevivientes de la Masacre de Acteal y demás miembros de nuestra organización, amanecimos ayer con la zozobra de escuchar numerosos disparos de armas de uso exclusivo del ejército en las inmediaciones de esta Tierra Sagrada. Hoy, de nuevo vimos los patrullajes por tierra y aire de los militares que no resuelven ni intervienen para parar la violencia.

Sólo que esta vez no se trata del Plan de contrainsurgencia Chiapas 1994. Esta vez, se debe a los enfrentamientos entre grupos rivales del crimen organizado que se disputan el control de nuestra región, así como desde 2021 grupos parecidos imponen su ley en la zona fronteriza con Guatemala, como documentan nuestras compañeras y compañeros de la Red TDT (Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos, Todas y Todes”) en un valioso informe que presentaron este mes, cuyo nombre describe también perfectamente lo que estamos viviendo hoy en Chenalhó y Pantelhó: el “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos”.

Como si no valiera el sufrimiento de los ya 10,000 desplazados que han tenido que huir de la violencia en Chiapas desde que iniciaran las peleas por la plaza entre distintos grupos del crimen organizado en 2021, el gobierno no hace justicia sino que se alegra cuando los pueblos nos enfrentamos entre nosotros mismos, garantizando que se haga mayor la violencia y sigan impunes todas las ejecuciones, masacres, feminicidios, desplazamientos forzados, torturas, cobros de derechos de piso, amenazas, violaciones, desapariciones, persecución a los periodistas que dicen la verdad y a las organizaciones de derechos humanos. Y con su remilitarización de Chiapas, sólo ha aumentado la violencia, la violación a los derechos humanos de los hermanos migrantes centroamericanos, la prostitución y el consumo de droga y alcohol alrededor de los puestos militares.

En nuestros municipios de Chenalhó, Pantelhó y Simojovel hay muchísimas armas. Están las armas de los paramilitares de fines de los años noventa, que hoy se encuentran libres y nunca fueron desarmados, sino al contrario, fueron premiados y siguieron siendo pagados por el gobierno. Además, se han formado en muchos casos, nuevos grupos de apoyo armado con el dinero de candidatos y funcionarios de los partidos políticos activos en nuestras comunidades. Y también hay nuevas armas que han entrado a las comunidades, financiadas por distintos cárteles de narcotraficantes. Y es con la ayuda de todas estas armas que hoy seguimos acumulando el número de personas ejecutadas, asesinadas por balas perdidas, y resguardando desplazados, en un despliegue diario de terror y miedo, que las autoridades encargadas de velar por la seguridad de los mexicanos están aprovechando en Chiapas y el resto del país, para imponer sus megaproyectos y hacer sus negocios, muchas veces aliados a los narcos y sicarios, deshaciéndose así de las defensoras y defensores de la tierra, el territorio y la Vida.

Es así que hoy, más que nunca, entendemos y nos hacemos eco de las exigencias de nuestras compañeras y compañeros de la Comunidad Indígena Nahua de Santa María Ostula (fundadores del CNI) que siguen repeliendo ataques de comandos armados como el que sufrieron el pasado primero de febrero, mientras que la Guardia Nacional, la Guardia Civil y la Fiscalía del estado de Michoacán solapan y protegen al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) pero criminalizan a la Guardia Comunal de Ostula.

Es por eso que todas Las Abejas hoy le mandamos nuestro aliento a todas y todos los que están sufriendo por estas tremendas injusticias, como los hermanos y hermanas zapatistas de la región autónoma de Moisés y Gandhi (del Caracol Patria Nueva, ubicado en el municipio oficial de Ocosingo, Chiapas) que el pasado 11 de febrero resistieron más de cien disparos de integrantes de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), provenientes de las comunidades 7 de febrero y San Antonio Las Flores, a una distancia de 150 metros del poblado, donde de por sí se encuentran desplazadas, desde el pasado 19 de enero, 28 personas Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuyas casas y pertenencias fueron destruidas y forzadas a huir de su comunidad La Resistencia, atacadas por un grupo de más de 40 integrantes de la ORCAO, quienes portaban armas de fuego, machetes y palos y permanecen protegidos por el gobierno, impunes por causar este despojo y desplazamiento forzado. Exigimos el cese de estos ataques armados a nuestros hermanas y hermanos zapatistas y justicia para las familias desplazadas.

También queremos seguir enviando ánimo y apoyo a nuestras hermanas y hermanos desplazados de Frontera Comalapa y Chicomuselo, así como a todos los familiares de las personas ejecutadas y desaparecidas en esta guerra cruel.

Y también recordamos especialmente a los familiares y compañeros de nuestro maestro, hermano defensor y comunicador comunitario Samir Flores, en el Quinto Aniversario de su asesinato que también sigue impune. Nosotros sabemos que la única línea de investigación que no ha querido seguir el gobierno, la que involucra su papel de defensor de la tierra y el agua de los pueblos contra la imposición del Proyecto Integral Morelos, es la verdadera causa de que lo hayan eliminado, precisamente en vísperas de la amañada consulta que organizó López Obrador para aprobar la construcción del gasoducto en su tierra.

Y es la misma razón por la que el derecho a la tierra y el territorio de los pueblos originarios de México, de nueva cuenta es mutilado de la propuesta de ley indígena que acaba de enviar el Presidente al Congreso de la Unión el pasado 5 de febrero, con la que Andrés Manuel López Obrador quiere aparentar que hace justicia a los pueblos indígenas y afro-mexicanos reconociéndonos como sujetos de derecho, después de la traición que nos hicieron los tres poderes de gobierno, que en el año 2001 garantizaron que no se llevara a la Constitución lo que se había pactado en la Mesa de Diálogo sobre Derechos y Cultura Indígena con el EZLN y los Pueblos Indígenas de toda la república mexicana. La nueva iniciativa de ley es engañosa y mañosa porque está llena de mentiras y falsedades. Por un lado nos quieren dar y reconocer el derecho a ser sujetos, titulares de los derechos, pero por otro lado, el gobierno federal nos quiere seguir quitando legalmente nuestras tierras, que nos pertenecen, incluso antes de que la corona española otorgara a nuestros pueblos la cedula real de posesión y devolución de las tierras que les quitaron a nuestras abuelas y abuelas. Así mismo, en la iniciativa de la nueva ley, el Presidente de la República quiere lavarse las manos como Herodes, diciendo que las empresas o particulares son las responsables de hacer las consultas a nuestros pueblos. El señor Presidente está siendo incongruente con sus discursos. No está a favor de nuestros pueblos, nada de que primero los pobres, “devolverle al pueblo lo robado” encubre el verdadero interés que es entregar al gran capital lo poco que nos queda de nuestras tierras y territorios. Le recordamos al gobierno que con ley o sin ella, reconocidos o no en la Constitución como sujetos de derecho, seguiremos siendo sujetos de nuestras historias, haciendo ejercicio de nuestra ley interna comunitaria mal llamada por el poderoso como “Usos y costumbres”. Nuestra autonomía y libre determinación la seguiremos ejerciendo como lo hemos hecho antes y después que llegaron los españoles.

En días pasados se cumplieron exactamente 28 años de que se firmaron los acuerdos de San Andrés, de donde salió la propuesta de la entonces Cocopa (Comisión de Concordia y Pacificación), que contenía las reformas mínimas a la Constitución Mexicana con las que estuvieron de acuerdo el EZLN y numerosas organizaciones indígenas independientes del gobierno, que luego nos conformamos como Congreso Nacional Indígena (CNI), para reglamentar el acceso de los Pueblos Indígenas a los derechos que ya se nos reconocían internacionalmente en el Convenio 169 de la OIT, que aunque México ha firmado, han sido violados sistemáticamente en nuestro país con todas las reformas estructurales neoliberales y aún peor en el sexenio de López Obrador. Pues como sabemos, AMLO ha sacado adelante, cueste lo que cueste, los Megaproyectos del Tren Maya, Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y Proyecto Integral Morelos, destruyendo irreversiblemente reservas de la biósfera, despojando bienes comunales y ejidos a su paso, reordenando los territorios de nuestros pueblos a la lógica de los grandes capitales, criminalizando o eliminando a todos los que se oponen a estos planes.

Prueba de ello es que sólo en este mes de febrero, se sostuvieran las órdenes de aprensión contra 17 habitantes de la localidad de Puerto Madera, Oaxaca y se condenó a 46 años de prisión, una multa y pago millonarios al defensor oaxaqueño David Hernández Salazar por la defensa de las Tierras de Uso Común del Pitayal. Exigimos que se revoque esta absurda sentencia y que se desistan de la causa penal 446/2022 para devolver la tranquilidad a los compañeros que tienen órdenes de aprensión, cuyo único delito ha sido defender sus tierras para que no sean despojados por el Parque Industrial y el Megaproyecto Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que en total lleva ya 52 hermanos indígenas ayuuk y binniza imputados penalmente.

Es el colmo que, además de rasurar la Ley Cocopa, el gobierno de López Obrador, quitando toda mención al derecho de los pueblos indígenas a propiedad, la gestión y cuidado de sus tierras colectivas y territorios, además quiere que le agradezcamos que le entregue en charola de plata a las empresas que quieren despojar y contaminar nuestro territorio, el financiamiento y la organización de las consultas necesarias para obtener el consentimiento de los pueblos en la entrega de sus recursos. De la misma manera como hace años organizó un “ritual para pedirle permiso a la Madre Tierra” para ultrajarla adecuadamente en la construcción del Tren Maya. Exigimos que, si se aprueban estas reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígena, por lo menos se garantice el derecho a una verdadera consulta a los pueblos, de acuerdo a lo que estipula la Declaración Internacional sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y no de la forma mañosa como se han organizado este tipo de consultas para el consentimiento del despojo a los indígenas y campesinos que hemos visto en este sexenio.

Pedimos especialmente por las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, que han sido víctimas nuevamente del hostigamiento y el desprecio del gobierno federal, que, como hizo con nosotros, intenta dividirlos, teniendo ahora como interlocutores a un pequeño grupo de cuatro familiares, que fueron convencidos para favorecer los intereses de la familia Abarca y la banda delictiva Guerreros Unidos, si quieren dar con el paradero de sus hijos. Le pedimos al Dios de la vida que siga sosteniendo su digna lucha por encontrar a sus hijos y encontrar y castigar a los verdaderos responsables de su desaparición, caiga quien caiga.

Y con las fuerzas que nos quedan, nutridas de la gracia que nos regalan nuestros Mártires, para resistir en estos tiempos de tribulación, seguiremos denunciando todos los esfuerzos que sigue haciendo el mal gobierno para dividir a las organizaciones en resistencia contra la injusticia, la mentira y la impunidad y pidiendo a nuestro Dios Creador, Formador, Padre-Madre que nos fortalezca en nuestra lucha por la verdadera justicia y la construcción de nuestra autonomía y el ejercicio de nuestra libre determinación como pueblo tsotsil, desde nuestra forma de vida y de lucha que es la No-violencia.

Por eso les pedimos a quienes nos han apoyado y acompañado de distintas maneras durante todos estos años a seguir exigiendo con nosotras Las Abejas de Acteal que se publique ya el Informe de Fondo del Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y Otros (Masacre de Acteal) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como vía para iniciar la rectificación del río de impunidad en el que tenemos tantos años teniendo que navegar. Que la CIDH se desista ya de las posibles dudas que tiene o que el Estado mexicano le ha sembrado por sus falsos argumentos y acciones falsas y engañosas.

¡Alto a la violencia! ¡Cese al fuego entre grupos criminales rivales en nuestros pueblos!

¡Justicia para nuestro hermano Samir Flores Soberanes de Amilcingo, Morelos y todos los ejecutados y desaparecidos por defender la tierra y la paz!

¡Alto a los ataques armados contra el pueblo organizado y la sociedad civil!

¡No más desplazamientos forzados, justicia para todas las familias desplazadas de Chiapas!

¡Alto a la criminalización de los defensores y defensoras de la tierra, el territorio y la Vida!

¡Garantía constitucional a una verdadera consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada a los pueblos en cualquier asunto que los afecte!

¡Alto a la guerra contra el pueblo Palestino!

¡Castigo a los responsables materiales e intelectuales de la Masacre de Acteal, que evite futuras masacres en Chiapas, México y el mundo!

Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza.

 

Atentamente.

La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

 

Por la Mesa Directiva:

 

 

_______________________________ _______________________________
Victorio Pérez Paciencia Oscar Hernández Gómez
Presidente Secretario
   
_______________________________ _______________________________
Alfredo Jiménez Pérez Juan Pérez Sántiz
Sub-Presidente Tesorero





 

 

radio
Avispa Midia

En cuatro décadas se ha acelerado la extracción de aguas subterráneas

Fuente: Avispa Midia

Por Rafael Paz*

Un equipo de investigadores de la Universidad de California, la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, la Universidad de Rutgers, el Colegio Universitario de Londres y la Universidad Rey Abdulaziz analizó 1,693 sistemas acuíferos y los datos arrojados por 170 mil pozos de seguimiento ubicados en 40 países alrededor del mundo, encontrando que el 30 % de los sistemas sufre sobreexplotación y está en niveles críticos.

El estudio, titulado “Rapid groundwater decline and some cases of recovery in aquifers globally”, fue difundido por la revista Nature y subraya que la información muestra que “las rápidas disminuciones del nivel de las aguas subterráneas (>0.5 m al año) se han generalizado en el siglo XXI, especialmente en regiones secas con extensas tierras de cultivo. Fundamentalmente, también se observa que la disminución del nivel de las aguas subterráneas se ha acelerado en las últimas cuatro décadas en el 30 % de los acuíferos regionales del mundo”.

Asimismo se añade: “En el 30 % de estos sistemas acuíferos, el decremento del nivel de las aguas subterráneas se aceleró, y las disminuciones del nivel de las aguas subterráneas de principios del siglo XXI superaron a las de finales del XX. Estos casos de descenso acelerado del nivel de las aguas subterráneas son más del doble de frecuentes de lo que uno esperaría de fluctuaciones aleatorias en ausencia de tendencias sistemáticas en cualquiera de los periodos”.

Los especialistas consideraron que “la mayoría (>80%) de los sistemas acuíferos que exhiben descensos acelerados del nivel de las aguas subterráneas también experimentaron una disminución en las precipitaciones a lo largo del tiempo (es decir, una precipitación anual promedio más baja a principios del siglo XXI que a finales del XX). El descenso de las precipitaciones puede causar que los niveles de agua subterránea caigan, como resultado tanto de impactos indirectos (por ejemplo, aumento de las extracciones de agua subterránea durante las sequías) como de impactos directos (es decir, tasas de recarga reducidas durante las sequías)”, sostienen.

También apuntan que los resultados muestran un vínculo potencial entre la variabilidad climática a escala decenal y la aceleración de los descensos del nivel de las aguas subterráneas. Y que “es probable que la aceleración de la disminución del nivel de las aguas subterráneas, independientemente de sus posibles causas, igualmente acelere las consecuencias de esos decrementos, incluidos los hundimientos de la tierra y los pozos que se secan”, advierten.

Falta de lluvias

Uno de los puntos en que hace énfasis el estudio está relacionado con el clima. Al analizar las tasas de precipitación durante las últimas cuatro décadas en los sistemas hídricos subterráneos seleccionados, se encontró que “la mayoría (>80%) de los sistemas acuíferos que exhiben descensos acelerados del nivel de las aguas subterráneas también experimentaron una disminución en las precipitaciones a lo largo del tiempo (es decir, una precipitación anual promedio más baja a principios del siglo XXI que a finales del XX)”.

La disminución de precipitaciones, comentan, es la posible causa de que los niveles de agua subterránea caigan como resultado tanto de impactos indirectos (uno de ellos sería el “aumento de las extracciones de agua subterránea durante las sequías”) como de impactos directos (por ejemplo, “tasas de recarga reducidas durante las sequías”).

“Nuestro hallazgo [que las tasas de precipitación de principios del siglo XXI fueron más bajas que a finales del XX en la mayoría de los sistemas acuíferos que exhiben descensos acelerados del nivel de las aguas subterráneas] destaca un vínculo potencial entre la variabilidad climática a escala decenal y la aceleración de los descensos del nivel de las aguas subterráneas. Es probable que la aceleración de la disminución del nivel de las aguas subterráneas, independientemente de sus posibles causas, también acelere las consecuencias de esas disminuciones, incluidos los hundimientos de la tierra y los pozos que se secan”, alertan.

Casos de éxito

Sin embargo, asegura el estudio, no todo son malas noticias. De los sistemas acuíferos subterráneos que se analizaron, el 16 % mostró que “el descenso del nivel de las aguas subterráneas se invirtió, definiéndose como los casos en los que el nivel de las aguas subterráneas disminuyó a finales del siglo XX, pero aumentó a principios del XXI”; mientras que en el 13 %, “el nivel de las aguas subterráneas se incrementó tanto a finales del siglo XX como a principios del XXI”.

Para los investigadores, si se toman medidas oportunas respecto a “la gestión de la recarga de acuíferos y los desvíos de aguas superficiales”, existe el “potencial de recuperación de los sistemas acuíferos agotados”.

Es un punto en el que coincide Alejandro Jaramillo Moreno, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC), quien insiste en la importancia de sistemas de aguas subterráneas para los ecosistemas e, históricamente, para nuestra vida diaria.

“Es el agua fresca que tenemos más disponible como sociedad, porque ésta en el planeta es alrededor de un dos y medio por ciento del agua total. Es muy poca y la gran mayoría se encuentra en glaciares y casquetes polares, es difícil acceder a ella. Como los recursos de agua superficial de ríos y lagos no son tantos como quisiéramos, el agua subterránea se vuelve nuestra principal fuente”, recalca Jaramillo Moreno y pone como ejemplo a Ciudad de México, donde el 70 % del agua que se consume proviene del subsuelo.

El universitario hizo un llamado para tomar medidas ante la explotación que experimentan estos sistemas, ya que de no hacerlo, además de perder la fuente de agua dulce más importante, se presentan otros problemas, como la compactación del suelo que provoca hundimiento en ciudades como la capital del país y la contaminación del recurso hídrico después de su utilización.

Sobre la posible recuperación de estos sistemas subterráneos, señala que “el problema es que los tiempos en los que se recuperan los acuíferos pueden ser desde periodos enormes de tiempo en escalas geológicas, hasta cortos, como sucede en los más superficiales. En otros, el agua no se va a volver a recuperar. Cada acuífero tiene una dinámica diferente”.

Hay estrategias para recuperarlos, como regresar o entregarle nuevamente al acuífero agua a una tasa más o menos parecida a la que se extrae. “Pero ésta se tiene que tratar adecuadamente, porque si se entrega con mala calidad va a contaminar, se daña al acuífero en términos de calidad, entonces ya no se puede seguir usando para consumir”, considera.

Y concluye: “También estamos contaminando el agua todos los días y cuando ésta va a regresar al suelo, contaminamos ese recurso subterráneo. Ése es un problema muy grande, porque si el acuífero se contamina, es muy difícil descontaminarlo, ya que está justamente en el suelo. No es tan fácil como decir: ‘vamos a sacar el agua y la limpiamos’”.

El 76.21 % del territorio nacional sufre algún tipo de sequía, es decir que sólo el 23.79 % se encuentra libre de sequía. Esto de acuerdo con el informe semanal más reciente –difundido el 13 de febrero– del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). “La sequía extrema y excepcional persiste en el noroeste, noreste y centro de México, ocupando 28.98 % del país. En tanto, 31.47 % del territorio nacional tiene sequía moderada y severa, y 15.76 % está en condiciones anormalmente secas”.

En su reporte del 5 de febrero, la Conagua había apuntado que “específicamente en el centro del país, la sequía moderada y severa se incrementó en Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Puebla, mientras que la excepcional aumentó en Querétaro e Hidalgo. En contraste, la sequía moderada y severa disminuyó en Tlaxcala y el oriente de Puebla”, y apuntó que del 1 de enero al 4 de febrero de 2024 se presentó 41.4 % menos lluvia que lo registrado habitualmente en ese lapso.

En cuanto al nivel de llenado de las 210 principales presas del país, que en conjunto tienen la capacidad de almacenar 92 % del agua de los embalses del país, la Subdirección General Técnica de Conagua resaltó que, al 12 de febrero de 2024, se ubica en 50 %, lo que representa un punto porcentual menos que lo informado el día 5.

Conagua resaltó que hay una diferencia respecto al promedio histórico –87,296 Mm³– de la capacidad almacenamiento de agua en el país de 22,766 Mm³, ya que actualmente ubica en 63,759 Mm³, lo que equivale a un un déficit de 26 %.

La situación del nivel de llenado conjunto de las tres presas de almacenamiento del Sistema Cutzamala (El Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria),encargadas de suministrar el 25 % del abasto de la Zona Metropolitana del Valle de México, no ha modificado su tendencia desde el informe del 31 de enero.

Hasta el 12 de febrero, la presa de El Bosque se encontraba al 58.7 % de su capacidad; Villa Victoria, 30.2 %; y Valle de Bravo, 32.5 %.

*Una versión de este texto se publicó en Gaceta UNAM

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Avispa Midia

México: Justicia de Oaxaca, instrumento de tortura contra los presos políticos de Eloxochitlán

Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

En portada: Plantón de las mujeres mazatecas en frente al palacio de gobierno de Oaxaca. Fuente: Redes sociales de Presos Políticos Eloxochitlán de Flores Magón y Observatorio Memoria y Libertad 

Mujeres del pueblo Mazateco, del estado de Oaxaca, sostuvieron por tres días una huelga frente al palacio de gobierno de esta entidad, ubicada al sur de México, exigiendo la libertad de los presos políticos de Eloxochitlán. El plantón ocurrió entre los días 18 y 20 de febrero.

Cuarenta hombres y mujeres de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, de la Sierra Mazateca, en Oaxaca, han sido criminalizados en los últimos nueve años, por un grupo “neocaciquil”, como nombran las mujeres mazatecas.

De acuerdo con el grupo de mujeres, a los presos les han tratado de “fabricar delitos para contener la lucha de esta comunidad originaria y para evitar que defiendan su territorio”, sostiene Argelia Betanzos, hija de uno de los ex presos políticos, Jaime Betanzos.

Cuatro de ellos continúan, desde hace años, encarcelados a pesar de no tener sentencia condenatoria. Ellos son Alfredo Bolaños, Francisco Durán, Fernando Gavito y Marcelino Miramón, a quienes se les imputa la tentativa de homicidio contra Elisa Zepeda Lagunas, actual titular de la Secretaría de la Mujer del gobierno de Oaxaca, y de su padre, Manuel Zepeda Cortés.

Según las activistas, en los hechos acontecidos en dicha comunidad mazateca en diciembre de 2014, hombres armados, vinculados al grupo “neocaciquil”, con intereses partidistas, atacaron a la asamblea de la comunidad, nombrada por usos y costumbres.

Estas cuatro personas son las únicas que permanecen en prisión de un total de 21 que han sido detenidas y encarceladas. Durante estos nueve años, los presos políticos han obtenido su libertad, ya sea por el cambio de medida cautelar o porque fueron absueltos, por la falta de pruebas de la acusación y por violaciones al debido proceso. “Estas decisiones no nos fueron regaladas, las conseguimos con mucha lucha y con pruebas”, mencionó Betanzos, quien también es abogada indígena.

Una de las demandas de las mujeres mazatecas, no atendida durante el plantón, es una audiencia con el gobernador del Estado, Salomón Jara. “Salomón Jara, persona zapoteca, se niega a mirar los rostros de sus hermanas mazatecas (…). Él está dando la espalda a nuestro caso y está evitando mirarnos a los rostros, rostros de mujeres indígenas que representamos familias de víctimas de fabricación de delitos”, dijo Betanzos.

Lo que exigen las mazatecas “no es estar en mesas de trabajo infructuosas, donde nos escuchan y no hacen nada; eso no se llama atención; atención es tener el valor de reconocer que es un caso de injusticia, y que todos los presos de Eloxochitlán deben ser libres ya; eso sí sería atención, todo lo demás es hipocresía”, señala la abogada.

“Nosotros no estamos pidiendo ningún favor, nos sobran sentencias de libertad, amparos ganados, nos sobra demonstración jurídica para exigir, ya no para pedir, la libertad que nos corresponde”, agrega.

También exigen que el gobierno de Salomón Jara comience el proceso para la reparación integral de daños en favor de las 40 familias criminalizadas, como consecuencia de las violaciones a derechos humanos derivadas de nueve años de prisión y persecución política ilegal.

Otra de las exigencias, tampoco atendida durante el plantón, es la toma de nota del caso de los presos políticos de Eloxochitlán por parte de la nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Berenice Ramírez Jiménez, electa en enero pasado por un periodo de cuatro años.

Con la toma de nota, las mujeres mazatecas buscan enterar a la nueva presidenta de la lucha que sostienen los presos y ex presos políticos, y las inúmeras violaciones en los procesos cometidas por la justicia de Oaxaca. “Se le expondrá cómo el Tribunal Superior de Justicia lleva cuatro años cooptado por Elisa Zepeda Lagunas y se le ha convertido en un instrumento de tortura de los presos indígenas de Eloxochitlán”, aclara Betanzos para Avispa Mídia.

Concretamente quieren exponer prácticas tales como: “Revocación de libertades que se ganaron después de largos procedimientos, ejemplo Miguel Peralta y Paul Reyes, y después de instar ante varias instancias, incluidas federales. La negación de las libertades a partir del año 2020, cuando en tan solo un año negó cinco libertades, lo cual va en contra de los antecedentes de libertad ganados entre los años 2015 y 2019”.

A la fecha, nuevamente, Elisa Zepeda apeló al Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca en lo que respecta a siete casos para revocar las libertades ya ganadas por los mazatecos. Se trata de las libertades de Jaime Vidauria, Artemio Vidauria y Ranulfo Vidauria, Jaime Betanzos, Herminio Monfil y Omar Hugo Morales.

“La toma de nota puede evitar que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca siga siendo usado como instrumento de tortura al prolongar el encarcelamiento de los mazatecos de Eloxochitlán”, resume Betanzos.

Sin embargo, la falta de respuesta a la solicitud de reunión con la magistrada Berenice Ramírez, “es una prueba de la interrelación entre los poderes de Estado”, resaltan las mujeres mazatecas en un comunicado anunciando el fin del plantón.

Protección federal

Los cuatro presos políticos acaban de ganar amparos federales. Tres de ellos – Alfredo Bolaños y Fernando Gavito, que llevan nueve años encarcelados, y Francisco Durán, que lleva cinco años recluido – ganaron los amparos ya que se reconoció que fue ilegal que un juez de Huautla se haya negado a retirarles prisión preventiva pese a que llevan varios años sin sentencia.

Marcelino Miramón ganó el amparo al reconocerse que el delito de incendio por el que se le aprisionó no existe y el delito de daños está prescrito.

“Todos los amparos ganados están sujetos por la propia ley de amparo a la posibilidad de que la contraparte interponga el recurso de revisión y busque, con ello, revertir el resultado”, explica la abogada Betanzos.

En el caso de Marcelino la revisión ya fue interpuesta por Manuel Zepeda. “Se espera que pronto se conozca el resultado el cual creemos confirmará el amparo ganado. Si eso ocurre, el trámite siguiente será que el Juez de Huautla deberá someterse al contenido del amparo y emitir el auto de libertad en favor de Marcelino”, sostiene.

Con relación al amparo ganado por Alfredo, Fernando y Francisco se esperan los 10 días hábiles que tiene la contraparte para interponer el recurso de revisión. “Si no se presenta este recurso, el amparo quedaría firme y tocaría al Juez de Huautla obedecerlo y, en consecuencia, conceder el cambio de medida cautelar a los tres presos; en lugar de la prisión preventiva podrán firmar quincenalmente, por ejemplo, hasta que se acabe el juicio”.

Además, en 2022, el Tribunal de Oaxaca también había revocado la libertad de Miguel Peralta quien ha tenido que llevar su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para tener acceso a la justicia.

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La larga persecución

Las 40 personas fueron criminalizadas a partir de 2014, acusadas, entre otros cargos, de homicidios y tentativa de homicidio. “La finalidad de esta fabricación de delitos fue la desarticulación de nuestra organización comunitaria. Las personas acusadas tienen representación comunitaria, son activistas y defensoras del territorio”, cuenta Betanzos.

Como sostiene la abogada, entre 2010 y 2014 “surgió un grupo neocaciquil, así lo llamamos, con intereses partidistas, articulado desde el gobierno del Estado, para que azotara todos los intentos de autodeterminación, todos los intentos de ejercicios asamblearios de nuestra comunidad”.

La comunidad entonces empezó a pelear por sus derechos políticos electorales basados en los usos y costumbres. “Lo ganó a nivel de tribunal electoral federal. Y este grupo caciquil azotó a la comunidad, con represión hasta llegar a la tortura”.

Hay dos casos documentados antes de 2014 por la fiscalía y por organizaciones de Derechos Humanos. “Pero cuando llegó al poder judicial, el juez dijo que no había torturas, que no había culpables. Así que este grupo caciquil empezó con el pie derecho gozando de total impunidad”.

En el 14 de diciembre de 2014, la tortura transcendió a una balacera contra la asamblea de la comunidad. “Seis compañeros resultaron heridos de bala. Sin embargo, la fiscalía archivó este asunto en 201, volviendo a dejar en total impunidad al grupo neocaciquil”.

En cambio, las acciones de la comunidad en el intento de defenderse contra el ataque armado del 14 de diciembre como, por ejemplo, “cuando decidieron armar una barricada y utilizaron humo para impedir que la balacera continuara, el Estado utilizó estas imágenes para decir que las 40 personas mataron personas, hicieron destrozos”.

A partir de entonces, las 40 personas empezaron a ser criminalizadas. Los ataques han sido “con la finalidad de deshacer cualquier intento de oposición a sus políticas invasoras y de despojo”.

Agua que fluye

La comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón es una tierra donde fluye el agua, donde hay bosque, donde hay arena y grava.

“Es un hecho que lo que hay por detrás de eso [la persecución] es un intento de despojo. Manuel Zepeda Cortés [padre de Elisa], desde 2011, fue denunciado por extractivismo. Hasta ahora, sigue con esta práctica. Habiendo desarticulado nuestra comunidad, manteniéndonos en prisión y persecución, ha tenido toda la libertad, para seguir consumiendo nuestro río de manera ilegal, sacando camiones de grava y arena todos los años”, sostiene Betanzos.

“Estas personas que dicen que fueron víctimas en 2014, que dicen que los intentamos matar, o que los matamos, no son víctimas. Luego arrebataron el poder municipal, luego se hizo diputada y sigue en el poder”, comparte la abogada refiriéndose a Elisa Zepeda.

Prisión preventiva

Una de las principales herramientas jurídicas que se ha utilizado en contra de los presos políticos de Eloxochitlán es la prisión preventiva, es decir una prisión anticipada sin una sentencia condenatoria.

“Los jueces no los pueden condenar. Nunca los van a poder condenar porque no alcanza la fabricación de delitos para una condena. Por eso les ponen la prisión preventiva. Eso es lo que el estado de Oaxaca está imponiendo”, reclama Betanzos.

El abogado argentino especialista en Derechos Humanos y responsable por la defensa del ex presidente de Perú, Pedro Castillo, que sufrió un golpe de Estado en 2022 y que se encuentra en prisión preventiva, alertó en la mañana del domingo (18), durante una conferencia en el plantón de las mujeres mazatecas, que la prisión preventiva ha sido utilizada cada vez más en todo la América Latina para criminalizar pobres, indígenas y luchadores sociales.

La prisión preventiva, explica el abogado, se supone que debería ser utilizada en situaciones excepcionales como, por ejemplo, en casos de riesgo de que la persona investigada se escape o de que cambie la prueba. “Pero en general hoy se volvió un mecanismo represivo contra la pobreza y líderes políticos”.

La prisión preventiva tendría que ser el caso de 2% de las personas que están en la cárcel, señala el abogado, pero representa la mitad de los presos. “Eso no es una realidad de México o Argentina, es un problema de toda América Latina”.

Además de violar el principio de inocencia, que está presente en la legislación de todos los países de América Latina, esta herramienta jurídica ha sido utilizada para generar la inversión de la carga de prueba. “Como ya se presupone que la persona es culpable, la misma persona tiene que demostrar su inocencia estando presa. Y no es lo mismo defenderse estando presa que estando en libertad. (…) Viola el derecho de defensa en juicio”, explica.


Las mujeres mazatecas entregaron ayer a las autoridades oaxaqueñas una petición con más de 10 mil firmas para que, entre otras demandas, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca otorgue Medidas Cautelares Urgentes para las familias de los presos y perseguidos políticos, así como para las familias que luchan por la Libertad y en general para la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, “pues es inminente la consumación de cualquier daño físico o psicológico contra ellas en estos momentos”, sostienen en el documento.

Y avisan: “No vamos a detener las movilizaciones. No vamos a cansar de decir que el gobernador tiene que decidir entre si es sordo, ciego o hipócrita”, señala Argelia Betanzos.

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