EUA: Estados Unidos: Arrestan a organizadores del fondo de fianzas para manifestantes contra la Ciudad Policía, la semana de acción se fortalece. Hijos de la tierra
ECUADOR: pueblos en resistencia de todo el país entregaremos un MANDATO POPULAR para exigir la declaratoria de un Ecuador Libre De Minería. Frente Nacional AntiMinero.
PANAMÁ: En Panamá se realiza piqueteo y conferencia de prensa en defensa de Cerro Quema. Radio temblor.
GLOBAL: 11 de junio: La historia de un día de solidaridad de prisioneros anarquistas. Crimethinc.
CHILE GLOBAL: Palabras de los presos anarquistas Mónica, Joaquín, Marcelo, Juan y Francisco frente a la arremetida represiva del estado contra compañeros en la cárcel-empresa Santiago 1 y a la compañera Itamar en el CPF de San Miguel.
PÓDCAST: Píldoras de Salud Libre: Los Miomas
Regionales
CDMX: Movilizaciones del 10 de junio para no olvidar el Halconazo y la violencia del Estado. Por Tasha.
OAXACA: #Manifiesto de las Mujeres Autodefensas Por la libertad desde la Sierra Mazateca y denuncia de asesinato de niño por policías en Eloxochitlan. Por Juan Pérez y audio de Kino Balu
GLOBAL MÉXICO: Jornada Global por los zapatistas. Cientos de acciones en una decena de países en México y el mundo se han sumado a la campaña contra las agresiones a las comunidades zapatistas. El gobierno guarda silencio cómplice. Radio Zapatista.
Habitantes de Eloxochitlán de Flores Magón:
Habitantes de la Sierra Mazateca:
Habitantes de Oaxaca, de México y el Mundo:
Las Mujeres Mazatecas por la Libertad vemos con mucho regocijo la firmeza con la que exigieron justicia frente a los recientes y atroces acontecimientos donde el uso ilegal e irracional de la fuerza pública lastimó y quitó la vida a un menor de edad de Eloxochitlán.
No debemos olvidar el motivo por el cual el niño Gelacio P.R., de quince años, fue atacado con una fuerza desproporcionada. Gelacio se opuso a la detención de su padre, puso el cuerpo para salvar a su padre de una detención arbitraria.
Las detenciones arbitrarias, la prisión injusta, la prisión política no son asuntos desconocidos para las infancias de Eloxochitlán; han generado en ellas, el vivir con miedo y terror ante la posibilidad de que algún día las fuerzas armadas irrumpan su hogar.
El menor Gelacio era originario de la localidad de Agua Iglesia, de donde también son originarios los presos políticos Francisco Durán Ortiz y Herminio Monfil Avendaño. Herminio fue detenido arbitrariamente el 14 de diciembre de 2014, sin explicársele los motivos, mucho menos traducirle al mazateco qué estaba pasando y por qué lo llevarían hasta la ciudad de Oaxaca, él no habla español y fue llevado a seis horas de viaje. En junio de 2018, la policía municipal también armada, detuvo a Francisco, lo hizo de forma irregular. Francisco fue torturado, ahí, enfrente de sus hijos. Uno de sus hijos, el de quince años, corrió y logró subir a la camioneta donde echaron a su padre, pero los policías lo bajaron… Así, el testimonio de los hijos de Francisco se difundió entre las infancias de Agua Iglesia; así, ese testimonio llegó al niño Gelacio, vecino de los hijos de Francisco.
Los ataques armados contra las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), la detención arbitraria de defensores como el encarcelamiento del tseltal Manuel Gómez, y la influencia de los grupos de la delincuencia organizada en Chiapas y Guerrero, tienen «un mismo fin, que es la destrucción y debilitación de las autonomías que los pueblos han construido por décadas», aseguró la Organización Campesina de la Sierra Sur (OCSS).
La organización se pronunció contra la guerra hacia las comunidades autónomas del EZLN en Chiapas, luego del ataque armado del pasado 22 de mayo, perpetrado por la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao) en la comunidad de Moisés Gandhi.
Señaló que las agresiones por parte de los gobiernos y grupos paramilitares y de la delincuencia organizada están dirigidas contra los pueblos que han frenado «la muerte y violencia del sistema capitalista que rige en todo el mundo y que protege el mal gobierno mexicano escudado en su 4T», a la que llaman «Cuarta Destrucción» por seguir las políticas neoliberales «que sólo despojan y asesinan».
GLOBAL: Llamado global a solidaridad con comunidades zapatistas agredidas por paramilitarismo y complicidad gubernamental.
GLOBAL: Día internacional de la trabajadora sexual. Entrevista a Brigada Callejera. Noticias de abajo.
PÍLDORAS DE SALUD: Cápsula sobre la diabetes. Por Mar.
Desde esta región llamada México
JALISCO: El Halconazo Tapatío 5 de junio no se olvida. Por Tasha.
OAXACA: Eloxochitlan denuncia campaña de hostigamiento ante detencion de miembros de la Asamblea Comunitaria. Organizaciones se pronuncian contra el caciquismo local y la impunidad que le otorga el mal gobierno. Plantón de mujeres Mazatecas y Centro Vitoria
PUEBLA: Acoso y persecución a defensores del agua y el territorio. Colectivos demandan el fin del acoso a Alejandro Torres Chocolatl y a Miguel López, comunicadores perseguidos por defender la madre tierra. La Flor Periódico
CHIAPAS: Se desborda la violencia en Chiapas., Grupo armado asesina a 8 indígenas que tenían un año desplazados. En Chiapas hay más de 5000 desplazados forzados dentro de una política contrainsurgente.
La asamblea general de ciudadanos del ejido Nueva Morelia, localizado en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, denuncia que el retiro ilegal de la bauxita, por hombres armados, sin el permiso de la comunidad, continúa.
La minera canadiense Blackfire Exploration explotó una de las diez concesiones hoy vigentes en Chicomuselo, la mina La Ampliación La Revancha, hasta 2009, ubicada en el ejido Grecia, al lado del ejido Nueva Morelia.
La minera había pedido permiso al ejido Nueva Morelia para guardar el material que sacaba en el ejido Grecia, señaló uno de los habitantes de la comunidad para Avispa Mídia. Después que la minera dejó el territorio, en 2009, parte de este material permaneció clausurado.
El ejido Nueva Morelia es controlado por hombres armados desde el pasado sábado 20 de mayo, como reportan habitantes de la localidad, por el grupo paramilitar MAIZ, vinculado al Cártel de Sinaloa, el objetivo es la retirada de la bauxita almacenada en este ejido. Las entradas y salidas del pueblo fueron bloqueadas por integrantes de esta agrupación.
La toma del ejido por paramilitares dio inicio días antes del inicio de los enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, en la región de la Frontera Comalapa, extendiéndose hasta Chicomuselo, causando varias muertes desde el 25 de mayo, secuestros, bloqueos carreteros y de caminos, expulsión de comunidades y reclutamiento forzado de hombres jóvenes.
A nuestras hermanas naciones indígenas nahuas, poqomanes, chortís, lencas, xincas y chorotegas,
que forman parte del actual Estado Plurinacional de El Salvador.
A las comunidades zapatistas.
A los pueblos indígenas de Abya Yala y Cemanáhuac.
A los pueblos del mundo.
Desde el corazón del territorio indígena Kushkatan queremos expresar nuestra solidaridad, a nombre del Concejo Ancestral de los Comunes de los Territorios Indígenas (CACTI), con las comunidades indígenas de Chiapas, por lo que endosamos las exigencias presentadas por el Congreso Nacional
Indígena de México, que son las siguientes:
1. Que se garantice la salud del compañero Jorge y que se le brinde toda la atención necesaria y por el tiempo que se requiera.
2. Que se detenga el ataque armado contra la comunidad Moisés Gandhi y sea respetado su territorio autónomo.
3. Que sean castigados los autores materiales e intelectuales de estos ataques paramilitares.
4. Que sean desmantelados los grupos armados mediante los cuales se mantiene activa y creciente la guerra contra las comunidades zapatistas.
¡Qué vivan los Pueblos Indígenas!
¡Qué vivan quienes luchan por la vida!
Kushkatan, 3 de junio de 2023.
Familiares de Miguel Peralta exigen cese a la persecución política en su contra, y libertad para los presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón
La libertad de Miguel Peralta Betanzos pende de un hilo. Indígena mazateco, defensor comunitario, anarquista, Peralta es uno de los treinta y cinco integrantes de la asamblea comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón que han enfrentado persecución política y/o encarcelamiento tras violencia en el municipio indígena mazateco en 2014.
El 14 de diciembre de ese año, una campaña de represión y terror caciquil llegó a su punto culminante cuando la asamblea comunitaria fue atacada por un grupo armado mientras se reunía para elegir a una autoridad municipal en el centro del pueblo. La violencia subsiguiente dejó varios heridos y, poco después, una persona fue declarada muerta en circunstancias inciertas.
La represión siguió inmediatamente. Treinta y cinco integrantes de la asamblea comunitaria fueron acusados de diferentes delitos relacionados con los acontecimientos de ese día. Los cargos no corresponden a los responsables de la violencia, sino que señalan a quienes han participado activamente en la asamblea comunitaria, resistiendo la influencia caciquil y de los partidos políticos en la comunidad, luchando por la autonomía y la toma de decisiones en colectivo.
Actualmente, ocho integrantes de la asamblea comunitaria permanecen encarcelados en diferentes prisiones del estado de Oaxaca: Herminio Monfil, Jaime Betanzos, Fernando Gavito, Alfredo Bolaños, Omar Morales, Francisco Durán, Marcelino Miramón y Paul Reyes, la mayoría de los cuales lleva años sin sentencia. Además, permanecen activas trece órdenes de aprehensión contra integrantes de la asamblea comunitaria, incluyendo una contra Miguel Peralta, quien ya tiene una sentencia condenatoria pendiente en su contra de cincuenta años.
Al Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno
A los medios de comunicación nacionales e internacionales
A l@s compañer@s Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona
A la sociedad civil
Los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes, Guardianes del río Metlapanapa y Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala denunciamos que:
En medio de la guerra mundial que padecemos en contra de la Madre Tierra y de los pueblos originarios generada por el capitalismo y fortalecida por los malos gobiernos federales, estatales y municipales, las comunidades seguimos siendo perseguidas por defender el territorio, la vida y la construcción de autonomía.
En el estado de Chiapas, en medio de una crisis de seguridad que está a punto de detonar una guerra civil, el mal gobierno federal, a través de la Organización regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), desata una guerra contra las comunidades zapatistas, lo que ha ocasionado heridos de gravedad como el caso del compañero Gilberto López Sántiz, la detención injusta del compañero Manuel Gómez Vázquez y diversas agresiones y perdidas materiales con la finalidad de seguir el hostigamiento hacia las Comunidades Bases de Apoyo Zapatistas.
En el estado de Puebla, el día de hoy, viernes 2 de junio de 2023, el mal gobierno estatal de MORENA encabezado por el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, el fiscal del estado Gilberto Higuera Bernal, el gobierno municipal de Juan Crisóstomo Bonilla encabezado por José Cinto Bernal, continúan con la persecución contra los compañeros defensores del territorio y la región Cholulteca. Al punto de las once de la mañana en el pueblo de Santa María Zacatepec la Fiscalía del estado se hizo presente a bordo de dos vehículos, un auto tipo Cámaro color gris y un Jetta color azul rey vestidos de civil preguntando por la ubicación y el domicilio del compañero Alejandro Torres Chocolatl. Después, a la 1:30 PM el vehículo gris fue a preguntar a la cabina de radio Zacatepec por el compañero Alejandro Torres Chocolatl. Es importante señalar que Alejandro Torres vive un proceso jurídico en su contra encabezado por la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (CEAS-PUE) a raíz de la oposición que las comunidades Cholultecas realizaron en contra de las obras del colector de desechos tóxicos que el Corredor Industrial Ciudad Textil Huejotzingo pretendía imponer sobre el río Metlapanapa.
Este acto de persecución e intimidación se desarrolla en el marco del proceso jurídico que se lleva a cabo con el compañero Miguel López Vega que fue perseguido durante 3 años por la misma defensa del río Metlapanapa y en el marco de las acciones globales para exigir el cese a la guerra que se vive en territorio zapatista.
Exigimos el alto a la guerra de exterminio que se vive en los pueblos originarios y el cese a la violencia sistemática que el capital ejerce en contra de las comunidades que se organizan por la vida y el territorio.
El compañero Alejandro Torres Chocolatl es comunicador popular de la radio Comunitaria Zacatepec, integrante del Concejo Indígena de Gobierno- Congreso Nacional Indígena y defensor de la vida y la autonomía del territorio cholulteca.
Autonomía, tierra y libertad
A 2 de junio de 2023
Región Cholulteca, Puebla México
Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los volcanes
Guardianes del río Metlapanapa
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua.
Pueblos y organizaciones sociales y de trabajadores de Perú han anunciado que van a reanudar las protestas en los próximos meses de junio y julio. Una muestra fue que el 30 de mayo hubo una paralización de 24 horas en rechazo al gobierno de la presidente Dina Boluarte en la región sureña de Puno, fronteriza con Bolivia.
Desde la destitución y el arresto del expresidente Pedro Castillo, el 7 de diciembre de 2022, y los consiguientes estados de excepción declarados por las autoridades, Perú entró en una de sus crisis políticas y sociales más profundas de las últimas décadas donde miles de personas salieron a protestar a las calles desde aquel momento y hasta marzo de 2023.
Las autoridades respondieron con uso de la fuerza letal con el objetivo de silenciar y castigar a quienes se manifestaban. De acuerdo con el informe de la Amnistía Internacional Racismo letal: Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú, entre diciembre de 2022 y febrero del 2023, 49 personas manifestantes perdieron la vida, once personas fallecieron en contextos de bloqueos carreteros y centenares de personas resultaron heridas; incluyendo a un policía, quien perdió la vida.
Según el informe, muchas de las víctimas eran menores de 21 años, y entre los casos documentados había seis niños.
Las comunidades aimaras y quechuas anunciaron que el 7 de junio, en el Día de la Bandera, no permitirán que ni la policía ni los militares enarbolen la bandera nacional. Informaron que se ha acordado de manera unánime que las comunidades portarán banderas negras en señal de duelo por los puneños caídos por la represión durante el gobierno de Dina Boluarte.
Pueblos y organizaciones al sur del país, donde se encuentra mayoría indígena, anunciaron que el 19 y 20 de junio habrá un paro de 48 horas, y reiteraron la ‘Tercera toma de Lima’ para realizarse en julio.
Mientras tanto, el gobierno de Perú dio a conocer que autorizó el ingreso a su territorio de más de un millar de militares de Estados Unidos, así como medios aéreos y náuticos, con la finalidad de entrenar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, reportó Telesur.
La autorización se oficializó a través de dos resoluciones publicadas en el Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano. En ellas se precisa que los militares estadounidenses realizarán operaciones especiales con el Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjunta (Cioec).
Además, ejecutarán actividades con las Fuerzas Especiales Conjuntas (FEC), las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) de la Marina de Guerra, el Grupo de Fuerzas Especiales (Grufe) de la Fuerza Aérea del Perú, la Dirección Antidrogas (Dirandro) y la Dirección de Fuerzas Especiales (Diroes) de la Policía Nacional.
Los entrenamientos se efectuarán en Lima, Callao, Loreto, San Martín, Santa Lucía, Huánuco, Ucayali, Pasco, Junín, Huancavelica, Cusco, Ayacucho, Iquitos, Pucusana y Apurímac.
Los militares estadounidenses llegarán al país en diversos grupos, en fechas comprendidas entre el 1de junio y el 31 de diciembre de este año. El mayor de ellos lo integrarán 970 efectivos de la Fuerza Aérea, la Fuerza Espacial y las Fuerzas Especiales que, además de sus armas reglamentarias, contarán con aviones, camiones y botes de respuesta rápida.
Racismo letal
El estudio de Amnistía Internacional fue realizado en las localidades de
Lima, Ayacucho (Ayacucho), Juliaca (Puno) y Andahuaylas y Chincheros (Apurímac), las regiones con el mayor número de protestas sociales y muertes. Uno de los hallazgos es que “hubo un marcado sesgo racista por parte de las autoridades peruanas, dirigiéndose contra poblaciones históricamente discriminadas” debido a que “el uso de la fuerza letal se empleó de manera exclusiva en las regiones situadas fuera de Lima”.
De acuerdo con el informe, aunque estas regiones sólo representan el 13% de la población total de Perú, tienen un alto porcentaje de personas que se autoidentifican como indígenas y concentran el 80% del total de muertes registradas desde que comenzó la crisis. En Lima, la capital de Perú, se produjeron protestas similares, pero solo hubo un muerto.
Es decir, hubo una “sobrerrepresentación de muertes por fuerza letal en las regiones de pueblos indígenas”, señala el informe.
Otro punto destacado por Amnistía Internacional es que la presidenta de la República y la presidencia del Consejo de Ministros estigmatizaron de forma intencionada a los manifestantes como violentos y radicales, y públicamente no exigieron la rendición de cuentas a la policía y al ejército.
Además, denuncia que “las investigaciones penales en curso han carecido de rigor, prontitud, imparcialidad y eficacia y han incumplido con diligencias claves de su mandato de investigación”.
El 30 abril de 1999, como presidente en turno de la Comisión de Concordia y Pacificación, presenté una demanda, en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), acerca de la existencia de grupos paramilitares en Chiapas, uno de los cuales perpetró la masacre de Acteal, el 22 de diciembre de 1997. En ese recurso se denunciaba la puesta en práctica por militares mexicanos de una estrategia de guerra irregular, descrita en manuales de la Sedena y en el Plan de Campaña Chiapas 94, y la aplicación de una táctica contrainsurgente conocida como yunque y martillo, la cual consiste en que las fuerzas armadas actúan como contención pasiva (yunque), al amparo del marco legal, mientras los grupos paramilitares (martillo) operan, clandestinamente, el hostigamiento activo contra comunidades y bases de apoyo del EZLN. Incluso los estrategas mexicanos utilizan una ilustrativa metáfora para explicar la función de estos grupos paramilitares, aduciendo que no sólo hay que quitar el agua (apoyo popular) al pez (insurgencia), sino que hay que meter en el agua peces más bravos.
En este alegato, por cierto, se destacaba la presencia de militares o ex militares en la masacre de Acteal en relación directa con mando de la Sedena. Uno fue identificado como Mariano Pérez Ruiz, quien, en junio de 1998, declaró ante la PGR, acorde con el expediente 96/98, que ex funcionarios y líderes del PRI son responsables de contratar militares y policías para instruir en el manejo de armas y estrategia paramilitar a comunidades indígenas de Chenalhó, pero, agregó una aclaración significativa: Es cierto que declaré en ese sentido, fue debido a que elementos de la Policía Militar me obligaron a declarar de esa forma, pues si no lo hacía me iban a desaparecer; además, todavía era militar activo y tenía que acatar las órdenes de mis superiores (GLR, Viejas y nuevas guerras sucias, en El Cotidiano, 172, 2012, UAM-A).
Aunque los resultados de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en la Procuración y Administración de Justicia en el Estado de Chiapas, dados a conocer en 2011, señalaron, sin lugar a duda, que en Acteal se había perpetrado un crimen de Estado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó en libertad a varios de los autores materiales de este delito de lesa humanidad, mientras los autores intelectuales, cómplices y encubridores, por omisión o comisión, jamás fueron procesados: el entonces presidente Ernesto Zedillo, los funcionarios federales, estatales y locales, la jefatura y oficialidad de las fuerzas armadas, en la cadena de mando.
Dos décadas después de esta denuncia, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, en un comunicado urgente, da a conocer las innumerables agresiones contra las comunidades de Aldama, Chiapas, significativamente, con presencia de la Guardia Nacional y policías estatales. A partir de información directa de la Comisión Permanente de los 115 comuneros y desplazados de Aldama, se describen los constantes ataques con armas de fuego de alto calibre provenientes “de puntos ubicados en Santa Martha-Miguel Utrilla, municipio de Chenalhó, Chiapas, actos provocados por el grupo paramilitar en complicidad con el gobierno municipal (…) en un contexto de terror, donde la niñez, las mujeres y la población en general sobreviven en un ambiente torturante. Las acciones gubernamentales han sido insuficientes, ineficaces y simuladas, ya que no garantizan la seguridad e integridad a la población”. Cabe señalar que este prestigiado organismo de defensa de los derechos humanos ha documentado, monitoreado y denunciando esta guerra contrainsurgente de desgaste desde los primeros días de la rebelión zapatista en enero de 1994.
Por su parte, la Misión Civil de Observación, integrada por 14 organizaciones de la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, acompañadas de tres organizaciones internacionales, visitaron, en diciembre de 2020, comunidades en las regiones Norte, Altos y Costa, donde documentaron situaciones críticas de vulneración de derechos básicos, “con una preocupante falta de voluntad y empatía de las autoridades (…). La Misión Civil de Observación tuvo la oportunidad de visitar las comunidades de Chalchihuitan, Acteal, Aldama, Nuevo San Gregorio, Moisés Gandhi, Chilón y Tonalá, donde recogimos testimonios con afectados por situaciones de desplazamiento forzado, despojo de tierras, detenciones arbitrarias, tortura, hostigamiento, amenazas, criminalización, entre otras agresiones. (…) Es indignante la violencia estructural que se permite e incluso se fomenta desde los diferentes niveles de gobierno y su poca o nula disposición para atender el conflicto, trivializando, discriminando y criminalizando a las comunidades”.
