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Somos el medio

Un año en la búsqueda de justicia para el periodista Francisco Pacheco

Ciudad de México, a 25 de abril de 2017.- Hace un año, el 25 de abril de 2016 el periodista Francisco Pacheco Beltrán fue asesinado en las inmediaciones de su domicilio, en Taxco, Guerrero.

El corresponsal del periódico El Sol de Acapulco, editor de El Foro de Taxco y corresponsal de Capital Máxima 97.1 FM regresaba a su domicilio después de acompañar a un familiar a la Central Camionera de la localidad cuando fue interceptado y asesinado con disparos de arma de fuego.

Sumado a esto, en el último año la familia del periodista ha enfrentado una serie de amenazas e incidentes de seguridad que los obligaron a salir de Taxco en los días posteriores al  asesinato de Francisco Pacheco.

El primero de ellos fue a través de un mensaje dejado en un negocio con el que la familia subsistía: “Es mejor que dejen las cosas así porque el que busca encuentra. La próxima vez va a ser uno de ustedes”.

En entrevista con ARTICLE 19, familiares expresaron: “Después de la amenaza yo doy aviso al Mecanismo,  era jueves 5 y viernes 6, para que nos ayudaran con protección lo hice vía correo electrónico, no recibí respuesta. Llamé a la CEAV y a la Fiscalía porque queríamos desplazarnos, estas últimas me dicen que nos van a ayudar con una mudanza y una casa de seguridad y que esperara para haber que podían hacer…”

La respuesta fue que ese tipo de apoyo se encontraba fuera del alcance y que el Mecanismo se encargaría de contactarlos.

Durante la espera, el 9 de mayo la familia organizó una misa en honor a Francisco y una comida. Aproximadamente a las 12 de la noche escucharon que una persona corría y cortaba el cartucho de un arma en el patio de la casa. Ante la situación, se resguardaron en una de las recámaras de la vivienda y llamaron a la policía pero nadie llegó para apoyarlos.

Al día siguiente después de denunciar el hecho, un oficial de la policía ministerial acudió al hogar de los Pacheco. Mientras un integrante de la familia y el policía conversaban al exterior del domicilio, la esposa del periodista gritó que alguien estaba intentando meterse a la vivienda. Otros de los integrantes de la familia observaron a una persona intentando saltar hacia dentro de la propiedad. Ante la alerta, el agresor huyó.

A partir de estos hechos, la familia intentó comunicarse con urgencia con el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

“Nunca respondieron a la alerta del botón de pánico así que les mandé correo para pedir que la solicitud fuera urgente y no un procedimiento ordinario. Les relaté todo y les mandé fotos de lo desprotegido de la casa. No respondieron.”

Finalmente, el 11 de mayo de 2016 la familia Pacheco dejó su domicilio escoltados por una patrulla durante aproximadamente 25 kilómetros debido a que no contaba con gasolina suficiente para ir más lejos. Todas las gestiones para dejar el lugar las realizaron a través de sus propios medios.

En lo que respecta al Mecanismo, fue en agosto de 2016 que les hicieron la evaluación de riesgo y acudieron a fines de ese mismo mes a exigir que les dieran medidas. “No querían darnos seguridad para nuestra casa en Taxco porque no habitamos ahí, pero ahí tenemos lo necesario para operar el proyecto periodístico de la familia, Policía Federal sólo nos dio acompañamientos con la condición de que lo solicitemos con 72 horas de anticipación y si tienen personal disponible. Y solo será de la línea estatal a la casa y si estamos en la casa será Policía Estatal de Guerrero. No confiamos en la Policía Municipal ni en la Estatal de Guerrero. Lo que sí es que a través de ellos tenemos atención psicológica, psiquiátrica.”

Respecto a la investigación, dijeron: “A la Fiscalía la hemos visto 3 veces. La última, en diciembre de 2016 nos regresaron las cosas: ropa, laptop y celular, y pidieron autorización para revisar la tarjeta del celular por comparecencia. Les preguntamos qué han averiguado y su respuesta fue que no hay nada, ‘la gente no quiere decir nada’. Se les entregaron periódicos con la últimas ediciones y se les dio la mayor información posible”.

Ellos giraron un oficio para que policía del estado donde vivimos nos dieran números de emergencia y dieran rondines aleatorios y solo los vimos cuando fueron a presentarse, hicieron una semana de rondines y ya no volvimos a saber de esa seguridad.”

Sobre la actuación de la CEAV expresaron que el 24 de marzo de 2017 los contactaron debido a que tienen una “queja en derechos humanos”. A 11 meses de la muerte de Francisco Pacheco les hicieron una evaluación socioeconómica y comenzaron a prestarles apoyo en gastos médicos y prometieron intervenir para facilitar una beca para uno de los integrantes del núcleo familiar del periodista asesinado.

La familia Pacheco considera que la atención y el seguimiento del caso por parte de las instituciones que han intervenido es “irregular e intermitente”. Además del complicado proceso de desplazamiento que han vivido y su relación con las dependencias encargadas de brindar apoyo, se han enfrentado al estigma social por su situación.

“Nos ha costado mucho, fue un volver a empezar. Acá donde vivimos la gente nos ha tratado de delincuentes, de narcotraficantes, que es una casa de seguridad. Hemos sido tachados en Taxco de ‘quien sabe que hizo (Francisco Pacheco) por algo lo mataron’. Todo es muy difícil vivimos preguntándonos por qué pasó, si no le debíamos nada a nadie, él (Francisco)  veló mucho por la democracia.”

Como se enunció hace un año ARTICLE 19, el carácter crítico del trabajo de Pacheco Beltrán en la fuente de política local y policiaca es motivo para exigir el esclarecimiento de su caso a través de una investigación que dé prioridad a su actividad periodística. La inmovilidad de la investigación percibida por los familiares así como las condiciones en que han sido proporcionados los apoyos da la impresión que la apuesta oficial tiende a la impunidad y al olvido.

ARTICLE 19 exigió a las instituciones que se han visto involucradas en el caso de Francisco Pacheco que hagan lo conducente para proporcionar el soporte necesario a la familia del periodista asesinado considerando el riesgo al que han estado sometidos y los incidentes que han reportado en la época reciente. La inconsistencia u omisión en el cumplimiento de sus obligaciones revictimiza, vulnera y obstaculiza la búsqueda de justicia de parte de la familia Pacheco.

Finalmente, el recuerdo de la huella que dejó Francisco persiste en sus cercanos, quienes continúan con las actividades periodísticas que él ya no puede llevar a cabo:

“Antes del Foro, Francisco fundó Panorama Guerrense, como en el 1995, luego el Foro 2000, y después el Foro de Taxco y un día dijo que se haría diario. Viajó a Chicago con la Federación de Guerrerenses radicados en esa ciudad para hacer trabajo periodístico. Siempre dijo ‘Si hacen las cosas bien las voy a reconocer, pero si hacen las cosas mal las voy a decir’. Habló de la violencia en Guerrero, de cómo el gobierno desviaba recursos, él utilizaba pedir por transparencia cifras parte de cómo se documentaba y las  últimas semanas estábamos siendo censurados al momento de distribuir el periódico. Él llegó a comentar que si salía de su pueblo sería con los pies por delante. Al final, así fue”.

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Radio Zapote

#24A 2017: movilización nacional contra las violencias machistas

Por Lola Dolor

Hace un año, miles de mujeres salimos a marchar en contra de las violencias machistas en más de 40 ciudades. Al grito de ¡Vivas nos queremos!, miles de feministas y mujeres aliadas exigíamos un alto a los feminicidios y llamábamos a una emergencia nacional. Nos conocimos, nos encontramos, nos vimos las caras e hicimos consciencia de la inmensa diversidad y grandeza del movimiento feminista en México.

El día de ayer, 24 de abril de 2017, aproximadamente doscientas personas, en su mayoría mujeres y personas de la disidencia sexo genérica, nos dimos cita en el Ángel de la Independencia atendiendo al primer aniversario de la histórica movilización #24A.

A la par, un grupo de mujeres partió del metro Universidad hacia San Cristóbal Ecatepec, municipio que ha registrado los índices más altos de feminicidio y violencia doméstica en los últimos años. Las compañeras hicieron ‘metro popular’ y, a lo largo de su camino, fueron lanzando consignas que exigían un alto a los feminicidios y a la violencia generalizada ejercida diariamente sobre las mujeres.

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SubVersiones

Sobre la detención de El Lico: cuando la justicia institucional no alcanza

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Por Dante A. Saucedo y Regina López

El pasado 22 de marzo, elementos de la Policía Federal detuvieron en Nayarit a Federico González Medina, El Lico. En los días siguientes a su aprehensión, la Comisión Nacional de Seguridad y la Procuraduría de Justicia de Michoacán emitieron comunicados para adjudicar la captura del jefe de plaza de Los Caballeros Templarios en La Placita —en el municipio michoacano de Aquila— a trabajos coordinados de «inteligencia».

En la sierra-costa michoacana, sin embargo, los boletines de prensa de las corporaciones de seguridad del Estado mexicano no son suficientes para borrar de la memoria los años de agravios y violencia que El Lico provocó con la aquiescencia o franca complicidad de los tres niveles de gobierno. Para el pueblo nahua de Santa María Ostula, el nombre del jefe Templario es sinónimo de una época de terror, cuyas memorias y dolores apenas comienzan a sanar.

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Mumia Abu-Jamal

Mumia Abu-Jamal confirma inicio de tratamiento

EL INICIO…

Por Mumia Abu-Jamal

Ya se inició.

Hoy marca mi segundo día en el régimen de tratamiento con las drogas anti-virales de acción directa (DAADs), diseñadas a eliminar la Hepatitis C de mi sistema.

Ustedes del pueblo lo hicieron posible.

Ustedes del pueblo llenaron dos salas de un tribunal en Scranton, Pensilvania, en diciembre de 2015.

Ustedes del pueblo apoyaron a nuestros abogados ––Bret Grote del Abolitionist Law Center (Centro de Derecho Abolicionista) de Pittsburgh, y Bob Boyle, de la Ciudad de Nueva York––, y también al Dr. Joseph Harris, quien me diagnosticó la Hepatitis C cuando yo estaba cabeceando en una silla de ruedas en la sala de visitas de la prisión, y después se presentó como un testigo experto en nuestras audiencias en Scranton.

Ustedes del pueblo nos enviaron amor, oraciones, cartas, postales, dinero y fuerza. Me parece que las palabras “Les agradezco” palidecen ante todo esto.

Aun así, les agradezco.

La lucha no se ha terminado, pero esto es un gran inicio.

Desde la nación encarcelada, soy Mumia Abu-Jamal.

–©’17maj

7 de abril de 2017

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Ejido Tila

Ejido Tila denuncia información falsa del Comité de Derechos Humanos de Base Digna Ochoa

Desmentimos engaños e información falsa del Comité de Derechos Humanos de Base Digna Ochoa

COMUNICADO DEL EJIDO TILA

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EJIDO DE TILA CHIAPAS, MEXICO, a 18 de abril del 2017

A la opinión publica
A la prensa nacional e internacional
A los medios libres e independientes
A los defensores de derechos humanos no gubernamentales independientes
A los adherentes a la Sexta de la selva lacandona
A los compañeros y compañeras del Congreso Nacional Indigena
A la Comisión Sexta del EZLN
A los compañeros y compañeras de los diferentes pueblos y organizaciones que luchan por justicia y dignidad de México y el Mundo.

Les saludamos a todas las personas y organizaciones de parte de los compañeros y compañeras adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejido de Tila, Chiapas, México; deseándoles mucho ánimo en la lucha por el derecho a la vida, a la tierra y por un mundo mejor.

Desmentimos públicamente lo que han estado circulando en las redes sociales hace unos días y en donde también el “Comite de de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa” que ha lanzado un comunicado contra nuestro ejido y autoridades con una información totalmente falsa donde supuestamente que ejidatarios y pobladores en el Ejido Tila han informado que se les ha violado sus derechos humanos cuando realmente son ejidatarios que se han aislado y únicamente se dedican a vender sus tierras porque dependen de las migajas que reciben por ser aviadores de partidos políticos y se han olvidado del valor de la madre tierra y que son los que están desestabilizando la paz de nuestras comunidades en el ejido.

Queremos hacerles saber que la autonomía del ejido no es buscar ningún derramamiento de sangre, ni es secuestradora y mucho menos esta para violar los derechos humanos; sino que, se traduce en respetarlas todas las garantías individuales y colectivas que enmana nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los derechos humanos, y lo que se busca es la armonía sin distinción alguna que sea pareja para todas y todos en favor de la paz.

Hemos estado amenazados por la intromisión de paramilitares organizado por un grupo de interesados en coordinación del ayuntamiento por intereses de ellos mismos y no para beneficio de la sociedad. se expulso el ayuntamiento porque lleva setenta y dos años que nos quiere arrebatar 130 hectáreas de terrenos ejidales que es el poblado de tila y sus alrededores y así poder nulificar nuestros documentos presidenciales, porque estaba asentada ilegalmente en terrenos ejidales asi como nuestros documentos nos respalda. Por eso como pueblos indígenas se retoma la autonomía y la autodeterminación de nuestro régimen de gobierno sustentada en el convenio 169 de la OIT sobre derechos y cultura indígena, al artículo 2 constitucional y en base al artículo 39 de la Constitución modificamos la forma de gobierno de autogobernarnos como asamblea por ser totalmente ejido bien documentado nuestro derecho.

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Democracy Now!

Donald Trump cumple con una de sus promesas de campaña: promover un poder policial sin restricciones

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Amy Goodman y Denis Moynihan

Mientras la atención del mundo se centra en la violencia en Estados como Siria, Irak, Yemen y Corea del Norte, aquí, en Estados Unidos, se están sentando las bases de un Estado desenfrenadamente violento a nivel nacional. Donald Trump está cumpliendo al menos una de sus numerosas promesas de campaña: promover un poder policial sin restricciones. El elegido de Trump para ocuparse de llevar a cabo estos objetivos, el fiscal general Jeff Sessions, está conduciendo al Departamento de Justicia hacia un cambio radical de políticas. Sessions está abandonando las medidas de la era Obama para proteger los derechos civiles y electorales, amenaza con más deportaciones y está resucitando la fallida “guerra contra las drogas” de décadas pasadas.

Esta semana, Sessions dijo ante la Asociación Internacional de Jefes de Policía: “Lamentablemente, en los últimos años, las fuerzas de la ley en su conjunto se han visto injustamente calumniadas y culpadas por acciones inaceptables cometidas por unos pocos malos actores”.

Sherrilyn Ifill, presidenta y directora-consejera del Fondo de Defensa Legal de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por su sigla en inglés), dijo en una entrevista para Democracy Now!: “Lo que vemos con el fiscal general Jeff Sessions es un esfuerzo para regresarnos en el tiempo… Es una persona que quedó estancada en la década de 1980. En algunos casos, en la de 1950. Es una especie de visión retro de la aplicación de la ley y la policía, en la cual intenta aniquilar los últimos 30 años de progreso que hubo en este país, avances que ya se han hecho; particularmente en los últimos cuatro años, donde nos hemos centrado realmente en el tema de la reforma de las fuerzas policiales”.

Gran parte de las medidas recientes emanan de la temporada de agitación social en Ferguson, Missouri, en 2014. Allí, el 9 de agosto de ese año, un adolescente afroestadounidense desarmado, Michael Brown, fue asesinado a tiros por el agente de policía de Ferguson Darren Wilson, hecho que provocó meses de protestas. En marzo de 2016, la ciudad de Ferguson y el Departamento de Justicia, entonces al mando de la fiscal general Loretta Lynch, firmaron un decreto de consentimiento “con el reconocimiento compartido de que la capacidad de un departamento de policía para proteger a la comunidad a la que sirve es tan fuerte como la relación que tenga con esa comunidad”.

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Mumia Abu-Jamal

Mumia Abu-Jamal: La ilusión de la medicina correccional

Por Mumia Abu-Jamal

(Descarga aquí)  

En el inframundo de las prisiones de Estados Unidos, hay que deshacerse de todas las suposiciones médicas que uno trae del llamado mundo libre. Hemos sido condicionados a ver a las enfermeras como dulces fuentes de consuelo y a los doctores como personas dedicadas a curar a los enfermos y aliviar nuestro dolor.

En prisión, nuevas reglas rigen la medicina y la atención médica. Aquí el dinero manda. Las personas enfermas son prácticamente ignoradas.

Esto puede parecer severo, pero les aseguro que la realidad es aún más severa.

Hace poco escribí sobre un abogado autodidacta en prisión que se llama Dennis ‘Solo’ McKeithan y su batalla para recibir tratamiento para el doloroso trastorno nervioso conocido como culebrilla. Mientras leí la transcripción del proceso, encontré los notables comentarios y preguntas del juez instructivos. Él preguntó esencialmente si la empresa contratada por el Departamento de Correcciones (DOC) para proporcionar atención médica tendría un conflicto, porque como una empresa privada, sus intereses eran ganar dinero al negarse a proveer los medicamentos que los presos necesitaban. El testigo negó la sugerencia, pero el juez había tocado un nervio.

Desde el año 2015 hasta la fecha, mis abogados y yo hemos estado exigiendo un tratamiento verdadero para mi infección de Hepatitis C. Inicialmente el DOC presentó una falsa declaración jurada para justificar que un magistrado federal desechara mi demanda. El DOC argumentó que mi Hepatitis iba bien, que podría durar años sin tratamiento.

Un juez federal no estaba de acuerdo con esto y celebró una audiencia que demostró la falsedad de la declaración jurada. Unos meses después, el mismo juez declaró que el protocolo del DOC era anti-constitucional.

El DOC respondió que mi Hepatitis C estaba en un nivel bajo. De nuevo, el juez discrepó, declaró anti-constitucional el protocolo por segunda vez y ordenó mi tratamiento. El DOC esencialmente hizo caso omiso del dictamen durante casi dos meses.

A principios de esta semana, me hicieron análisis adicionales. Los resultados acaban de llegar. No sólo tengo Hepatitis C muy avanzada, sino también cirrosis del hígado, llamado F4, porque el DOC no quería gastar el dinero para tratar mi infección. El DOC dijo que le costaría seis cientos millones de dólares.

A mí solo me puede costar la vida.

Desde la nación encarcelada soy Mumia Abu-Jamal.

–©’17maj

31 de marzo de 2017

Audio grabado por Noelle Hanrahan: www.prisonradio.org

Texto circulado por Fatirah Litestar01@aol.com

Traducción Amig@s de Mumia, México

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Somos el medio/Centro de Medios Libres

Ataque a comuneros, estudiantes y maestros de la comunidad de Arantepecua, Michoacán


Información vía Somos el medio (Heidi Sebastián); Vídeo vía Centro de Medios Libres:

Ciudad de México, 5 de abril 2017. Este miércoles elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán detuvieron a 38 personas provenientes de la comunidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, cuando ingresaban a Morelia a bordo de un autobús presuntamente robado. Estas personas pretendían manifestarse frente a Casa de Gobierno.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades, además los mantuvieron incomunicados, entre ellos dos personas con diabetes que requerían urgentemente de medicamentos. Este conflicto agrario que comenzó por los límites entre las comunidades indígenas de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, y Capacuaro, municipio de Uruapan, exigen al gobierno que se respete un acuerdo que se llevó a cabo desde 1941.

La comunidad había accedido a negociar con el gobierno. Se realizó una mesa de negociación con 13 comuneros y el subsecretario Armando Hurtado en el Palacio de Gobierno de Michoacán. Mientras tanto policías partieron rumbo a la comunidad indígena a reventar las manifestaciones, 150 oficiales del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) con uniformes de granaderos llegaron a quitar a los manifestantes de la comunidad indígena, aprovechando que 20 comuneros se manifestaban frente a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE),13 más estaban negociando y otros 38 ya habían sido arrestados.

La SSP mantiene operativos de vigilancia fuertemente armados en todo el municipio, en la meseta purépecha y en las carreteras de la zona. Hasta el momento se tiene confirmado que hay 4 muertos, entre ellos estudiantes normalistas y por lo menos otras 12 personas más heridas por arma de fuego, luego de la intervención de la Policía Michoacán, la Policía Ministerial y Fuerzas Federales.

Sección XVIII SNTE Michoacán acusó al Gobierno de Silvano Aureoles Conejo de “represor por activar a la fuerza represiva en contra de las comunidades indígenas, los federales irrumpieron en la comunidad de Arantepacua y violentaron los hogares deteniendo, golpeando y asesinando a comuneros, artesanos y maestros de esa localidad. Las fuerzas represivas de Silvano Aureoles entraron a los hogares y sacaron por la fuerza a sus habitantes”. Exigieron al Gobierno del Estado de Michoacán detenga la represión, libere a los detenidos y detenga a los culpables de los asesinatos.

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Emily Pederson/Field of Vision

“¡Vivos se los llevaron!”, documental sobre la búsqueda de los 43 alumnos de Ayotzinapa

Documental vía Somos el medio.-“El siguiente trabajo documental es un trabajo realizado por la fotógrafa estadounidense Emily Pederson y producido por Field of Visión, quien documentó por más de cinco meses a los familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos el 26 de septiembre del 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero. Más de dos años después de que 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecido en México, a sus seres queridos siguen buscando justicia y cierre.”

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Chaski Clandestino

Tariquía ante el despojo y los negocios petroleros en Bolivia

 

Tariquía: reserva natural frente a la ofensiva petrolera

El despojo a comunidades indígenas y campesinas que viven en medio o cerca de actividades petroleras, es un proceso que se ha expandido y profundizado en el país los últimos años. La agudización del modelo extractivista y un modelo energético basado en la explotacion de combustibles fosiles, implica para poblaciones enteras,  invasión neocolonial que devasta territorios y los transforma en espacios para el negocio petrolero.

Tariquía, es una reserva natural que está atravesada por cuatro bloques concesionados a empresas como PETROBRAS y BG. Muchos de sus pobladores enfrentan y resisten ahora a una maquinaria estatal, la cual ha permitido no solo abrir legalmente áreas protegidas a actividades hidrocarburíferas, sino que actualmente está tratando de convencer a las comunidades sobre los beneficios que hipotéticamente llegarían con dichas actividades: dinero = progreso = desarrollo.

Este supuesto desarrollo que traen las regalías petroleras a las ciudades y otros lugares, por lo general en forma de cemento o canchas de fútbol con césped sintético, tiene su origen en la sed de otras comunidades, la sequía, la muerte trágica y dolorosa de bosques y especies enteras en otros territorios.

Tariquía: reserva estratégica y protectora de las fuentes de agua

En declaraciones a la prensa, el asesor del Ministerio de Hidrocarburos, Jorge Ríos, afirmó que los ambientalistas que se movilizan contra las exploraciones petroleras en Tariquía lo harían por “intereses políticos” y, más allá, sin un “mínimo de conocimiento técnico”. Aseguró que dicho lugar no era una zona de evaporación, uno de los argumentos de las/os defensores de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía (RNFFT). Estas declaraciones desconocen en todo caso hechos fundamentales señalados desde fines de los 80, por instituciones de investigación: que la Reserva fue creada como tal por su importancia hídrica  y su ecosistema único existente en el país.

DATOS. La Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, ubicada en el extremo sur del departamento de Tarija, fue creada por Decreto Supremo 22277, el 1º de agosto de 1989. Decreto elevado a rango de Ley, No 1328, en abril de 1992.

Cuenta con una superficie de 246.870 ha, entre las provincias Arce, Gran Chaco, O´Connor y Avilez.

Impulsada por grupos ecologistas y campesinos que viven en lugar, preocupados todos por la tala indiscriminada en la zona realizada por ajenos a las comunidades, la RNFFT se encuentra entre Bolivia y Argentina, abarcando dos ecoregiones: el Bosque Tucumano Boliviano y el Chaco serrano,  ecosistema de Yungas Andina, que se extiende hasta Argentina. “Es la única reserva de Bolivia dentro de este ecosistema”, señalaba en 1998, la investigación impulsada por Protección del Medioambiente Tarija (PROMETA), institución que co-administró la reserva hasta 2002.  Si bien hay otras formaciones en la Reserva, la selva montana, que cubre casi el 90% de ésta, es húmeda y con la  mayor diversidad (Ayala Bluske, Ibíd.: 55-56).

Como parte del gran sistema hidrográfico de La Plata, la  Reserva, según los estudios de PROMETA y del Plan de Manejo del 2000- 2004[1]es catalogada como  zona estratégica:

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